Carlos David Cámara Jiménez

Expediente 1671/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1671/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • Carlos David Cámara Jiménez
  • Miriam Cámara Jiménez
  • Carlos David Cámara Jiménez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se realizó a la parte a la que pudo haber causado perjuicio por vía electrónica, el día veintidós de diciembre siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que el presente sumario coincide en su totalidad con el expediente electrónico, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/5845/2022, de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, firmado electrónicamente por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con la Licenciada Yazmín Maribel Galaz Solís, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1671/2022-V-B, promovido por MIRIAM, MARITZA Y CARLOS DAVID CÁMARA JIMENEZ, contra los actos que reclama del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el siete de julio siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, comparecieron MIRIAM, MARITZA Y CARLOS DAVID CÁMARA JIMENEZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos atribuidos al Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Por acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós, por las razones ahí expuestas, se desechó la demanda de amparo, motivo por el cual, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el que quedó registrado con el número 296/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, quien en resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, declaró fundado el recurso y ordenó se proveyera en relación a la admisión de la demanda. TERCERO. Admisión de la demanda. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, por auto de seis de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda, la cual se registró previamente con el número de expediente 1671/2022-V-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se verificó en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables: El acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós (no de quince como asentó en su escrito de demanda), dictado en los autos del Procedimiento Especial de Divorcio Sin Causales 196/2021 del índice del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en la parte conducente que les niega la posibilidad de visitar y generar una convivencia con sus hermanos Marcela y José Luis, ambos de apellido Cámara Encalada. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; pues así lo manifestó al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen a continuación: Primeramente, dicho numeral, a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Del precepto en cita se advierte que la acción constitucional es improcedente cuando por virtud de cambio de situación jurídica en un procedimiento judicial, las violaciones reclamadas en éste deben considerarse irreparablemente consumadas, o fueron sustituidas procesalmente, por lo cual no puede decidirse al respecto sin afectar el nuevo status jurídico. Además, tratándose de la sustitución, se actualiza esa causal, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado; por ende, al quedar sustituido por el segundo acto reclamado el primero resulta improcedente. En el presente juicio, como quedó inicialmente asentado, el acto reclamado lo es el acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del Procedimiento Especial de Divorcio Sin Causales 196/2021 de su índice, en cuya parte conducente les niega la posibilidad de visitar y generar una convivencia con sus hermanos Marcela y José Luis, ambos de apellido Cámara Encalada. Es el caso, que de las constancias remitidas por la responsable, a las que se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte lo siguiente: Que el proveído de trece de junio de dos mil veintidós, la Jueza responsable acordó, que no accedía a la solicitud Carlos Fernando Cámara Patrón, en el sentido de que permitiera a sus hijos Carlos, Maritza y Miriam, todos de apellidos Cámara Jiménez, visitar a sus otros hijos José Luis y Marcela, ambos de apellidos Cámara Encalada, ya que no existía evidencia que los niños estuvieran inconformes con el tipo de relación que existía con sus hermanos mayores y mucho menos manifestaron el deseo de llevar una convivencia de manera física o presencial con éstos. Además de que la convivencia de los niños con sus otros hermanos, podía desarrollarse de manera virtual en los términos establecidos en el auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en los días y horas fijados. Mediante escrito de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, Marcela Encalada Rio, acudió ante el Juez Sexto de Oralidad Familiar responsable, a realizar diversas manifestaciones en relación a la conducta de Carlos, Maritza y Miriam, todos de apellidos Cámara Jiménez, por lo que solicitó se le fijaran medidas de protección. En atención a lo anterior, mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la Jueza responsable dictó las siguientes medidas de protección: "SE PROHÍBE a Maritza, Miriam y Carlos David, todos de apellidos Cámara Jiménez, intimidar, molestar, acosar o comunicarse, ya sea de forma directa o indirectamente, utilizando algún tipo de tecnología de la información y comunicación, redes sociales como el whatsapp, Facebook, etcétera, medios digitales o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, así como acercarse a Marcela y José Luis ambos de apellidos Cámara Encalada, ya sea en su entorno social, llámese domicilio, centro de trabajo, colegio o en cualquier otro lugar en donde éstos se encuentren. SE PROHÍBE a Maritza, Miriam y Carlos David, todos de apellidos Cámara Jiménez, amenazar o cometer personalmente o a través de otra persona, cualquier tipo de violencia llámese físico, psicológica, sexual o cualquier otra forma que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad o libertad de Marcela Encalada Río y de sus hijos Marcela y José ambos de apellidos Cámara Encalada. El AUXILIO POLICÍACO de reacción inmediata a favor de Marcela Encalada Río y de sus hijos Marcela y José Luis ambos de apellidos Cámara Encalada, con autorización expresa de ingreso de autoridades policíacas al domicilio donde se localicen o se encuentren en el momento de solicitarlo." Por lo anterior, resulta inconcuso, que el acto reclamado fue sustituido procesalmente por la determinación de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, que decretó las medidas de protección a favor de Marcela Encalada Río y de sus hijos Marcela y José Luis, ambos de apellidos Cámara Encalada; debido a que ésta determinación, sustituyó procesalmente la resolución impugnada, motivo por el que existe un cambio de situación jurídica. Esto es, se configura el cambio de situación jurídica, entre una presunción y su confirmación o actualización, porque como ya se estableció, la resolución de trece de junio de dos mil veintidós reclamada, fue sustituida procesalmente por la determinación de dieciocho de octubre pasado, de ahí que se determine que no es factible entrar a su estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199808, del rubro y texto siguiente: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio constitucional promovido por MIRIAM, MARITZA Y CARLOS DAVID CÁMARA JIMENEZ, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por MIRIAM, MARITZA Y CARLOS DAVID CÁMARA JIMENEZ, en contra del acto reclamado al Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta el día de hoy dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, fecha y hora en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecinueve minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, mismo que se puso a la vista con conocimiento de las partes, igualmente se da cuenta con el escrito de la parte quejosa recibido el día de ayer, registrado con el número de promoción 27836. Seguidamente, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial y por rendido en tiempo y forma el aludido informe justificado de la responsable, y por presentado el escrito de cuenta. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta al Juez con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda y en su escrito de cuenta, las cuales fueron adjuntados en dispositivo USB; así como con las documentales remitidas por la autoridad responsable junto con su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara CERRADO ESTE PERÍODO. Por otra parte, ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS, se da cuenta con los formulados por la parte quejosa en su escrito con números de registro 27836 y se hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: téngase por presentado los alegatos de la parte quejosa, los cuales podrán ser tomados en consideración al momento de resolver. Luego, el Juez declara CERRADO EL PERÍODO DE ALEGATOS. Seguidamente, no habiendo diligencias por desahogar, el Juez declara visto el expediente y se da por concluida la audiencia, por lo que se levanta la presente acta, la firman los que en ella intervinieron. EL JUEZ LA SECRETARIA

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido para la parte que pudo haber causado perjuicio, el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se DESECHÓ LA AMPLIACIÓN de la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió para dicha parte del veintitrés al treinta de noviembre de dos mil veintidós. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, tal como se ordenó en el citado auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, 1) copia certificada de la demanda de amparo de este juicio de amparo, 2) copia certificada del escrito de ampliación, 3) el medio electrónico (memoria usb) que adjuntó al mismo, a fin de que se proceda a su registro como una nueva demanda contra la autoridad responsable Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, respecto del nuevo acto reclamado. Y, hecho lo anterior, se sirva turnarla al Juzgado de Distrito que corresponda en términos de lo dispuesto en la Circular SECNO/31/2020, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

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