Carlos Federico Salinas Peña
Expediente 208/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Federico Salinas Peña
- Juez Primero Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó la medida cautelar solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POr este medio se notifica a parte quejosa y al representante especial y a sus autorizados el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veinte que en síntesis dice: Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad informa que las partes llegaron a un acuerdo. Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable señalada como Juez Segundo en Primera Instancia en Materia Oral Familiar en el estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento que el aquí quejoso Carlos Federico Salinas Peña y la tercera interesada Cristina Gutiérrez Chaparro llehgaron a un convenio dentro del Juicio Especial Oral 69/2020, el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada y se ordenó el archivo del asunto; lo que acredita con las constancias que anexa a su ocurso de cuenta, asimismo informa que queda enterada del informe justificado solicitado en cuanto autoridad sustituta, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. Cabe destacar que las constancias a las que se hace alusión fueron remitidas al correo electrónico institucional, de modo que, en términos de lo que establece el artículo 22, fracción II, en concordancia con el diverso numeral 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, que prevé el uso de medio electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, es que dichas documentales adquieren pleno valor. Además, el valor de las documentales aludidas queda robustecido con las manifestaciones que la autoridad responsable realizó en el oficio con el que se da cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en virtud de que aconteció un cambio de situación jurídica, toda vez que con la emisión del convenio de quince de octubre pasado y su ratificación ante la autoridad responsable en esa misma fecha el acto reclamado quedó superado. Para demostrarlo es necesario traer a contexto el contenido de la disposición normativa invocada, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [I.XVI] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" De la lectura de la disposición legal inserta se advierte que el juicio constitucional es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el cambio de situación jurídica por regla general se produce cuando concurren los siguientes presupuestos: I. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; II. Que cambie la situación jurídica en la que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; III. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de derechos fundamentales y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. Apoya los anteriores razonamientos la tesis aislada 2a. CXI/96 observable en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1996, Novena Época, de epígrafe: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la especie, el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: El auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictado por la autoridad responsable en el que se determinó la guardia y custodia compartida del menor C.M.S.G. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que el quejoso Carlos Federico Salinas Peña y la tercera interesada Cristina Gutiérrez Chaparro celebraron un convenio dentro del Juicio Especial Oral 69/2020 para poner fin al asunto el cual presentaron en la ofíciala de partes del juzgado responsable el quince de octubre de dos mil veinte. En esa fecha, la autoridad responsable aprobó el convenio y lo elevó a categoría de cosa juzgada o sentencia ejecutoriada, levantó las medias provisionales dictadas en el asunto y ordenó el archivo judicial del mismo. Lo anterior pone de relieve que ha cambiado la situación jurídica de Carlos Federico Salinas Peña, quien instó este juicio de amparo; circunstancia que impide decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado de veintiséis de febrero de dos mil veinte, sin afectar la nueva situación legal regida por el convenio ratificado ante la autoridad responsable el quince de octubre pasado, en el que se dejaron sin efectos las medias provisionales decretadas y ordenó el archivo del asunto. Se estima así, porque cuando el justiciable reclamó el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, éste estaba inconforme con lo que ahí se decretó; sin embargo, con la emisión del convenio celebrado entre éste y la tercera interesada y su ratificación ante la autoridad responsable, cambió la situación jurídica del quejoso frente al acuerdo reclamado toda vez que sería imposible emitir un pronunciamiento en torno al contenido del acuerdo impugnado sin alterar la nueva situación jurídica que impera en el juicio sumario familiar 69/2020. Es preciso invocar, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007 localizable a foja 50 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En ese contexto, al actualizarse la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional establecida por el arábigo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad informa que las partes llegaron a un acuerdo. Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable señalada como Juez Segundo en Primera Instancia en Materia Oral Familiar en el estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento que el aquí quejoso Carlos Federico Salinas Peña y la tercera interesada Cristina Gutiérrez Chaparro llehgaron a un convenio dentro del Juicio Especial Oral 69/2020, el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada y se ordenó el archivo del asunto; lo que acredita con las constancias que anexa a su ocurso de cuenta, asimismo informa que queda enterada del informe justificado solicitado en cuanto autoridad sustituta, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. Cabe destacar que las constancias a las que se hace alusión fueron remitidas al correo electrónico institucional, de modo que, en términos de lo que establece el artículo 22, fracción II, en concordancia con el diverso numeral 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, que prevé el uso de medio electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, es que dichas documentales adquieren pleno valor. Además, el valor de las documentales aludidas queda robustecido con las manifestaciones que la autoridad responsable realizó en el oficio con el que se da cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en virtud de que aconteció un cambio de situación jurídica, toda vez que con la emisión del convenio de quince de octubre pasado y su ratificación ante la autoridad responsable en esa misma fecha el acto reclamado quedó superado. Para demostrarlo es necesario traer a contexto el contenido de la disposición normativa invocada, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [I.XVI] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" De la lectura de la disposición legal inserta se advierte que el juicio constitucional es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el cambio de situación jurídica por regla general se produce cuando concurren los siguientes presupuestos: I. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; II. Que cambie la situación jurídica en la que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; III. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de derechos fundamentales y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. Apoya los anteriores razonamientos la tesis aislada 2a. CXI/96 observable en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1996, Novena Época, de epígrafe: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la especie, el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: El auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictado por la autoridad responsable en el que se determinó la guardia y custodia compartida del menor C.M.S.G. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que el quejoso Carlos Federico Salinas Peña y la tercera interesada Cristina Gutiérrez Chaparro celebraron un convenio dentro del Juicio Especial Oral 69/2020 para poner fin al asunto el cual presentaron en la ofíciala de partes del juzgado responsable el quince de octubre de dos mil veinte. En esa fecha, la autoridad responsable aprobó el convenio y lo elevó a categoría de cosa juzgada o sentencia ejecutoriada, levantó las medias provisionales dictadas en el asunto y ordenó el archivo judicial del mismo. Lo anterior pone de relieve que ha cambiado la situación jurídica de Carlos Federico Salinas Peña, quien instó este juicio de amparo; circunstancia que impide decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado de veintiséis de febrero de dos mil veinte, sin afectar la nueva situación legal regida por el convenio ratificado ante la autoridad responsable el quince de octubre pasado, en el que se dejaron sin efectos las medias provisionales decretadas y ordenó el archivo del asunto. Se estima así, porque cuando el justiciable reclamó el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, éste estaba inconforme con lo que ahí se decretó; sin embargo, con la emisión del convenio celebrado entre éste y la tercera interesada y su ratificación ante la autoridad responsable, cambió la situación jurídica del quejoso frente al acuerdo reclamado toda vez que sería imposible emitir un pronunciamiento en torno al contenido del acuerdo impugnado sin alterar la nueva situación jurídica que impera en el juicio sumario familiar 69/2020. Es preciso invocar, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007 localizable a foja 50 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En ese contexto, al actualizarse la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional establecida por el arábigo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. De una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, se advierte que no obra el informe justificado de la autoridad señalada como responsable " Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán", ni el acuse de recibo del oficio 14478/2020, expedido el quince de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se le requirió para que lo rindiera. Diferimiento. Por tanto, para dar oportunidad a que se reciba el acuse o, en su defecto, el informe respectivo, a efecto de tener certeza sobre la oportuna notificación a la autoridad en cita, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV2 (COVID-19). Notifíquese a las partes en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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