Carlos da Silva

Expediente 1513/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1513/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Carlos da Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio 15466, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual, transcribe el proveído de ocho de agosto del año que transcurre, del que se advierte que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1513/2023-II, con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito, quedando registrado bajo el número 931/2023-V, de su índice. Dado lo anterior y previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, se reserva el archivo del presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido, hasta en tanto causa estado el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del cual, remite copia certificada del acuerdo de doce de julio del dos mil veintitrés, en autos de la controversia laboral 362/2021 de su índice. Ahora, de las constancias que remite el oficiante, se advierte que no remite copia certificada de las constancias de las notificaciones del acuerdo de doce de julio del dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de Ley de amparo, se requiere al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por conducto de sus integrantes, a saber***********Para que en el término de tres días, que se contarán a partir de que reciban el oficio que contiene este proveído, remitan sin excusa, ni pretexto copia certificada de las constancias de notificación a las partes del doce de julio del dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio laboral de origen. Apercibimiento. De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior, dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente; es decir, se les impondrá de manera individual una medida de apremio consistente en una multa de........

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que de las constancias que integran el presente juicio, se colige la imposibilidad a efecto de notificar de manera personal al directo quejoso Carlos Da Silva, el proveído de fecha veintidós de julio del año que transcurre. Por lo anterior y vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido en auto de veintidós de julio de dos mil veintitrés, a la parte promovente de la demanda de amparo Cristhell Estefanía Ramón Priego, para que informara algún dato que pudiera coadyuvar a localizar al directo quejoso Carlos Da Silva, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de veintidós de julio de dos mil veintitrés y, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar dicho auto y los subsecuentes, de carácter personal, al directo quejoso Carlos Da Silva, por medio de lista fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Devolución de exhorto. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 400/2023 (orden 720/2023). Anótese su llegada en el libro respectivo y dese de baja. En ese sentido, de las razones actuariales y constancia de notificación realizadas el veintitrés de julio de dos mil veintitrés, por la fedataria adscrita Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se advierte lo siguiente: 1. Hizo entrega de los oficios dirigidos a las diversas autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2. Así también la imposibilidad que contó para notificar al directo quejoso Carlos Da Silva, dado que el peticionario de garantías no se encontraba en las instalaciones de la Estación Migratoria con sede Tijuana, Baja California. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora por cuanto hace al quejoso Carlos Da Silva, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto la promovente Cristhell Estefanía Ramón Priego, dé cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintidós de julio de dos mil veintitrés, o en su caso fenezca el término concedido en dicho auto. Por otro lado, con respecto al quejoso Marcos Henrique Pereira, se encontraba alojado en las instalaciones de la Estación Migratoria con sede Tijuana, Baja California, además, al momento de la diligencia ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Cristhell Estefanía Ramón Priego, se provee lo siguiente: Incompetencia respecto al quejoso Marcos Henrique Pereira. En razón de lo anterior, y de las constancias que obran en autos, se logra advertir que la ejecución del acto reclamado con respecto al directo quejoso Marcos Henrique Pereira, se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, pues de la documental mencionada en párrafos que preceden, se tiene que el directo quejoso en mención, estuvo en la Estación Migratoria de esa ciudad, el veintitrés de julio de dos mil veintitrés; y, por ende, al no tener ejecución material en esta entidad el acto reclamado, este órgano jurisdiccional es incompetente para conocer del mismo, como se expondrá enseguida. A fin de sustentar dicha afirmación resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: 1) La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; 2) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto; por tanto, una vez establecidas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede analizar a continuación la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Ahora, en el caso, el acto reclamado requiere de una ejecución material; por tanto, resulta preponderante citar que el directo quejoso Marcos Henrique Pereira fue detenido e ingresado a la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, el veintitrés de julio de dos mil veintitrés, lo que se encuentra acreditado con base en lo informado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California (foja 13), así como de la diligencia efectuada por la Actuaria adscrita al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, que advierte que el directo quejoso Marcos Henrique Pereira, se encontraba alojado en las instalaciones de la Estación Migratoria con sede Tijuana, Baja California, además, al momento de la diligencia ratificó (fojas 24 vuelta y 25) la demanda de amparo promovida a su favor por Cristhell Estefanía Ramón Priego, De lo anterior, se pude advertir que es en Tijuana, Baja California, donde se le sigue el procedimiento administrativo en contra del aquí quejoso, pues la autoridad responsable informó que el directo quejoso Marcos Henrique Pereira, se le autorizó el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas durante el término que dure el expediente de amparo y se emita su resolución y quede firme la misma el veintitrés de julio de dos mil veintitrés En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno únicamente respecto al quejoso Marcos Henrique Pereira. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto vía mensajería acelerada (ESTAFETA) al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, a fin de que conozca del presente asunto, dada la competencia que se le plantea, solicitándole atentamente informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, instrúyase a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite los permisos necesarios para dar acceso al expediente electrónico respectivo, a efecto de que las constancias que obran en el mismo puedan ser tomadas en consideración por el Juzgado de Distrito respectivo.

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