Carlos Edgardo Molina

Expediente 151/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
151/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Edgardo Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veinte de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción I y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos de los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General en cita, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión definitiva, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Por lo tanto, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las once horas con treinta minutos del veinte de julio de dos mil veintidós, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 151/2022-F, promovido por Carlos Edgardo Molina, contra actos del Titular de la Aduana de Tijuana, dependiente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de esta ciudad, y otra autoridad; ante la presencia de Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por la Secretaria Daniela Cecilia Félix Chávez, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia personal de las partes, ni representante legítimo de ellas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia. Acto seguido, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos entre las que se encuentran: a) escrito inicial de demanda; b) auto de admisorio de tres de marzo de dos mil veintidós; c) constancia de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; d) constancia de notificación a las autoridades señaladas como responsables; e) informes justificados rendidos por las autoridades responsables; f) escrito de ampliación de demanda; g) auto de cuatro de abril de dos mil veintidós por el cual se admitió la ampliación de demanda; h) constancia de notificación a las autoridades señaladas como responsables de la ampliación de demanda e I) informes justificados rendidos por las autoridades responsables respecto la ampliación de demanda. Enseguida el Juez Acuerda: se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales conducentes. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta al Juez con las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa y las remitidas por las autoridades responsables. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a la propia y especial naturaleza, las pruebas señaladas en el párrafo que antecede; con lo anterior, se declara cerrado el periodo probatorio. En período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las parte los formuló. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la manifestación que realiza la Secretaria y por precluido el derecho de las partes a formular alegatos; en consecuencia, al no haber alegatos pendientes por desahogar, se cierra el presente periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 151/2022-F, promovido por Carlos Edgardo Molina, contra actos del Titular de la Aduana de Tijuana, dependiente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de esta ciudad, y otra autoridad; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido el dos de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, recibido en este Juzgado el tres del mismo mes y año, Carlos Edgardo Molina, por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables Titular de la Aduana de Tijuana, dependiente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. C. Itzhia Haydee Desiree, en su carácter de Verificadora, adscrita a la Aduana de Tijuana, dependiente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actos reclamados "IV.- Acto que de cada autoridad se reclame: 1. Del Titular de la Aduana de Tijuana, como autoridad ordenadora y ejecutora, reclamo: a) Las órdenes verbales, escritas o electrónicas para llevar a cabo la indebida retención del vehículo automotor propiedad del que suscribe y de la mercancía que se contiene en éste; b) La indebida retención del vehículo automotor propiedad del que suscribe y de la mercancía que se contiene en éste; c) La indebida retención del vehículo automotor propiedad del que suscribe y de la mercancía que se contiene en éste. 2. De la C. Itzhia Haydee Desiree, en su carácter de Verificadora, como autoridad ejecutoria, reclamo: a) Las órdenes verbales, escritas o electrónicas para llevar a cabo la indebida retención del vehículo automotor propiedad del que suscribe y de la mercancía que se contiene en éste; b) La indebida retención del vehículo automotor propiedad del que suscribe y de la mercancía que se contiene en éste." Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, el consagrado en el artículo 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 151/2022-F; admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables el informe justificado y dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Cuarto. Ampliación de demanda. Mediante proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda por antecedentes, conceptos de violación, nuevas autoridades responsables y actos reclamados que a continuación se precisan: "III. La autoridad o autoridades responsables: C. Fernando Martínez García, en su carácter de Titular de la Aduana de Tijuana, dependiente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público C. José Octavio Gómez González, en su carácter de Subdirector de la Aduana de Tijuana, dependiente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. C. Maricela Ruíz Cabrales, en su carácter de verificador adscrito a la Aduana de Tijuana, dependiente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. C. Carlos Antonio Ortiz Núñez, en su carácter de Subdirector de la Aduana de Tijuana, dependiente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. C. Ana Karen Leos Padilla, en su carácter de Jefe de departamento, adscrita a la Aduana de Tijuana, dependiente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. IV.- Acto que de cada autoridad se reclame: "1. Del C. Fernando Martínez García, en su carácter de Titular de la Aduana de Tijuana, como autoridad ordenadora y ejecutora, reclamo: a) La emisión del "ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA INICIADO EN CONTRA DE C. CARLOS EDGARDO MOLINA, EN SU CARÀCTER DE TENEDOR Y/O POSEEDOR DE LA MERCANCIA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA", de fecha 25 de febrero de 2022; b) La orden de fecha 08 de marzo de 2022, de notificar por estrados el "ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA INICIADO EN CONTRA DE C. CARLOS EDGARDO MOLINA, EN SU CARÀCTER DE TENEDOR Y/O POSEEDOR DE LA MERCANCIA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA", de fecha 25 de febrero de 2022; c) La emisión de las órdenes verbales, escritas, electrónicas de llevar a cabo la "revisión aleatoria", en contra del suscrito quejoso en fecha 25 de febrero de 2022. 2. Del C. José Octavio Gómez González, en su carácter de Subdirector de la Aduana de Tijuana, como autoridad ordenadora y ejecutora, reclamo: a) La emisión del "ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA INICIADO EN CONTRA DE C. CARLOS EDGARDO MOLINA, EN SU CARÀCTER DE TENEDOR Y/O POSEEDOR DE LA MERCANCIA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA", de fecha 25 de febrero de 2022; b) La orden de fecha 08 de marzo de 2022, de notificar por estrados el "ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA INICIADO EN CONTRA DE C. CARLOS EDGARDO MOLINA, EN SU CARÀCTER DE TENEDOR Y/O POSEEDOR DE LA MERCANCIA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA", de fecha 25 de febrero de 2022. 3. De la C. Maricela Ruiz Cabrales, en su carácter de verificador adscrito a la Aduana de Tijuana, como autoridad ejecutoria reclamo: a) La ejecución de la "revisión aleatoria" de fecha 25 de febrero de 2022, en perjuicio del suscrito quejoso; y b) La emisión del "ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS NÙMERO 0167/2022". 4. Del Carlos Antonio Ortiz Núñez, en su carácter de Subdirector de la Aduana de Tijuana, como autoridad ordenadora y ejecutoria, reclamo: a) La emisión "A SU LEAL SABER Y ENTENDER" de la "CLASIFICACIÒN ARANCELARIA, COTIZACION Y AVALÚO DE LA MERCANCÍA" propiedad del suscrito quejoso. 5.- De la C. Ana Karen Leos Padilla, en su carácter de Jefe de departamento, adscrita a la Aduana de Tijuana, como autoridad ordenadora y ejecutora, reclamo: a) La emisión "A SU LEAL SABER Y ENTENDER" de la "CLASIFICACIÒN ARANCELARIA, COTIZACION Y AVALÚO DE LA MERCANCÍA" propiedad del suscrito quejoso." Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo así como de su ampliación, se desprende que el peticionario del amparo señala como actos reclamados, los siguientes: El embargo precautorio del vehículo automotor propiedad del quejoso y de la mercancía contenida dentro de este. El acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, instruido en contra del quejoso. La notificación realizada al quejoso por estrados de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, del acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera de veinticinco de febrero de dos mil veintidós. El acta circunstanciada de hechos número 0167/2022 levantada al quejoso. La clasificación arancelaria, cotización Y Avalúo de la mercancía embargada precautoriamente al quejoso. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados 1), 2) y 3) a las autoridades responsables Titular de la Aduana de Tijuana y Verificadora, adscrita a la Aduana de Tijuana, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes con justificación, sin que al efecto la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa, aun cuando le correspondía la carga de la prueba; asimismo, no es cierto el acto reclamado 5) a la autoridad responsable Jefe de departamento, de la Aduana de Tijuana. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el párrafo que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados 1), 2) y 5) a la responsable Subdirector de la Aduana de Tijuana; también, es cierto el acto reclamado 4) a la responsable Verificadora, adscrita a la Aduana de Tijuana, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, certeza que se corrobora con las constancias que se agregaron a estos; documentales a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Quinto. Causas de improcedencia. No obstante la certeza de los actos atribuidos a las autoridades de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 62 de la Ley de Amparo, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa. En la especie, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto del acto reclamado 1) , se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad previo a la promoción del amparo. A efecto de explicar la causa de improcedencia aludida, resulta pertinente citar el contenido del precepto legal arriba invocado, así como del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. [.]" El citado principio encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley, los que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por otro lado, es menester tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada, de lo anterior encuentra justificación en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, época: décima, registro: 2017117, instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses." Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En este punto, es importante aclarar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la época: Décima, Registro: 2005717 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Ahora, es oportuno precisar que si de acuerdo a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de la materia, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las "leyes que los rijan", entonces es necesario determinar el alcance de tal expresión, la cual debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales que guardan estrecha relación con tales actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiéndose tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Orienta lo anterior la jurisprudencia P./J. 3/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 190367, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, Enero de 2001, visible en la página 8, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." Por lo anterior, es menester traer a consideración lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley Aduanera, en relación con los diversos 116, 117, 120, 121 y 128 del Código Fiscal de la Federación, los cuales en lo que interesa prevén: Ley Aduanera: "Artículo 203. En contra de todas las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras procederá el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación." Código Fiscal de la Federación "Artículo 116.- Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación." "Artículo 117.- El recurso de revocación procederá contra: I.- Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. c) Dicten las autoridades aduaneras. d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este Código. II.- Los actos de autoridades fiscales federales que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados. c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código." "Artículo 120.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. [.]". "Artículo 121. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala. [.]". "Artículo 128. El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales federales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal." Sobre esas premisas, la parte quejosa se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, interponiendo el recurso de revocación establecido en el artículo 203, de la Ley Aduanera, en relación con los diversos 116, 117, 120, 121 y 128, todos del Código Fiscal de la Federación. Dado que ese medio de defensa, tiene por efecto nulificar, modificar o conformar los actos preciados, emitidos por las autoridades administrativas señaladas. Consecuentemente, al no verificarse excepción alguna al principio de definitividad, debe concluirse que la parte quejosa debe agotar de manera optativa el recurso de revocación, o bien, el juicio contencioso administrativo antes de acudir a esta instancia constitucional. Por último, debe establecerse que la parte promovente está obligada a observar el principio de definitividad que rige la materia aun cuando el acto reclamado pueda obtener la cualidad de ser irreparable, pues la definitividad se refiere fundamentalmente al alcance de los medios de defensa y no a la naturaleza de los actos impugnados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento se sobresee en el juicio. Por otra parte, en relación con los actos reclamados 2), 3), 4) y 5) quien suscribe considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el inciso a), de la fracción III, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y." De los preceptos trascritos, se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva, ya sea por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; con lo que se trata de evitar la tramitación desmedida de juicios de amparo, por actos que no han materializado un perjuicio en contra del promovente. En este orden, resulta claro que el acta de inicio de procedimiento administrativo, instaurado en contra del aquí quejoso y los actos anteriores que sustentan dicha acta, fueron emitidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, el cual está compuesto por diversas etapas procesales propias de un juicio, pero sin ser éste, ya que la autoridad iniciadora es la Aduana de México, con sede en la Ciudad de México, que de acuerdo a sus funciones establecidas en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, carece de las características de un tribunal de justicia, como son dirimir controversias entre las partes o administrar justicia. Asimismo, la instauración del procedimiento en cuestión no constituye una resolución definitiva, ya que solamente se trata del inicio del referido procedimiento, esto es, resulta evidente que tal acto reclamado y su notificación -asi como los actos que dieron origen al mismo-, no constituyen la última resolución del procedimiento que se sigue en contra del impetrante y diversa persona. En efecto, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, el segundo interpretado en forma contraria, es improcedente el juicio de amparo cuando se promueva contra actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y que no constituyan la resolución definitiva dictada en el mismo. Por lo tanto, si la parte quejosa reclamó el acta circunstanciada de hechos número 0167/2022, la clasificación arancelaria, cotización y avalúo de la mercancía que le fue embargada precautoriamente, actos que dieron origen y sustentan el acta de procedimiento administrativo en materia aduanera de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, instado en su contra, que también reclama, y la notificación por estrados de ocho de marzo de dos mil veintidós, de dicha acta, por ende debe esperar a que se dicte la resolución definitiva en la que se decida si cometió o no las infracciones fiscales respecto de las cuales versa dicho procedimiento, y será hasta ese momento procesal en que podrá alegar las violaciones que aquí refiere. Lo anterior, pues la notificación del acta de inicio del procedimiento administrativo, precisamente otorga al interesado la oportunidad de conocer los hechos u omisiones relativas a las contribuciones, cuotas compensatorias y en su caso, la imposición de sanciones; además, conforme a los artículos 150 al 153, de la Ley Aduanera, el interesado podrá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga. Por tanto, es inconcuso que el peticionario deberá esperar a que se dicte la resolución definitiva en la que se decida si cometió o no las infracciones fiscales respecto de las cuales versa dicho procedimiento, y será hasta ese momento procesal en que podrá alegar las violaciones que aquí refiere; máxime que, como ya se dijo, no acredita encontrarse en el supuesto de excepción a esta regla, que se refiere a que el amparo sea promovido por tercero extraño al procedimiento. En las relatadas condiciones, dado que los actos reclamados en este asunto fueron emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por autoridad diversa de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y no constituye la última determinación del citado procedimiento, como lo exige la fracción III, inciso a), del artículo 107 de la Ley de Amparo, en consecuencia, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral antes citado, en concordancia con lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de esa misma ley. Es exactamente aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 22/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia Común, Página 196, Novena Época, Registro 184435, del rubro y texto: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." En ese contexto, ante la actualización de la causa de improcedencia antes indicada, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sexto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Edgardo Molina, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en términos de su último considerando. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la autoridad señalada como responsable, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado en auto de dieciséis de junio del año en curso, y al efecto, remite las constancias respectivas; en consecuencia, dese vista a las partes con su contenido, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo y córrase traslado con el contenido de las mismas a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Asimismo, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de la materia, se tienen por anunciadas, las pruebas documentales que se anexan, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se le tiene anunciando como pruebas de su parte la documental que adjunta, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese.

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