Carlos Daniel Pacheco Gómez

Expediente 665/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
665/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Carlos Daniel Pacheco Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, a nueve de diciembre de dos mil veintidós. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ESTADO DE AUTOS. Del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, así como del contenido de la certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término de cinco días para que la parte quejosa desahogara la prevención formulada en auto de catorce de noviembre del año en curso, sin que lo haya hecho, por tanto, hágase efectivo el apercibimiento del cual fue objeto el quejoso, y al efecto, téngase únicamente como acto reclamado el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 590/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, así como su respectiva notificación; de igual forma, se tiene al peticionario de amparo promoviendo la demanda únicamente por propio derecho, no así en representación de su menor hija de iniciales M.S.P.G.1 PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: El acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 590/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. La notificación que le fue realizada el tres de noviembre del año en curso, respecto del mencionado proveído. 1 De identidad reservada, como medida de protección de la intimidad del infante, a fin de que la dignidad y la honra de éstos sea preservada, de conformidad con el 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece: "Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales". En esas condiciones, para hacer referencia al menor involucrado, en la presente determinación se usará el término "menor de edad". 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza DESECHAMIENTO 1. Por lo que respecta a la autoridad responsable Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, resulta notoriamente improcedente la demanda, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, porque aun cuando en términos de los artículos 55 y 56 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código Familiar, entre las facultades de los Secretarios, es autorizar las resoluciones dentro de un procedimiento, lo cierto es que dicha función no implica que resuelvan conjuntamente con el Juez, ya que éste es el único responsable de su fallo; por lo tanto, si aquéllos solamente autorizan en funciones de fedatarios, sin imperio ni facultad decisoria, no pueden adquirir la jerarquía de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, conforme a lo establecido por el dispositivo 5 de la Ley de Amparo.2 Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de amparo intentada, por lo que hace al Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, en virtud de que éste 2 Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Encuentra apoyo lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Consultable en el apéndice de 1995, octava época, tomo VI, página 692, registro 394962, de rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Consultable en el Apéndice de 1995, octava época, tomo VI, página 693, número de registro 394963., titulada: "SECRETARIO DE JUZGADO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE LE SEÑALA COMO FEDATARIO". DESECHAMIENTO 2. Ahora, en relación con el acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 590/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Dicha fracción en concomitancia con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo del ordenamiento legal antes invocado establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". (.)". Como se ve, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, instituye que si se trata de actos en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución pronunciada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución. De lo que se sigue que de la intelección de los numerales 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos emitidos por autoridades jurisdiccionales: La primera consiste en que este procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de los derechos humanos, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia o durante la sustanciación del procedimiento de remate, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza Y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En el caso, el acto reclamado consiste en el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 590/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo (el cual se encuentra en etapa de ejecución de sentencia), en el que se requirió al aquí quejoso, para que dentro del término de tres días, haga la entrega voluntaria de la menor de iniciales M.S.P.G., a su progenitora Perla Corina García Sevilla, apercibido que de no hacerlo, se decretará la ejecución forzosa, a través de los medios de apremio que señala el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que no se actualizan los supuestos de procedencia establecidos expresamente en la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, ya que no se trata de la última resolución pronunciada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 32/2001, publicada en la página treinta y uno del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? mil uno, novena época, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En ese orden de ideas, en atención al principio de que donde impera la misma causa debe aplicarse la misma razón, resulta aplicable la tesis 2a. VIII/983 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 230. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Por tanto, se reitera que lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto intermedio dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, y no como una determinación que revista el carácter de última resolución dictada en la citada fase procesal, para que el juicio de amparo resulte procedente, conforme lo establece el artículo 107, en su fracción IV de la Ley de Amparo, párrafo segundo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XIX.1o.P.T.3 K4 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que dispone lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó 4Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, octubre de 2010, página 2982. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento". Tampoco puede considerarse que la resolución que constituye el acto reclamado se trata de una determinación 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza aislada que por sí misma vulnere derechos sustantivos de la parte quejosa para que, desde esa perspectiva, sea admisible en forma extraordinaria la demanda de amparo. Esto explica en virtud de que la determinación que constituye el acto reclamado sólo tiene por efecto requerir al aquí quejoso, para que dentro del término de tres días, haga la entrega voluntaria de la menor de iniciales M.S.P.G., a su progenitora Perla Corina García Sevilla, apercibiéndolo en los términos ahí señalados. De ahí que se considere que contra toda determinación intermedia dictada en la etapa de ejecución de sentencia resulte improcedente el juicio de amparo, ya que tiende a retrasar o dilatar el cumplimiento de la ejecución de la sentencia; máxime si se toma en consideración que aquellas violaciones suscitadas en etapas intermedias se pueden reclamar en el amparo biinstancial que se promueva contra la determinación que le ponga fin a dicha fase. En esas condiciones, inconcuso resulta que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, en relación con el acto reclamado en estudio. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)5 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". No obsta a lo anterior, que algunos de los criterios invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de resoluciones en la etapa de ejecución de sentencia. DESECHAMIENTO 3. En otro aspecto, por lo que hace al diverso acto reclamado, consistente en la notificación practicada al quejoso el tres de noviembre del año en curso, respecto del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 590/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, 5 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 3, tomo I, febrero de 2014, página 487. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza Michoacán de Ocampo, se advierte que la demanda deviene improcedente, lo que impone desecharla, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Dicha causa de improcedencia, se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? El cual, implica que la parte agraviada previo a la interposición de la acción constitucional, debe agotar los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso, como se advierte del escrito de demanda y ocursos aclaratorios, el mencionado proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 590/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, fue notificado al aquí quejoso el tres de noviembre del año en curso, por la Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional. En ese sentido, se estima que en contra de la referida notificación, procede el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el artículo 758 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, que establece lo siguiente: "Artículo 758. La nulidad de una actuación o notificación practicada en la fase escrita, debe reclamarse dentro de los tres días siguientes a la actuación subsecuente, de lo contrario queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, la cual podrá serlo hasta antes de la sentencia ejecutoria." En consecuencia, se advierte que de lo expuesto en la demanda de amparo, la parte quejosa estaba en condiciones de promover dicha incidencia, en contra de la notificación reclamada. De ahí que, de acuerdo con el artículo antes citado del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, la nulidad procede contra la práctica de las notificaciones, sin que la parte promovente del amparo haya agotado ese medio de defensa, en consecuencia, cabe estimar que no agotó el principio de definitividad que rige la acción constitucional al dejar de impugnar la mencionada notificación. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. En tales condiciones, resulta inconcuso que contra la notificación aquí reclamada procedía el incidente de nulidad contemplado en el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 361, tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Asimismo, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 26/2005, por analogía jurídica, aprobada por la Primera Sala 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 430, tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en los preceptos 62 y 113 de la normativa aplicable, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, en relación con la mencionada notificación reclamada. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSA CARLOS DANIEL PACHECO GOMEZ, MEDIANTE AVISO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR LO QUE SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a nueve de diciembre de dos mil veintidós. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ESTADO DE AUTOS. Del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, así como del contenido de la certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término de cinco días para que la parte quejosa desahogara la prevención formulada en auto de catorce de noviembre del año en curso, sin que lo haya hecho, por tanto, hágase efectivo el apercibimiento del cual fue objeto el quejoso, y al efecto, téngase únicamente como acto reclamado el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 590/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, así como su respectiva notificación; de igual forma, se tiene al peticionario de amparo promoviendo la demanda únicamente por propio derecho, no así en representación de su menor hija de iniciales M.S.P.G.1 PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: El acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 590/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. La notificación que le fue realizada el tres de noviembre del año en curso, respecto del mencionado proveído. 1 De identidad reservada, como medida de protección de la intimidad del infante, a fin de que la dignidad y la honra de éstos sea preservada, de conformidad con el 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece: "Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales". En esas condiciones, para hacer referencia al menor involucrado, en la presente determinación se usará el término "menor de edad". 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza DESECHAMIENTO 1. Por lo que respecta a la autoridad responsable Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, resulta notoriamente improcedente la demanda, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, porque aun cuando en términos de los artículos 55 y 56 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código Familiar, entre las facultades de los Secretarios, es autorizar las resoluciones dentro de un procedimiento, lo cierto es que dicha función no implica que resuelvan conjuntamente con el Juez, ya que éste es el único responsable de su fallo; por lo tanto, si aquéllos solamente autorizan en funciones de fedatarios, sin imperio ni facultad decisoria, no pueden adquirir la jerarquía de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, conforme a lo establecido por el dispositivo 5 de la Ley de Amparo.2 Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de amparo intentada, por lo que hace al Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, en virtud de que éste 2 Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Encuentra apoyo lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Consultable en el apéndice de 1995, octava época, tomo VI, página 692, registro 394962, de rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Consultable en el Apéndice de 1995, octava época, tomo VI, página 693, número de registro 394963., titulada: "SECRETARIO DE JUZGADO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE LE SEÑALA COMO FEDATARIO". DESECHAMIENTO 2. Ahora, en relación con el acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 590/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Dicha fracción en concomitancia con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo del ordenamiento legal antes invocado establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". (.)". Como se ve, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, instituye que si se trata de actos en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución pronunciada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución. De lo que se sigue que de la intelección de los numerales 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos emitidos por autoridades jurisdiccionales: La primera consiste en que este procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de los derechos humanos, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia o durante la sustanciación del procedimiento de remate, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza Y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En el caso, el acto reclamado consiste en el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 590/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo (el cual se encuentra en etapa de ejecución de sentencia), en el que se requirió al aquí quejoso, para que dentro del término de tres días, haga la entrega voluntaria de la menor de iniciales M.S.P.G., a su progenitora Perla Corina García Sevilla, apercibido que de no hacerlo, se decretará la ejecución forzosa, a través de los medios de apremio que señala el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que no se actualizan los supuestos de procedencia establecidos expresamente en la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, ya que no se trata de la última resolución pronunciada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 32/2001, publicada en la página treinta y uno del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? mil uno, novena época, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En ese orden de ideas, en atención al principio de que donde impera la misma causa debe aplicarse la misma razón, resulta aplicable la tesis 2a. VIII/983 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 230. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Por tanto, se reitera que lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto intermedio dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, y no como una determinación que revista el carácter de última resolución dictada en la citada fase procesal, para que el juicio de amparo resulte procedente, conforme lo establece el artículo 107, en su fracción IV de la Ley de Amparo, párrafo segundo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XIX.1o.P.T.3 K4 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que dispone lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó 4Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, octubre de 2010, página 2982. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento". Tampoco puede considerarse que la resolución que constituye el acto reclamado se trata de una determinación 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza aislada que por sí misma vulnere derechos sustantivos de la parte quejosa para que, desde esa perspectiva, sea admisible en forma extraordinaria la demanda de amparo. Esto explica en virtud de que la determinación que constituye el acto reclamado sólo tiene por efecto requerir al aquí quejoso, para que dentro del término de tres días, haga la entrega voluntaria de la menor de iniciales M.S.P.G., a su progenitora Perla Corina García Sevilla, apercibiéndolo en los términos ahí señalados. De ahí que se considere que contra toda determinación intermedia dictada en la etapa de ejecución de sentencia resulte improcedente el juicio de amparo, ya que tiende a retrasar o dilatar el cumplimiento de la ejecución de la sentencia; máxime si se toma en consideración que aquellas violaciones suscitadas en etapas intermedias se pueden reclamar en el amparo biinstancial que se promueva contra la determinación que le ponga fin a dicha fase. En esas condiciones, inconcuso resulta que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, en relación con el acto reclamado en estudio. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)5 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". No obsta a lo anterior, que algunos de los criterios invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de resoluciones en la etapa de ejecución de sentencia. DESECHAMIENTO 3. En otro aspecto, por lo que hace al diverso acto reclamado, consistente en la notificación practicada al quejoso el tres de noviembre del año en curso, respecto del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 590/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, 5 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 3, tomo I, febrero de 2014, página 487. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza Michoacán de Ocampo, se advierte que la demanda deviene improcedente, lo que impone desecharla, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Dicha causa de improcedencia, se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? El cual, implica que la parte agraviada previo a la interposición de la acción constitucional, debe agotar los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso, como se advierte del escrito de demanda y ocursos aclaratorios, el mencionado proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 590/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, fue notificado al aquí quejoso el tres de noviembre del año en curso, por la Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional. En ese sentido, se estima que en contra de la referida notificación, procede el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el artículo 758 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, que establece lo siguiente: "Artículo 758. La nulidad de una actuación o notificación practicada en la fase escrita, debe reclamarse dentro de los tres días siguientes a la actuación subsecuente, de lo contrario queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, la cual podrá serlo hasta antes de la sentencia ejecutoria." En consecuencia, se advierte que de lo expuesto en la demanda de amparo, la parte quejosa estaba en condiciones de promover dicha incidencia, en contra de la notificación reclamada. De ahí que, de acuerdo con el artículo antes citado del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, la nulidad procede contra la práctica de las notificaciones, sin que la parte promovente del amparo haya agotado ese medio de defensa, en consecuencia, cabe estimar que no agotó el principio de definitividad que rige la acción constitucional al dejar de impugnar la mencionada notificación. 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. En tales condiciones, resulta inconcuso que contra la notificación aquí reclamada procedía el incidente de nulidad contemplado en el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 361, tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Asimismo, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 26/2005, por analogía jurídica, aprobada por la Primera Sala 25/09/23 11:05:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2c.e9 Jessica Artemisa Arriaga Esparza ??????????????? de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 430, tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en los preceptos 62 y 113 de la normativa aplicable, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, en relación con la mencionada notificación reclamada. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. PRETENDE DESAHOGAR PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por el quejoso Carlos Daniel Pacheco Gómez, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada en autos de cuatro y catorce de noviembre del año en curso, respectivamente. SUBSISTE PREVENCIÓN. Ahora bien, del escrito aclaratorio de referencia, se advierte que el peticionario de amparo no cumple a cabalidad con el requerimiento formulado en el que se le previno a efecto de que dentro del término de cinco días, computados legalmente, por escrito, con las copias suficientes para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad, precisara de manera clara y concreta cuál es el acto que en concreto reclama de cada una de las autoridades responsables; además, manifestara expresamente si la demanda la promueve por propio derecho, y además en representación de su hija menor de edad de iniciales M.S.P.G. Lo anterior, toda vez que del ocurso que se provee, se advierte que el quejoso fue omiso en realizar dicha aclaración bajo protesta de decir verdad, tal como se le requirió en proveídos de cuatro y catorce del presente mes y año. Consecuentemente, mediante notificación personal, dígase al promovente que subsiste la prevención y plazo otorgado en autos, dado que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 39/2012 de la Primera Sala del máximo Tribunal del País de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."; el plazo que se le otorgó se interrumpió con la presentación del ocurso de cuenta, recibido en este Juzgado de Distrito el veintidós de noviembre del año en curso, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Por tanto, previo al pronunciamiento sobre la procedencia de la demanda que se intenta, de conformidad con lo que establece el artículo 114, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la parte quejosa para que al momento de desahogar la prevención, ésta sea realizada bajo protesta de decir verdad. En el entendido de que deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente, para correr traslado a la totalidad de las partes (dos para las autoridades responsables, una para correr traslado a la parte tercera interesada; otra para hacer entrega al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y una más para la apertura del incidente de suspensión que solicita, toda vez que, de conformidad con el artículo 3°, en relación con el diverso 128 de la Ley de Amparo, éste se tramita por cuerda separada, sin que sea necesario su formación por duplicado de manera física, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADO DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." APERCIBIMIENTO. En el entendido que de no desahogar en sus términos el presente requerimiento, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos de cuatro y catorce de noviembre del año en curso. PRECISIÓN. Conviene indicar que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario" o "protesto justicia", en virtud de que con aquella se procura evitar que la parte quejosa incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. PRECISIÓN 2. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla la parte quejosa, ya que, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto. Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente: Tesis: 1a./J. 37/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161909 1 de 1 Primera Sala Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pag. 68 Jurisprudencia(Común) "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.

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