Carlos Enrique Mendiola Cazares

Expediente 377/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 42 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
377/2022
Año
2022
Actuaciones
42
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Carlos Enrique Mendiola Cazares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio electrónico del Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz y téngasele informando que se admitió el incidente de inejecución de sentencia propuesto por este órgano jurisdiccional, radicándolo bajo el número de incidente de inejecución 9/2023. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio 6953/2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; y toda vez que solicita que se le remitan los autos originales del juicio de amparo 377/2022; se hace de su conocimiento que por acuerdo de seis de septiembre de la presente anualidad, se acordó lo conducente respecto a dicho tópico y para tal efecto, se giró el oficio 14217/2023 con el que se le remitió dicho expediente que ahora solicita. Cabe agregar que la remisión del expediente se realizó por el Servicio de Mensajería Estafeta, el siete de septiembre de este propio año, con número de rastreo 0958346031. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la papeleta de turno remitida por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de treinta de agosto del año en curso, al informar que el incidente de inejecución de sentencia, le correspondió conocer por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con domicilio en Boca del Río, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase al supracitado tribunal colegiado, los autos originales que integran el juicio de amparo en que se actúa, fórmese cuaderno de antecedentes y se deja a su disposición la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, se hace la precisión que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones Digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, la integración del presente asunto se realizó únicamente en el expediente electrónico, por lo que en el expediente físico no obran impresas ni glosadas las determinaciones judiciales ni las promociones recibidas electrónicamente. Se instruye a la oficial judicial "A", para que habilite esa función, con la finalidad de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, pueda consultar el expediente electrónico del índice de este juzgado, con posterioridad a que la persona encargada en dicho órgano haya relacionado el expediente de su índice, con este juicio de amparo, mediante la aplicación de las herramientas denominadas "Vincular con otro órgano" y "Relacionar con expediente de origen", del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de lo expuesto, se instruye a los oficiales "A" y "C", a los actuarios judiciales y al secretario encargado del trámite del presente asunto, para que verifiquen que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado, por lo que deberán realizar todas las acciones necesarias para conformar debidamente aquél. Notifíquese; y por oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con domicilio en Boca del Río, Veracruz. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, se considera que en el presente asunto existe imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo indirecto emitida en este asunto, en los términos precisados, por las razones que a continuación se precisarán. I. Marco jurídico De conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas; por lo que el órgano judicial de amparo cuando reciba el informe de la autoridad, deberá dar vista a las partes para que dentro del término de tres días hagan las manifestaciones correspondientes. Una vez transcurrido dicho plazo deberá emitirse resolución fundada y motivada en la que se declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o, si existe imposibilidad para cumplirla. En ese orden de ideas, se considera que existe imposibilidad jurídica o materia para cumplir con la sentencia de amparo cuando las autoridades responsables no puedan realizar lo que el fallo les exige; por lo que de determinarse tal circunstancia, se deben remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, conforme lo establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, si es que ninguna de las partes interpone el recurso de reclamación en el plazo legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2014210 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 44/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490 Tipo: Jurisprudencia CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. II. Antecedentes del caso 1.- Mediante sentencia pronunciada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. 2.- Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, por conducto de la Directora General de Amparos y Contencioso, con sede en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión en contra de la referida sentencia, a la cual se le dio trámite mediante auto de doce de enero de dos mil veintitrés, recurso que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, quien desechó por extemporáneo el recurso de revisión ********************/2023. 3.- Tomando en consideración que previo al recurso de revisión, por acuerdo de tres de enero de dos mil veintitrés, se había declarado que la citada sentencia causó ejecutoria, por auto de veintisiete de abril del año en curso, al recibirse los autos originales por haber causado estado el desechamiento del recurso de revisión, se requirió a las autoridades responsables para que justificaran haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, las responsables ordenadora y la ejecutora informaron lo propio, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo para el efecto de que: I. El Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con residencia en Ciudad de México deje insubsistente el oficio ******************** de veintinueve de junio de dos mil veintidós; y, II. De estimarlo procedente, emita otro en el que con plenitud de ejercicio de sus facultades discrecionales, motive las circunstancias o condiciones por las cuales se justifican las necesidades del servicio que condujeron al cambio de adscripción del ahora quejoso, de la "******************** a la "DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, PARA SER ASIGNADO A LA CORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO (CONASE)"; así como si el cambio altera esencialmente sus funciones y condiciones salariales. El Comandante de la Guardia Nacional y Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México, por conducto de su Directora General de Amparos y Contencioso, por oficio ******************** informó que mediante diverso oficio ******************** de cinco de junio del año en curso, dejó insubsistente el oficio ******************** de veintinueve de junio de dos mil veintidós, y sus consecuencias; únicamente por lo que se refiere al C. Segundo Subinspector G.N. ********************. Asimismo, el Comandante de la Guardia Nacional y Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México, por conducto de su Inspectora General de la Dirección General de Amparos y Contencioso, por diverso oficio ********************, de seis de julio del año en curso, informó que por cuanto hace al punto número II de los efectos de la sentencia amparadora, que la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, no emitió un nuevo oficio de cambio de adscripción toda vez que el C. ********************, tiene el estatus de baja por renuncia aplicable a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, tal como se aprecia con la captura de pantalla del sistema Kardex de la Guardia Nacional, misma que anexo al oficio citado. Concesión del amparo que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Titular de la Estación Poza Rica, Carretera México-Tuxpan, con sede en esta ciudad, en tanto que no se reclamó por vicios propios, sino como consecuencia de los actos de la ordenadora. Por su parte, el Titular de la Estación Poza Rica, dependiente de la Coordinación de Compañía de Seguridad a Vías de Comunicación, Veracruz, Guardia Nacional, por conducto del Titular del Enlace Jurídico de la Guardia Nacional, con sede en Veracruz, Veracruz, precisó que dio cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto, emitió oficio ********************, con anexos. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por las autoridades responsables, se advierte que existe una imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, en razón que la autoridad responsable Comandante de la Guardia Nacional y Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México, por conducto de su Inspectora General de la Dirección General de Amparos y Contencioso, por diverso oficio ********************, de seis de julio del año en curso, informó que por cuanto hace al punto número II de los efectos de la sentencia amparadora, que la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, no emitió un nuevo oficio de cambio de adscripción toda vez que el C. ********************, aquí quejoso, tiene el estatus de baja por renuncia aplicable a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, tal como se aprecia con la captura de pantalla del sistema Kardex de la Guardia Nacional. III. Conclusión Acorde a lo narrado, de las constancias que conforman la presente instancia y los efectos para los cuales se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, acorde con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera que existe una imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, conforme al artículo 193 de la ley en cita y una vez que transcurra el término de quince días previsto en el diverso 202 del propio ordenamiento, envíense los autos originales del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, en turno, para que sea éste quien dicte la resolución que en derecho proceda respecto a la imposibilidad material de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente controvertido. Es aplicable al caso el criterio siguiente: "Registro digital: 2017828 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 23/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 274 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Finalmente, visto el oficio del Comandante de la Guardia Nacional y Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México, por conducto de su Inspectora General de la Dirección General de Amparos y Contencioso; agréguese al sumario únicamente para que obre como corresponda y sin mayor proveído, en virtud de que por auto de once de julio del año en curso, se acordó lo conducente. Notifíquese vía electrónica al quejoso; por oficio a las autoridades responsables; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así lo acordó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo del primer período vacacional del presente año que gozará la titular de este órgano, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, lo que se comunicó por la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3097/2023, de esa misma fecha, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

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