Carlos Daniel Ramírez Hernández

Expediente 411/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 48 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
411/2022
Año
2022
Actuaciones
48
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Daniel Ramírez Hernández
  • Juez del Juzgado de Control de Proceso Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial En Poza Rica, Veracruz.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    ".... Como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado; y, como consecuencia, con apoyo en el artículo 147 de la Ley de Amparo, se determina que quedan sin efecto las medidas decretadas en este cuaderno incidental. De autos se advierte que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa. Por lo anterior, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo de este expediente; por lo que, se determina lo siguiente: De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado acuerdo, se clasifica como conservable el original del incidente de suspensión, pues se concedió la medida cautelar provisional respecto de los actos reclamados. Asimismo, como lo dispone el citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del cuaderno incidental, este se clasifica como destruible, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 19, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo. Por lo que, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción; y, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Acorde al numeral 34 del aludido Acuerdo General, en la carátula, hágase constar la valoración asignada, esto es, que el cuaderno original es susceptible de depuración, en tanto que el duplicado de destrucción. Además, que el expediente no tiene relevancia documental para su conservación...."

  2. Principal

    "... Visto el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado contra el auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio. Ahora bien, conforme lo previene el numeral 196 de la Ley de Amparo, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Por lo anterior, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo; este asunto se clasifica como CONSERVABLE, pues se concedió el amparo respecto del acto reclamado. ....

  3. Principal

    "... Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que el plazo de tres días otorgados a las partes en proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, para que hicieran manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la sentencia amparadora, por las autoridades responsables, transcurrió siendo que únicamente hizo uso de ese derecho la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido. ... En ese tenor, es necesario destacar los antecedentes que a continuación se enuncian: Mediante sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo a la parte quejosa **************, contra los actos reclamados al Juez de Control de Proceso Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz y otras autoridades. Por auto de trece de junio del año en curso, causó ejecutoria la referida resolución al no haberse inconformado ninguna de las partes, por lo que en esa propia fecha, se requirió al Juzgado de Control y en Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Poza Rica, Veracruz, para que en el término de tres días diera cumplimiento a la sentencia de amparo..... De lo anterior, se tiene que la Juzgadora procedió, en cumplimiento a la sentencia amparadora a realizar lo siguiente: Dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en contra de ***************, en el proceso penal ******, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inicio a), 10, fracción I, incisos a), b), c), d) y e) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada identificada con la clave numérica *******. Repuso el procedimiento a partir de la solicitud de vinculación a proceso. Otorgó el uso de la voz a la fiscal para la solicitud de vinculación a proceso, donde sugirió que no se diera lectura integral de los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación. Se cercioró que el imputado contara con una defensa adecuada, que contara con los conocimientos técnicos y jurídicos, y en el caso procedió a otorgar el uso de la voz al imputado para que sustituyera al defensor particular ****************** quien se encontraba presente en la audiencia que se ordenó reponer, atendiendo a que la Juzgadora consideró que su defensa técnica no era suficiente para continuar con la asesoría del imputado, debido a que reiteraba cuestiones que habían sido materia de otra etapa, por ello fue sustituido por el defensor público quien asistió al imputado hasta la conclusión, esto es, hasta el dictado del auto de vinculación a proceso. En esa tesitura, tomando en cuenta que el Juez de control, dejó insubsistente la resolución reclamada y subsanando las deficiencias destacadas, emitió una nueva determinación en contra del quejoso; por ende, es inconcuso que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, dado que las razones que expuso son acordes a las contenidas en la resolución amparadora dictada por el suscrito, motivo por el cual la autoridad responsable no incurre en exceso o en defecto en su cumplimiento. Por otro lado, en relación a las manifestaciones vertidas por Candelario García Urbina, autorizado de la parte quejosa, en relación a que aduce que la Juez permitió la violación al principio de oralidad, ya que la Fiscalía leyó la solicitud de vinculación a proceso en contra de su defendido. Contrario a lo argüido por la defensa, se estima oportuno señalar que de las audiencias que se llevaron a cabo en el proceso penal de origen, se deduce que, la fiscalía narró y expuso los datos de prueba con los que contaba a efectos de solicitar la vinculación a proceso de C********************, y en el caso, la Juzgadora como rectora del proceso estuvo pendiente que no se vulnerara el principio de oralidad, tal y como lo expuso en una de las audiencias donde tuvo participación la fiscalía, cuando la misma defensa del inmutado señaló que la fiscal se encontraba leyendo lo que exponía; sin embargo, la Juez le señaló a la defensa que únicamente había advertido que la representante social solo se apoyaba de datos específicos como son oficios, fechas, domicilios, etcétera, por tal motivo, se estima inexacta la apreciación de la defensa atento a lo acontecido en las audiencias de treinta y uno de julio, tres y cinco de agosto de dos mil veintitrés. Por otro lado, en relación a lo que menciona el promovente, de que la autoridad responsable violó el derecho a una defensa técnica adecuada, contrario a ello, es dable señalar que la Juzgadora al advertir el desconocimiento total y completo del juicio de origen, solicitó al quejoso ********************, designara un nuevo defensor para que lo asistiera hasta el dictado del auto de vinculación a proceso, por lo que en atención a ello, designó al defensor público como su nuevo defensor quien lo asistió y asesoró en torno al proceso que se sigue en su contra...."

  4. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "... Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que el plazo de tres días otorgados a las partes en proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, para que hicieran manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la sentencia amparadora, por las autoridades responsables, transcurrió siendo que únicamente hizo uso de ese derecho la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido. ... En ese tenor, es necesario destacar los antecedentes que a continuación se enuncian: Mediante sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo a la parte quejosa **************, contra los actos reclamados al Juez de Control de Proceso Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz y otras autoridades. Por auto de trece de junio del año en curso, causó ejecutoria la referida resolución al no haberse inconformado ninguna de las partes, por lo que en esa propia fecha, se requirió al Juzgado de Control y en Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Poza Rica, Veracruz, para que en el término de tres días diera cumplimiento a la sentencia de amparo..... De lo anterior, se tiene que la Juzgadora procedió, en cumplimiento a la sentencia amparadora a realizar lo siguiente: Dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en contra de ***************, en el proceso penal ******, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inicio a), 10, fracción I, incisos a), b), c), d) y e) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada identificada con la clave numérica *******. Repuso el procedimiento a partir de la solicitud de vinculación a proceso. Otorgó el uso de la voz a la fiscal para la solicitud de vinculación a proceso, donde sugirió que no se diera lectura integral de los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación. Se cercioró que el imputado contara con una defensa adecuada, que contara con los conocimientos técnicos y jurídicos, y en el caso procedió a otorgar el uso de la voz al imputado para que sustituyera al defensor particular ****************** quien se encontraba presente en la audiencia que se ordenó reponer, atendiendo a que la Juzgadora consideró que su defensa técnica no era suficiente para continuar con la asesoría del imputado, debido a que reiteraba cuestiones que habían sido materia de otra etapa, por ello fue sustituido por el defensor público quien asistió al imputado hasta la conclusión, esto es, hasta el dictado del auto de vinculación a proceso. En esa tesitura, tomando en cuenta que el Juez de control, dejó insubsistente la resolución reclamada y subsanando las deficiencias destacadas, emitió una nueva determinación en contra del quejoso; por ende, es inconcuso que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, dado que las razones que expuso son acordes a las contenidas en la resolución amparadora dictada por el suscrito, motivo por el cual la autoridad responsable no incurre en exceso o en defecto en su cumplimiento. Por otro lado, en relación a las manifestaciones vertidas por Candelario García Urbina, autorizado de la parte quejosa, en relación a que aduce que la Juez permitió la violación al principio de oralidad, ya que la Fiscalía leyó la solicitud de vinculación a proceso en contra de su defendido. Contrario a lo argüido por la defensa, se estima oportuno señalar que de las audiencias que se llevaron a cabo en el proceso penal de origen, se deduce que, la fiscalía narró y expuso los datos de prueba con los que contaba a efectos de solicitar la vinculación a proceso de C********************, y en el caso, la Juzgadora como rectora del proceso estuvo pendiente que no se vulnerara el principio de oralidad, tal y como lo expuso en una de las audiencias donde tuvo participación la fiscalía, cuando la misma defensa del inmutado señaló que la fiscal se encontraba leyendo lo que exponía; sin embargo, la Juez le señaló a la defensa que únicamente había advertido que la representante social solo se apoyaba de datos específicos como son oficios, fechas, domicilios, etcétera, por tal motivo, se estima inexacta la apreciación de la defensa atento a lo acontecido en las audiencias de treinta y uno de julio, tres y cinco de agosto de dos mil veintitrés. Por otro lado, en relación a lo que menciona el promovente, de que la autoridad responsable violó el derecho a una defensa técnica adecuada, contrario a ello, es dable señalar que la Juzgadora al advertir el desconocimiento total y completo del juicio de origen, solicitó al quejoso ********************, designara un nuevo defensor para que lo asistiera hasta el dictado del auto de vinculación a proceso, por lo que en atención a ello, designó al defensor público como su nuevo defensor quien lo asistió y asesoró en torno al proceso que se sigue en su contra...."

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