Carlos Correa Luna

Expediente 123/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
123/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Carlos Correa Luna

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO 123/2021-VIII-2 veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que no se interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito, el recurso de revisión previsto por el artículo 81 de la Ley de Amparo, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento, contra el proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; por lo que se declara que dicha auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. -TRANSPARENCIA Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    -INFORME JUSTIFICADO- Visto, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual rinde su informe justificado la siguiente autoridad responsable: Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por conducto de su Presidente. Por otra parte, conforme al numeral 119 de la citada ley, se tiene como prueba la constancia que anexa la citada autoridad consistente en: Copia certificada del acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral 814/2017, de su índice. Constancia a la que por ser documento público se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Ahora, antes de acordar lo conducente, es conveniente realizar un análisis integral de la demanda de amparo para precisar el acto reclamado por la parte quejosa, el cual en esencia es: La omisión de acordar los escritos recepcionados por la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, los días treinta de mayo de dos mil diecinueve y ocho de junio de dos mil veinte, en autos del juicio laboral 814/2017, de su índice. De lo anterior, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. En ese sentido, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud que de la constancia que anexó la responsable al oficio de cuenta, se advierte que el veintidós de febrero del año en curso, proveyó respecto de los escritos que recepcionó los días treinta de mayo de dos mil diecinueve y ocho de junio de dos mil veinte, en autos del juicio laboral 814/2017, de su índice. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (cinco de febrero de dos mil veintiuno), el referido acto reclamado existía, pero durante el transcurso del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la Tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." No pasa desapercibido que la autoridad responsable no allegó copia certificada de la constancia de notificación personal a la parte actora del auto de tres de noviembre del año en curso; sin embargo, al exhibirlo en esta instancia constitucional éste se hará del conocimiento a la parte quejosa; de ahí que dicha situación sea subsanable. Apoya por analogía tiene aplicación la tesis aislada publicada en la página 202, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época, con número de registro 206311, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. OFICIO DE REVOCACION NO NOTIFICADO. Si el oficio revocatorio del crédito fiscal impugnado, que en copia al carbón exhibe la responsable, se encuentra debidamente requisitado y fue emitido por la autoridad competente para ello, no existe razón alguna para no otorgarle valor probatorio respecto de la resolución que en él se contiene, así como tampoco para negarle el efecto de hacer cesar el acto reclamado, consistente en la determinación y cobro del impuesto combatido, que revoca, no obstante que no exista constancia o de que en efecto esa resolución no haya sido notificada previamente a la quejosa; pues al exhibirlo la responsable en el juicio y conocerlo la quejosa por habérsele dado vista con el informe justificado, se subsana la posible falta de notificación anterior." En razón de lo expuesto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, y al haberse actualizado para ésta última de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley; sin que sea obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    EN ESTA MISMA DATA, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE 26 DE FEBRERO DE 2021, A LA PARTE QUEJOSA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    MESA VIII.- Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovido por **********, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa como el juicio 123/2021- VIII-1, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110 y 112 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite a trámite en sus términos. Sin tramitarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que debe proveerse de manera oficiosa. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional que deberá tener lugar a las diez horas con ocho minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiuno.

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