Carlos Enrique Hernández Escamilla
Expediente 584/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 28/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Enrique Hernández Escamilla
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Glósese a sus autos el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; en atención a lo solicitado, remítase oficio vía correo electrónico, haciendo de su conocimiento que mediante comunicación oficial 25288/2021 de diez de noviembre del año en curso, se le informó que el treinta de noviembre de dos mil veinte, se recibió el oficio 27365, firmado electrónicamente con documentos adjuntos (juicio de amparo **********/2020, promovido por **********, por su propio derecho, cuatro copias del escrito de demanda, y dos anexos); por lo cual el dos de diciembre del mismo año, con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto. Remitiéndose el acuse de recibo correspondiente. Cúmplase. Lo resolvió y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintiuno. Glósese a sus autos el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; en atención a lo solicitado, infórmesele que el treinta de noviembre de dos mil veinte, se recibió el oficio 27365, firmado electrónicamente con documentos adjuntos (juicio de amparo **********/2020, promovido por **********, por su propio derecho, cuatro copias del escrito de demanda, y dos anexos); por lo cual el dos de diciembre del mismo año, con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto. Remítase el acuse correspondiente. Cúmplase.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que el quejoso (**********) interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de nueve de junio del año en curso, a través de la cual se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo, agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Luego, según lo dispuesto por el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General Conjunto multicitado, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por haberse negado la suspensión definitiva. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de junio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2020, promovido por **********, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda en la ciudad de Chihuahua. Mediante escrito recibido el once de septiembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ********** promovió juicio de amparo contra actos del Gobernador Constitucional y del Congreso, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, de quienes reclamó lo siguiente: "IV.ACTO RECLAMADO.A. Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo: 1. Los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150 fracción II, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua por ser de carácter privativo y retroactivo, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios de transporte OMITIENDO un régimen transitorio de aplicación de la Ley abrogada. Ley que fue aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua numero 24 el 21 de marzo de 2020, artículos que establecen en el mismo orden lo siguiente: (.) B. DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo lo siguiente: 1. La publicación del decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua numero 24 el 21 de marzo de 2020, relativo a la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación. SEGUNDO. Incompetencia. Por razón de turno le tocó conocer de la demanda al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registrándola con el número **********/2020, quien mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, declinó la competencia legal a favor de los órganos jurisdiccionales en esta ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, y remitió los autos del referido juicio de amparo. TERCERO. Recepción demanda en esta ciudad. El treinta de noviembre de dos mil veinte, en el buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad de Ciudad Juárez, se recibió el oficio 2765, de veinticuatro de septiembre de ese año, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, al cual adjuntó el expediente relativo al juicio de amparo **********/2020; el día hábil siguiente uno de diciembre de dos mil veinte se aceptó la competencia legal y se admitió a trámite la demanda de amparo registrándola con el número de expediente **********/2020. CUARTO. Impedimento. En ese mismo auto, esta juzgadora se excusó para seguir conociendo del presente asunto al considerar la actualización de una hipótesis de impedimento, por lo que, se ordenó la remisión del juicio al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, en turno, para su calificación. Del impedimento en cuestión tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, resolvió el impedimento administrativo **********/2020, al tenor del resolutivo: "UNICO. No se califica de legal el impedimento planteado por la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para resolver el juicio de amparo **********/2020, presentado por **********." En atención a la ejecutoria del citado tribunal, este juzgado en proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, se reanudó el procedimiento y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O NS I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: Del Congreso del Estado de Chihuahua, se reclama la aprobación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II.P.O que contiene la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el veintiuno de marzo de dos mil veinte; particularmente, los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150 fracción II, así como el diverso quinto transitorio de tal legislación. Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, la publicación del Decreto de referencia. Lo previo, aduciendo el carácter autoaplicativo de la normatividad en cuestión. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados por el quejoso al Congreso y al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, pues así lo aceptaron al rendir sus informes con justificación. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, porque la existencia de los preceptos que se reclaman no está sujeta a prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, ya que basta con que estén publicados en un medio de difusión oficial -como lo es el Periódico Oficial del Estado-, para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general reclamados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 260, del tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, registro 191452, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2º.214 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable a página 205, del tomo XV- I, Febrero de 1995, Octava Época, registro 209107, del Semanario Judicial de la Federación, con el contenido siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador constitucional determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura; hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso; artículos que establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.)" De los anteriores preceptos se advierte que las disposiciones de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas), o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas). Lo expresado pone de manifiesto que para impugnar una ley en el juicio de amparo, requiere acreditar que sus normas afectan la esfera jurídica de la persona que solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque los efectos se causen con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad o del particular, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Se asevera lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que, para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumpla con ciertas premisas, a saber: 1. La existencia de ese acto concreto de aplicación de la ley controvertida. 2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado. 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores. 4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de garantías. En esa tesitura, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, si el gobernado reclama una ley en virtud de un acto de aplicación deberá ser el primero, en el que de manera expresa o tácita se actualicen las hipótesis normativas relativas, de manera que se generen en relación con el gobernado los efectos de la norma, regulando o sancionando una situación jurídica concreta. Asimismo, debe considerarse que, para combatir una norma general con motivo de su entrada en vigor, el gobernado debe acreditar que ésta trasciende a su esfera jurídica generándole un menoscabo al respecto. Para acreditar que una norma general autoaplicativa afecta el interés jurídico del quejoso es necesario analizar, en principio, en qué situación de hecho debe ubicarse para sufrir un perjuicio con la entrada en vigor de aquélla, para que en su caso pueda evidenciarse si las pruebas ofrecidas coinciden con el supuesto de hecho que genera la consecuencia jurídica que prevé la norma controvertida, pues de lo contrario, podría demostrarse un hecho irrelevante que no lo legitimaría para impugnar el respectivo acto legislativo. Bajo esta perspectiva, resulta evidente que la impugnación de una norma general desde su sola vigencia o en virtud de un acto de aplicación precisa de que trascienda a la esfera jurídica del quejoso, generándole un menoscabo al respecto, puesto que de no demostrarse que se han concretado los efectos jurídicos de la norma, es incontrovertible la falta de legitimación de aquél para impugnar la disposición general en la que no se ubica. Con base en lo expuesto, conviene puntualizar que el quejoso reclama en su carácter de autoaplicativo: 1. El Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte; en lo particular, los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150 fracción II, así como el transitorio quinto. En este sentido, los ordinales impugnados son del tenor literal siguiente: LEY DE TRANSPORTE - AUTOAPLICATIVAS 77. Las personas físicas podrán tener hasta diez concesiones o permisos de Transporte. En ningún caso la suma de ambos podrá exceder de este número. Las personas morales que se constituyan para agrupar concesionarios podrán tener, en un primer momento, las concesiones que reúnan sus socios conforme a este precepto. Las personas morales podrán ser titulares de cuantas concesiones de Transporte Público puedan operar, en cumplimiento de las disposiciones aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, el interés que represente un concesionario o permisionario en cualquier tipo de modalidad en particular, no podrá exceder, directa o indirectamente de más del veinte por ciento de los vehículos afectos a dicha modalidad en la misma ciudad o zona conurbada; se exceptúa del límite anterior a quienes tengan concesiones o permisos en una sola ciudad o centro poblacional con un número inferior a cincuenta mil habitantes, o cuando las concesiones, permisos o flota vehicular de la modalidad en cuestión sea menor a diez en una ciudad o zona conurbada. Para efectos del cómputo del límite establecido en el párrafo anterior, si una persona física fuere titular de concesiones en lo individual, y al mismo tiempo fuere accionista de una persona moral concesionaria, se sumarán los vehículos incluidos en las Concesiones tanto de la persona física, como de la persona moral. Tratándose del servicio de transporte de taxi, únicamente se podrá ser titular de hasta tres concesiones de dicha modalidad, las cuales serán otorgadas exclusivamente a personas físicas. Tratándose de Transporte Especial de Personal, los vehículos afectos a dichos servicios y los permisos de dicha modalidad en ningún caso podrán superar los de Transporte Público Colectivo. Ninguna persona física o moral podrá ser titular de más del diez por ciento de los vehículos destinados a dicha modalidad de transporte. 78. La flota de vehículos prevista para la explotación de Conseión de una Ruta, será definida y podrá ser modificada en atención al diseño operacional necesario y la demanda de servicio que se determine por la autoridad competente, pudiendo diferenciar entre días y horas atendiendo a la demanda de usuarios verificada. 83. En caso del fallecimiento o declaración de ausencia de una persona física, titular de una concesión de transporte público colectivo, la Concesión o concesiones en cuestión deberán ser sometidas a Concurso en los términos de este Capítulo. No obstante lo anterior, el fallo del proceso deberá dar preferencia, en igualdad de circunstancias derivado de la evaluación de las propuestas, a las personas beneficiarias que designe el Concesionario por virtud de lista previamente inscritas ante la Dirección, la cual se deberá limitar a las personas sujetas a sucesión legítima, en los términos de la legislación civil aplicable. Para la continuidad en la prestación del servicio objeto de las Concesiones en cuestión la Dirección expedirá los Permisos Temporales necesarios para desempeñar el servicio durante el proceso de Concurso descrito en el párrafo anterior. 86. Ninguna concesión o permiso se otorgará si la parte interesada en obtenerla no dispone de lugar o lugares donde concentrar al inicio o conclusión del servicio, las unidades afectas al mismo, que en ningún caso podrá ser la vía pública. Ninguna concesión se otorgará si con ello se establece una Competencia Ruinosa o se causa perjuicio al interés público. 91. La Concesión o Permiso que se otorgue es personalísima, intransferible, inalienable e inembargable. Sólo podrá hacer uso de ella la persona física o moral a quien se hubiere otorgado, con excepción de lo señalado en el Título IV, Capítulos XI y XII, referente a la intervención de las Concesiones y la sucesión. No podrá prestarse el servicio de transporte público por intermediación, excepto en el supuesto de Operaciones o Conductores que se contraten para su prestación y sean autorizadas e inscritos ante el Registro de la autoridad competente. Cualquier acto jurídico en contravención del presente precepto será nulo de pleno derecho, sin necesidad de pronunciamiento expreso por autoridad jurisdiccional. 93. Las Concesiones y Permisos otorgados a personas físicas o morales tendrán una vigencia de hasta diez años contados a partir de su expedición, en el entendido de que la vigencia de estas estará ligada al año modelo del vehículo que se afectará a la prestación del servicio. 95. Las Concesiones y Permisos podrán renovarse por una ocasión hasta por el mismo periodo que fueron otorgados; siempre y cuando estén al corriente con las obligaciones impuestas por esta Ley, y no hayan violado reiteradamente los preceptos de la misma. La renovación se realizará en los términos que se establezcan en el Reglamento y en cumplimiento de los mismos requisitos que se señalen para su otorgamiento. Una vez agotado el periodo de renovación se procederá, en su caso, a un nuevo concurso en el cual podrá participar quien haya sido titular de la concesión extinta. 107. Infraestructura propiedad del Estado o de sus organismos públicos que se aporten al servicio del Sistema Integrado de Transporte, podrá ser otorgada en comodato o arrendamiento, siempre y cuando su uso contribuya al desempeño eficiente del servicio del transporte. La contraprestación, en su caso a este aprovechamiento, será determinada en función del beneficio aportado por su uso, sin perjuicio de las demás leyes aplicables en la materia de bienes. La infraestructura, estaciones y terminales de pasajeros, pasarán al Estado libres de gravámenes y sin costo alguno al término de la Concesión o Permiso correspondiente. 108. Las Concesiones y Permisos se extinguirán por las causas siguientes: (.) IX. Por muerte, incapacidad permanente que impida el cumplimiento de sus obligaciones o ausencia declarada judicialmente del titular, con excepción de las Concesiones sujetas a lo establecido en el Capítulo IX del presente Título. (.) 109. La Secretaría podrá decretar la suspensión de la concesión o permiso hasta por un lapso de noventa días naturales por las siguientes causas o en casos de infracciones de tracto sucesivo, por el plazo que duren las siguientes: 1.- Caso fortuito o fuerza mayor por el tiempo que subsista la causa que originó la suspensión. II.- No contar con póliza de seguro vehicular vigente con la cobertura exigida en el Reglamento. III.- Cundo se demuestre que el conductor conduzca un vehículo sujeto a una Concesión o Permiso, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos. IV.- Cuando la unidad en la que se presta el servicio de transporte no reúna las condiciones físicas, interiores y exteriores, mecánicas y eléctricas, o exista cualquier anomalía imputable a su responsabilidad que evite prestar un servicio eficiente al usuario, a juicio de la Dirección. V. En casos de decretoria de intervención en términos de esta ley.} 120. Únicamente los derechos y obligaciones inherentes a una Concesión en modalidad de taxi, cuyo titular sea una persona física, podrán ser sujetos de transmisión por sucesión. 150. Los vehículos que sean utilizados para el Transporte de pasajeros deberán sujetarse a una antiguedad que no exceda de: (.) II. Colectivo, en sus clasificaciones de urbano, conurbado o metropolitano, suburbano, mixto y foráneo, no superior a diez años. (.) TRANSITORIOS ARTÍCULO QUINTO.- Las Autorizaciones, Concesiones, Licencias y Permisos otorgados durante la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el presente Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley. Así, dichos preceptos guardan una íntima relación entre sí, en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, pues dichas normas regulan el núcleo de la unidad normativa que rige las modalidades que comprende el servicio de transporte, específicamente la clasificación del transporte de pasajeros masivo y colectivo; el establecimiento de que las personas físicas puedan tener hasta diez concesiones o permisos de transporte; mientras que las personas morales que se constituyan para agrupar concesionarios podrán tener, en un primer momento, las concesiones que reúnan sus socios; que tratándose del servicio de transporte de taxi, únicamente se podrá ser titular de hasta tres concesiones de dicha modalidad, las cuales serán otorgadas exclusivamente a personas físicas; y por lo que hace al transporte especial de personal, los vehículos afectos a dichos servicios y los permisos de dicha modalidad en ningún caso podrán superar los de transporte público colectivo, por lo que ninguna persona física o moral podrá ser titular de más del diez por ciento de los vehículos destinados a dicha modalidad de transporte. Asimismo, que los titulares de concesión o permiso deberán ser de nacionalidad mexicana y con domicilio fiscal en el Estado de Chihuahua, demostrando la capacidad técnica, jurídica y financiera para poder explotar el servicio de transporte de forma eficiente; mientras que las personas morales titulares de concesión o permiso deberán estar constituidas conforme a las leyes del país y contener en sus estatutos cláusula de exclusión de extranjeros, debiendo incluir en su objeto social una actividad preponderantemente relacionada con el transporte de personas o bienes. Por otra parte, que en caso del fallecimiento o declaración de ausencia de una persona física, titular de una concesión de transporte público colectivo, la concesión o concesiones en cuestión deberán ser sometidas a concurso, dando preferencia, en igualdad de circunstancias derivado de la evaluación de las propuestas, a las personas beneficiarias que designe el concesionario por virtud de lista previamente inscritas ante la Dirección, la cual se deberá limitar a las personas sujetas a sucesión legítima, en los términos de la legislación civil aplicable. Además, que los permisos para desempeñar el servicio serán otorgados por la Secretaría, previa comprobación de la necesidad del servicio público, y en ningún caso se podrán otorgar permisos a una persona concesionaria de transporte público colectivo, cuando como resultado de ello resulte que se tenga una flota de vehículos destinados al transporte especial de trabajadores mayor al de transporte público. Igualmente, que el fallo del concurso para la asignación de Concesiones deberá incluir la lista con el orden de prelación que se obtuvo de los solicitantes, conforme a la evaluación que se hizo de los mismos; y emitido el fallo de la concesión, a quien se otorgue, tendrá un plazo máximo de treinta días naturales para acreditar los requisitos previstos en la citada legislación; por lo que una vez otorgada la Concesión o Permiso, su validez y vigencia estará sujeta a la verificación y revalidación anual, la cual incluye los requisitos ya precisados. Del mismo modo, que las Concesiones y Permisos otorgados a personas físicas o morales tendrán una vigencia de hasta diez años contados a partir de su expedición, en el entendido de que la vigencia de estas estará ligada al año modelo del vehículo que se afectará a la prestación del servicio; mientras que las concesiones de transporte urbano masivo que se encuentren integradas al sistema integrado de transporte, podrán tener una vigencia de hasta quince años. Concesiones y permisos que podrán renovarse por una ocasión hasta por el mismo periodo que fueron otorgados; siempre y cuando estén al corriente con las obligaciones impuestas por esta Ley, y no hayan violado reiteradamente los preceptos de la misma. La renovación se realizará en los términos que se establezcan en el Reglamento y en cumplimiento de los mismos requisitos que se señalen para su otorgamiento. Una vez agotado el periodo de renovación se procederá, en su caso, a un nuevo concurso en el cual podrá participar quien haya sido titular de la concesión extinta. La solicitud de renovación de Concesiones y Permisos deberá presentarse a la Dirección por escrito al menos un año previo a su vencimiento de lo contrario esta se cancelará de manera definitiva quedando dicho acto asentado en el Registro. Para el otorgamiento de una Concesión o Permiso a personas jurídicas, además de cumplir con los requisitos de la Ley y sus reglamentos, estas deberán estar constituidas conforme a los lineamientos de los estatutos y actas constitutivas que al efecto se establezcan en el Reglamento. Las personas morales titulares de Concesiones o Permisos deberán autorizar previamente y registrar ante la Dirección cualquier modificación de accionistas, apoderados y de sus estatutos, en el entendido que no podrán realizar modificaciones a sus estatutos que contravengan lo dispuesto por la normatividad aplicable o que no estén autorizadas por la Dirección. Incluso, que las concesiones y permisos se extinguirán por la muerte, incapacidad permanente que impida el cumplimiento de sus obligaciones o ausencia declarada judicialmente del titular, con las excepciones previstas. Asimismo, que únicamente los derechos y obligaciones inherentes a una concesión en modalidad de taxi, cuyo titular sea una persona física, podrán ser sujetos de transmisión por sucesión; que los concesionarios y permisionarios no podrán instalar publicidad en el exterior de las unidades del servicio de transporte; sin embargo, deberán reservar un área específica del vehículo para la instalación de publicidad relativa a campañas informativas de interés social en los rubros de salud, seguridad pública o protección civil que desarrollen las autoridades competentes. Que los vehículos que sean utilizados para el Transporte de pasajeros deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de diez años. A su vez, los transitorios establecen que el Poder Ejecutivo del Estado expedirá las disposiciones reglamentarias de la Ley en un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el Decreto. Las disposiciones administrativas y reglamentarias expedidas en esa materia, vigentes al momento de la publicación del Decreto, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. Las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos otorgados durante la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de la Ley. Los trámites para el otorgamiento de concesiones y permisos que se encuentren en proceso deberán concluirse con apego a la Ley que se abroga; sin embargo, habrá de procederse en los términos del artículo anterior. Las concesiones y permisos otorgados conforme a la Ley que se abroga, fenecerán al término señalado en su otorgamiento. Al concluir la vigencia de los mismos, el titular deberá adecuarse a los términos y condiciones de la nueva ley para su revalidación, siempre que esta sea procedente. En cambio, en el presente caso en estudio, el quejoso no señaló acto concreto de aplicación de la ley que hoy reclama de inconstitucional. Una vez hechas las precisiones apuntadas, respecto del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte; en lo particular, los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150 fracción II, así como el transitorio quinto, esta Juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no tiene interés jurídico o legítimo para promover el sumario constitucional en que se actúa. Ahora, la causa de improcedencia en análisis, señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el sólo hecho de encontrarse en vigor, pues para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, se necesita un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, siendo esto lo que lo legitima para acudir a la presente instancia constitucional. Así es, la figura del interés prevista en el numeral transcrito, se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional. Dicho precepto dispone lo siguiente: 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De la fracción transcrita, se advierte que, para la procedencia del juicio constitucional, se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto reclamado. El numeral en análisis, en comunión con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejan de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o en su caso, para quien demuestre la afectación a la esfera jurídica pudiendo ser directa, o en razón de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente, de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos. Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio, está determinado por la legitimación procesal del accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, el cual, de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. Por lo que hace al segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; dicho de otra manera, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden de ideas, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, registro digital 198200, cuyo rubro y texto es el siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. por el cual se aprobó la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte, con motivo de su entrada en vigor. De esta manera, la aplicación de dicha norma se encuentra dirigida a los concesionarios que prestan el servicio de transporte público dentro del Estado de Chihuahua. Luego, el inconforme acompañó como medio probatorio al presente juicio de amparo la documental consistente en copia certificada del acuerdo SGG.DT.DTPJ.103.900/2014 de cinco de agosto de dos mil catorce, que contiene la autorización de cesión de derechos de una concesión para prestar el servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros en Ciudad Juárez, Chihuahua, con vigencia hasta el dieciocho de abril de dos mil veintisiete, suscrito por el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y el Director de Transporte. Dicha documental merece valor en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 de la Ley de Amparo y sirve para corroborar que, efectivamente, el quejoso presta el servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros en esta ciudad, motivo por el cual consideró que le afecta la entrada en vigor del decreto LXVI/EXLEY/0708/2020/II P.O. por el cual se aprobó la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, al imponer diversas obligaciones con las que no contaba al momento de empezar su concesión. No obstante, lo anterior, como se adelantó, esta Juzgadora considera que el quejoso, aun siendo concesionario para la prestación del servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros en esta ciudad, no le asiste el interés jurídico para combatir el decreto por el que se aprobó la entrada en vigor de la Ley de Transporte por los motivos que a continuación se expondrán. Lo anterior es así, toda vez que el artículo quinto transitorio de la Ley de Transportes, establece: ARTÍCULO QUINTO.- Las Autorizaciones, Concesiones, Licencias y Permisos otorgados durante la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el presente Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley. De tal artículo se obtiene que las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos preexistentes a la nueva Ley de Transporte, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre que se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento establecidos en el decreto reclamado, concediendo al titular de las mismas un plazo de doce meses para esos efectos, esto es, para adecuarse a las disposiciones de esa ley, contado a partir de la entrada en vigor de ese decreto (vacatio legis). Precisado lo cual, por concepto de "vacatio legis", debe entenderse el lapso que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, con el objeto de que la ley pueda ser conocida suficientemente, antes de que adquiera fuerza obligatoria. En efecto, tratándose del inicio de la vigencia de una ley, debe destacarse que este es el momento a partir del cual resulta exigible la observancia de las normas, es decir, la fecha desde la que se comienzan a desplegar los efectos jurídicos para los cuales fueron creadas en un ámbito espacial y temporal de validez determinado, plazo que regularmente se precisa en el propio cuerpo normativo. Sin embargo, hay ocasiones en que la obligatoriedad de una ley no surge desde el momento de su publicación, sino con posterioridad a ese evento, fijando el legislador un período entre la fecha de publicación y el inicio de la vigencia conocido como vacatio legis, dentro del cual los gobernados tienen la oportunidad de conocer plena y completamente dicha normatividad. Así, respecto de la promoción del amparo contra normas jurídicas en el periodo denominado vacatio legis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2a./J. 81/95, de rubro "AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO", ha sostenido que cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo exista el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él, los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligarlos a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En su parte considerativa, el amparo en revisión que dio origen a la citada tesis, señala: Debe señalarse que contrariamente a lo apuntado por el recurrente en el agravio que se analiza, si se atribuye en la demanda de amparo al secretario de Hacienda y Crédito Público el "...cobro del impuesto al valor agregado...", cuando se señala, en el apartado quinto del capítulo relativo que "...De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, se reclaman los efectos y consecuencias que de hecho y de derecho se ocasionen con la aplicación de las normas de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de las Leyes sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado..."; reclamo con el que, evidentemente, se atribuye a la autoridad señalada el cobro del impuesto ya que este hecho jurídico constituye un posible efecto o consecuencia de la Ley impugnada. No se surte la aplicabilidad de la tesis "SOBRESEIMIENTO. ES INDEBIDO DECRETARLO RESPECTO DE UN REGLAMENTO, ADUCIENDO QUE NO SE DEMOSTRÓ NINGÚN ACTO DE APLICACIÓN, SI FUE RECLAMADO COMO AUTOAPLICATIVO.", ya que el sobreseimiento que en la especie se actualiza obedece no a que las normas impugnadas tengan el carácter de autoaplicativas, sino a que, a la fecha de presentación de la demanda, éstas no habían iniciado su vigencia. Contrariamente a lo sostenido en el argumento de agravio sintetizado en el apartado segundo, el juez de Distrito, en su sentencia, no señala que la peticionaria de garantías no se encuentre dentro del supuesto de causación de la norma, ni niega que las disposiciones impugnadas tengan el carácter de autoaplicativas; las consideraciones que sustentan el fallo recurrido se hacen consistir en que, ante la postergación del inicio de vigencia de la reforma impugnada, en virtud de la norma transitoria contenida en el artículo quinto del Decreto tildado de inconstitucional, a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ésta no tenía ningún efecto en el estatus jurídico de la persona que acudió al amparo; en efecto, señala el juzgador en su sentencia que en la fecha en que se presentó la demanda el artículo quinto del Decreto impugnado establecía que las reformas surtirían efectos a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco; en esa virtud, en forma correcta se aplica la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo para sobreseer en el juicio por falta de interés jurídico del accionante, en tanto no iniciara la vigencia de la Ley cuestionada atendiendo a que éste no puede ser obligado a cumplirla. Si bien las pruebas aportadas por la peticionaria de garantías, consistentes en copia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, como persona dedicada a la compraventa de productos farmacéuticos; copia certificada de factura en la que se consigna la compraventa de medicinas de patente; y la declaración, en copia certificada, del pago provisional del impuesto sobre la renta, efectuado el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, acreditan que se encuentra obligada al pago del impuesto al valor agregado, estas documentales públicas no le atribuyen interés jurídico para impugnar la reforma que aun cuando ha sido publicada como se ha señalado, está suspendida su obligatoriedad, conjuntamente con el inicio de vigencia, hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Aun cuando es evidente la existencia del acto reclamado, consistente en la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, no resulta aplicable al caso la tesis invocada por la recurrente en el agravio contenido en el apartado segundo, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama debe tenerse éste plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad de ese acto.", ya que no procede examinar la constitucionalidad del acto legislativo impugnado al haberse decretado el sobreseimiento del juicio respecto de él, ante la falta de interés jurídico del quejoso para reclamarlo en amparo. Aun cuando el juzgador incurre en los errores que se le atribuyen en el apartado tercero, como la confusión en el nombre de la negociación mercantil o el señalar que el quejoso aceptó en su demanda que la norma impugnada surtiría efectos hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, estas imprecisiones no desvirtúan la actualización de la improcedencia que afecta la acción de garantías intentada, consistente en la falta de interés jurídico para reclamar en amparo el Decreto de Reformas cuestionado. Es importante señalar que de conformidad con la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República y artículo 4o. de la Ley de Amparo, para que proceda la acción de garantías es menester que el quejoso sufra un agravio personal y directo en sus intereses jurídicamente tutelados, por ello el amparo interpuesto por el gobernado que no resiente tal agravio resulta improcedente. La falta de agravio personal y directo se desprende de las reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicadas el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, las que establecen, en la fracción I del artículo 5o., relativo a las disposiciones transitorias, lo siguiente: "ARTICULO QUINTO.- Para los efectos de lo dispuesto en el ARTICULO CUARTO de esta Ley, se aplicarán las siguientes disposiciones: "I.- Se deroga a partir del 1o. de septiembre de 1995, el ARTICULO OCTAVO de la Ley que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994." El artículo OCTAVO TRANSITORIO, cuya derogación dispone la norma transcrita a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a la letra dice: "ARTICULO OCTAVO.- Durante el año de 1995 se aplicará la tasa 0% para calcular el impuesto al valor agregado por la enajenación e importación de medicinas de patente y de productos destinados a la alimentación, con excepción de los mencionados en los artículos 2o. A, fracción I, último párrafo y 2o. B, fracción I, incisos a), b), d) y último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado." Si el quejoso endereza su acción de garantías en contra del impuesto al valor agregado que causa la enajenación de medicinas en las etapas previas al consumo final, no le asiste interés jurídico para impugnar el decreto de reformas ya que de los preceptos transcritos se desprende que la reforma operará a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Consecuentemente, aun cuando se incurre en imprecisiones en el fallo recurrido, éste es acertado en cuanto a que evidencia la falta de interés en el accionante ya que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, no podía actualizarse un acto de autoridad que pretendiera obligarlo a acatar las reformas impugnadas, pues, como se precisó, la fecha de entrada en vigor de dichas disposiciones sería hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Se incurre en una inexacta apreciación de la sentencia que se revisa cuando se señala, en el agravio sintetizado en el apartado cuarto, que el juzgador sobreseyó en el juicio de garantías por considerar que no se actualizaba un acto concreto de aplicación; el sobreseimiento cuestionado obedeció a que la ley, aun cuando fue publicada, en la fecha de presentación de la demanda de garantías, no había entrado en vigor, por lo que no existía ninguna obligación, en los destinatarios del precepto, de cumplirlo. Así lo considera el juez de Distrito cuando señala que "...las reformas al artículo 2o.B, que se reclaman, en relación con los párrafos transitorios, del diverso Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, surtirán efectos a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, como se colige de su lectura y, así lo admite la quejosa como ya se mencionó con antelación, en consecuencia, si a la fecha aún goza la quejosa de la exención del cobro de la tasa 0% del impuesto al valor agregado, es obvio que no existe por el momento autoaplicabilidad de los preceptos impugnados ya que es a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que se acabará de hecho el beneficio y se cobrará el 15% de tal impuesto; por lo que, el decreto de que se duele la quejosa en sus artículos que estima como inconstitucionales, aún no le para perjuicio, por ende, si la parte quejosa no se encuentra bajo los supuestos de las normas que impugna, es claro que no le afecta a su interés jurídico." Contrariamente a lo sostenido en el agravio contenido en el apartado quinto, la norma tildada de inconstitucional no entró en vigor el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, sino que, de conformidad con la disposición transitoria contenida en la fracción I del artículo QUINTO del decreto de reformas, ésta debió iniciar su vigencia a partir del primero de septiembre siguiente, sin que fuera necesario otra reforma a la ley, como lo señala la recurrente, ya que se encuentra ajustado a derecho el que en las disposiciones transitorias se contenga el inicio de vigencia de un impuesto; estas disposiciones transitorias constituyen parte integral de la ley a que pertenecen, con la misma fuerza obligatoria que cualquier otro de los artículos en ella contenidos. Ilustra lo anterior las tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno visible en la página 165, del Volumen 205-216 del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "IMPUESTO ESTABLECIDO EN ARTICULO TRANSITORIO DE UNA LEY, NO DETERMINA SU INCONSTITUCIONALIDAD.- Si bien los artículos transitorios en ocasiones sirven para precisar el alcance de la ley con la cual se relacionan, ya sea mediante la fijación del período de su vigencia o la determinación de los casos en los cuales será aplicada, también lo es que el incluir en un artículo transitorio un impuesto específico no determina la inconstitucionalidad de la ley pues dicha disposición forma parte integrante del ordenamiento legal. Además, la violación al artículo 72, inciso f), de la Constitución sólo podría darse si no se cumplieran los requisitos, pasos o trámites, a que aluden los incisos del a) al e) del propio artículo; es decir, si no se observara el trámite para la iniciativa, discusión y aprobación de la ley; de tal manera que si no está acreditado que al aprobarse la ley se dejaron de observar esos trámites, tampoco puede estimarse que los artículos transitorios adolezcan de ese vicio, pues, como ya se dijo, forman parte integrante de la ley. Podría, en todo caso, constituir un defecto de técnica legislativa el incluir en los artículos transitorios un impuesto específico, pero ello no determina la inconstitucionalidad de la ley." También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno visible en la página 35, del Volumen VI, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: IMPUESTO. NO ES INCONSTITUCIONAL LA LEY QUE LO ESTABLECE POR INCLUIR EN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS ALGUNO DE SUS ELEMENTOS.- El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene establecida jurisprudencia en el sentido de que no es inconstitucional la ley por el hecho de incluir en los artículos transitorios un impuesto específico, la cual aparece con el número 8 en las páginas 646 y siguientes de la Primera Parte del Informe correspondiente al año de 1986. Así, tomando en cuenta esa tesis, resulta irrelevante la circunstancia de que al establecerse un impuesto, sus elementos o varios de ellos se encuentren previstos en alguno de los artículos transitorios de la ley que lo crea, pues si no es inconstitucional el hecho de que el mismo impuesto esté incluido en un precepto transitorio de la ley, tampoco puede serlo que sus elementos o algunos de ellos se encuentren en la misma norma, ya que los artículos transitorios forman parte integrante de la ley." Por otra parte, no es exacto que sea por virtud de un decreto del Ejecutivo que se postergue el inicio de vigencia de la ley, sino que lo anterior obedece a una disposición contenida en el propio decreto de reformas; en efecto, es el artículo quinto relativo a las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado el que difiere la iniciación de vigencia hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Resulta igualmente infundado el agravio contenido en el apartado sexto, ya que no era suficiente con acreditar que se encontraba en el supuesto de causación del impuesto al valor agregado para que le asistiera interés jurídico al accionante para reclamar en el juicio de amparo el decreto de reformas, las que en la fecha en que hizo valer su demanda de garantías aún no iniciaban su vigencia. También resulta infundado el agravio contenido en el apartado séptimo; si bien el Decreto de Reformas impugnado tiene el carácter de autoaplicativo, esto es, que una vez iniciada su vigencia puede ser impugnado en amparo por tratarse de disposiciones de observancia general, que al cobrar vigencia obligan a los gobernados destinatarios imponiéndoles una carga u obligación, en el caso, será hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que inicia tal vigencia, por lo que no le asistía interés jurídico al quejoso, en la fecha de presentación de su demanda, para impugnar las mencionadas reformas; por tal consideración, no resulta aplicable la tesis que se invoca: "LEYES DE INMEDIATA EJECUCION, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LAS", ya que se refiere a leyes autoaplicativas vigentes. Por último, es infundado el argumento de agravio extractado en el apartado octavo, dado que contrariamente a lo aducido por la parte recurrente, el juez de Distrito no invoca en la sentencia que se revisa la tesis "VACATIO LEGIS", supuestamente mal aplicada al caso; criterio que, por otra parte, sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión **********/95, promovido por Jerónimo, Sociedad Anónima de Capital Variable; la tesis que se sustentó es la CVI/95, del siguiente texto: "VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO.- Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." Aun cuando el transitorio único del decreto de reformas señale que la ley entrará en vigor el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, esta disposición se refiere, en general, a todo el cuerpo normativo contenido en el Decreto impugnado, el que no sólo comprende el impuesto al valor agregado sino también reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta; respecto del primer impuesto mencionado en el artículo quinto se establecen disposiciones transitorias relativas al inicio de su vigencia, de las reformas al impuesto al valor agregado, las que rigen de manera especial a dicho tributo. Es por ello que el término oportuno para la presentación de la demanda no se debe computar a partir de la publicación del decreto, sino del inicio de vigencia de las normas impugnadas. Por otra parte, las tesis con las que ilustra su último agravio la parte recurrente, de rubros: "LEYES AUTOAPLICATIVAS CONDICIONADAS A ACUERDOS GENERALES. OPORTUNIDAD PARA EL AMPARO", "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE UN REGLAMENTO POR INAPLICACIÓN DEL MISMO. NO PROCEDE SI SE TIENEN POR PRESUNTIVAMENTE CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN", "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS" y "...LA SENTENCIA DICTADA EN LA, NO CONLLEVA EL REENVÍO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO", no desvirtúan la falta de interés jurídico en el accionante, dado que se refieren, respectivamente, a la oportunidad para hacer valer la acción de garantías tratándose de leyes autoaplicativas; a la improcedencia del sobreseimiento cuando se reclame un reglamento si se surte la presunción de certeza respecto de los actos de ejecución; a la improcedencia del sobreseimiento respecto de los actos legislativos consistentes en la expedición, promulgación y publicación de las leyes, dado que no tienen el carácter de consumados; y a la imposibilidad para que el tribunal ad quem remita al a quo la jurisdicción para que resuelva sobre cuestiones omitidas, de lo contrario, se sigue que las tesis invocadas por la recurrente no son aptas para modificar o revocar el sobreseimiento decretado por el juzgador de primer grado ya que atribuyen interés jurídico en el accionante para impugnar el Decreto de Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ni desvirtúan esa falta de interés." Como se precisó, la Sala del Alto Tribunal, si bien analiza legislación diversa, sostiene, en lo que interesa, que eran infundados los agravios vertidos por el recurrente, dado que resultaba acertado lo resuelto por el Juez de Distrito, pues el sobreseimiento en el juicio de origen se debió a que las normas impugnadas, si bien tienen el carácter de autoaplicativas y el disconforme acreditó encontrarse en el supuesto, aquellas, a la fecha de presentación de la demanda, no se encontraban vigentes, dado que a través de un artículo transitorio, su vigencia iniciaba con posterioridad (vacatio legis), por lo que éstas no tenían ningún efecto en el estatus jurídico del inconforme. Adicionalmente, señaló que las pruebas aportadas, si bien colocaron al quejoso en el supuesto previsto por la norma, no le atribuían interés jurídico para impugnarlas aun cuando aquella haya sido publicada, pues se encontraba suspendida su obligatoriedad, conjuntamente con el inicio de vigencia. Dicha circunstancia la sostuvo dado que el quejoso no sufrió un agravio personal y directo en sus intereses jurídicamente tutelados, por ello el amparo resultaba improcedente. Expuso también, que el Decreto de Reformas impugnado tenía el carácter de autoaplicativo, esto es, que una vez iniciada su vigencia podía ser impugnado en amparo por tratarse de disposiciones de observancia general, que al cobrar vigencia obligan a los gobernados destinatarios imponiéndoles una carga u obligación, en el caso que analizó, sería hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que inicia su vigencia, por lo que no le asistía interés jurídico al quejoso, en la fecha de presentación de su demanda. Concluyó entonces, que si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor, es decir durante el periodo denominado por la doctrina "vacatio legis". Explicado lo anterior, en el caso particular, como se asentó, el disconforme acude al juicio de amparo por considerar inconstitucional el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. por el cual se aprobó la nueva Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, en razón de que es concesionario para la prestación del servicio público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en esta ciudad. No obstante, el artículo quinto transitorio de la ley que tilda de inconstitucional (que ya fue transcrito), señala que las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos preexistentes a la nueva Ley de Transporte, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre que cumplan con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento establecidos en ésta, concediendo al titular de las mismas un plazo de doce meses para esos efectos, esto es, para adecuarse a las disposiciones de esa ley, contado a partir de la entrada en vigor de ese decreto, lapso de tiempo denominado "vacatio legis". Espacio en el cual, como señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 81/95, no es procedente el juicio de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no se puede obligar a cumplirla, en razón de que durante dicho período, la ley no puede ser obligatoria. Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado, la jurisprudencia 2a./J. 81/95, de la Novena Época, registro 200656, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, de diciembre de 1995, Materia Común, página 289, del epígrafe y texto: AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor. Así como la jurisprudencia 1a./J. 2/96, de la Primera Sala del Alto Tribunal del país, de la Novena Época, registro 200434, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, de enero de 1996, Materia Común, página 25, que a la letra dice: VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico suficiente para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor. Así, al haberse pronunciado en dicho sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y haber determinado la improcedencia del juicio de amparo, por falta de interés jurídico al impugnar una norma que se encuentra bajo el periodo denominado por la doctrina como "vacatio legis", es decir, que no se encuentra vigente, como en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se decreta el sobreseimiento en este juicio, en el cual se señaló como acto reclamado la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. por el cual se aprobó la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte, en lo particular, los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150 fracción II, así como el transitorio quinto, que se reclama del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, en términos de lo analizado en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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