Carlos Enrique Ascencio Ortiz

Expediente 1249/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1249/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Carlos Enrique Ascencio Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado electrónicamente por **********, apoderado de la parte quejosa, se tiene por desahogada la prevención mencionada en proveído del veintiocho de septiembre del año en curso. En virtud a lo anterior, vista la demanda de amparo promovida por **********, por medio de su apoderado **********, contra actos del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, así como el escrito aclaratorio, se acuerda lo siguiente: En el caso, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dice: El numeral 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Y el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra, pues, encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en la página 31 del tomo XIII, abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." También resulta aplicable la tesis 2a.VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, "fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Señalado lo anterior, es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Así, tenemos que en el presente caso el quejoso es parte demandada en el juicio de origen 413/2021, el cual se encuentra en etapa de ejecución de convenio celebrado entre las partes, y el acto reclamado consiste en el auto de ejecución del once de agosto de dos mil veintitrés que ordena el embargo por la cantidad de $268,631.22 (doscientos sesenta y ocho mil seiscientos treinta y un pesos 22/100 Moneda Nacional) a cago de la cuenta bancaria del quejoso. En ese sentido, es evidente que los actos que en esta vía se reprochan, son después de concluido el juicio laboral de origen, es decir, en ejecución de sentencia; sin embargo, no se deduce que en el juicio de mérito se haya dictado la última resolución del procedimiento de ejecución, para que sea procedente el juicio de amparo; circunstancia, por la cual resulta improcedente, pues en contra de actos dictados después de concluido el juicio es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicho juicio, en la cual se reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se reclama la imposibilidad material para darle cumplimiento. Motivo el anterior que actualiza la causa de improcedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues como ya se precisó el juicio de amparo es procedente contra actos de Tribunales: a) Ejecutados fuera de juicio, que son aquellos que emiten los tribunales, cuando no desarrollan una tarea propiamente jurisdiccional, tales como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; y b) Actos ejecutados después de concluido el juicio, se entiende como tales a todas las resoluciones que derivan de la ejecución de la sentencia dictada en el proceso respectivo, es decir, son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria. En ambas hipótesis la demanda de amparo debe interponerse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en donde podrán también reclamarse las demás violaciones cometidas en el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En el procedimiento de ejecución de sentencia, en específico sólo procede el amparo indirecto contra la resolución en la cual se reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y en la demanda respectiva se podrá también reclamar las violaciones cometidas en ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al agraviado, pues si las partes recurrieran cada resolución que se emita en dicho procedimiento de ejecución de sentencia se estaría obstaculizando el cumplimiento de las mismas, por lo que cualquier violación cometida en el procedimiento de ejecución de sentencia debe reclamarse en la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, bajo el principio que el juicio de amparo sólo procede contra resoluciones terminales. En el caso a estudio, se advierte que los actos aquí reclamados, no constituyen la última resolución que pone fin a los actos de ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo, así como no trasgrede derechos humanos de la parte quejosa para que excepcionalmente proceda el amparo indirecto, pues la orden de lanzamiento y su ejecución, no pueden ser conceptuados como determinaciones judiciales en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento. De igual manera, sustenta lo anterior la jurisprudencia número VII.2o.CJ/29, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XXIX, febrero de dos mil nueve, visible en la página mil seiscientos setenta y dos, que establece: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Por lo que los actos que en esta vía se impugnan fueron dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, para efecto de lograr su total cumplimiento, pero no son la última resolución emitidos en dicho procedimiento; de ahí que el juicio de amparo no sea procedente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio suscrito por el Secretario adscrito al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que contiene inserto el auto del veintiséis de septiembre del año en curso, emitido en el juicio de amparo 1107/2023-VII, de su índice, del que se advierte que remite el citado sumario constitucional así como el cuaderno de suspensión respectivo. Acúsese el recibo de estilo. Ahora bien dado que el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la consulta realizada por el homólogo en cita determinó que corresponde a éste órgano jurisdiccional continuar con el conocimiento del juicio de amparo 1107/2023, por los motivos ahí expuestos. Acorde con lo anterior y en cumplimiento a lo determinado el veintiséis de septiembre del año en curso,, remítase oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con inserción de esta determinación, adjuntándole copia del oficio con registro interno 12857, al que se anexara el juicio de amparo 1107/2023-VII, así como el cuaderno de suspensión respectivo, para que lo turne nuevamente a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a efecto de ingresarlos y registrarlos como nuevos juicios de amparo; de igual forma, realice la compensación correspondiente para que se logre una distribución equilibrada de las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales federales en términos del penúltimo párrafo del numeral 46 del referido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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