Carlos Donaciano Solorzano Pineda

Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 22 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
26/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
22/01/2021

Partes del expediente

  • Carlos Donaciano Solorzano Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    RADICACIÓN Visto; el oficio 78/2021 y anexos que lo acompañan, remitidos por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 409/2020, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Carlos Donaciano Solórzano Pineda, por propio derecho, en el que dicho juzgado federal declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, declinándola a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, correspondiendo conocer de la misma a este órgano jurisdiccional. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 26/2021, que le correspondió, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese el recibo de estilo al homólogo federal. NO SE ACEPTA COMPETENCIA En la comunicación procesal de cuenta, el juez requirente declinó la competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo promovido por Carlos Donaciano Solórzano Pineda, a favor de este órgano jurisdiccional; sin embargo, con todo respeto la suscrita no comparto la determinación de mi homologo federal, por las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, es menester traer a contexto lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." [Lo resaltado es propio]. De la transcripción del anterior artículo se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: 1. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, ante el que se presente la demanda cuando si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. 3. Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que, es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. No obstante, debe puntualizarse que tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, será necesaria la intervención de alguna autoridad, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad responsable encargada de la ejecución del acto que se reclama. En el caso concreto, el peticionario de amparo señaló como acto reclamado: "De las responsables ordenadoras reclamo: a) LA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE EN MI CONTRA SE DICTÓ, misma que reclamo con vicios propios y por carente de fundamentación y motivación, dictada en mi contra por la supuesta comisión de un delito o delitos que desconozco y que nunca cometí. De las Responsables Ejecutoras, reclamo: a) LA EJECUCIÓN MATERIAL QUE DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, TRATAN DE LLEVAR A CABO EN PERJUICIO DE MI LIBERTAD PERSONAL, misma que reclamo por vicios propios y por encontrarse aparatada de lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, señaló como autoridades responsables ejecutoras: "a) FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. b) FISCAL REGIONAL ZONA CENTRO-VERACRUZ, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTA DO VERACRUZ. c) DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. d) FISCAL COORDINADOR DE FISCALES AUXILIARES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. e) COORDINADOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ d) DIRECTOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y PROCESOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA." Ahora, como se adelantó, el juez requirente declaró su incompetencia legal por razón de territorio, en virtud de que la autoridad que reside dentro del lugar donde éste ejerce jurisdicción negó los actos reclamados, y en cambio, el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimientos Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y el Subdirector de Amparo Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de la orden de aprehensión reclamada. No obstante, como se desprende tanto del escrito de demanda como de los informes justificados que obran en autos, ninguna de las autoridades señaladas como responsables, encargadas de la ejecución de los actos reclamados tienen su residencia en el territorio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, sino en diverso municipio del Estado de Veracruz, esto es, Xalapa de Enríquez. En ese orden de ideas, si en la demanda de amparo no se señalan como autoridades responsables ejecutoras a ninguna que resida dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo, es inconcuso que este juzgado carece de competencia para conocer de los actos reclamados, habida cuenta que para ello es necesario que en la demanda de amparo se señalen autoridades responsables ejecutoras que residan en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. En ese sentido, si bien, la orden de aprehensión la libró el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimientos Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, en donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional, lo cierto es que las autoridades que tendrán participación en la ejecución de los actos reclamados no la tienen, dado que residen en la ciudad de Xalapa, Veracruz, por lo que resulta evidente que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la demanda de amparo. Lo anterior se estima de esta manera, toda vez que la orden de aprehensión reclamada, si bien fue dictada por el Juez de Control de esta ciudad, ésta será ejecutada por autoridades que residen fuera de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado, de donde se colige que la suscrita carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, pues no basta que la autoridad ordenadora resida en esta ciudad, si las autoridades que se encargarán de ejecutar el acto reclamado residen fuera de esta demarcación territorial, lo que implica que dicho acto no tendrá ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Se invoca por su contenido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2004166 Jurisprudencia Materias(s): Común, Penal Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXIII, Agosto de 2013 Tomo 1 Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Página: 383 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. En ese contexto, por las razones anteriormente expuestas, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, con todo respeto, esta juzgadora no acepta la competencia declinada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. CUADERNO DE ANTECEDENTES Y REMISIÓN DE LOS AUTOS En virtud de lo expuesto, atendiendo a las tres reglas de competencia que establece el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, ESTE JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. Por lo anterior, déjese copia certificada de las principales constancias que fueron tomadas en consideración para la presente determinación, y hágase del conocimiento la misma al Juez Federal declinante, devolviéndosele para tal efecto el expediente original, los cuadernos incidentales y el cuaderno de pruebas. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia.

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