Carlos Enrique Guerrero Montoya

Expediente 991/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
991/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
27/12/2017

Partes del expediente

  • Carlos Enrique Guerrero Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le efectuó a través del oficio 36034 de veinte de los actuales; dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, por lo que en términos del numeral 117 de la ley de la materia, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las documentales que remite, las cuales atento a su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas; sin perjuicio de ser consideradas al dictar la resolución que en derecho corresponda. Ahora bien, toda vez que indica que las copias solicitadas le fueron entregadas al quejoso el trece diciembre en curso; por ende, ante la posible actualización de una causa de improcedencia, mediante oficio requiérase a la Juez de referencia para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente de la notificación del presente auto, remita copia certificada de la constancia con la que acredite que efectivamente el amparista recibió tales documentos, pues de las constancias enviadas únicamente se advierte lo relativo a que el quejoso recibió el oficio 52069/17, únicamente relacionado a la causa 463/2013, más no de las copias que solicitó de la sentencia del procedimiento abreviado dictada en su contra en esa causa y de la diversa 461/2013; apercibida que de no hacerlo se le impondrá como medio de apremio una multa de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos copia del oficio signado por la Titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en la ciudad de Chihuahua, mediante el cual da contestación al diverso comunicado 34259 librado por este órgano federal en el juicio de amparo en que se actúa, por el que informa que no le resulta posible designar el asesor jurídico solicitado en la misiva de referencia, púes el proceso penal del cual deriva el acto reclamado y la autoridad responsable señalados por el quejoso en su demanda de amparo, no es competencia de ese instituto; por lo anterior, asevera que tal petición deberá ser dirigida a las autoridades correspondientes del fueron común en esta entidad federativa. Así mismo, de conformidad a lo dispuesto en lo que establece el artículo 13 ter, fracciones I, V, XV, XIX, XX y XXI de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, no se encuentra facultada para designar la asesoría jurídica que se le requiere. Ahora bien, en contestación a lo expuesto en relación a las facultades con que cuenta la citada Titular en el oficio de cuenta, y no obstante lo manifestado, dígasele que si bien es cierto, el precepto que cita evoca las facultades de ese organismo, no obstante del mismo se advierte que dentro de sus obligaciones se encuentra la de planear, organizar, dirigir y supervisar el trabajo de la Institución que preside, entre otros; por lo que, contrario a lo expuesto, con independencia de la naturaleza del proceso que se sigue o se siguió en contra del ahora quejoso, así como de las autoridades responsables señaladas en la demanda de garantías, origen del presente juicio, el requerimiento que se le realiza, es para garantizar las formalidades esenciales del procedimiento de amparo, pues dada la condición de interno del amparista, sólo así, tendrá la oportunidad de ejercer una adecuada defensa en el juicio en que se actúa, mas no para que lo represente en el proceso penal; por lo que si designó a un abogado que lo represente en este juicio, es por ello que con fundamento en los artículos 1, 2, 4 y 6 fracciones I a IV, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, se solicita nuevamente la designación de un asesor jurídico, para que actúe dentro del juicio de amparo que se lleva en este órgano federal en beneficio del quejoso con el objeto de potencializar y garantizar su derecho humano a una adecuada defensa y no, como se cita en el oficio que nos ocupa. De igual forma, en atención a su manifestación referente a la tesis citada en el acuerdo de requerimiento, se itera que no debe soslayarse que el ahora quejoso, forma parte de un grupo vulnerable al encontrarse privado de su libertad en un centro de reclusión, lo que significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional; máxime, que adverso a lo que señala en su oficio de cuenta, en la tesis se mencionan a los funcionarios a que hace alusión la Ley Federal de Defensoría Pública, esto es a los Asesores Jurídicos y Defensores Públicos. Motivo por el cual, se reitera el requerimiento realizado tanto a la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en la capital estatal, mediante acuerdo de cuatro de diciembre de la presente anualidad, para que de INMEDIATO designen un Asesor Jurídico Federal que represente al quejoso en el trámite del juicio de amparo en que se actúa; en la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá como medio de apremio consistente en una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sin perjuicio de incrementarla en caso de requerimientos posteriores. Notifíquese; mediante oficio a la Titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, en esta ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Cuauhtémoc Pineda García, secretario quien autoriza lo actuado y da fe. Doy fe.Agréguese a los autos copia del oficio signado por la Titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en la ciudad de Chihuahua, mediante el cual da contestación al diverso comunicado 34259 librado por este órgano federal en el juicio de amparo en que se actúa, por el que informa que no le resulta posible designar el asesor jurídico solicitado en la misiva de referencia, púes el proceso penal del cual deriva el acto reclamado y la autoridad responsable señalados por el quejoso en su demanda de amparo, no es competencia de ese instituto; por lo anterior, asevera que tal petición deberá ser dirigida a las autoridades correspondientes del fueron común en esta entidad federativa. Así mismo, de conformidad a lo dispuesto en lo que establece el artículo 13 ter, fracciones I, V, XV, XIX, XX y XXI de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, no se encuentra facultada para designar la asesoría jurídica que se le requiere. Ahora bien, en contestación a lo expuesto en relación a las facultades con que cuenta la citada Titular en el oficio de cuenta, y no obstante lo manifestado, dígasele que si bien es cierto, el precepto que cita evoca las facultades de ese organismo, no obstante del mismo se advierte que dentro de sus obligaciones se encuentra la de planear, organizar, dirigir y supervisar el trabajo de la Institución que preside, entre otros; por lo que, contrario a lo expuesto, con independencia de la naturaleza del proceso que se sigue o se siguió en contra del ahora quejoso, así como de las autoridades responsables señaladas en la demanda de garantías, origen del presente juicio, el requerimiento que se le realiza, es para garantizar las formalidades esenciales del procedimiento de amparo, pues dada la condición de interno del amparista, sólo así, tendrá la oportunidad de ejercer una adecuada defensa en el juicio en que se actúa, mas no para que lo represente en el proceso penal; por lo que si designó a un abogado que lo represente en este juicio, es por ello que con fundamento en los artículos 1, 2, 4 y 6 fracciones I a IV, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, se solicita nuevamente la designación de un asesor jurídico, para que actúe dentro del juicio de amparo que se lleva en este órgano federal en beneficio del quejoso con el objeto de potencializar y garantizar su derecho humano a una adecuada defensa y no, como se cita en el oficio que nos ocupa. De igual forma, en atención a su manifestación referente a la tesis citada en el acuerdo de requerimiento, se itera que no debe soslayarse que el ahora quejoso, forma parte de un grupo vulnerable al encontrarse privado de su libertad en un centro de reclusión, lo que significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional; máxime, que adverso a lo que señala en su oficio de cuenta, en la tesis se mencionan a los funcionarios a que hace alusión la Ley Federal de Defensoría Pública, esto es a los Asesores Jurídicos y Defensores Públicos. Motivo por el cual, se reitera el requerimiento realizado tanto a la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en la capital estatal, mediante acuerdo de cuatro de diciembre de la presente anualidad, para que de INMEDIATO designen un Asesor Jurídico Federal que represente al quejoso en el trámite del juicio de amparo en que se actúa; en la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá como medio de apremio consistente en una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sin perjuicio de incrementarla en caso de requerimientos posteriores.

  4. Principal

    se admite la demanda de amparo. Se señalan las diez horas con cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil dieciocho, para que tenga lugar la audiencia constitucional. PIDASE INFORMES

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