Carlos Camarillo Flores
Expediente 39/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 07/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Carlos Camarillo Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Acuérdese lo que en derecho corresponda en la pieza incidental que deriva de este juicio. En atención a lo anterior, de autos se advierte que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción I del Acuerdo General antes citado, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, el expediente relativo es susceptible de destrucción una vez que trancurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. Por último tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, hágase la devolución de los DVD´S exhibidos por la Jueza Penal de Control adscrita al Segundo Circuito Judicial con sede en Apan, Hidalgo, sin que sea necesario que acuse de recibo. Notifíquese
- Incidental
Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que en acuerdo de esta fecha, emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, se ordenó su archivo definitivo del mismo; en consecuencia, la incidencia ha dejado de tener vida jurídica en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo. Por tanto, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción III del Acuerdo General antes citado, toda vez que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa, el original de esta incidencia es susceptible de destrucción una vez que trancurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. De igual manera, se establece que el duplicado es es susceptible de destrucción una vez que cumpla SEIS MESES de archivo como asunto concluido, al ubicarse en el supuesto contemplado en la fracción II, inciso a) del artículo 19 del referido Acuerdo, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. En ambos supuestos, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Por último tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el oficio firmado por la Jueza Penal de Control adscrita al Segundo Circuito Judicial, residente en Apan, Hidalgo. En su atención, se le tiene a la autoridad responsable informando que el uno de marzo del año en curso, el aquí quejoso Carlos Camarillo Flores, compareció voluntariamente, llevándose a cabo la audiencia inicial donde se le formuló imputación por el delito electoral en su modalidad de violencia política contra las mujeres en razón de género y en virtud que solicitó se resolviera su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, se señalaron las 08:30 horas del seis de marzo del año en curso, para la continuación de la audiencia inicial, en la que se dictó auto de vinculación a proceso por el referido delito. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la responsable el disco DVD, mismo que se admite dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. En virtud que el contenido del disco óptico de almacenamiento de datos que anexa, adquiere la naturaleza jurídica de prueba documental pública, se tiene por desahogado sin necesidad de una audiencia especial. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En consecuencia, se procede a proveer lo conducente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De lo antes expuesto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Previo a estudiar dicha causal, se acota que los actos reclamados consisten en: Orden de citación, presentación, comparecencia, detención y/o aprehensión. En relación a dichos actos reclamados, las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes negaron la existencia de los actos reclamados, como se advierte del cuadro que se ilustra: Sin embargo, la responsable Jueza Penal de Control del Segundo Circuito Judicial, residente en Apan, Hidalgo, hizo del conocimiento que en la causa penal 145/2022, se otorgó el diez de enero de dos mil veintitrés al Ministerio Público ORDEN DE COMPARECENCIA en contra de Carlos Camarillo Flores, por el hecho que la ley califica como delito electoral en su modalidad de violencia política contra las mujeres en razón de género. De ahí que sí existe el acto reclamado. Expuesto lo anterior, se procede a estudiar la indicada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; De acuerdo con el texto de dicho precepto, se puede afirmar que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Es decir, que ese cambio de situación jurídica opera cuando una resolución posterior al inicio del juicio de amparo crea nuevas circunstancias procesales, autónomas al acto reclamado. En este contexto, en virtud que el diez de enero de dos mil veintitrés, se dictó orden de comparecencia en contra del impetrante de mérito, por el hecho que la ley califica como delito electoral, sin embargo, el uno del presente mes de marzo compareció voluntariamente, llevándose a cabo la audiencia inicial donde se le formuló imputación por el mencionado delito, señalándose las 08:30 horas del seis de marzo del año en curso, para la continuación de la audiencia inicial, en la que se dictó auto de vinculación a proceso por el referido delito. Lo anterior, permite concluir que se actualiza un cambio de situación jurídica, porque con posterioridad se crearon nuevas circunstancias procesales, pues en la continuidad de la audiencia inicial de seis de marzo de la presente anualidad, se le decretó auto de vinculación a proceso por el referido delito. De esta manera, se pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, puesto que a la fecha se ha constituido una situación jurídica que definitivamente destruye aquella que dio origen al presente juicio de amparo, pues la finalidad para la cual la parte quejosa promovió la demanda de derechos se encuentra totalmente satisfecha, ya que el acto reclamado dejó de surtir sus efectos; por tanto, lo precedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de derechos, con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de la Materia. Apoya esta consideración, la Jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. En tales condiciones, al actualizarse las causas de sobreseimiento antes citadas, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En razón de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO ACUERDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el oficio firmado por la Jueza Penal de Control adscrita al Segundo Circuito Judicial, residente en Apan, Hidalgo. En su atención, se le tiene a la autoridad responsable informando que el uno de marzo del año en curso, el aquí quejoso Carlos Camarillo Flores, compareció voluntariamente, llevándose a cabo la audiencia inicial donde se le formuló imputación por el delito electoral en su modalidad de violencia política contra las mujeres en razón de género y en virtud que solicitó se resolviera su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, se señalaron las 08:30 horas del seis de marzo del año en curso, para la continuación de la audiencia inicial, en la que se dictó auto de vinculación a proceso por el referido delito. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la responsable el disco DVD, mismo que se admite dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. En virtud que el contenido del disco óptico de almacenamiento de datos que anexa, adquiere la naturaleza jurídica de prueba documental pública, se tiene por desahogado sin necesidad de una audiencia especial. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En consecuencia, se procede a proveer lo conducente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De lo antes expuesto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Previo a estudiar dicha causal, se acota que los actos reclamados consisten en: Orden de citación, presentación, comparecencia, detención y/o aprehensión. En relación a dichos actos reclamados, las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes negaron la existencia de los actos reclamados, como se advierte del cuadro que se ilustra: Sin embargo, la responsable Jueza Penal de Control del Segundo Circuito Judicial, residente en Apan, Hidalgo, hizo del conocimiento que en la causa penal 145/2022, se otorgó el diez de enero de dos mil veintitrés al Ministerio Público ORDEN DE COMPARECENCIA en contra de Carlos Camarillo Flores, por el hecho que la ley califica como delito electoral en su modalidad de violencia política contra las mujeres en razón de género. De ahí que sí existe el acto reclamado. Expuesto lo anterior, se procede a estudiar la indicada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; De acuerdo con el texto de dicho precepto, se puede afirmar que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Es decir, que ese cambio de situación jurídica opera cuando una resolución posterior al inicio del juicio de amparo crea nuevas circunstancias procesales, autónomas al acto reclamado. En este contexto, en virtud que el diez de enero de dos mil veintitrés, se dictó orden de comparecencia en contra del impetrante de mérito, por el hecho que la ley califica como delito electoral, sin embargo, el uno del presente mes de marzo compareció voluntariamente, llevándose a cabo la audiencia inicial donde se le formuló imputación por el mencionado delito, señalándose las 08:30 horas del seis de marzo del año en curso, para la continuación de la audiencia inicial, en la que se dictó auto de vinculación a proceso por el referido delito. Lo anterior, permite concluir que se actualiza un cambio de situación jurídica, porque con posterioridad se crearon nuevas circunstancias procesales, pues en la continuidad de la audiencia inicial de seis de marzo de la presente anualidad, se le decretó auto de vinculación a proceso por el referido delito. De esta manera, se pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, puesto que a la fecha se ha constituido una situación jurídica que definitivamente destruye aquella que dio origen al presente juicio de amparo, pues la finalidad para la cual la parte quejosa promovió la demanda de derechos se encuentra totalmente satisfecha, ya que el acto reclamado dejó de surtir sus efectos; por tanto, lo precedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de derechos, con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de la Materia. Apoya esta consideración, la Jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. En tales condiciones, al actualizarse las causas de sobreseimiento antes citadas, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En razón de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente
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