Carlos Escobedo Suárez

Expediente 1323/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1323/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Carlos Escobedo Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al 04/07/23 13:30:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.43.bd CARLOS FERNANDO CABRERA LOPEZ área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a),1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Incidente de suspensión. Consecuentemente, de conformidad con el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que el original del incidente de suspensión es DESTRUIBLE. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del mencionada Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 5. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase2 . 6. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." 2 Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y [.] 04/07/23 13:30:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.43.bd CARLOS FERNANDO CABRERA LOPEZ ??????????????? 7. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 8. Precisión. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del párrafo segundo del artículo 873 de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López. SSCH/CFCL/m

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1323/2022, promovido por Carlos Escobedo Suárez, por alegada violación de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama del: Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad: El "Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que fija nuevas directrices para el uso de cubrebocas y medidas sanitarias para aplicarse en la prestación del servicio de administración e impartición de justicia", emitido el veintiocho de octubre de dos mil veintidós y que entró en vigor el tres de noviembre de ese año, únicamente por lo que hace a su artículo Primero. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos de ejecución dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación. Lo que además se corrobora con la constancia que adjuntó a su informe, consistente en el Acuerdo reclamado. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno del alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTA. Procedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación al diverso 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico ni legítimo para acudir a la presente instancia constitucional. Los artículos en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" (.). En efecto, de los citados preceptos legales de la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que por su sola vigencia no causen un perjuicio a la parte quejosa, sino que es necesario que exista un acto posterior de aplicación para originar tal perjuicio. Es menester precisar que el interés jurídico para reclamar una norma con motivo de su vigencia, está relacionado con la afectación que el propio mandato origina al quejoso desde su entrada en vigor. De ahí, que para legitimar el ejercicio de la acción constitucional, es necesario que el promovente del juicio demuestre por un lado, que se encuentra en los supuestos de la norma impugnada y por otro, que la disposición combatida lesione sus derechos fundamentales desde ese momento, esto es, sin que se requiera de un acto concreto de aplicación. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico." Cuando se tilda de inconstitucional una norma, en principio debe esclarecerse su naturaleza, esto es, si por su sola entrada en vigor es susceptible de ocasionar un perjuicio (autoaplicativa) o si la misma requiere, para su actualización, de un acto diverso que condicione su aplicación al gobernado (heteroaplicativa), pues dependiendo de ambos supuestos es que se podrá considerar que la norma causa perjuicio al gobernado que la somete a control constitucional. Así, es necesario explicar cuál es la diferencia entre unas y otras normas con base en el concepto de individualización incondicionada, el cual sirve de referencia para determinar la procedencia de la acción constitucional, ya que permite conocer, en cada caso, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada, es decir, si se trata de una norma que por su sola entrada en vigor causa un perjuicio (autoaplicativa), o bien, si requiere de un acto de autoridad o de alguna actuación equiparable que concrete la aplicación a los particulares de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativa). De esta manera, las normas autoaplicativas vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, de ahí que por su sola expedición y entrada en vigor causan perjuicio al particular; en cambio, en el supuesto de una ley heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto concreto de aplicación para que se actualice ese perjuicio. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." De lo expuesto, se colige que los presupuestos para considerar que una norma es de naturaleza autoaplicativa, son: a) Que con su simple entrada en vigor cree, modifique o extinga una situación concreta de derecho, o se genere una obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer. b) Que esa nueva situación jurídica u obligación creada por la sola vigencia, vincule a personas determinadas por circunstancias concretas que las definen de manera clara, es decir, a individuos innominados pero identificados por las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentren. c) Que el cumplimiento de esa obligación, o la sujeción a esa condición jurídica, no esté condicionada por la realización de algún acto de individualización de la norma, sino que sea suficiente que el gobernado reúna las condiciones, circunstancias y posición de los individuos a los que la norma vincula. Lo anterior, pone de manifiesto que el perjuicio de una norma que reúna tales características (autoaplicativa) surge desde su vigencia porque obliga a someterse a determinada condición jurídica o a cumplir determinada obligación y, por ende, es válido sostener que es precisamente esa sujeción a las condiciones u obligaciones generadas por la ley la que ocasiona perjuicio a los gobernados y da lugar al agravio personal y directo. Además, para la satisfacción del interés jurídico cuando se trata de la procedencia del juicio de amparo en que se somete a control constitucional una disposición de carácter general, no basta que quien solicite la protección de la Justicia Federal afirme estar dentro de los supuestos de la norma o haber sido afectado con la misma, pues incluso, siendo sujeto destinatario de la norma, si ésta expone para su aplicación del previo cumplimiento de ciertas condiciones fácticas o de derecho para tener materialmente eficacia respecto a su destinatario, el juicio de amparo se tornará improcedente por falta de afectación. En ese sentido, debe evidenciarse de forma concreta y material los supuestos de individualización de la misma en la esfera jurídica del particular, sea con motivo de su sola entrada en vigor o cuando se reclame como heteroaplicativa mediante la existencia de un acto concreto que imponga sus efectos. Corrobora lo anterior, lo expuesto en la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." En el caso, el quejoso acude por propio derecho en su calidad de personas física, a combatir el "Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que fija nuevas directrices para el uso de cubrebocas y medidas sanitarias para aplicarse en la prestación del servicio de administración e impartición de justicia", emitido el veintiocho de octubre de dos mil veintidós y que entró en vigor el tres de noviembre de ese año, únicamente por lo que hace a su artículo Primero, que establece: ".Primero. El uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio de forma permanente y correcta (tapando nariz y boca) para los servidores públicos como para los usuarios, durante el desahogo de pruebas o diligencias que se verifiquen tanto en las instalaciones del Poder Judicial como fuera de ellas y mientras se brinde atención a los propios usuarios, por ejemplo: al solicitarse informes, copias o expedientes. Esta disposición también aplicará para el personal de la Fiscalía General, de los cuerpos policiacos y del Instituto de la Defensoría Pública y del público en general. En caso de no cumplir, se les impedirá ingresar o permanecer en las instalaciones.". Acuerdo que el quejoso reclama como norma de carácter autoaplicativo, es decir, con motivo de su sola entrada en vigor. No obstante, de su contenido se obtiene que para que le genere un perjuicio al amparista necesita actualizarse un acto de aplicación, dado que con su sola entrada en vigor no se sitúan en la hipótesis normativa. Una de las características principales del Acuerdo en mención es que la medida adoptada por la responsable atiende a privilegiar entre otros, la salud e integridad de los usuarios de los servicios e instalaciones del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través del uso de cubrebocas obligatorio, de forma permanente y correcta (tapando nariz y boca) para los servidores públicos como para los usuarios, durante el desahogo de pruebas o diligencias que se verifiquen tanto en las instalaciones del Poder Judicial como fuera de ellas y mientras se brinde atención a los propios usuarios, por ejemplo: al solicitarse informes, copias o expedientes; sin que exista indicio que evidencie las violaciones que alude el quejoso. Así, el derecho a la salud pública, como cualquier otro derecho fundamental, para ser exigible en la vía jurisdiccional, debe atenerse a las bases y lineamientos que establece la propia Constitución Federal para ello, que en el caso particular del juicio de amparo, conforme lo prevé el artículo 107, se traducen en que dicho medio de control de constitucionalidad se siga siempre "a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico", lo que en la especie no acontece. Ante el panorama planteado, si hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo el quejoso aún no se encuentra en la hipótesis planteada respecto de la norma impugnada no es factible conocer si se actualizara en su perjuicio el Acuerdo que tilda de inconstitucional. Lo anterior es así, porque la medida adoptada por la responsable -se insiste- atiende a privilegiar entre otros, la salud e integridad de los servidores públicos y usuarios de los servicios e instalaciones del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Por tanto, el posible perjuicio de la medida prevista en el Acuerdo reclamado sólo puede acaecer fácticamente en perjuicio del quejoso, hasta en tanto se ubique en la hipótesis normativa y ésta afecte sus derechos, lo que en la especie no ocurre, lo cual indica que la norma impugnada tiene la naturaleza de ser una norma de carácter heteroaplicativa y no autoaplicativa. En esa tesitura, se concluye que el Acuerdo reclamado tiene el carácter de heteroaplicativo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, es decir, no ocasiona perjuicio al quejoso con su sola entrada en vigor, aun cuando aduzca vulneración al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de convicciones éticas y de conciencia, a razón de la publicación del Decreto Legislativo 213 mediante el cual se abrogó la Ley que Regula el Uso de Cubrebocas en el Estado de Michoacán de Ocampo, pues el perjuicio que eventualmente le pudiera generar pudiera derivar de un acto posterior de aplicación, esto es, que se surta alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo Primero combatido del Acuerdo reclamado. Es aplicable al respecto la tesis5 de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma". Luego, de acuerdo con el texto del acuerdo impugnado, así como las precisiones asentadas, no se advierte que se hubiere puesto impuesto al quejoso dicho dispositivo; es decir, una obligación de hacer o no hacer que pudiera incidir en la afectación de alguno de sus derechos fundamentales con la simple entrada en vigor. Por otro lado, tampoco se acredita en el presente la afectación del interés legítimo al impetrante de amparo como se expresa a continuación: El concepto de "interés legítimo" constituye un elemento imprescindible para garantizar un efectivo acceso a la justicia, un derecho humano básico. Lo anterior dio cabida a la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en la que se ha incluido al interés legítimo y colectivo como medio de legitimación activa para promover el juicio de amparo, rompiendo finalmente con el limitado concepto de derecho subjetivo (interés jurídico) que había regido la procedencia del juicio de amparo, excepción hecha de los casos en que se reclamen actos de autoridades judiciales, lo cual no acontece en el caso. Así, del Dictamen de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, visible en la foja veintinueve de la Gaceta Parlamentaria de siete de diciembre de dos mil diez, se define al interés legítimo como "la circunstancia que produce que el quejoso en el juicio de amparo sea aquélla persona que resienta una afectación con motivo de un acto de autoridad que altere de manera directa su esfera de facultades y deberes, un derecho reconocido por el orden jurídico o bien, la situación especial derivada del propio orden." En efecto, antes de la reforma constitucional aludida, todo aquel que promovía un amparo en virtud de un interés legítimo se veía limitado por la hipótesis que suponía la Ley de Amparo abrogada, esto es, la improcedencia por falta de interés jurídico del promovente, situación que impedía a los tribunales federales resolver el fondo del asunto. Sin embargo, la transición del derecho subjetivo (interés jurídico) a interés legítimo supone una ampliación en los derechos y situaciones que pueden tutelarse en favor de los gobernados a través del juicio de amparo. Es así, que el interés legítimo, consiste en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, siendo su presupuesto la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a la administración pública, sin que a dicha obligación le corresponda un derecho subjetivo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 69/2002-SS, estableció las características que permiten identificar al interés legítimo, y si bien lo hizo como supuesto de legitimación activa para instar el procedimiento contencioso administrativo en el Distrito Federal, las mismas se estiman ilustrativas para el tema que nos ocupa, siendo estas las siguientes: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante; Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo; Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular; El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho; Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante; La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, la aludida Segunda Sala estableció que, en general, interés legítimo se concibe como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, cuentan con un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. De tales consideraciones, derivaron las jurisprudencias números 2a./J. 141/2002 y 2a./J. 142/2002. Por lo tanto, debe acotarse que el interés legítimo, en el contexto del derecho administrativo, supone la facultad de acudir al juicio de amparo cuando un acto administrativo genera un perjuicio al gobernado en virtud de su situación de hecho frente al ordenamiento jurídico y si bien es cierto que no cuenta con un elemento de exigencia (propio del derecho subjetivo) éste lesiona su esfera jurídica en sentido amplio. Esto es, el interés legítimo implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. En esa tesitura, para lograr que un juicio de amparo sea procedente, quien lo promueva necesariamente se encuentra obligado a acreditar que es titular de un derecho subjetivo y que éste haya sido violado como consecuencia del acto reclamado, o bien, la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo, lo que en la especie no acontece. Sin que la posibilidad anterior implique que un gobernado pueda combatir un acto de autoridad por acción u omisión argumentando para ello un interés legítimo; pues para ello resulta requisito indispensable verificar la afectación a su esfera de derechos, derivado de un interés cualificado y no potencial, se resalta que en el presente el quejoso acude por propio derecho, sin que ello por sí implique la aplicación de la norma impugnada en su perjuicio, pues se insiste, no se aprecia que las hipótesis que regula el artículo del Acuerdo combatido hayan acontecido, ni implica que sufra una afectación por la creación y entrada en vigor del referido Acuerdo, por lo que bajo esa directriz se afirma que la norma impugnada no incide en sus derechos subjetivos, de ahí que se advierta un interés simple y no legítimo. En ese contexto, al quejoso asiste un interés simple frente a la actuación de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, que no lo legitima para impugnar en el amparo el Acuerdo reclamado con motivo de su sola entrada en vigor. Resulta aplicable la jurisprudencia: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. En esa tesitura, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Respecto al alegato formulado por la fiscal de la adscripción; este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, el informe y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; por lo que legalmente no se está obligado a atender dichas manifestaciones. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Escobedo Suárez, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado; por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones de la titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. 1. Informe previo. Visto lo de cuenta, se tiene al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, rindiendo informe previo; con el que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. 1.2. Prueba. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental, consistente en las constancias que anexa el oficiante, misma que se tiene por ofrecida, admitida y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia incidental. Notifíquese, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones de la titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

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