Carlos Duarte Londaiz

Expediente 346/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
346/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Carlos Duarte Londaiz
  • Carlos Alberto Soto Delgado, Presidente Municipal de Zamora, Michoacán
  • Juez Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en esta ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, mismo que transcurrió del doce al dieciocho de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio sin número remitido vía correo electrónico por el apoderado de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, estos por si, y en cuanto a superior jerárquico y por ende representantes legales del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", mediante el cual informa los trámites que ha realizado para dar cumplimiento con la suspensión de oficio y de plano que fue concedida por este órgano jurisdiccional en favor del quejos ********************, y refiere remitir las constancias así lo acreditan. Sin embargo, tomando en consideración que fueron omisas en remitir las constancias que acreditan el cumplimiento a la suspensión de plano, requiérase a las citadas autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita las constancias de las que se advierta la atención médica enero de dos mil veintitrés, a la fecha, que haya sido proporcionada al aquí quejoso; además, indique de manera pormenorizada las gestiones que se han realizado para realizar las intervenciones quirúrgicas que requiere el promovente del amparo, según sus padecimientos. Se precisa que el aludido oficio vía electrónico ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245 del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.********************Vista la demanda de amparo promovida por ********************, apoderado jurídico de ********************en cuanto Presidente Municipal de Zamora, Michoacán, carácter que el primero en cita acredita con copia certificada de la poder general para pleitos y cobranzas, y, que por otro lado, adjunta copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección del ayuntamiento, de diez de junio de dos mil veintiuno que acredita a su poderdante como presidente municipal; carácter que este órgano jurisdiccional les reconoce de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo; contra actos de la Juez Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. ********************En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. ****************************************Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 346/2023. ****************************************Ahora bien, la parte quejosa señaló en su demanda de amparo como acto reclamado el siguiente: ****************************************". Se hace consistir en el proveído de fecha 20 veinte de febrero de 2023 dos mil veintitrés, dictado por la autoridad señalada como responsable, dentro del juicio administrativo de Nulidad, modalidad de juicio en línea, con número de expediente ******************** radicado en el Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo; por ilegal, omiso y con falta de motivación y fundamento congruente. .". ****************************************Sin embargo, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 7 todos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente:**************************************** ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.] ********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". ********************Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.******************** Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes.".******************** ****************************************Del artículo 6o. de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo puede promoverse ya sea por una persona física o por una moral cuando le afecte la norma general o el acto reclamado de conformidad de la fracción I del diverso artículo 5o. de dicha Ley. Asimismo, señala que el quejoso podrá hacerlo por propio derecho, o bien, por conducto de su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. ****************************************De ahí que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.****************************************De lo que resulta que el juicio de amparo fue concebido como un medio de defensa constitucional para proteger a los particulares contra la acción del Estado que sea perjudicial a sus derechos fundamentales y por ese motivo, los órganos del Estado, por regla general, no se encuentran legitimados para promover juicio de amparo, dado que no gozan de ese tipo de prerrogativas, es decir, no son titulares de derechos fundamentales susceptibles de ser afectados por la actuación de alguna autoridad.****************************************No obstante, dicha regla acepta una excepción, esto es, el juicio de amparo promovido por personas morales de derecho público será procedente únicamente en los casos previstos expresamente en el artículo 7 de la Ley de Amparo, cuando se reúnan los siguientes requisitos:****************************************a) El acto de autoridad o norma general reclamadas menoscaben su patrimonio.****************************************b) Ese menoscabo se surta respecto relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares.****************************************Es decir que a efecto de que se surta la excepción de que se habla, el menoscabo patrimonial que resienta la persona moral oficial, necesariamente debe darse respecto de una relación jurídica de coordinación, cuando realiza actividades como persona moral particular o de carácter privado, o bien, contrario sensu, cuando esas relaciones jurídicas no están íntimamente relacionadas con el quehacer público que la Constitución y Leyes le encomiendan. Así, una persona moral oficial cuenta con legitimación para promover el juicio de amparo en contra de normas generales o actos de autoridad, siempre y cuando la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados o tengan su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado.****************************************Así las cosas, tomando en consideración que el ahora quejoso ********************en cuanto Presidente Municipal de Zamora, Michoacán, no comparece al juicio de amparo, como entidad jurídica particular, toda vez que lo hace con el carácter de demandado que tiene en el juicio de ******************** de donde emanan los actos que reclama, es inconcuso que carecen de legitimación para promoverlo, habida cuenta que por tratarse de persona moral oficial, la única posibilidad de que pueda promover juicio de amparo es cuando lo haga en defensa de sus intereses patrimoniales respecto de relaciones jurídicas en las que actúen en un plano de igualdad con los particulares, de conformidad con el transcrito numeral 7 de la Ley de Amparo, lo que no ocurre en la especie, puesto que lo que constituye el acto reclamado no podría implicar ninguna afectación a su patrimonio en las apuntadas circunstancias, ya que únicamente consiste en el auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictado por la responsable dentro del juicio administrativo de nulidad ******************** en el que decretó la preclusión del derecho a contestar la demanda que dio origen al juicio en cita, y siendo esto así, es indudable que, como ya se dijo, carece de legitimación para acudir al juicio de amparo, actualizándose así la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 6 y 7, todos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo además en el numeral 63, fracción V, del propio Ordenamiento Legal, procede desechar de plano en el presente juicio de amparo.****************************************En apoyo de lo anterior es de invocar el principio rector de la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 184063, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas doscientos cincuenta y cuatro, del tomo décimo séptimo, correspondiente al mes de junio del año dos mil tres, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:****************************************"PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.- Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado.".****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con número de registro digital 162766, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que este Tribunal comparte visible a fojas dos mil trescientos setenta del tomo trigésimo tercero correspondiente al mes de febrero del año dos mil once de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:****************************************"PERSONAS MORALES OFICIALES. LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA EL LAUDO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LA ENTIDAD, AUNQUE TENGA EL CARÁCTER DE DEMANDADA EN EL JUICIO DE ORIGEN Y SE LE HAYA CONDENADO A CUBRIR CIERTAS PRESTACIONES INHERENTES A LA RELACIÓN LABORAL.- Con base en las jurisprudencias P./J. 24/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 2a./J. 14/98, así como en las tesis aisladas 2a. XCIV/97 y 2a. L/2007 de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, intituladas: ""POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA."", ""POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA."", ""CUSTODIOS DE CENTROS PENITENCIARIOS. LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN DEBE CONCEPTUARSE COMO DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR LO QUE EL VÍNCULO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO LABORAL."" y ""POLICÍAS MUNICIPALES. EL ARTÍCULO 5o., INCISO A), DE LA LEY NÚMERO 51 RELATIVA AL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO QUE LOS CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, EXCEDE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."", el actor en el juicio de origen en su carácter de Agente de la Policía Judicial del Estado de Puebla, se halla regido únicamente por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, es decir, con exclusión de las demás fracciones que integran dicho apartado, toda vez que no es un trabajador al servicio del Estado de base ni de confianza, pues éstos se rigen por las restantes fracciones del apartado B, y si bien en la especie guardan una relación administrativa con la dependencia estatal a la que pertenecen, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en el Estado de Puebla corresponde al Tribunal de Arbitraje Local conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los miembros de los cuerpos de seguridad pública. En consecuencia, aun cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla sea parte demandada en el juicio administrativo de origen, ello es insuficiente para revestir el carácter de quejosa en el juicio de garantías y, por ende, ser titular del ejercicio de la acción constitucional a través de la demanda de amparo directo ejercida contra un laudo que le es adverso en su calidad de parte demandada en un procedimiento administrativo, pues aun en tales circunstancias conserva el carácter de autoridad con el que actuó en uso de sus facultades legales y de imperio, al********************haber negado el pago de la indemnización solicitada por el actor en el juicio de origen; y si bien el artículo 9o. de la Ley de Amparo establece en forma limitativa la posibilidad de que las personas morales oficiales promuevan el juicio de garantías en un solo supuesto, consistente en que el acto o la ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales, cuando por la diversidad de sus funciones no actúan investidos de imperio, sino que se relacionan con los particulares en un plano de coordinación, y con las autoridades en uno de subordinación, la mencionada autoridad demandada no se encuentra en esta hipótesis, debido a que dentro del juicio administrativo de origen no interactuó en un plano de coordinación con el particular, pues el vínculo jurídico existente entre el Agente de la Policía Judicial y la autoridad promovente del amparo es de naturaleza administrativa y no laboral, por lo que ésta sigue conservando la calidad de autoridad; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente conforme lo dispone el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1o., fracción I, interpretado a contrario sensu, 4o. y 9o. de dicho ordenamiento legal, y 107, fracción I, de la Constitución General de la República." ****************************************Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ****************************************Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 55/2022, de correspondiente a la sesión del veinte de octubre de dos mil veintidós. ****************************************Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ********************número ********************, interior ********************), colonia ********************, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a ********************, toda vez que en esos términos fueron designados.****************************************Asimismo, a ********************, hasta en tanto acredite tener la profesión de licenciado en derecho, toda vez que al realizar una búsqueda en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), del Poder Judicial de la Federación, no se encontró cédula profesional que lo acredite como tal, toda vez que, la materia del presente asunto es de naturaleza administrativa.****************************************Ahora, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto de ******************** toda vez que en el presente auto se le tuvo reconocido tiene el carácter de apoderado jurídico de la parte quejosa.****************************************Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.****************************************Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo.****************************************En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales.****************************************Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:**************************************** "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran".****************************************Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. ****************************************Notifíquese personalmente.

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