Carlos Eduardo Sandria Capistran

Expediente 238/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
238/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Carlos Eduardo Sandria Capistran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, cabe decir que en sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a CARLOS EDUARDO SANDRIA CAPISTRÁN contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Veracruz, Veracruz, para el efecto de que: "[.] Dentro de los tres días siguientes a que se le notifique la presente sentencia, dicte un acuerdo en el que señale nueva fecha para la continuación de la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas en comento, dentro de los quince días siguientes a dicho acuerdo, que se lo notificara a las partes con diez días de anticipación a dicha audiencia cuando menos, en términos de lo dispuesto en el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de proveer sobre las pruebas reservadas en audiencia de seis de mayo de dos mil veintidós. [.]" Por otro lado, de autos se advierte que mediante proveído de treinta de junio del año en curso, se reservó proveer respecto al contenido del oficio y anexo con registro 10713, signado por la Auxiliar en sustitución por ausencia temporal de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, en su carácter de autoridad responsable, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que en la especie ya aconteció. Por tanto, cumplida que está la condición anterior, y en atención al contenido del oficio de referencia, téngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el oficio y anexo con registro 10713, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, cabe decir que en sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a CARLOS EDUARDO SANDRIA CAPISTRÁN contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Veracruz, Veracruz, para el efecto de que: "[.] Dentro de los tres días siguientes a que se le notifique la presente sentencia, dicte un acuerdo en el que señale nueva fecha para la continuación de la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas en comento, dentro de los quince días siguientes a dicho acuerdo, que se lo notificara a las partes con diez días de anticipación a dicha audiencia cuando menos, en términos de lo dispuesto en el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de proveer sobre las pruebas reservadas en audiencia de seis de mayo de dos mil veintidós. [.]" Por otro lado, de autos se advierte que mediante proveído de treinta de junio del año en curso, se reservó proveer respecto al contenido del oficio y anexo con registro 10713, signado por la Auxiliar en sustitución por ausencia temporal de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, en su carácter de autoridad responsable, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que en la especie ya aconteció. Por tanto, cumplida que está la condición anterior, y en atención al contenido del oficio de referencia, téngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el oficio y anexo con registro 10713, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Auxiliar en sustitución por ausencia temporal de la Presidenta de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, se reserva proveer respecto al mismo, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 238/2023. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa Carlos Eduardo Sandria, promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-14). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés; solicitar a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; llevar a cabo el emplazamiento a los terceros interesados, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 21-25). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 68-70) así como el emplazamiento de los terceros interesados Comisión Federal de Electricidad (foja 67) Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 31) y Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Sección 121 Tierra Blanca (foja 90) tuvo verificativo la audiencia constitucional (foja 93) quedando el expediente en estado de resolución. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 33,, fracción IV, 35, 27, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, en virtud de que se reclama la violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados consisten en: ".1. La omisión por parte de la Autoridad responsable para dictar acuerdo admisorio de pruebas, toda vez que esa H. Junta por audiencia de fecha 06 de mayo de 2022 se reservó de emitirlo para un mejor proveer en el expediente laboral número 779/2021 al no haberlo dictado dentro del término previsto en el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma. 2. La violación a los principios de inmediatez, continuidad, celeridad, concentración, economía y sencillez procesal del expediente laboral número 779/2021. 3. Las demás consecuencias legales." Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 68-70) al rendir su informe justificado admitió la existencia de los actos reclamados, tal como se advierte del contenido del mismo. CUARTO. Procedencia. No se hicieron valer causas de improcedencia por las partes, ni se advierte de oficio la existencia de alguna, según lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, de los cuales se omite su transcripción pues no existe disposición legal que así lo exija. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, se concluye que el concepto de violación expresado por el quejoso es esencialmente fundado; aunque para ello se tenga que suplir la deficiencia de los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, ya que acude la parte trabajadora al presente juicio de amparo. MARCO NORMATIVO El artículo 17 de la Constitución Federal contiene como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto, a saber, justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Por su parte, los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contemplan mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de manera sistemática, para hacerlos valer por los ciudadanos, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia. Se cita como respaldo la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.) que se lee: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." En ese sentido, el citado numeral 17 de la Constitución, en correlación con el 1° de la propia Carta Suprema y de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, imponen la obligación al juzgador de hacer efectivo el derecho de acceso a la impartición de justicia, procurando no fijar obstáculos innecesarios a los justiciables, a fin de que éstos tengan la oportunidad de que sean escuchadas su pretensiones y que éstas se resuelvan mediante pronunciamiento completo por la autoridad judicial. Tratándose del primero de los principios que al caso importan, de los mencionados, esto es, "justicia pronta", la Primera Sala de la citada Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que ésta se garantiza cuando en la ley se establecen plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales y que se entienden de la siguiente forma: a). Generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b). Razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes; c). Objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Criterio anterior que se contiene en la tesis que es del contenido siguiente: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando ei legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales." En relación con el "plazo razonable" conviene citar por identidad de razón el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que deriva de la Queja 89/2012 de su índice, al resultar orientador en el dictado de la presente sentencia, pues en éste se interpretó lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y concluyó que, para determinar cuál es un "plazo razonable", no nada más en la resolución de los asuntos, sino también en su conclusión (a través de la ejecución que de la sentencia se lleve a cabo) debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Lo anterior a fin de emitir un juicio sobre, si en el caso concreto, se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de lo anterior, dicho Tribunal Colegiado concluyó, que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador. Lo cual, no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente a una cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado, respecto al deber de resolver en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto. Lo anterior emana de la tesis que es del contenido siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el articulo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable; como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por si misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto." En lo que hace al diverso principio relativo a la "justicia completa", éste bajo la modalidad de ejecución plena de las resoluciones de los tribunales que hayan causado estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que también encuentra sustento en el artículo 17 constitucional, como un aspecto inherente a la autoridad de la cosa juzgada, en su aspecto material. Y es que del tercer párrafo del numeral citado se desprende, que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquella se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Por su parte el principio de "Justicia imparcial", que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y Finalmente "Justicia gratuita" estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ante tales elementos, resulta inconcuso que en el artículo 17 constitucional se garantiza a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el del acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso, en el cual se cumplan los plazos y términos que fijen las leyes para tal efecto, pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que el mismo no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador. Aunado a lo anterior, para el caso concreto, los artículos 873, 893, 894 y 895 de la Ley Federal del Trabajo ponen en evidencia que después de presentada la demanda, la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, pruebas y resolución, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. SUBSUNCIÓN. Como se anticipó, es fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, pues en efecto, reclama esencialmente la dilación del procedimiento lo que resulta evidente por el señalamiento de fecha para el Ofrecimiento y Admisión de Pruebas que excede ampliamente los plazos previstos por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en los autos del juicio laboral 779/2021. Lo anterior es así, ya que en el caso concreto, quedó acreditado (ya que así lo aceptó la autoridad responsable) que el tres de junio de dos mil veintiuno, fue presentado y recibido en la oficialía de Partes de la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el escrito de demanda laboral signado por Carlos Eduardo Sandria, en el que promovió demanda para el pago de y cumplimiento de diversas prestaciones a Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social y Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Sección 121 Tierra Blanca, siendo radicado el cuatro de junio de dos mil veintiuno y señalándose fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el veintiuno de abril de dos mil veintidós, diligencia en donde ratificó el escrito de demanda, se da contestación a la misma, se formula réplica y contrarréplica, y se señala fecha para la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. El día señalado esto es, el seis de mayo de dos mil veintidós, en la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, la Junta responsable se reservó para mejor proveer respecto de la calificación de las mismas y desde esa fecha ha omitido dictar acuerdo de admisión de pruebas De lo expuesto, se observa claramente que ha existido una dilación procesal de la junta responsable, en el juicio laboral 779/2021 de su índice, desde la radicación de dicho juicio, pues como consta, la demanda laboral fue presentada y recibida el cuatro de junio de dos mil veintiuno, señalándose como fecha para la audiencia inicial de juicio hasta el veintiuno de abril de dos mil veintidós, diligencia en donde ratificó el escrito de demanda, se da contestación a la misma, se formula réplica y contrarréplica, y se señala fecha para la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas esto es, el seis de mayo de dos mil veintidós, en dicha audiencia se reservó para mejor proveer respecto de la calificación de las mismas, lo que rebasa ampliamente los plazos previstos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo que implican cada acto procesal con lo que estipula dicha ley. Circunstancias que vulneran en perjuicio de la parte quejosa, el derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, dispositivo relativo al derecho de acción dirigido a los órganos de naturaleza jurisdiccional de estar prontos a administrar justicia en los plazos y términos que la ley establece; conculcando de esa manera el derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita, al desatender el principio de justicia pronta, por no ordenar la práctica de la continuación del procedimiento laboral dentro de los términos y plazos que para tal efecto establece la legislación aplicable. CONCLUSIÓN En tales condiciones, se advierte que la Junta Especial Número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje incurrió en una serie de dilaciones injustificadas en el proceso laboral 779/2021, siendo responsable al retrasar de tal forma la tramitación de dicho juicio y como consecuencia de ello la garantía de pronta y expedida impartición de justicia a la quejosa. EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Carlos Eduardo Sandria, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, para el efecto de que: Dentro de los tres días siguientes a que se le notifique la presente sentencia, dicte un acuerdo en el que señale nueva fecha para la continuación de la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas en comento, dentro de los quince días siguientes a dicho acuerdo, que se lo notificara a las partes con diez días de anticipación a dicha audiencia cuando menos, en términos de lo dispuesto en el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de proveer sobre las pruebas reservadas en audiencia de seis de mayo de dos mil veintidós. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso Carlos Eduardo Sandria, en contra de los actos reclamados y autoridad precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por las razones expuestas y para los efectos señalados en la parte final del diverso considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada, la sentencia engrosada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.

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