Carlos Eduardo Salazar Campos
Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Salazar Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. Ahora bien, por cuanto hace al expediente único del incidente de suspensión, toda vez que se negó y concedió la suspensión provisional así como la definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a) normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución donde se concedió la medida cautelar. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar con residencia en Uruapan, Michoacán de Ocampo, un tomo de pruebas consistente en un legajo de copias certificadas del expediente 173/2020, de su índice. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de marzo de dos mil veintitrés. SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 794/2022-II, promovido por ********************, por propio derecho y en cuanto representante de sus menores hijos de iniciales********************, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, turnado ese mismo día a este Juzgado Federal, ********************, por propio derecho y en cuanto representante de sus menores hijos de iniciales********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisarán más adelante. El promovente señaló como derechos fundamentales violados a su parecer, los contenidos en los artículos 2, 4, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. II. Trámite del juicio de amparo. En tres de enero de dos mil veintitrés, previo desahogo de prevención, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, se tuvo como tercera interesada a ********************, por ser parte demandada en el juicio familiar de origen, y se designó a ******************** como representante especial de los menores de iniciales********************; quienes sí comparecieron al presente a ejercer sus derechos. Finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de haberse diferido, tuvo verificativo a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, ejerce jurisdicción y es legal y constitucionalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos que tienen eficacia jurídica dentro del área geográfica en que este Juzgado ejerce jurisdicción territorial (Uruapan, Michoacán de Ocampo). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. En el caso, debe tenerse como acto reclamado en atención al escrito de demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar con sede en esta ciudad. El acuerdo de ********************, emitido dentro del expediente ********************, relativo al juicio Ordinario Oral Familiar sobre divorcio sin expresión de causa, en el que no se acordó respeto de sus peticiones consistentes en pronunciarse sobre la medida cautelar sobre modificación de cambio de guarda y custodia, esto en razón de la violencia que al parecer estaban recibiendo sus menores hijos por parte de su madre la ******************** al no llevarlos a la escuela a que reciban educación. Así como de pronunciarse al respecto sobre su petición consistente sobre el doble cobro de pago de pensión alimenticia. TERCERO. TERCERO. Certeza de acto. La autoridad señalada como responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar con sede en esta ciudad, al rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto reclamado. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable remitió documentales afectas al presente sumario; las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente el estudio de los aspectos de fondo del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, es un hecho notorio, que en el incidente de suspensión del que deriva el presente incidente, se tuvo a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el doce de enero del año en curso, con registro 446, informando que en cumplimiento a la suspensión definitiva del acto reclamado el ********************, emito un acuerdo dentro del del expediente ********************, relativo al juicio Ordinario Oral Familiar sobre divorcio sin expresión de causa que promovió ********************, ahora quejoso, frente a ********************, consistente en la en la medida cautelar de guarda y custodia de sus menores hijos así como lo referente al doble pago de pensión; haciendo llegar la referida documental. Por lo que, de las referidas documentales, esta Juzgadora determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de las siguientes consideraciones. El referido artículo 61, fracción XXI de la ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Ahora, es de precisar, que la cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. Sirve de sustento a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, consultable en la página mil cuatrocientos noventa y uno, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que, como ya se indicó, el acto combatido por el quejoso consiste en: el acuerdo de ********************, emitido dentro del expediente ********************, relativo al juicio Ordinario Oral Familiar sobre divorcio sin expresión de causa, en el que no se acordó respeto de sus peticiones consistentes en pronunciarse sobre la medida cautelar sobre modificación de cambio de guarda y custodia, esto en razón de la violencia que al parecer estaban recibiendo sus menores hijos por parte de su madre la ******************** al no llevarlos a la escuela a que reciban educación, así como de pronunciarse al respecto sobre su petición consistente en el doble cobro de pago de pensión alimenticia que aduce el quejoso. Sin embargo, esta Juzgadora considera que tal acto de molestia cesó en sus efectos, habida cuenta que dentro del indicado juicio especial oral familiar, el Juez responsable emitió el diverso proveído de ********************, a efecto de dar cumplimiento a la suspensión definitiva del acto reclamado en el que resolvió lo siguiente: "Uruapan, Michoacán a ********************. (.) Ahora bien, atendiendo la solicitud realizada por ********************, dentro de los autos del Juicio Ordinario Oral Familiar número ******************** sobre divorcio sin expresión de causa promovido por el quejoso frente a ********************, consistente en la medida cautelar de guarda y custodia de sus menores hijos, la que es el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa. Al efecto, argumentando que la mayoría del tiempo sus hijos se encuentran conviviendo con él, realizando con ello el pago de una doble pensión alimenticia, al consignar ante este juzgado la suma fijada por ese concepto y al realizar el pago directo cuando sus hijos conviven con él, este Juzgado, previo a pronunciarse respecto a esa solicitud, ordenó dar vista mediante notificación personal a la contraria, quien se manifestó en los términos siguientes y en lo que aquí interesa: Que se opone al cambio de custodia solicitada por el actor, considera que no hay motivo para ello, que el quejoso ha ejercido en su contra violencia de género, haciendo todo tipo de comentarios que la atemorizan" Este Juzgado mediante proveído de data ********************, tuvo a la demandada, por haciendo manifestaciones y ordenó requerir personalmente a la parte actora para que se abstenga de seguir molestando a la citada y se conduzca con respeto hacia ella, respetando además la orden de restricción que por su comportamiento violento, este Juzgado decretó. El señor ********************, en ******************** de la anualidad citada, argumentó, que su contraria ésta afectando el derecho a la educación de sus menores hijos ya que no los lleva a la escuela, insistiendo en que se decrete el cambio de custodia solicitado; este Juzgado a fin de resolver dicha controversia señaló ********************, a fin de que comparecieran los contendientes; audiencia que no se llevó a cabo porque únicamente se presentó la parte actora. Posteriormente, este Juzgado, señaló ********************a fin de llevar a cabo la audiencia de escucha de los menores hijos de los contendientes, compareciendo el día 10 de los actuales su progenitora, quien presentó a los infantes, quienes en términos generales, una vez que platicaron por el Titular de este Juzgado, manifestaron, que, estudian en el "********************" de esta ciudad, viven con su papá los días ********************, los demás días con su mamá, ella les prepara los alimentos y arregla la ropa los días que están con ella, apoyo económico reciben de ambos padres, se sienten bien con su mamá, aunque han llegado a faltar a la escuela porque piensan que su progenitora quiere estar más tiempo con ellos, no saben si se quieren quedar con su papá o su mamá". Luego, atendiendo a ello este Juzgado, determina que la guarda y custodia provisional de los menores antes citados, seguirá quedando con su progenitora, como hasta ahora se ha ejercido, tomando en cuenta que no existen en autos medios convicción que justifiquen los extremos del artículo 435 del Código Familiar del Estado, que a la letra dice -.-. Por ello, se concluye que por el momento no existen medios de prueba que justifiquen esos supuestos, en virtud de que como se mencionó en líneas precedentes, el quejoso se concreta a señalar que paga una doble pensión, la que consigna a este Juzgado y el dinero que gasta cuando conviven con sus menores hijos, que además sus hijos no van a la escuela, lo que contradice lo relatado por los menores hijos de los contendientes, quienes únicamente señalan que en ocasiones cuando están con su progenitora han faltado la escuela, sin que ello sea indicativo como lo señaló el padre de los menores, que éstos no vayan a la escuela cuando conviven con su mamá" (.). De lo anterior se advierte que el Juzgado responsable contestó las peticiones realizadas por el quejoso en el acuerdo combatido de ********************, puesto que en el diverso proveído de ********************, le resolvió que la guarda y custodia provisional de los menores antes citados, seguirá quedando con su progenitora, como hasta ahora se ha ejercido, tomando en cuenta que no existen en autos medios convicción que justifiquen los extremos del artículo 435 del Código Familiar del Estado. Y que por ello, se concluye que por el momento no existían medios de prueba que justificaran esos supuestos, en virtud de que el quejoso se concretó a señalar que paga una doble pensión, la que consigna a este Juzgado y el dinero que gasta cuando conviven con sus menores hijos, que además sus hijos no van a la escuela, lo que contradice lo relatado por los menores hijos de los contendientes, quienes únicamente señalaron que en ocasiones cuando están con su progenitora han faltado la escuela, sin que ello sea indicativo como lo señaló el padre de los menores, que éstos no vayan a la escuela cuando conviven con su mamá. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional cesó en su efectos y con ello dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; de ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XXI de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se SOBRESEE este juicio de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, registro 197367, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por último, no se soslaya que la parte tercera interesada ******************** y ******************** representante especial de los menores de iniciales********************; formularon diversos alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación y documentales anexas, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Sin que la anterior determinación se considere denegación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita la legitimación de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por similitud de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". PRECISIÓN. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". QUINTO. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. SEXTO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 65, 73, 75, 107, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho y en cuanto representante de sus menores hijos de iniciales********************, respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Una vez que cause ejecutoria la presente, elabórese versión pública sin supresión de los datos personales de la parte quejosa, en términos del considerando quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, rindiendo su respectivo informe justificado, con vista a las partes. PRUEBAS. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, las pruebas documentales que adjuntó a su informe de ley la autoridad responsable en mención, consistente en un legajo de copias certificadas del expediente 173/2020, relativo al juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa promovido por Carlos Eduardo Salazar Campos frente a Nubia Sánchez Zavala. FORMACIÓN DE TOMO DE PRUEBAS. Se ordena formar tomo de pruebas con las constancias que remite la autoridad responsable, para un mejor manejo del expediente, las cuales se identificarán como tomo I. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 128, 138, 139, 140 y relativos de la Ley de Amparo se: RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA a Carlos Eduardo Salazar Campos, por propio derecho y en cuanto representante de sus menores hijos de iniciales D.S.S., E.E.S.S. y C.A.S.S., la suspensión definitiva por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de la presente interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a Carlos Eduardo Salazar Campos, por propio derecho y en cuanto representante de sus menores hijos de iniciales D.S.S., E.E.S.S. y C.A.S.S., la suspensión definitiva por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
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