Carlos Enrique Segovia Estudillo
Expediente 308/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Enrique Segovia Estudillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa, la tercero interesada y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintitrés de mayo de dos mil veintidós; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas; glósense los cuaderno incidentales y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por lista electrónica a la tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 308/2022-I, promovido por ***********, por propio derecho, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este período, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, y la autoridad responsable. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas que obran en autos. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe.V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 308/2022-I; y, R E S U L T A N D O I. *********, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. II. Por auto del diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo con el número 308/2022-I; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada **********; y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que la autoridad judicial responsable que emitió la determinación reclamada tiene su residencia en la demarcación territorial de este Juzgado de Distrito, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: La interlocutoria del veintitrés de febrero de dos mil veintidós dictada en el expediente 407/2021 por el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que resolvió el recurso de revocación y confirmó el auto del ocho del referido mes y año en el que se negó al quejoso que las cantidades excedentes (por concepto de pensión alimenticia provisional) que fueron entregadas a la parte beneficiaria, fueran tomadas en consideración para la pensión alimenticia del mes de agosto de dos mil veintiuno. Tercero. Es cierto el acto que se le atribuye al Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Cuarto. Al no existir causa de improcedencia que conduzca a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación, los cuales se considera innecesaria su transcripción y se tienen por reproducidos en términos del escrito de demanda. En ellos, la parte quejosa señala que la interlocutoria infringe los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 constitucionales que contienen los principios de motivación, fundamentación, exhaustividad, congruencia y legalidad, así como los diversos 1.134, 1.137, 1.138, 1.194, 1.195 y 1.196 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Lo anterior, porque la autoridad determinó que no se pueden devolver los excedentes pagados a la ahora tercero interesada como pensión alimenticia provisional, sin embargo, refiere que no solicitó la devolución de los excedentes cobrados por la ahora tercero interesada por concepto de pensión alimenticia provisional del menor hijo de las partes, sino lo que pidió fue que esos excedentes se usaran para cubrir la pensión alimenticia provisional del menor correspondiente al mes de agosto de dos mil veintiuno; sobrante que se generó por la gestión del oficio de retención y la forma en que se hacen los pagos en su fuente de trabajo. Ello, porque la resolución reclamada fue dictada por la responsable el diez de diciembre de dos mil veintiuno y giró el oficio respectivo a la fuente de trabajo hasta el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, siendo su responsabilidad hacer los trámites de forma expedita y debió dejar a su disposición en la misma resolución el oficio modificatorio respectivo. Que al no hacerlo así, dio lugar a que la ahora tercero interesada recibiera el cuarenta por ciento de sus ingresos y prestaciones de las dos quincenas de diciembre de dos mil veintiuno, en las que también se pagaron vales de despensa y aguinaldo; que debido a ese retraso en la entrega del oficio el agraviado no pudo presentar el oficio respectivo antes del período vacacional de su fuente de trabajo, por lo que se entregó el oficio hasta el tres de enero de dos mil veintidós y por la forma de pago de la fuente de trabajo se generó que la tercero interesada recibiera el cuarenta de sus ingresos en la primera quince de enero de dos mil veintidós. Que por ello es incongruente la resolución reclamada porque no se solicitó la devolución de los recursos entregados en exceso a la tercero interesada, sino que se aplicaran al pago de la pensión provisional del mes de agosto de dos mil veintiuno y porque la responsable establece que las cantidades entregadas son por una determinación judicial, lo que es incongruente dado que desde el momento que dictó la resolución que modificó la pensión alimenticia provisional decreta, ésta dejó de tener efectos para volverse obligatoria la nueva determinación, por lo que la responsable debió de tomar las medidas necesarias para que se diera cumplimiento de inmediato a la modificación de la pensión alimenticia provisional decretada, precisamente para que no existiera una laguna de tiempo en el cumplimiento, además de que no se generaran excedentes de pago en su perjuicio, sin que fueran atribuibles a él y que es producto de que se siguiera aplicando una determinación judicial que se modificó. Lo así expuesto es ineficaz. Se dice lo anterior, porque del análisis de la interlocutoria reclamada se indicó: - Que los agravios resultaron infundados e improcedentes de acuerdo a lo que establece el artículo 4.126 de Código Civil del Estado de México, porque las normas que regulan los alimentos son de orden público; por su naturaleza, su cumplimiento debe ser inmediato e inexcusable; de lo que se colige que las cantidades entregadas han sido consumadas de manera irreparable en satisfacer la necesidades del acreedor alimentario. - Que a juicio del juzgador no debían ser reintegrados al deudor alimentario, habida cuenta que éstos fueron entregados en virtud de una determinación judicial. - Y citó en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 42/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. - Que por lo expuesto y fundado confirmó el auto recurrido del ocho de febrero de dos mil veintidós. En efecto, como con razón lo apunta el juzgador natural, conforme al criterio sustentado por el Máximo Tribunal del País, de observancia obligatoria para este órgano federal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no procede la devolución de las cantidades pagadas por el deudor por concepto de alimentos provisionales o que las cantidades entregadas en exceso fuera aplicadas al pago de la pensión provisional del mes de agosto de dos mil veintiuno. Lo anterior, porque los alimentos gozan de ciertas características que deben privilegiarse dado el fin social protegido, esto es, la satisfacción de las necesidades de los integrantes del grupo familiar que no tienen los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia. En atención al carácter de interés social y orden público de los alimentos, el legislador ordinario estableció la necesidad de dictar medidas provisionales para no dejar en estado de necesidad al acreedor alimentario mientras se determina la pertinencia de la pensión alimenticia. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que dicha medida cautelar tiene un carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los demandan mientras se resuelve el juicio respectivo. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, con registro digital 161140, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 33, de rubro y texto: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS". Los alimentos decretados de manera provisional participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial". Así, la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas una provisional y otra definitiva; la primera, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; y, la segunda, se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba que aporten las partes en el juicio, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. Por tanto, es posible concluir que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario está plenamente justificada al tener los alimentos tal relevancia dentro del derecho familiar. Para determinar la pensión alimenticia provisional únicamente se debe demostrar la existencia del derecho del acreedor alimentario, esto es, que se cuenta con la calidad de acreedor por tener algún vínculo familiar con el deudor; mientras que en la definitiva, debe probarse la existencia de la necesidad de recibir los alimentos y la posibilidad del deudor de proporcionarlos. En ese contexto, cuando no se justifica el otorgamiento de la pensión alimenticia definitiva al acreedor alimentario, por no haber acreditado la necesidad de percibirla, no es procedente la devolución al deudor de las cantidades entregadas por concepto de alimentos provisionales o que las cantidades entregadas en exceso sean aplicadas al pago de una pensión provisional de un lapso de tiempo diferente, porque las características de los alimentos son de interés social, orden público y no pueden ser sujetos de transferencia o transacción, es decir, no son exclusivas de los alimentos definitivos sino que la pensión provisional participa de dichas características, así sea revocada en la sentencia definitiva. Lo que tiene su razón de ser porque el juez, al dictar la medida provisional, desconoce si existe la necesidad de los alimentos, ya que para su determinación deberá seguir todo un proceso donde se desahogarán las pruebas que ambas partes presenten. Sin embargo, el juzgador tiene la obligación ineludible de garantizar, mientras se resuelva sobre la existencia de la necesidad de los alimentos, que el acreedor alimentario no quede en estado de desamparo, pues ello podría tener graves consecuencias en la integridad del que los solicita. Así, con el objetivo de proteger los derechos del acreedor que pudieran estar relacionados con los alimentos, se decreta de manera provisional una pensión alimenticia, la cual podrá ser disminuida o revocada. No obstante el carácter provisional de dicha medida, los alimentos entregados por ese concepto están destinados al mismo fin que los definitivos, esto es, solventar las necesidades del acreedor. Por lo que puede decirse que los alimentos entregados en virtud de una pensión provisional no son susceptibles de reintegrarse al deudor en el supuesto analizado o que las cantidades entregadas en exceso sean aplicadas al pago de la pensión provisional de un lapso de tiempo diferente, porque han sido destinados a satisfacer las necesidades alimenticias del acreedor y se han devengado en ese concepto de manera irreparable. Esto es, el solicitar la devolución de los alimentos provisionales cuando se revoca o disminuye la pensión decretada de manera cautelar, sería hacer depender una situación que es de orden público e interés social de un evento posterior, lo que sería tanto como sujetarlos a un convenio o transacción prohibidos. De ahí que, aun cuando la pensión alimenticia decretada el quince de julio de dos mil veintiuno que fue a razón del cuarenta por ciento del total de los ingresos que percibe el deudor alimentario en el Instituto de Salud del Estado de México, a favor de la tercero interesada Fabiola García Ruiz y del menor que procrearon juntos; se dejó insubsistente con motivo de la concesión apuntada en el amparo 920/2021-I del índice de este juzgado y se redujo a tan solo el diecisiete por ciento del total de los ingresos que percibe el deudor alimentario en el Instituto de Salud del Estado de México a favor de la tercero interesada Fabiola García Ruiz y del menor que procrearon juntos; finalmente la cantidad entregada y que se reclama fue con motivo de la primera pensión decretada y antes de que fuera reducida. De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que resulta infundada la pretensión de la parte quejosa, pues las cantidades pagadas por concepto de pago de alimentos provisionales se destinaron a cubrir las necesidades alimentarias de los acreedores, lo cual significa que se consumieron y no pueden reintegrarse o que las cantidades entregadas en exceso sean aplicadas al pago de una pensión provisional de un lapso de tiempo diferente, aun cuando obtuvo resolución favorable con posterioridad (disminución de pensión). Por tanto, insístase, los alimentos devengados con motivo de la pensión provisional no pueden reintegrarse al deudor alimentario o que las cantidades entregadas en exceso sean aplicadas al pago de una pensión provisional de un lapso de tiempo diferente, aun cuando la acreedora no haya probado en el juicio la necesidad de los mismos. En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *********, por propio derecho en contra de la autoridad precisada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de mayo de dos mil veintidós. Téngase al Juez Octavo de lo Familiar de Tlalnepantla con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, remitiendo el emplazamiento practicado a la tercero interesada **********; de lo que se adquiere conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, vista la constancia secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la tercero interesada **********, para el efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en Naucalpan de Juárez, Estado de México, sin que así lo hubiera hecho; con apoyo en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y realícense las notificaciones, aun las de carácter personal, a la tercero interesada por medio de lista electrónica que se fija en los estrados del local de este juzgado, de conformidad con el precepto 27, fracción II, de la legislación de amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, con el informe justificado que obra en autos, désele vista para que expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por lista electrónica a la tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintidós.Visto el estado de autos, de los que se advierte que se encuentra pendiente el emplazamiento de la tercero interesada ********, ordenado en auto del doce de abril pasado; para dar margen a lo anterior y no irrogar perjuicio alguno a las partes, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que en su lugar se fijan las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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