Carlos Daniel Maya Cordero

Expediente 779/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
779/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
  • Carlos Daniel Maya Cordero

Actuaciones

  1. Principal

    ...Agréguese el oficio número 1656/2021, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, las copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral 1B-1235/2021, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Por otra parte, de autos se desprende que mediante proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo promovida por ..., apoderado de... señalando como acto reclamado: "La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no da tramite al juicio ordinario laboral número 1B 1235/2021, tramitado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, actuando sin diligencia y dilación o con demora en perjuicio del quejoso, lo anterior acontece ya que de autos se desprende que la autoridad responsable no ha señalado fecha para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, lo que quiere decir que no ha radicado el escrito inicial de demanda y por consecuencia no me ha notificado la fecha de la audiencia antes mencionada ni mucho menos ha emplazado a los demandados en los términos de ley, constituyendo los actos reclamados, puesto que la autoridad señalada como responsable no se apega a los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo dentro del término establecidos en los artículos 873, 741, 742 743 y 744, violando en todo momento a la quejosa el derecho de que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Ahora bien, de autos se obtiene que la parte quejosa reclama por esta vía Constitucional la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como ordenar el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio ordinario laboral 1B-1235/2021, del índice de la Junta número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dice lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este contexto, el Presidente de la Junta Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través del oficio de cuenta, remite copia certificada, entre otras, del auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario laboral 1B-1235/2021, del índice de la citada Junta, así como de la notificación personal de veintinueve de septiembre siguiente, de las cuales se advierte responsable radicó la demanda laboral promovida por la ahora quejosa Ana Dolores Vargas Delgado, señaló como fecha las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y giró exhorto a Zamora, Michoacán, a fin de emplazar a la parte demandada en el controvertido de origen, mismo que dejó a disposición de la parte trabajadora, de todo lo cual quedó notificada la aquí trabajadora quejosa el veintinueve de septiembre del año en curso; constancias que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo anterior, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional, eso es, las CATORCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el pedimento 238/2021, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos en los términos que indica; sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de la audiencia Constitucional; asimismo, con apoyo en el numeral 3° de la Ley de la materia, una vez que se dicte la sentencia dentro de este expediente, expídansele las copias que requiere en su pedimento de cuenta. Notifíquese.

  3. Principal

    ...Vista la demanda de amparo promovida por..., apoderado de..., carácter que acredita con la carta poder simple que adjunta a su ocurso de cuenta y que este juzgado le reconoce de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo contra actos de los Integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo, por los actos que hace consistir en: "La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no da tramite al juicio ordinario laboral número..., tramitado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, actuando sin diligencia y dilación o con demora en perjuicio del quejoso, lo anterior acontece ya que de autos se desprende que la autoridad responsable no ha señalado fecha para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, lo que quiere decir que no ha radicado el escrito inicial de demanda y por consecuencia no me ha notificado la fecha de la audiencia antes mencionada ni mucho menos ha emplazado a los demandados en los términos de ley, constituyendo los actos reclamados, puesto que la autoridad señalada como responsable no se apega a los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo dentro del término establecidos en los artículos 873, 741, 742 743 y 744, violando en todo momento a la quejosa el derecho de que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Ahora bien, en el caso, no ha lugar a tener a..., promoviendo la demanda en trato, toda vez que de la misma se advierte que carece de firma autógrafa, por parte de la citada promovente, circunstancia que no se encuentra comprendida como motivo de prevención que contemple el dispositivo 108 de la ley de la materia, luego, como el juicio Constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda Constitucional, es presentando la referida demanda firmada por el impetrante, virtud a ello, un escrito de demanda presentado sin firma equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del quejoso de presentarla, por tal motivo no existe instancia de parte agraviada. Tiene aplicación, en lo que en ella interesa, la diversa tesis visible en la página 259 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías." Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 779/2021-IV. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127, del citado ordenamiento. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de amparo, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia Constitucional se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo haga. Sin que haya lugar a ordenar el emplazamiento a juicio como terceros interesados a FREXPORT, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o ALTEX FREXPORT Sociedad Anónima de Capital Variable y a quien o quienes resulten responsables y/o propietarios y/o beneficiarios y/o usufructuarios de la fuente de empleo que se ubica en Labastida Número... en Zamora, Michoacán, en virtud a que no han sido emplazados dentro del juicio laboral de donde emanan los actos reclamados. Sirve de apoyo lo anterior por identidad de razón, Jurisprudencia número 2ª/J.67/2009, sustentada por la 2da Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa las documentales que adjunta a su ocurso de cuenta, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Asimismo, en relación a la prueba documental pública consistente en las copias certificadas de las listas de acuerdos que se publican en los estrados de la junta responsable, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad con lo solicitado, toda vez que en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, no acredita con las constancias conducentes que haya solicitado dicha documental; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Tiene apoyo a lo anterior por identidad de razón, la Tesis número 2a./J. 135/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 84, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "COPIAS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO EXIGIR AL OFERENTE QUE DEMUESTRE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD A EXPEDIRLOS. Conforme a la jurisprudencia P./J. 7/94, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DIFERIMIENTO DE LA. OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR COPIAS O DOCUMENTOS PARA EL AMPARO.", para que opere el derecho establecido en el artículo 152 de la Ley de Amparo de solicitar al Juez de Distrito que requiera a la autoridad la exhibición de las copias o documentos solicitados por las partes para rendirlas como pruebas en el juicio de amparo y difiera la audiencia, es necesario que el interesado gestione por lo menos cinco días hábiles antes de ésta ante la autoridad encargada de expedirlos, a fin de que disponga de un tiempo razonable para atender la petición. Ahora bien, en este supuesto, es innecesario exigir adicionalmente al oferente que demuestre la renuencia de la autoridad a cumplir lo solicitado, ya que a nadie puede obligársele a probar un hecho negativo y, además, porque la intervención del juzgador se pide para que las copias o documentos se le hagan llegar sin intermediarios; por ello, es suficiente con que el oferente acredite haber formulado la solicitud para que el Juez de Distrito la haga suya, resultando ocioso que examine si previamente hubo o no alguna resistencia a entregar la información, pues ni siquiera se le pide vencer alguna contumacia en ese sentido, sino solamente agilizar el juicio con su intervención". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida..., en esta ciudad, autorizando únicamente para tal efecto a..., toda vez que en esos términos fueron designados. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a la autoridad que en su caso le revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a la autoridad responsable que si desea rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.

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