Carlos Chan y May
Expediente 346/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 346/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Chan y May
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se acuerda: de la lectura de la constancia levantada el trece de julio de dos mil dieciocho por una de las actuarias adscritas a este Juzgado, se advierte que no le fue posible notificar personalmente al tercero interesado *********, el acuerdo de doce de julio en curso, por las razones que expone en la misma. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto en el inciso a), de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, hágase al referido tercero la notificación del mencionado auto, y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó al quejoso Carlos Chan y May, a los terceros interesados Miguel Elías Ramírez Memery, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lista de estrados de cuatro de julio actual; mientras que al diverso tercero Ángel Alfredo Aguilar Espinosa por lista de estrados de cinco siguiente, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto siguiente (foja 68 reverso): "...que el Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente la resolución reclamada; y, con libertad de jurisdicción, emita otra, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, en la que se pronuncie respecto de los apuntados agravios, fundando y motivando su decisión respecto al alcance jurídico que merecen las pruebas, o en sentido contrario..." Inconforme con dicha sentencia el tercero interesado Miguel Elías Ramírez Memery interpuso recurso de revisión por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 90). Posteriormente, mediante ejecutoria de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la resolución recurrida. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la responsable remitió copia certificada de la resolución de veinte de junio de dos mil dieciocho, en la que dejó insubsistente la determinación reclamada y subsanando las omisiones que se le destacaron en la ejecutoria en análisis, con libertad de jurisdicción de nueva cuenta decretó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 670/24/2013. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que el ViceFiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, se encontraba obligado a dejar insubsistente la resolución reclamada, y dictar una nueva la cual podía ser en el mismo sentido que la anterior o en sentido contrario, subsanando las violaciones formales que se le señalaron. Lo que así realizó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, las copias certificadas de la averiguación previa 670/24/2013, que la responsable remitió con su informe justificado; en consecuencia, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
se notifica por medio de lista a la parte tercera interesada, de conformidad con los artículos 27 y 29 de la ley de amparo. Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó al quejoso ****, a los terceros interesados ****, por lista de estrados de cuatro de julio actual; mientras que al diverso tercero **** por lista de estrados de cinco siguiente, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto siguiente (foja 68 reverso): "...que el Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente la resolución reclamada; y, con libertad de jurisdicción, emita otra, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, en la que se pronuncie respecto de los apuntados agravios, fundando y motivando su decisión respecto al alcance jurídico que merecen las pruebas, o en sentido contrario..." Inconforme con dicha sentencia el tercero interesado **** interpuso recurso de revisión por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 90). Posteriormente, mediante ejecutoria de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la resolución recurrida. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la responsable remitió copia certificada de la resolución de veinte de junio de dos mil dieciocho, en la que dejó insubsistente la determinación reclamada y subsanando las omisiones que se le destacaron en la ejecutoria en análisis, con libertad de jurisdicción de nueva cuenta decretó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa ****. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que el ViceFiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, se encontraba obligado a dejar insubsistente la resolución reclamada, y dictar una nueva la cual podía ser en el mismo sentido que la anterior o en sentido contrario, subsanando las violaciones formales que se le señalaron. Lo que así realizó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, las copias certificadas de la averiguación previa 670/24/2013, que la responsable remitió con su informe justificado; en consecuencia, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO DE doce de julio de dos mil dieciocho. Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó al quejoso Carlos Chan y May, a los terceros interesados Miguel Elías Ramírez Memery, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lista de estrados de cuatro de julio actual; mientras que al diverso tercero Ángel Alfredo Aguilar Espinosa por lista de estrados de cinco siguiente, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto siguiente (foja 68 reverso): "...que el Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente la resolución reclamada; y, con libertad de jurisdicción, emita otra, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, en la que se pronuncie respecto de los apuntados agravios, fundando y motivando su decisión respecto al alcance jurídico que merecen las pruebas, o en sentido contrario..." Inconforme con dicha sentencia el tercero interesado Miguel Elías Ramírez Memery interpuso recurso de revisión por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 90). Posteriormente, mediante ejecutoria de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la resolución recurrida. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la responsable remitió copia certificada de la resolución de veinte de junio de dos mil dieciocho, en la que dejó insubsistente la determinación reclamada y subsanando las omisiones que se le destacaron en la ejecutoria en análisis, con libertad de jurisdicción de nueva cuenta decretó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 670/24/2013. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que el ViceFiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, se encontraba obligado a dejar insubsistente la resolución reclamada, y dictar una nueva la cual podía ser en el mismo sentido que la anterior o en sentido contrario, subsanando las violaciones formales que se le señalaron. Lo que así realizó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, las copias certificadas de la averiguación previa 670/24/2013, que la responsable remitió con su informe justificado; en consecuencia, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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