Carlos Emanuel o Emanuel García González

Expediente 522/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 29 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
522/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
29/10/2019

Partes del expediente

  • Carlos Emanuel o Emanuel García González

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V-B "...Vista la demanda de amparo presentada por... contra actos de la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VIII Distrito Judicial de Papantla, Veracruz y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional con el número 522/2019-V-B. DESECHAMIENTO Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al juez de distrito al desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.]" De las normas legales transcritas, se colige que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de alguna disposición de la propia ley de la materia; en este contexto, del segundo de los numerales en cita, se conoce que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o los actos que se reclamen a la autoridad señalada como responsable. Una interpretación contraria, conduce a afirmar que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por el gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad. En el caso, el acto que reclama el quejoso es la orden de investigación iniciada en su contra; sin embargo, tal acto no le causa perjuicio alguno al promovente de la instancia constitucional, habida cuenta que la investigación ministerial que en su caso exista y se haya integrado, es el resultado de una facultad y obligación exclusiva del Ministerio Público, por lo que ese acto no puede ser violatorio de derechos humanos, en mérito a que por mandato del artículo 21 de la Constitución Federal, el Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación de los delitos. De tal manera que en su actuación como autoridad durante la investigación ministerial, está facultado para hacer las investigaciones necesarias a fin de esclarecer los hechos que se estimen constitutivos de delito, inclusive, para ejercitar la acción penal, lo cual se actualiza en el momento de la consignación que realiza de la investigación ministerial ante los tribunales. Por tanto, el actuar de la Fiscalía no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso... En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6o, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, SE DESECHA la demanda de amparo contra el acto que el quejoso hizo consistir en la orden de investigación iniciada en su contra..."

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