Carlos Enrique López Becerra
Expediente 1051/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/12/2021
Partes del expediente
- Carlos Enrique López Becerra
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de este expediente y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio promovido por Carlos Enrique López Becerra; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Carlos Enrique López Becerra. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por el licenciado Oscar Alejandro de la Fuente Manzano, en su carácter de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista conferida en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, y al efecto refiere que el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) ha sido omisa en cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que solicita se le aplique la multa con fue apercibida; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Al respecto, y como lo refiere la parte quejosa, se estima que dicha autoridad ha omitido cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que no ha emitido el dictamen de avalúo que debe tener como referencia el valor comercial o de mercado del bien expropiado acotado en el tiempo al justiprecio del inmueble en la época y condiciones que tenía al momento en que se realizó el acto expropiatorio; esto es, al veintiocho de abril de dos mil catorce; lo anterior dentro del plazo que determinó el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en la ejecutoria pronunciada el quince de julio de dos mil veintiuno, dentro del recurso de queja 44/2021, en su punto número seis. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de multa con que fuera conminado el Presidente del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), con sede en Ciudad de México, en auto de veinticuatro de septiembre del año en curso. En ese sentido, se le impone una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional) equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la ley de la materia. Ahora bien, por cuanto al procedimiento para la imposición de una medida de apremio y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones. Los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: a) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio; y b) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. En la especie, se consideran actualizados los dos anteriores extremos, pues, como ya se señaló con antelación, el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) ha omitido cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que no ha emitido el dictamen de avalúo que debe tener como referencia el valor comercial o de mercado del bien expropiado acotado en el tiempo al justiprecio del inmueble en la época y condiciones que tenía al momento en que se realizó el acto expropiatorio; esto es, al veintiocho de abril de dos mil catorce, no obstante de que en acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno se le concedió una prórroga de diez días hábiles para ello. Por ello, se ordena girar oficio a al administrador Desconcentrado de Recaudación "4", en Reynosa, Tamaulipas, quien ejerce sus funciones en este municipio, para que proceda al cobro de la referida sanción; o bien, informe a cuál homólogo procede enviar dicha determinación; en la inteligencia que una vez que este órgano jurisdiccional cuente con mayores datos para su ejecución, se proporcionarán de inmediato a dicha institución. Ahora, con el objeto de recabar la información señalada en el párrafo que antecede, gírese oficio al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento en que tenga conocimiento del presente, informe a este órgano judicial lo siguiente: 1. Nombre completo, 2. Registro Federal de Contribuyente y, 3. Domicilio particular, del funcionario que ostenta la titularidad de la citada dependencia; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a multa por la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, moneda nacional), equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, ello con fundamento en el numeral 259 de la invocada legislación. En otro orden de ideas, y toda vez que, como se dijo con antelación, al día de hoy ya feneció la prórroga de diez días hábiles concedida al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), en auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, sin que haya emitido el dictamen de avalúo que debe tener como referencia el valor comercial o de mercado del bien expropiado acotado en el tiempo al justiprecio del inmueble en la época y condiciones que tenía al momento en que se realizó el acto expropiatorio; esto es, al veintiocho de abril de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Presidente del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), con sede en la ciudad de México, para que dentro del improrrogable término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe el cumplimiento al fallo protector emitido en esta contienda constitucional, debiendo allegar las constancias que acrediten tal situación. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido en el término otorgado, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, no ha rendido su informe con justificación que se le solicitó mediante oficio 37430/2021, que contiene inserto el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, mismos que fueron recibidos por dichas autoridades el diez siguiente, tal y como se advierte de la constancia de notificación correspondiente (foja 7). Por tanto, toda vez que en el presente caso se acredita la figura de presunción de certeza establecida por el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 75 de la legislación en cita, gírese atento oficio a la responsable de mérito y requiérasele para que dentro del improrrogable término de tres días hábiles, contados a partir de su legal notificación, remita las constancias que justifiquen el acto que les ha sido reclamado a través de la presente contienda constitucional, en virtud de que las mismas son necesarias para estar en condiciones de resolver en definitiva el asunto que nos ocupa. Apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada respecto a esa unidad, en dicha publicación de veintiocho del indicado mes y año, con apoyo en el numeral 260, fracción II, de la legislación de la materia. Finalmente, para dar oportunidad a lo acordado en párrafos precedentes, resulta necesario diferir la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las once horas con veinticinco minutos del ocho de noviembre de dos mil veintiuno para su verificativo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
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