Carlos Efrén Riojas Morales

Expediente 268/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
268/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Carlos Efrén Riojas Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en que se sobreseyó, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, no se ha pronunciado respecto del requerimiento formulado mediante proveído de nueve de los corrientes, mediante el cual se le requirió para que dentro del plazo de cinco días legalmente computado, justificara las razones, motivos o circunstancias especiales por las cuales, la documental que se tuvo por recibida en el citado acuerdo, encuadra en los supuestos contemplados por los numerales 103 y 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso 124, fracciones V, VII y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, y en su caso, ofreciera las pruebas de daño pertinentes; de igual manera, tampoco obra en autos el acuse postal relativo al oficio por el que se le requirió, así como que el día de hoy se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Ante ello, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional, pues no puede considerarse que la autoridad responsable haya sido omisa, toda vez que del propio estado de los autos, no se advierte que ya hubiere sido requerida para ello, ya que no obra el acuse de recibo del oficio por el que le fue solicitada la información de referencia. En tal sentido, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. En tal sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta y en atención a las manifestaciones vertidas por el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, por el momento se reserva dar vista a las partes; ello en virtud de que la autoridad oficiante manifiesta que la información contenida en la copia certificada que remite, se encuentra dentro de los supuestos previstos por los artículos 103 y 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso numeral 124, fracciones V, VII y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Ahora, los ordinales 103 y 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son del tenor literal siguiente: [.] 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Mientras que el artículo 124, fracciones V, VII y XI de la citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, establece lo siguiente: 124. Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación: [.] V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones. [.] VII. Contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. [.] XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. [.] Por otra parte, del estado de autos se advierte que el catorce de mayo del año en curso, se recibieron en Oficialía de Partes Común, los informes justificados rendidos por el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de Desarrollo Urbano y Ecología, en representación del Titular de la Jefatura del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, así como del Titular de la Dirección de Ecología, ambos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de los que, entre otras manifestaciones, se advirtió: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL QUE SE ORIGINÓ EL ACTO RECLAMADO: Me permito remitir a ese H. Tribunal el expediente administrativo en el que se originó el acto reclamado, acreditando con dicha prueba que los actos llevados a cabo por mi representa fueron emitidos conforme a derecho y en nada vulneran la esfera jurídica de la quejosa. Sin que dicha documental se hubiere anexado a los informes de referencia; por tanto, se le requirió a fin de que la remitiera, dado que así manifestó haberlo hecho. Además, debe tenerse en consideración, que en su escrito de demanda, el quejoso señaló como actos reclamados lo siguientes: 1. Del C. Titular de la Dirección de Ecología del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua y del C. y Titular de la Jefatura del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, se reclama la autorización de forma condicionada en materia de impacto ambiental, el desarrollo del proyecto consistente en la realización de obras y actividades de construcción y operación de un corredor troncal de transporte público denominado "Corredor Tecnológico de Ciudad Juárez", comúnmente conocido como la "Ruta Troncal BRT 2" sin cumplir con los requisitos legales aplicables, contenida en el oficio DOEIA. IA. 1437/2020. Dicho proyecto comprende la construcción de un sistema de transporte urbano sobre la Carretera Panamericana (vialidad que en diversos tramos tiene los nombres de Avenida Tecnológico, Avenida Paseo Triunfo de la República y Avenida 16 de Septiembre). 2. Del C. Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, se reclama la construcción y ejecución de las obras públicas que se del corredor troncal de transporte público denominado "Corredor Tecnológico de Ciudad Juárez", comúnmente conocido como la "Ruta Troncal BRT 2". 3. De la C. Titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, se reclama la omisión de sancionar las obras de construcción de la "Ruta Troncal BRT 2". (SIC) [.] ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL ACTO RECLAMADO POR LAS QUEJOSAS CONSISTE EN QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "RUTA TRONCAL BRT2" NO CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE [.] De lo que se tiene, que el justiciable se duele de la construcción y ejecución de las obras públicas realizadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua, pues a su decir, éstas no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación aplicable; mientras que del comunicado de cuenta, no se advierten los motivos por los cuales concluye que la información contenida en el expediente que remite debe ser reservada. Atento a ello, debe tenerse en consideración que del artículo 6 Constitucional, se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa. La jurisprudencia en comento tiene el registro digital 169574, del rubro y texto siguiente: ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL. El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, se cita la tesis P. II/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021411, Décima Época, Materia Constitucional, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 561, que a la letra dice: DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS. La clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el artículo 6o. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que si se reconoce que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio. En tal sentido, requiérase a la autoridad oficiante, a fin de que dentro del plazo de cinco días legalmente computado, justifique las razones, motivos o circunstancias especiales por las cuales, la documental que se recibe, encuadra en los supuestos contemplados por los numerales de referencia y ofrezca las pruebas de daño que considere pertinentes. Bajo el apercibimiento que, de incumplir con lo que se le solicita, o bien, no informar oportunamente el impedimento que tuviere para ello, se dará vista a las partes con la copia certificada que con este acuerdo se recibe. Atento a ello, se reserva que la documental en cita aparezca en el sistema integral de seguimiento de expedientes, debiendo formar cuadernillo de sigilo, hasta en tanto se tenga noticia del requerimiento aquí formulado. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que el dieciocho de mayo del año en curso se tuvieron por recibidos los informes justificados rendidos por el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de Desarrollo Urbano y Ecología, en representación del Titular de la Jefatura del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, así como del Titular de la Dirección de Ecología, ambos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, sin las documentales que dan sustento a los mismos; por tanto, se requirió su envió a la citada autoridad, sin que a la fecha se tenga noticia de dicha solicitud. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Atento a lo anterior, requiérase nuevamente al Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de Desarrollo Urbano y Ecología a fin de que dentro del plazo de tres días legalmente computado, remita el expediente administrativo que dio origen al presente asunto; apercibido que subsiste el apercibimiento decretado en el proveído de admisión para el caso de que incumpla con lo que se le solicita, dentro del plazo que para ello se le concede. En tal sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano