Carlos Eduardo Elizondo Tenorio

Expediente 570/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
570/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Carlos Eduardo Elizondo Tenorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que conforme al artículo 202 de la Ley de Amparo, tienen las partes para recurrir el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, se advierte que el presente juicio de amparo en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, se encuentra totalmente concluido, por lo tanto conforme a los artículos 196 y 214 de la Ley de la materia, archívese el presente expediente. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si efectivamente las autoridades responsables cumplieron con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Ahora bien, conforme a lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En ese sentido, por sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, resolvió: "[.] Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Eduardo Elizondo Tenorio, contra los actos precisados en el considerando cuarto del presente fallo constitucional. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Eduardo Elizondo Tenorio, contra los actos expuestos en el séptimo considerando de esta sentencia, por las razones ahí contenidos. Tercero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Eduardo Elizondo Tenorio, contra los actos señalados en el octavo considerando y para los efectos precisados en noveno de esta ejecutoria de amparo. Cuarto. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia. [.]" En esa tesitura, la sentencia en comento concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para efectos de que la autoridad responsable: Abstenerse de aplicar al quejoso en el futuro las contribuciones declaradas inconstitucionales, esto es, el impuesto para la educación Media y Superior, que establecen los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California y numeral 7° de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Restituir al quejoso la cantidad enterada como acto de aplicación correspondiente a los artículos declarados inconstitucionales. En ese orden, deberá requerirse tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, al Recaudador de Rentas y Subrecaudador de Rentas ambos del Estado de Baja California y Recaudador Auxiliar de Rentas Vía Rápida en Tijuana, B.C, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se devuelva al quejoso la cantidad en exceso enterada como acto de aplicación relacionado con el impuesto que establecen los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California y numeral 7° de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020 - impuesto para la educación Media y Superior -, esto es, $1,776.18 (mil setecientos setenta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional); además, que se abstenga de aplicar a la disconforme en el futuro, la contribución declarada inconstitucional." Así las cosas, al no haber sido recurrida dicha sentencia, en auto de treinta de julio de dos mil veintiuno causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable a fin de que cumpliera con el fallo protector dictado en el presente asunto. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional en diez de agosto de la presente anualidad, el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, en representación de las autoridades responsables Secretaria de Hacienda y sus unidades administrativas Recaudación de Rentas del Estado y Recaudación de Rentas vía Rápida en Tijuana, informó que se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en la Ley de Ingresos Estatal para el ejercicio fiscal dos mil veinte, asimismo remitieron constancias informando las gestiones sobre el cumplimiento al fallo protector, consistentes en: Copia del oficio de seis de agosto del año en curso relativo a la solicitud de afectación presupuestal dirigida al Subsecretario de ingresos del Estado, en Mexicali, Baja California, a efecto de requisitar el trámite de devolución por la cantidad de $1,776.18 (mil setecientos setenta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional). Copia del oficio de seis de agosto del año en curso dirigido al Recaudador de Rentas del Estado en Tijuana, Baja California, mediante el cual ordeno se abstuviera de aplicar al quejoso en el futuro las contribuciones declaradas inconstitucionales, esto es el Impuesto para la Educación Media Superior que establecen los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, y numeral 07 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio Fiscal de dos mil veinte. Posteriormente mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional en veinticuatro de agosto de la presente anualidad, el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, en representación de las autoridades responsables Secretaria de Hacienda y sus unidades administrativas Recaudación de Rentas del Estado y Recaudación de Rentas vía Rápida en Tijuana, en cumplimiento al fallo protector informó que desincorporo de la esfera jurídica a la parte quejosa, respecto la obligación contenida en la porción normativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal de dos mil veinte, asimismo expidió el cheque 0207989 y lo puso a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería del Egreso del Estado dependiente de la Secretaria de Hacienda del Estado, para su recepción y cobro, adjuntando copia simple del aludido cheque. Ante tales circunstancias en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa a efecto de que se presentara en las oficinas de que se trata a recoger el cheque 0207989, asimismo a la autoridad responsable para que remitiera copia certificada que acredite la entrega a la parte quejosa del aludido cheque. En ese tenor, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el uno de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por el quejoso Carlos Eduardo Elizondo Tenorio, informó que en treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, recibió de conformidad el cheque 0207989, mediante el cual se le restituye el impuesto para la educación media superior; de igual forma mediante oficio recibido en seis de septiembre del año en curso, el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, en representación de las autoridades responsables Secretaria de Hacienda y sus unidades administrativas Recaudación de Rentas del Estado y Recaudación de Rentas vía Rápida en Tijuana, informó que el cheque número 0207989, ya había sido recibido por la parte quejosa y remitió las constancias correspondientes donde se aprecia que el quejoso Carlos Eduardo Elizondo Tenorio, en treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno firma de recibido el cheque número 0207989, por la cantidad de $1,776.18 (mil setecientos setenta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional), relativo al Impuesto para la Educación Media Superior que establecen los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, y numeral 07 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio Fiscal de dos mil veinte. Por tanto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable desincorporo de la esfera jurídica a la parte quejosa, respecto la obligación contenida en la porción normativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal de dos mil veinte y consecuentemente mediante cheque número 0207989, por la cantidad de $1,776.18 (mil setecientos setenta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional), devolvió al aquí quejoso la cantidad enterada como acto de aplicación correspondiente a los artículos declarados inconstitucionales, relativos al Impuesto para la Educación Media Superior que establecen los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, y numeral 07 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio Fiscal de dos mil veinte, lo que se corrobora con la firma de recibo del quejoso de mérito en treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Constancias con a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Con lo anterior, es claro que la autoridad responsable dio cumplimiento al punto a) del fallo protector, pues como se anticipó desincorporo de la esfera jurídica a la parte quejosa, respecto la obligación contenida en la porción normativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal de dos mil veinte; asimismo dio cumplimiento al punto b) de la ejecutoria, pues en treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno hizo entrega del cheque número 0207989, por la cantidad de $1,776.18 (mil setecientos setenta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional) relativo a la cantidad enterada como acto de aplicación correspondiente a los artículos declarados inconstitucionales, relativos al Impuesto para la Educación Media Superior que establecen los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, y numeral 07 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio Fiscal de dos mil veinte. En consecuencia se tiene por cumplida la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por precluido el derecho y se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio y anexos de cuenta que remite una de las autoridades señaladas como responsables mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado en auto de veinticinco de agosto último, y remite copias certificadas de las constancias con las que acredita que hizo entrega a la parte quejosa del cheque 0207989; en virtud de que su contenido fue materia del auto de siete de septiembre pasado. Cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense al presente expediente el oficio y anexos de cuenta que remite la autoridad señalada como responsable, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado en auto de veinticinco de agosto último, y remite digitalización de las copias certificadas relativas a las constancias con las que acredita que hizo entrega a la parte quejosa del cheque 0207989. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y las constancias anexas al mismo así como con las diversas constancias materia de los proveídos de once y veinticinco de agosto último, córrase traslado y dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación de las partes, procédase a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente.

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