Carlos Daniel Herrera Olán

Expediente 103/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
103/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Daniel Herrera Olán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veinte de abril de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Carlos Daniel Herrera Olán, para los efectos siguientes: "Deje insubsistente la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte dictada en los autos del toca civil 755/2019-II, únicamente por lo hace a la cancelación del porcentaje que le corresponde al acreedor Carlos Daniel Herrera Olán. Con apego al estándar establecido en la jurisprudencia 1a./J. 59/2007 y las consideraciones vertidas en este fallo, emita una nueva resolución en la que deberá realizar un estudio minucioso de los argumentos y pretensiones enfrentadas; para lo cual debe considerar el análisis de la totalidad de los medios de convicción relativos a la cuestión controvertida. Lo anterior sin considerar la edad de dieciocho años como un límite infranqueable para la viabilidad del derecho de alimentos, pues debe tener en consideración que tal derecho implica la recepción de los recursos necesarios para que el acreedor pueda hacerse de los medios para ejercer la profesión y oficio; además de ponderar, si el reclamo del derecho alimentario efectivamente se encuentra dentro del límite de lo razonable". El nueve de abril de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de cinco días. Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por la responsable, se observa que acató tales efectos, pues realizó lo siguiente: 1. Mediante oficio 3296 de trece de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable determinó dejar insubsistente la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca civil 755/2019- II, por lo que procedió a turnar los citados autos al magistrado correspondiente, a fin de que dictare el proyecto de sentencia relativo. 2. Posteriormente, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo el Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, remitió copia certificada con firmas autógrafas de la resolución dictada en esa misma fecha, relativa a los autos del toca civil de origen. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniere, sin que hayan hecho lo propio. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede esta ciudad, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno emitió de nueva cuenta resolución en los autos del toca civil 755/2019-II, relativo al recurso de apelación interpuesto por Daniel Herrera Morales -hoy tercero interesado-, a través de la cual determinó, confirmar la sentencia de quince de julio de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en el cuadernillo de Incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia, deducido del Juicio Especial de Pensión Alimenticia 61/2005. Lo anterior al estimar en lo que interesa, que los agravios planteados en el medio de impugnación fueron infundados dado que "la exigibilidad del derecho de alimentos se condiciona a que el acreedor alimentario curse un grado de escolaridad acorde no sólo con su edad, sino con todas sus condiciones particulares ajustada al entorno familiar, emocional, académico y social en el cual se ha desarrollado, y respaldada por el debido aprovechamiento." Y por tanto, consideró que persiste la obligación por parte del apelante de proporcionar alimentos a Carlos Daniel Herrera Olán -aquí quejoso-. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Por lo que, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios signados por el Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por una parte informa que se deja insubsistente la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, y por la otra, remite copia certificada de la resolución de dieciséis de abril del año en curso, dictado en los autos del toca civil 755/2019-II de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA 4 VILLLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso CARLOS DANIEL HERRERA OLÁN; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la SEGUNDA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO, para que dentro del término de cinco días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] Deje insubsistente la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte dictada en los autos del toca civil 755/2019-II, únicamente por lo hace a la cancelación del porcentaje que le corresponde al acreedor Carlos Daniel Herrera Olán. Con apego al estándar establecido en la jurisprudencia 1a./J. 59/2007 y las consideraciones vertidas en este fallo, emita una nueva resolución en la que deberá realizar un estudio minucioso de los argumentos y pretensiones enfrentadas; para lo cual debe considerar el análisis de la totalidad de los medios de convicción relativos a la cuestión controvertida. Lo anterior sin considerar la edad de dieciocho años como un límite infranqueable para la viabilidad del derecho de alimentos, pues debe tener en consideración que tal derecho implica la recepción de los recursos necesarios para que el acreedor pueda hacerse de los medios para ejercer la profesión y oficio; además de ponderar, si el reclamo del derecho alimentario efectivamente se encuentra dentro del límite de lo razonable. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, devuélvase a la SEGUNDA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO, el original del toca civil 755/2019-II, (un tomo); original del recurso de reconsideración IV/2020-II (un tomo); original del expediente 61/2005, (un tomo) y original del incidente de cancelación de pensión alimenticia (un tomo), que envió como anexos a su informe justificado, constancias que se manejaron por cuerda separada, constante de cuatro tomos. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 4 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinticinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 103/2021-4, promovido por Carlos Daniel Herrera Olán. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con los autos originales de los expedientes siguientes: ? Toca Civil 755/2019-II del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. [Tomo I] ? Recurso de reconsideración IV/2020-II del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. [Tomo II] ? Juicio Especial de Pensión Alimenticia 61/2005 del índice del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro del Estado de Tabasco. [Tomo III] ? Incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia del expediente 61/2005 del índice del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro del Estado de Tabasco. [Tomo IV] Tomos que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta.????????????? Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 103/2021-4, promovido por Carlos Daniel Herrera Olán, contra el acto de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio 159, signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, presentado en el buzón judicial el dos de febrero de dos mil veintiuno, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado a este órgano jurisdiccional el tres siguiente, remitió la demanda y anexos promovida por Carlos Daniel Herrera Olán, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO"La resolución de fecha 13 de noviembre de 2020, recaída en los autos del Toca 755/2019-II AUTORIDADES RESPONSABLES Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. SEGUNDO. AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en virtud de la legal incompetencia planteada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, este órgano judicial de amparo, se avocó al conocimiento de la demanda, así que la radicó y admitió a trámite con el expediente 103/2021-4; se ordenó la notificación a las partes del auto de radicación, sin requerir informe justificado, en virtud que ya obraba en autos; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de adscrito; se reconoció el carácter de tercero interesado y se ordenó su emplazamiento; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Mediante diligencia por comparecencia [Foja 52] de once de febrero de dos mil veintiuno, se emplazó a la??????????? presente controversia a Daniel Herrera Morales en su calidad de tercero interesado, corriéndosele traslado con copia de la demanda, así como con el proveído en que se radicó y admitió a trámite. CUARTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: ? La resolución pronunciada el trece de noviembre de dos mil veinte, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 755/2019-II, que modificó el punto 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico.????????????? segundo, tercero y cuarto resolutivo; y se adicionan el quinto, sexto y séptimo resolutivo, de la sentencia interlocutoria de quince de julio de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia promovido por Gabriela Olán de la Cruz y Carlos Daniel Herrera Olán deducido del expediente 61/2005, relativo al Juicio Especial de Pensión Alimenticia. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación [Foja 6], admitió la existencia del acto que se le reclama. Afirmación que guarda sustento con los autos originales del toca civil 755/2019-II [Tomo I]; recurso de reconsideración IV/2020-II [Tomo II], juicio especial de pensión alimenticia 61/2005 [Tomo III] e incidente de cancelación de pensión alimenticia [Tomo IV], los que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como conforme a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORI; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. CUARTO. PROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 623 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia4, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias citadas en considerando que precede que se acompañaron al informe justificado en original. Visto lo anterior, resulta necesario referir los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: 1. Mediante auto de veintiuno de enero de dos mil cinco, la entonces Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, Tabasco, dio entrada a la demanda interpuesta por Gabriela Olán de la Cruz, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Carlos Gabriel y Gabriela Itzel, ambos de apellidos Herrera Olán, en la vía del juicio especial de pensión alimenticia en contra de 3 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 4 Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. ???????????? Daniel Herrera Hernández, bajo el expediente 61/2005, por lo que decretó como pensión alimenticia provisional para la parte actora y ordenó emplazar al demandado. [Foja 16 a 18 del Tomo III] 2. Seguido el trámite de ley, el siete de octubre de dos mil cinco, la juez natural pronunció sentencia definitiva, en la que condenó al demandado a pagar en favor de la actora Gabriela Olán de la Cruz y sus menores hijos Carlos Gabriel y Gabriela Itzel, ambos de apellidos Herrera Olán, pensión alimenticia definitiva del 50% (cincuenta por ciento), sobre su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias como empleado de Pemex, Exploración y Producción, la cual causó ejecutoria el trece de enero de dos mil seis. [Foja 95 a 101 y 113 del Tomo III] 3. Posteriormente, por auto de cinco de enero de dos mil dieciocho, el Juez del conocimiento ordenó tramitar el incidente de cancelación de pensión alimenticia, interpuesto por Daniel Herrera Morales, en contra de Gabriela Olán de la Cruz y su hijo Carlos Daniel Herrera Olán, por lo que ordenó correr traslado y emplazar a los citados incidentados, para que dentro del plazo de tres días hábiles produjeran su contestación y ofrecieran las pruebas oportunas. [Foja 13 del Tomo IV] 4. Seguida la prosecución incidental, mediante interlocutoria de quince de julio de dos mil diecinueve, el Juzgado natural determinó que el incidentista Daniel Herrera Morales, no probó los hechos constitutivos de la acción que instauró en contra de Gabriela Olán de la Cruz y Carlos Daniel Herrera Olán. [Foja 334 a 347 del Tomo IV] 5. Inconforme con dicha resolución Daniel Herrera Morales, interpuso recurso de apelación, el que fue admitido por la juez responsable por proveído de quince de agosto de dos mil diecinueve, en efecto devolutivo y ordenó remitir los autos al tribunal de alzada, para la calificación y substanciación del mismo. [Foja 394 a 395 del Tomo IV] 6. En proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, admitió a trámite el recurso y lo registró bajo el expediente 755/2019-II. [Foja 30 a 31 del Tomo I] 7. Finalmente, mediante resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, dictada en los autos del toca civil 755/2019-II [Folio 198 a 219 del Tomo I], declaró parcialmente fundados los agravios expuestos por el apelante Daniel Herrera Morales y determinó modificar los puntos segundo, tercer y cuarto resolutivo; así como adicionar los puntos quinto, sexto y séptimo resolutivo en los siguientes términos: "SEGUNDO: El incidentista DANIEL HERRERA MORALES, probó parcialmente los hechos constitutivos de su acción de cancelación de pensión alimenticia, que instauró en contra de????????????? GABRIELA OLÁN DE LA CRUZ y CARLOS DANIEL HERRERA OLÁN, quienes comparecieron a juicio. TERCERO: Se cancela la pensión alimenticia decretada a favor de CARLOS DANIEL HERRERA OLÁN consistente en el 16.6% (dieciséis punto seis por ciento); mediante sentencia definitiva de siete de octubre de dos mil cinco, dictada en el expediente 61/2005 se condenó al hoy incidentista a pagar por el concepto de pensión alimenticia en favor de GABRIELA OLÁN DE LA CRUZ por su propio derecho y en representación de sus menores hijos CARLOS DANIEL y GABRIELA ITZEL de apellidos HERRERA OLÁN el 50% (cincuenta por ciento) de su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que persiva mensualmente de la empresa Pemex, Exploración y Producción. Y que quedó subsistente en el expediente 993/2010 del índice de ese Juzgado relativo al juicio de Divorcio voluntario, promovido por DANIEL HERRERA MORALES y GABRIELA OLÁN DE LA CRUZ, en el cual se celebró convenio judicial el ocho de julio de dos mil diez, aprobado mediante sentencia definitiva del siete de septiembre de dos mil diez. CUARTO: Para dar cumplimiento a tal cancelación ordenada, gírese oficio al Jefe del Departamento Jurídico de la empresa Pemex, Exploración y Producción, con domicilio conocido en esta Ciudad. QUINTO: Para seguridad jurídica agréguese copias certificadas de este fallo a los expedientes 61/2005 relativo al juicio de alimentos; y 993/2010 de divorcio voluntario, en los que los contendientes son el apelante y GABRIELA OLÁN DE LA CRUZ, radicados en el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro de esta Ciudad. Quedan intocados los demás puntos resolutivos de la sentencia combatida." Ahora, la citada resolución constituye el acto reclamado en esta vía constitucional, de la cual se advierte que la Sala responsable soportó, en lo que interesa, sus razonamientos en lo siguiente: En el quinto considerando se avocó al estudio del asunto, mediante el análisis de los antecedentes del caso y la valoración de los medios de convicción ofrecidos por el apelante y las probanzas ordenadas por esa misma responsable. Determinó declarar parcialmente fundados los agravios del apelante Daniel Herrera Morales -aquí tercero interesado-, dado que contrario a lo resuelto en la interlocutoria materia del recurso, sí quedó probada la acción de cancelación de pensión alimenticia en contra de Carlos Daniel Herrera Olán -aquí quejoso-, lo anterior, puesto que de la copia certificada de su acta de nacimiento [Foja 9 del Tomo IV] se advierte que a la fecha en que se emitió la sentencia apelada contaba con veinte años de edad. Sostuvo que, además obra original de la constancia de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, expedida por la maestra Ana Lidia Valencia Ramón, Jefa del Departamento de Servicios Escolares de la Universidad Politécnica del Centro en la que se hace constar que Carlos Daniel Herrera Olán se encuentra inscrito en el cuatrimestre uno de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz en el periodo escolar del tres de septiembre al catorce de diciembre de dos mil dieciocho. De lo anterior, estimó que el grado escolar de Carlos Daniel Herrera Olán no es acorde a su edad, pues a los dieciocho años debió cursar ya el primer cuatrimestre de la citada carrera universitaria; puntualizó que bajo ese????????????? contexto no persiste la obligación por parte del apelante de proporcionar alimentos. Explicó que lo anterior se sostiene no obstante que con el informe rendido por el Director del Plantel 37 del Colegio de Bachilleres de Tabasco [Foja 224 y 225 del Tomo IV], se justificó que Carlos Daniel Herrera Olán concluyó sus estudios de preparatoria en julio de dos mil diecisiete y que entre esa data y el inicio de su carrera universitaria en septiembre de dos mil dieciocho existe un periodo de dos semestres escolares y que durante ese periodo cursó la especialidad en mecánica automotriz con una duración de un año y tres meses, de agosto de dos mil diecisiete a octubre de dos mil dieciocho, lo que se corrobora con la constancia rendida por el Director del Centro Tecnológico de Especialidades Automotrices. [Foja 29 del Tomo IV] SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". El amparista en sus conceptos de violación 1 y 2 indica que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio los derechos de audiencia y legalidad, consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, dado que la Sala responsable no aborda objetivamente los conceptos de agravios que expuso, ni tampoco dio contestación a los mismos. Afirma que no se efectuó análisis cabal de los argumentos, pues existen medios de prueba suficientes para acreditar que el quejoso actualmente se encontraba estudiando e incluso se efectúa una inadecuada interpretación de sus agravios, pues se le coloca en estado de indefensión respecto de sus estudios profesionales, dado que para continuar con los mismos, se reclama una pensión justa, digna y adecuada para cubrir las necesidades. Aduce que tal obligación alimentaria se extienda hasta que el profesionista busca obtener sus documentos esenciales para emprender un oficio para el que se preparó. En el motivo de disenso 3 y 4, el quejoso niega el derecho al apelante -aquí tercero interesado- para reclamar la cancelación de los alimentos, puesto que los hechos en los que el actor basa su petición no se ajustan a las causales establecidas por la ley, aduce que la juzgadora natural al resolver la interlocutoria, sí realizó estudio de fondo, ya que tomó en consideración su edad, así como??????????? sus defensas y excepciones para tener acreditado su derecho al momento de resolver. Argumenta que no tiene ningún tipo de ingreso, puesto que sólo se ocupa de sus estudios profesionales ya se encuentra acorde a su edad, por lo que este juzgador de amparo deberá resolver conforme a derecho, pues lo anterior se encuentra previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Invocó al respecto la tesis 5o. J/8 (10a.) de rubro:"CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU APLICACIÓN ES DE NATURALEZA SUBSIDIARIA O COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO." Sostiene que el control difuso de convencionalidad no implica que deban inobservarse las formalidades esenciales del procedimiento. Citó al respecto la tesis 1a./J. 22/2014 de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.) de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." Insiste que no le asiste el derecho ni la razón al apelante para reclamar la cancelación en contra de su persona, ya que en su momento no cumplió con tal obligación, por lo que no puede reclamar tal derecho. Invoca la tesis 1a. CXCVIII/2014 (10a.) de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL En su concepto de violación marcados como 5 y 6, el amparista tras efectuar una recapitulación de los antecedentes de la resolución reclamada, indicó que la Juez natural le dio la razón en la sentencia interlocutoria, pues al realizar un análisis minucioso de los parámetros estimó que los estudios profesionales que realiza sí van acorde a su edad, además de que se demostró que las pruebas ofrecidas por el apelante no fueron suficientes para demostrar que se debían cancelar su pensión, por lo que la Sala responsable realiza una resolución distinta, lo que afecta su vida futura, pues sostiene que se encuentra acorde a la edad para seguir y terminar sus estudios profesionales.???????????? Alega que cobra relación al respecto de sus conceptos de violación la tesis aislada VI.2o.C.305 K de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SE IMPUGNA LA OMISIÓN DE ATENDER UNO O VARIOS AGRAVIOS EN PARTICULAR, BASTA CON EXPRESARLO ASÍ PARA QUE PUEDA VERIFICARSE SI RESULTA FUNDADO O NO." Al respecto, este juzgador considera que suplidos en su deficiencia, son fundados los motivos de disenso enumerados como 1 y 2; y por ende, tal condición resulta suficiente para conceder el amparo. Tal suplencia es factible en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo en relación con lo dispuesto en el numeral 217 del mismo ordenamiento, dado que en el caso deviene aplicable la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.)5 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho 5 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 316, décima época, materia constitucional, registro digital 2022087. supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." Al respecto del tema que nos ocupa la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 169/2006-PS, estimó que la extinta Tercera Sala de esa Suprema Corte ya había establecido que la obligación de proporcionar alimentos a los hijos mayores de edad no desaparecía por el sólo hecho de que éstos llegasen a la edad de dieciocho años, en virtud de que su necesidad no se satisfacía automáticamente por la sola realización de esa circunstancia. Teo Eleacer Martínez Herrera??????????? Además, puntualizó que las diversas tesis aisladas que surgieron del análisis que la citada Tercera Sala del Alto Tribunal partió de la base de que la legislación en estudio no incluían una disposición expresa en el sentido de que el derecho de alimentos se extinguía al adquirir la mayoría de edad, con lo cual se podía inferir que a contrario sensu que dicha circunstancia no podía contarse entre las causales de cesación de esta obligación. Acotado lo anterior, la Primera Sala del Máximo Tribunal estableció que, la institución jurídica de los alimentos cumple con funciones consideradas de orden público, ya que está orientada a satisfacer de forma eficaz las necesidades básicas de subsistencia y bienestar, todo ello en el seno de un núcleo social definido por la existencia de vínculos familiares. Enfatizó que tratándose de acreedores alimentarios menores de edad existe especial deber de cuidado, lo cual esta previsto tanto en el marco jurídico nacional, como en diversos instrumentos internacionales, como los son los derechos de las niñas, niños y adolescentes; tal consideración se encuentra presente en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "por ejemplo, establece que "los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral", y puntualiza que "los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar esos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos;[e]l Estado", precisa, "otorgará facilidades a los Teo Eleacer Martínez Herrera particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñe". Al interpretar este argumento se hizo notar que el imperativo relativo a los "niños", si bien es una noción que usualmente se equipara legalmente al segmento de personas que no han alcanzado la mayoría de edad, ello no debe tomarse de manera conclusiva respecto de los derechos e intereses de los acreedores alimentarios, pues tal límite implicaría establecer de tajo una condición de edad no prevista en la legislación, como el límite para la exigibilidad de las prestaciones del deudor alimentario por concepto de educación o formación. De esa manera, una inversión económica y humana de años, encaminada a la consecución de la formación necesaria para desempeñar una profesión u oficio, podría verse frustrada por una interrupción del apoyo económico en un momento en el que todavía no podría dar sus frutos esperados, que dependen en gran medida de la conclusión de los estudios emprendidos. Esto quiere decir que el criterio sostenido en el estudio de la Primera Sala, estableció que la exigibilidad del derecho de alimentos se condiciona a que el acreedor alimentario curse un grado de escolaridad acorde no sólo con su edad, sino con todas sus condiciones particulares ajustada al entorno familiar, emocional, académico y social en el cual se ha desarrollado, y respaldada por el debido aprovechamiento. Lo anterior en virtud de que la institución alimentaria implica garantizar a los hijos la posibilidad de atravesar una etapa económicamente inactiva, en la que se hagan de los???????????? recursos humanos que les darán la base para desarrollar sus planes de vida, hay que concluir que conservan el derecho de recibir de sus padres los recursos necesarios para satisfacer la etapa educativa en la que se encuentran; con lo que se infiere que resulta obligación del juzgador, ponderar las características de cada caso, así como las exigencias previstas en la legislación aplicable para que, tras un análisis minucioso de las pretensiones enfrentadas, pueda definir la procedencia o no del derecho de alimentos. Del anterior análisis, surge la tesis de jurisprudencia 1a./J. 59/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007, página 66, novena época, materia civil, registro digital 172099, de rubro y texto:"ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS MAYORES DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los juzgadores deben ponderar, a la luz de las características particulares de cada caso, las exigencias derivadas del conjunto normativo que integra el régimen de alimentos previsto en el Código Civil de la citada entidad federativa, lo cual presupone un estudio cuidadoso de las pretensiones enfrentadas y del grado en que se satisfacen las cargas probatorias, a fin de tomar en cuenta tanto la necesidad de preservar el derecho de los acreedores a recibir los recursos necesarios para hacerse de los medios para ejercer una profesión u oficio, sin considerar la mayoría de edad como un límite infranqueable, como las normas que limitan y condicionan ese derecho con el objeto de evitar demandas caprichosas o desmedidas. La decisión del juzgador siempre debe mantener el equilibrio entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades de los deudores que inspira y articula la regulación legal de la institución alimentaria." Ahora, en el caso concreto el acto reclamado lo constituye la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, dictada en los autos del toca civil 755/2019-II, que declaró parcialmente fundados los agravios expuestos por el apelante Daniel Herrera Morales y determinó la cancelación de la pensión alimenticia del aquí quejoso, argumentando únicamente que tal acreedor ya no se encuentra en un grado escolar acorde a su edad. Por tanto, y con apego en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta evidente que la Sala responsable no llevó a cabo un estudio integral de todas las condiciones que impactan sobre el derecho de alimentos en el caso concreto, dado que no efectuó un estudio minucioso de la condición de exigibilidad de la prerrogativa, sino que únicamente soportó su proceder en el grado de estudios que cursaba el aquí quejoso en el momento que se emitió la sentencia interlocutoria, con lo cual pasó por alto las condiciones particulares de su entorno familiar, académico y social, amén de no valorar el acervo probatorio del sumario. En mérito de lo anterior, este juzgador estima que en la especie la Sala responsable estaba obligada a aplicar el estándar de análisis previsto en la jurisprudencia 1a./J. 59/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior es así, puesto que al no considerar las condiciones multifactoriales que impactan sobre el derecho????????????? de alimentos del aquí quejoso, pasó por alto las consideraciones analizadas por el Alto Tribunal en la contradicción de tesis referida en este considerando; con lo cual, queda de manifiesto que no analizó la procedencia de la prerrogativa en estudio, ni tampoco garantizó la satisfacción del ejercicio del deber de los gastos de educación del impetrante, con lo que efectivamente se coarta la base formativa que le permita integrarse plenamente al ejercicio de una profesión u oficio. En virtud del estudio que antecede, es suficiente para otorgar el amparo en favor del promovente, resulta innecesario el estudio del resto de los argumentos de violación plasmados en la demanda, toda vez que tal proceder en nada variaría el sentido de esta sentencia. Al respecto resulta ilustrativa como criterio orientador en sostenido en la tesis III.3o.C.53 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civile del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página 789, novena época, materia común, registro 193338, de rubro y texto:"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CASO EN EL QUE SI UNO DE ELLOS RESULTA FUNDADO, HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Si uno de los conceptos de violación se estima fundado debido a la incongruencia de la sentencia reclamada, al haber incurrido la responsable en la omisión de estudiar la totalidad de los agravios expresados por el inconforme, resulta innecesario hacer el estudio de los restantes conceptos que tienden al fondo del negocio, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que de hacerlo, la autoridad federal sustituiría a la responsable, lo que no es permitido por virtud de que los tribunales federales no son revisores de dicha autoridad." En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco: ? Deje insubsistente la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte dictada en los autos del toca civil 755/2019-II, únicamente por lo hace a la cancelación del porcentaje que le corresponde al acreedor Carlos Daniel Herrera Olán. ? Con apego al estándar establecido en la jurisprudencia 1a./J. 59/2007 y las consideraciones vertidas en este fallo, emita una nueva resolución en la que deberá realizar un estudio minucioso de los argumentos y pretensiones enfrentadas; para lo cual debe considerar el análisis de la totalidad de los medios de convicción relativos a la cuestión controvertida. ? Lo anterior sin considerar la edad de dieciocho años como un límite infranqueable para la viabilidad del derecho de alimentos, pues debe tener en consideración que tal derecho implica la recepción de los recursos necesarios para que el acreedor pueda hacerse de los medios para ejercer la profesión y oficio; además de ponderar,???????????? si el reclamo del derecho alimentario efectivamente se encuentra dentro del límite de lo razonable. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Carlos Daniel Herrera Olán, contra el acto reclamado a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en los términos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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