Carlos Cazabal González
Expediente 47/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 17 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Carlos Cazabal González
Actuaciones
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO Por recibido el oficio signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, emitido en los autos del juicio de amparo 168/2021-VIII, al que anexa el escrito original de la demanda de amparo del juicio de amparo, promovida por ***; acúsese el recibo de estilo. AVOCAMIENTO Toda vez que de la determinación emitida el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del juicio de amparo 1628/2021-VIII, del índice de la autoridad oficiante, se advierte que ordenó la remisión de dicho sumario constitucional a este Juzgado de Distrito, por estimar se actualizaba el supuesto de conocimiento previo establecido en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En las relatadas condiciones se asume el conocimiento del asunto; fórmese expediente y regístrese con el número 47/2022-II, tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes; acúsese el recibo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes la presente determinación. Infórmese al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, que se recibió el oficio de cuenta a través del cual se remite el juicio de amparo juicio de amparo 168/2021-VIII, al que anexa el escrito original de la demanda de amparo promovida por Carlos Cabazal González, a fin de que el presente asunto se contabilice automáticamente como un ingreso de juicio de derechos humanos de este juzgado para los efectos del reparto proporcional, en el entendido que deberá expedir y remitir a este órgano jurisdiccional la papeleta conducente. DESECHAMIENTO Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De un análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso al Juez de Control del Centro de Justicia para Mujeres del Primer Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo es: Violación al derecho humano a la defensa técnica. Dicho acto, dice, fue celebrado en la audiencia intermedia de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en los autos de la causa penal número 440/2021, que se sigue por el violencia familiar equiparada y violación. Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." De una interpretación integral y en sentido contrario de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. Los numerales anteriormente reproducidos ponen de manifiesto que cuando se impugnen actos dentro de un juicio será procedente el amparo indirecto siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación, siendo que en el concepto de irreparabilidad deben atenderse los siguientes lineamientos: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate; y, b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, a los que de acuerdo a la reforma constitucional de junio de dos mil once, se deben incluir aquellos contenidos en tratados internacionales en los que México sea parte, pero en ningún caso cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal -sea cual sea- debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Es ilustrativo al caso, la Jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, página 11, con número de registro electrónico 205651, de rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese sentido, los derechos sustantivos protegidos por la constitución o por los pactos internacionales suscritos por México, que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento; de esta manera, por ejemplo, se tiene el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas, éstas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitan los derechos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismos cuyo goce tiene el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse, aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se privó al gobernado. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados la sentencia definitiva que se dictara a su favor podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170 a 174 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que, por ejemplo, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son supuestos de actos que violan derechos procesales o adjetivos, en los que si se dictara una sentencia favorable al afectado dichas violaciones procesales quedarían reparadas porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado no constituye actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues como se adelantó con antelación, la quejosa señaló como acto reclamado la violación a la defensa técnica, ello porque dice, únicamente tuvo contacto dos veces con su defensora pública y tuvo que designar nuevos defensores privados, ante la defensa nula que tuvo. Así pues, tal acto reclamado no puede ser considerados como acto que dentro del juicio tengan una ejecución de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata afectación a algún derecho fundamental, pues a través del mismo no se justifica la infracción de derechos sustantivos, sino que únicamente produce efectos formales o intraprocesales, que no causan una violación predominante o de grado superior, pues pueden ser retrotraídos, si al dictarse la sentencia en el juicio oral, la misma es favorable a los intereses del quejoso, en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se hubieren causado con ese fallo, o bien, puede acudir al juicio de amparo directo en que se señale la sentencia definitiva como acto reclamado. Por consiguiente, el acto que se reclama, en el momento en que se produce, no afecta de manera irremediable algún derecho fundamental del agraviado, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que ello pudiera ocurrir hasta el momento de llevarse a cabo el juicio oral en la medida en que la prueba desahogada anticipadamente influya o sea tomada en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual es necesario esperar hasta la resolución definitiva que dicte la autoridad del conocimiento (Tribunal de enjuiciamiento) para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo, tal y como lo establecen los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Precisión de criterios jurisprudenciales. Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12, de la Ley d Amparo, a las personas que indica, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO Se tienen por señalados los números de teléfono y correo electrónico que se indica, para los efectos legales conducentes. En otro contexto, de conformidad con el artículo 2°, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020, requiérase a las partes (quejoso, tercero interesado y autoridades responsables) a efecto de que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que así se estime necesario. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. 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