Carlos de la Rosa Martínez
Expediente 1334/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1334/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carlos de la Rosa Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó dentro del término concedido, la vista ordenada en auto de once de octubre actual, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo. Lo anterior, porque dicho proveído le fue notificado vía electrónica el trece siguiente, por lo que el término de tres días concedido transcurrió del catorce al diecisiete del mes en curso, con exclusión de los días inhábiles que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque en términos de la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, las notificaciones realizadas vía electrónica surtirán sus efectos cuando se genere la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado. Al respecto, sirve de apoyo la tesis V.3o.P.A.1 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 2943, con número de registro 2014622, del siguiente rubro y texto: "NOTIFICACIÓN EN EL AMPARO POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SURTE EFECTOS EN LA HORA CONTENIDA EN LA CONSTANCIA GENERADA POR LA CONSULTA REALIZADA AL EXPEDIENTE DIGITALIZADO. En términos de la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, las notificaciones realizadas vía electrónica surtirán sus efectos cuando se genere la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado, lo cual ocurre cuando el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación produce el aviso de la hora en que se recupera la determinación judicial correspondiente. Así, dicha disposición implica que las partes que cuenten con firma electrónica tuvieron acceso al archivo electrónico respectivo y, por ende, que fueron debidamente notificadas de esa determinación, lo cual guarda concordancia con los artículos 3o. y 30, fracción II, del ordenamiento mencionado, pues de su contenido se advierte que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema referido y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, de donde surge la obligación de éstos de que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes que cuentan con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y, a su vez, la obligación a cargo de los quejosos o terceros interesados de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva. En ese tenor, dadas las obligaciones a cargo de ambas partes, cobra justificación y mayor claridad la mencionada fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, por lo que la notificación en el amparo por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, surte efectos en la hora contenida en la constancia generada por la consulta realizada al expediente digitalizado, pues es el momento en que se recuperó la determinación contenida en el archivo electrónico correspondiente". En consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Carlos de la Rosa Martínez, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. El tres de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recibido el diez de octubre de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada del laudo de siete del precitado mes, dictado en el expediente laboral 89/2017 de su índice, relacionado con el cumplimiento al fallo protector. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: Dictara el laudo que en derecho correspondiera en el procedimiento laboral 089/2017 de su índice. Al respecto, con las constancias remitidas, la responsable demostró que el siete de octubre de dos mil veintidós, dictó la precitada determinación, lo que constituyó el objeto primordial de la concesión del amparo. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del cual remite copia certificada del laudo de siete de los actuales, dictado en el expediente laboral 89/2017 de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el nueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Carlos de la Rosa Martínez; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: Dicte el laudo que en derecho corresponda en el procedimiento laboral 089/2017, de su índice. Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1334/2022-5, promovido por **********, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio 714/IV-C, recibido la Oficialía de Partes Común el quince de agosto del presente año y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, comunicó el contenido del acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, emitido en el diverso juicio de amparo indirecto 1300/2022-IV de su índice, en el que consideró que este juzgado debió de continuar conociendo del presente asunto por conocimiento previo del diverso 796/2022 del índice de este juzgado. Así, del contenido de la demanda, se tiene que Carlos de la Rosa Martínez, a través de su apoderado legal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 089/2017. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1334/2022-5; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de dictar laudo en el expediente laboral 089/2017. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, por haberlo reconocido el Magistrado Presidente del referido órgano jurisdiccional en el informe justificado; lo que se corrobora con la constancia que dicha autoridad anexó a su informe, consistente en copia certificada del acuerdo emitido el trece de junio de dos mil veintidós, en el expediente laboral 089/2017, en el cual declaró cerrada la instrucción. Sobre el particular, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido, la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de dictar laudo en el procedimiento laboral 089/2017, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Sobre el particular, concretamente aduce que la responsable viola, entre otros, lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela su derecho a que se le imparta justicia pronta y expedita. Esta juzgadora considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el aludido concepto de violación. En efecto, el segundo párrafo del referido precepto constitucional, protege a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia, para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Así, la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, se fundan en la necesidad de que no transcurra tiempo excesivo para que los derechos y obligaciones de las partes, sometidos al litigio, queden definidos. Al respecto, el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, instituye, entre otras cosas, que el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será inmediato, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez. Por su parte, en los ordinales 108 y 112 de ese mismo ordenamiento jurídico, se dispone que el procedimiento laboral se reducirá a la presentación de la demanda, contestación y una sola audiencia en la que se recibirán pruebas y alegatos de las partes, hecho lo anterior, de no existir alguna diligencia pendiente, se pronunciará la resolución respectiva. Por lo que el tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y, en su caso, a los testigos y peritos para la audiencia de mérito. Como se puede advertir, el legislador local prevé un procedimiento ágil y concreto para la tramitación y decisión de los juicios laborales competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, acotado a una audiencia de pruebas, alegatos y resolución. No obstante, mediante proveído de trece de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción en el juicio natural, apoyándose para ello, de manera supletoria, en el ordinal 885 de la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, en el caso es improcedente la aplicación supletoria del referido numeral, pues, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/2005, para ese efecto, tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien, que su regulación sea deficiente. Por tanto, si la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia, en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos y, en su caso, se dictará el laudo respectivo. Es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que, previamente a la emisión del laudo, se dictara un acuerdo de cierre de instrucción, elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél. De estimarse lo contrario, se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos, ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del tribunal, al ser jurídicamente válido que, atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia. No pasa inadvertido que en el precedente en que se sustenta el presente criterio, se analizaron legislaciones de otras entidades federativas; empero, éstas prevén el mismo procedimiento que contempla la ley burocrática del Estado de Tabasco, que se reduce a la presentación de la demanda, a su contestación y a una sola audiencia de pruebas, alegatos y resolución, por lo cual es de exacta aplicación al caso en estudio. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 214/2019. Por tanto, como se desprende del proveído de referencia, en acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, se hizo constar que no quedaban pruebas por desahogar, por lo que la autoridad en cuestión debía dictar el laudo correspondiente. Sobre el particular, la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, estableció que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, el cual se tomó como parámetro dado que es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De esa contradicción se emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario judicial de la Federación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". En ese tenor, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -nueve de agosto de dos mil veintidós-, la responsable tuvo el tiempo suficiente para ajustar su actuación a lo instituido en los ordinales 106, 108 y 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. Al no hacerlo, vulneró el derecho del quejoso a que se le imparta justicia pronta y expedita, tutelado en el artículo 17 constitucional. No pasa inadvertida la actual contingencia sanitaria; sin embargo, tal circunstancia no puede considerarse válida para omitir el dictado del laudo en cuestión, pues el artículo primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, prevé que la procuración e impartición de justicia son consideradas "actividades esenciales". Asimismo, en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, de nueve de abril de dos mil veinte, se estableció que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. De igual forma, se indicó que debe velarse porque se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, garantizándose el acceso a la justicia, lo cual es congruente con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Por las anteriores consideraciones, se concede al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco: Dicte el laudo que en derecho corresponda en el procedimiento laboral 089/2017 de su índice. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, respecto del acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos quinto y sexto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
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