Carlos Enrique Hernández Villarreal
Expediente 250/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/04/2019
Partes del expediente
- Carlos Enrique Hernández Villarreal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintinueve de marzo de este año, en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia de lo anterior, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio principal, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, además conforme a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se concedió la medida cautelar (suspensión provisional y definitiva) respecto del acto reclamado atribuido a las autoridades señaladas como responsables; por lo que, en su momento únicamente se dejaran para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora bien, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, quince de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por el tercero interesado Jorge Morales Martínez, a través del cual solicita se le tenga señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso que nos ocupa, así como autorizando en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a los abogados que menciona en el mismo; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos. En atención a lo anterior, se ordena realizar las subsecuentes notificaciones que revistan el carácter de personal al referido tercero interesado en el lugar que señala para ese efecto. Asimismo, téngase al compareciente autorizando en términos del arábigo 12 del ordenamiento legal en cita, a los licenciados Martín de la Garza Villanueva, Ismael Duque Chávez y Jorge Lerma Méndez, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibo el escrito signado por el quejoso Carlos Enrique Hernández Villarreal; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos y, en atención a su contenido, no ha lugar a tener a Francisco Buerón Gavito, como autorizado del referido agraviado en términos del ordinal 12 de la legislación de la materia, toda vez que no se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente se le faculta para los efectos precisados en la parte final del citado precepto legal. Por otro lado, con fundamento en el precepto señalado en el párrafo que antecede, glósese al asunto en que se actúa el oficio 858/2019, signado por el Juez de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, residente en esta localidad, a través del cual, en cumplimiento a lo estipulado en el ordinal 64 de la legislación de la materia, hace del conocimiento que cesaron los efectos del acto reclamado, ello en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, canceló la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso Carlos Enrique Hernández Villarreal, lo que acredita con las constancias que adjunta a su comunicado. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por Carlos Enrique Hernández Villarreal, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, el acto reclamado por Carlos Enrique Hernández Villarreal, se hace consistir en la orden de aprehensión librada el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por el Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 71/2017, por los delitos de falsificación y uso de documentos públicos o privados y fraude y su ejecución. Es el caso que, de las copias exhibidas por el Juez responsable, se advierte que el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, canceló la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso Carlos Enrique Hernández Villarreal, lo cual notificó al agente adscrito a ese órgano jurisdiccional mediante el oficio 813/2019. Constancias a las cuales, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Determinando que con la resolución emitida el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en la que se canceló la orden de aprehensión girada el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en contra del aquí agraviado Carlos Enrique Hernández Villarreal, ha quedado sin efectos el acto reclamado, puesto que el Juez responsable dictó diversa determinación en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio de amparo 989/2017-III y sus acumulados 990/2017-IV y 1002/2017-VII, del índice de este órgano de control constitucional. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que se advierte que si bien, a la fecha de la interposición de la demanda de amparo (quince de marzo de dos mil diecinueve), se encontraba vigente la orden de aprehensión reclamada, también lo es que el veinticinco siguiente se ordenó su cancelación por el juez responsable, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado; Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en el Combate al Secuestro; encargado del despacho de la Comandancia de la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro, Zona Noreste e Inspector General de la Policía Investigadora, encargado de la Comandancia Regional de la Policía Ministerial del Estado, residentes en esta población, toda vez que a éstas no se les atribuye por vicios propios independientes de la actuación generada por la ordenadora. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cuarenta y ocho minutos del doce de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
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