Carlos Castillo Franco
Expediente 254/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 29 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 16/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ernesto Castillo Franco
- Carlos Castillo Franco
- CARLOS CASTILLO FRANCO y Otros.
- ERNESTO CASTILLO FRANCO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el expediente principal, diecinueve anexos y el testimonio de ejecutoria dictado en autos del recurso de revisión 435/2018 relativo al juicio de amparo 254/2018-ll, a través del cual la Superioridad concluyó con los puntos resolutivos que son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee el juicio de amparo indirecto 254/2018, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Morelos." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes y el original del cuaderno incidental, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I y la Juez Cuarto en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del Il al XVIII; en esas condiciones, devuélvanse a las autoridades responsables los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en caso de que las autoridades responsables, se encuentren gozando del periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanuden labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.AEC
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... SE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN...
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Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por Florentino Díaz Castillo, autorizado de los quejosos ERNESTO CASTILLO FRANCO Y CARLOS CASTILLO FRANCO, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta de octubre de dos mil dieciocho; téngase a los quejosos haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de los recurrentes. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la resolución de treinta de octubre de dos mil dieciocho, a las partes terceras interesadas por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a los terceros interesados, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. sentencia... ..."Guanajuato, Guanajuato, a treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 254/2018-II del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 363/2018-l del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Ernesto y Carlos, ambos de apellidos Castillo Franco, por propio derecho, en contra del acto de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, residente en Cuernavaca y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 3 a 31), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Ernesto y Carlos, ambos de apellidos Castillo Franco, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de las autoridades que a continuación se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO.- La sentencia de fecha 15 de diciembre del 2017 la cual fue dictada dentro de los autos dictados de los Tocas Civiles 1067/17-15-5 Y 1068/17-9-5, formados con motivo del recurso de queja interpuesto tanto por el suscrito, como por diverso quejoso CARLOS CASTILLO FRANCO, en contra del acuerdo dictado por la Juez Inferior responsable con fecha 27 de octubre del año 2017 y la diligencia de fecha 21 de noviembre del año 2017, en donde arbitrariamente dan cumplimiento en ejecución forzosa de sentencia los autos del expediente 581/2005-1, de la primera secretaría, derivado del juicio reivindicatorio, resolución que hoy se combate a pesar de que ya se había dado cumplimiento a la sentencia de mérito, lo que ocasionó un despojo de más superficie de la que habíamos sido condenados a entregar, y como consecuencia vulnera derechos humanos, procesales y reales, transgrediendo los principios rectores del derecho como lo son el debido proceso, garantía de audiencia, certeza y legalidad jurídica que debe prevalecer en el juicio principal, toda vez que el acto del cual me duele se traduce en una resolución incongruente esto en razón a que la responsable es omisa a entrar al estudio y análisis del recurso de queja hecho valer por el ahora quejoso en el recurso de queja donde emana el acto reclamado, sin que dicha resolución se encuentre plenamente fundada y motivada, toda vez que la responsable debe observar que todo gobernado gozará de los principios que se rigen en todo procedimiento como lo es el derecho a la impartición de justicia, el principio de dirección de proceso, orden público de la ley procesal, los cuales en todo momento fueron desestimados por las responsables, esto en razón a que pasan por alto que de manera notoria al aquí impetrante de garantías se le vulneran de manera notoria su derecho real sobre una propiedad totalmente ajena a la Litis principal." "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- AUTORIDAD ORDENADORA. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA AUXILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN EL UBICADO EN CALLE FRANCISCO LEYVA, NÚMERO 7, COLONIA CENTRO, CUERNAVACA, MORELOS. AUTORIDAD EJECUTORA C. JUEZ CUARTO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. ACTUARIA ADSCRITA A LA PRIMERA SECRETARÍA DEL MISMO JUZGADO CUARTO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS." Acto que consideraron violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, el cual en auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la registró con el número 254/2018-II; previno a los quejosos para que precisaran qué actos reclamaban a la Jueza y Actuaria adscritas al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y exhibieran copias del escrito inicial de demanda y aclaratorio, suficientes para emplazar a las partes (fojas 32 y 33). Una vez cumplida la prevención, mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la admitió a trámite (fojas 62 a 66); solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional; reconoció el carácter de terceros interesados a María Dolores Ángeles Ocampo, Humberto Cástulo Castillo Pombo; José Héctor, María Concepción, Carlos, Jesús y Estela todos de apellidos Castillo Franco; y las Sucesiones a bienes de Juana Pombo viuda de Castillo, Edgar Elwes Castillo, Rozana Elwes Castillo, Ana María Franco Gutiérrez y Luz Elia Castillo Franco, por conducto de sus albaceas y/o representantes legales, ordenó y logró emplazarlos (fojas 73 a 108). Finalmente, a las once horas con quince minutos del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que obra a foja 122 del juicio de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. Por auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 123), el juez federal auxiliado ordenó la remisión del expediente del juicio de amparo 254/2018-II de su índice, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en cumplimiento a la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en el dictado de sentencias de juicios de amparo indirecto; así, este juzgado federal se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número auxiliar 363/2018-I; por tanto, al haber iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la tesis de jurisprudencia 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama un acto con ejecución en Cuernavaca, Morelos, lugar donde ejerce jurisdicción el juzgado auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado, lo constituye: ? La resolución de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 1067/17-15-5 y su acumulado1068/17-9-5, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Ernesto y Carlos, ambos de apellidos Castillo Franco, en contra de la resolución interlocutoria de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Acto reclamado de las siguientes autoridades responsables: ? Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia. ? Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial. ? Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial. Todos del Estado de Morelos, residentes en Cuernavaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El magistrado presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, jueza y actuaria adscritas al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, residentes en Cuernavaca (fojas 109, 112, 115 y 116) al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En adición a lo anterior, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que las autoridades responsables acompañaron a sus informes justificados, consistentes en copias certificadas del toca civil 1067/2017-2017-15-5 y su acumulado 1068/2017-2017-15-5, así como las relativas al juicio ordinario civil 581/2005, con las que se formaron diecinueve tomos de pruebas; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo principal fue presentada oportunamente. Es así, pues de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días para presentar la demanda se cuenta desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 fracciones II y III, del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, dispone que la notificación que se ordene por medio de lista y se publique en boletín judicial, surtirá efectos a las doce horas del día siguiente al de su publicación; asimismo, así como el diverso 142 de la citada legislación, refiere que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación personal o a través de la lista o del Boletín Judicial. Entonces, si a los quejosos se les notificó la resolución reclamada por boletín judicial número 7078, el dos de febrero de dos mil dieciocho (foja 89, vuelta del tomo de pruebas I), ésta surtió efectos el seis siguiente (considerando que los días tres, cuatro y cinco de ese mes y año fueron inhábiles), por lo que el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para la interposición del juicio de garantías, de conformidad con la ley que rige el acto reclamado, comenzó a correr el siete y feneció el veintisiete del mismo mes y año, descontando los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco, por haber sido sábados y domingos. De ahí que, si la demanda respectiva se presentó el catorce de febrero de dos mil dieciocho, como se advierte de la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos (foja 1), se advierte que su presentación se efectuó dentro del término de quince días aludido. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Por escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil cinco, ante la oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Cuernavaca, Morelos, María Dolores Ángeles Ocampo, Juana Pombo Viuda de Castillo, Edgar y Roxana, ambos de apellidos Elwes Castillo, promovieron demanda en la vía ordinaria civil, en contra de Humberto, Armando, Luz Elvia, Jorge Arturo, Ernesto, Estela, José Héctor, María Concepción, Carlos, Oscar y Jesús, todos de apellidos Castillo Franco, en que reclamaron la reivindicación del inmueble ubicado en la calle Francisco Leyva número 74, actualmente 603, colonia Centro de esa ciudad, con una superficie de 10622.00 (diez mil seiscientos veintidós metros cuadrados), inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 123, fojas 140/142, libro 10, sección cuarta, de uno de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco (fojas 2 a 6 del tomo II de pruebas). 2. Por razón de turno, le tocó conocer del asunto al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, residente en Cuernavaca, el cual por auto de veintisiete de octubre de dos mil cinco, la registró con el número 581/2005, y admitió a trámite la demanda; asimismo, ordenó emplazar a los demandados (foja 65, ibídem). 3. Una vez substanciado el juicio, mediante sentencia de veintisiete de marzo de dos mil doce, se declaró improcedente la acción ejercitada por María Dolores Ángeles Ocampo, Juana Pombo viuda de Castillo, Edgar y Roxana de apellidos Elwes Castillo, en contra de Humberto, Armando, Jorge, Arturo, Ernesto, Estela, María Concepción, Carlos, Oscar, José Héctor y Jesús, todos de apellidos Castillo Franco, así como la sucesión a bienes de Luz Elvia Castillo Franco (fojas 126 a 166 del tomo XVII bis de pruebas). 4. Inconformes con la resolución citada, Víctor Manuel Román Segura, abogado de la parte actora, interpuso recurso de apelación (foja 172 del tomo XVIII Bis), del que conoció la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y lo registró bajo el toca 683/2012-5, y el diecisiete de septiembre de dos mil doce, dictó sentencia en la que revocó la sentencia recurrida, lo que a la letra hizo: ".PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia materia de alzada, debiendo quedar en los siguientes términos - - - "PRIMERO.- Este Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, es competente para resolver en definitiva el presente asunto y la vía elegida es la correcta. SEGUNDO.- Los actores MARÍA DOLORES ÁNGELES OCAMPO, JUANA POMBO VIUDA DE CASTILLO (ACTUALMENTE SU SUCESIÓN) EDGAR ELWES CASTILLO Y ROXANA ADRIANA ELWES CASTILLO acreditaron la acción reivindicatoria que hizo valer en contra del demandado AURELIANO ROSALES RAMÍREZ, quien no probó sus defensas y excepciones, consecuentemente; TERCERO.- Se declara que los ciudadanos MARÍA DOLORES ÁNGELES OCAMPO, JUANA POMBO VIUDA DE CASTILLO (ACTUALMENTE SU SUCESIÓN), EDGAR ELWES CASTILLO Y ROXANA ADRIANA ELWES CASTILLO, asimismo la señora MARÍA LUISA JUANA CASTILLO CARNALLA son legítimos y únicos propietarios del bien inmueble ubicado en Francisco Leyva número 74, actualmente 603 de la colonia Centro de esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos, con una superficie total de 10622.00 metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias son Al norte, en trece tramos de 708 ML, 9.72 ML, 14.50 ML, 7.61 ML, 6.40 ML, COLINDA CON PROPIEDADES PARTICULARES, A 90° EN 0.90 EN 0.90 ML Y A 270° 21.00 ML 10.00 ML, COLINDAN CON ÁREA DE AFECTACIÓN, 19.80 ML, 3.83, 63.64 ML COLINDA CON CALLE ACTUALMENTE FRNCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y EN 27.75 ML COLINDA CON TANQUE DE AGUA, AL NORESTE EN DOS TRAMOS DE 25.00 ML COLINDA CON TANQUE DE AGUA Y 52.11 ML COLINDA CON CALLE HUMBOLDT, AL SUR EN SIETE TRAMOS DE 52.08 ML, A 270° EN 2.13 ML Y A 90° EN 54.01 ML, 30.50 ML, 24.59 ML, 21.79 ML, 4.55 ML Y 14.86 ML COLINDANDO CON PROPIEDADES PARTICULARES, AL PONIENTE EN CUATRO TRAMOS DE 20.55 ML, 31.90 ML, 5.80 ML Y 10.75 ML, COLINDA CON PROPIEDADES PARTICULARES, predio identificado con clave catastral 1100-04-014-012, consecuentemente; CUARTO.- Se condena a los demandados HUMBERTO, ARMANDO, LUZ EVIA (ACTUALMENTE SU SUCESIÓN) JORGE ARTURO, ERNESTO, ESTELA, JOSÉ HÉCTOR, MA. O MARÍA CONCEPCIÓN, CARLOS, OSCTA Y JESÚS TODOS DE APELLIDOS CASTILLO FRANCO AURELIANO ROSALES RAMÍREZ a desocupar y hacer entrega física, real, material y jurídica de la fracción de terreno consistente en 628.00 metros cuadrados que forma parte del bien inmueble antes descrito, con todos sus frutos y accesorios, concediéndole a los demandados un plazo de diez días a partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución para realizar dicha entrega apercibidos que en caso de negativa, se procederá conforme a las reglas de la ejecución forzosa. QUINTO.- Se absuelve al demandado de la prestación reclamada en el inciso c), de su escrito inicial de demanda, referente al pago de daños y perjuicios. SEXTO.- En virtud de que la presente resolución le es adversa a la parte demandada, se les condena al pago de gastos y costas originados en la presente instancia, por las razones expuestas en el considerando XIII de la presente resolución." 5. En contra de la resolución anterior, Humberto Armando, Jorge Arturo y/o Arturo Jorge, Ernesto, Estela, María Concepción, Carlos, Oscar y Jesús, de apellidos Castillo Franco, así como de la tercero llamada a juicio, sucesión a bienes de Ana María Franco Gutiérrez, y José Héctor Castillo Franco, presentaron demanda de amparo directo, de la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, residente en Cuernavaca, registrándolas bajo los números 792/2012 y 841/2012, respectivamente, donde en ambos juicios negó a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal (foja 320 del tomo XVIII bis), en los términos siguientes: Juicio de amparo directo 792/2012: ".ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Humberto Castillo Franco, por su propio derecho, y en su carácter de representante común de Humberto, Armando, Jorge Arturo y/o Arturo Jorge, Ernesto, Estela, María Concepción, Carlos, Oscar y Jesús, todos de apellidos Castillo Franco, así como de la tercero llamada a juicio, sucesión a bienes de Ana María Franco Gutiérrez, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Juicio de amparo directo 841/2012 (foja 397 ibídem): ". ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a José Héctor Castillo Franco, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." 6. En proveído de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia, la que se llevó a cabo el seis de septiembre siguiente (foja 578 a 587 ibídem); auto y diligencia que fueron recurridos mediante el recurso de queja interpuesto por Armando Castillo Franco, del que conoció la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, bajo el toca 863/2016-10, quien en resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, confirmó el proveído y la diligencia recurridos (fojas 642 a 656 ídem); resolución que fue combatida mediante el juicio de amparo 2039/2016 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el que se sobreseyó el veintisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 42 a 44 del tomo IX de pruebas), confirmada el trece de noviembre de la misma anualidad en el amparo en revisión civil 166/2017 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, residente en Cuernavaca (foja 58 del tomo IX de pruebas). 7. En auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se requirió de nueva cuenta a la parte demandada, para que procediera a desocupar y hacer entrega física, real, material y jurídica del total del inmueble materia del reclamo, autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de chapas (fojas 18 del tomo XI de pruebas); desocupación y entrega que se llevó a cabo el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 36 a 51 del tomo XI de pruebas). 8. La citada diligencia fue combatida por Jorge Arturo Castillo López a través del juicio de amparo 2018/2017 del índice de Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, resuelto por el suscrito juzgador en el cuaderno auxiliar 279/2018, donde se sobreseyó en el juicio, lo cual es un hecho notorio. 9. Mientras que el auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete y diligencia de veintiuno de noviembre de esa anualidad, fueron combatidas mediante recursos de queja interpuestos por Ernesto Castillo Franco y Carlos Castillo Franco, para lo cual se formaron los tocas 1067/2017-15-5 y su acumulado 1068/2017-17-9, que se resolvieron en sentencia de quince de diciembre de dos mil diecisiete, determinando desechar tales medios de defensa. Esta última determinación constituye el acto reclamado. SEXTO. Análisis del fondo del asunto. Los conceptos de violación son en parte inoperantes y en otra infundados. Ahora bien, la parte quejosa expresó como conceptos de violación los que se advierten de su demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, como si se insertaran a la letra, sin que sea necesario transcribirlos pues no hay precepto alguno que así lo establezca. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte quejosa es clara en manifestar que reclama la resolución de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 1067/17-15-5 y su acumulado 1068/17-9-5, formado con motivo de los recursos de queja interpuestos por Ernesto y Carlos, ambos de apellidos Castillo Franco, en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete y la diligencia que la cumplimentó el veintiuno de noviembre del mismo año, relativo al juicio ordinario civil 581/2005-1, aduciendo que dicha resolución es violatoria de sus derechos, con base en los siguientes argumentos: a) Que la responsable aplicó inexactamente el artículo 537 del Código Procesal Civil, toda vez que no entró al estudio de los agravios expuestos por los quejosos. b) Que se introdujeron nuevos elementos como son los planos con los que no se les dio vista. c) Se vulnera la garantía de legalidad, toda vez que en la resolución el tribunal responsable no específica en qué se hace consistir la falta de razonamiento lógico-jurídico, para determinar el desechamiento del medio de impugnación hecho valer d) Se viola el principio de igualdad procesal toda vez que refiere que con la resolución reclamada se beneficia a la parte actora. e) La resolución reclamada es contraria a lo establecido en el artículo 663 del Código Procesal Civil, toda vez que el juez responsable, previamente a realizar la diligencia de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, no se cercioró de la identidad del inmueble reivindicado, porque la sentencia se ejecutó en un inmueble ajeno a la litis, esto es, se entregó el inmueble identificado como número 44 y no el 74. f) Se vulnera lo establecido en el artículo 689 del Código Procesal Civil, porque hubo un exceso en la ejecución de la sentencia, puesto que se hizo entrega de una superficie superior a la que corresponde la condena en la sentencia definitiva. g) Lo determinado en el auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, viola el debido proceso. h) Que la resolución no está fundada y motivada. Los motivos de disenso antes sintetizados los formula en los primeros seis conceptos de violación, mientras que en los señalados del punto siete al diez, son una mera transcripción de sus agravios formulados en el recurso del toca civil 1067/2017-15-5 y su acumulado 1068/2017-9-5, los cuales dieron origen al acto que ahora reclaman. Como se adelantó, los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos en su demanda son por una parte inoperantes y por otra infundados, por las consideraciones siguientes: Conceptos de violación inoperantes Son inoperantes los conceptos de violación contenidos en los incisos b), c), d), e) y g) antes expuestos, así como los señalados como "séptimo, octavo, noveno y décimo", en su demanda de amparo, ello con base en los siguientes argumentos. Para evidenciar la inoperancia de los conceptos de violación precisados, resulta necesario señalar que los peticionarios del amparo expresaron como agravios en su recurso de queja los siguientes: ".1.- Violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica, de debido proceso y de congruencia en la ejecución de la sentencia definitiva. El artículo 689 en su fracción IV del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Morelos, establece la obligación del Juez natural de cuidar meticulosamente que al momento de ejecutarse una sentencia o se traspasen los límites de la resolución, es decir, que la misma debió de establecer cuáles son los montos y en su caso la superficie a ejecutar, y que en el caso en particular lo es que la propia sentencia debió de establecer las medidas y colindancias sobre las cuales se encontraba el predio a reivindicar, ello es así, por que como fue mencionado en los escritos de contestación de demandas, nos encontrábamos en un predio distinto al que reclamaban los actores, además de que nuestra dirección lo es Calle Francisco González Bocanegra número 44 de la Colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, y no Leyva 603 como dolosamente lo argumentaron los actores. Luego entonces, si bien es cierto que los suscritos a pesar de que no existió igualdad del predio, fuimos condenados a reivindicar la propiedad, en autos ni en sentencia constaba la fracción a reivindicar, pues no basta con el puro señalamiento de la actora al momento de la diligencia para que se tenga por cierto que dicho predio o fracción es la correcta a reivindicar, sino que la propia Juez, debió de haberse puesto a realizar el estudio de los autos para poder determinar cuál es la fracción a reivindicar, pues es claro que los suscritos nos encontrábamos en posesión de todo el predio y no solo de los 252 metros que nos condenaron a reivindicar y no los 628 metros como lo fue expresado por la Juez responsable en su acuerdo de 27 de octubre del año 2017. Así pues, como podrá desprenderse, existe una clara violación a la fracción IV del artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Morelos, pues extralimitándose en el contenido de la sentencia definitiva, y a pesar de que en diligencia de 6 de septiembre del año próximo pasado, ya había sido ejecutada la sentencia definitiva, poniendo a los actores en la posesión real material y jurídica de lo que en su momento fue reclamado en su escrito inicial de demanda, decide por acuerdo de 27 de octubre del año en curso, sin previo estudio de las sentencias y constancias que obran en autos, decretar el despojo de mucho más superficie de la que nos encontrábamos, en primer lugar, en auto de fecha 27 de octubre del año 2017 causa un grave agravio, ya que sin observar las garantías propias de legalidad y seguridad jurídica, derecho de posesión y propiedad, que rigen el procedimiento civil, viola flagrantemente las mismas, pasando por alto lo que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia había determinado dentro del Toca Civil 1358/13-8, en el cual se establecieron los lineamientos bajo los cuales la Juez Inferior, debió de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, lo cual ordenó realizar el pasado 06 de septiembre del año 2016, en el cual la fedataria pública, persona que cuenta con fe pública, hizo constar y así fue que puso en posesión física real y jurídica de un inmueble de 252 metros cuadrados, mismo que desde luego es totalmente distinto al predio bajo los cuales desalojó indebidamente en su diligencia de 21 de noviembre del año en curso, pues no obra en autos que el predio a reivindicar estuviera o por lo menos en la sentencia definitiva no consta que hubiera fracciones de inmuebles a reivindicar como dolosamente lo menciona la Juez inferior en su acuerdo de 27 de octubre del año en curso, luego entonces, existe una clara violación a la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, debido a que se extralimitó despojándonos de mas propiedad de la condenada, lo cual desde luego deberá esa sala de tomar en consideración nuestro legítimo derecho de posesión que tenemos, pues para que pudieran haber ejercido o ejecutado sobre mas propiedad, debieron de haberlo hecho mediante juicio diverso, más no en el presente asunto, pues lo único que tenía que hacer la Juez es estudiar los autos y basarse en escritos ventajosos que lograron evidenciar la poca capacidad de la inferior para proveer sobre los caprichos de las partes, debiendo en consecuencia de restituirnos del goce de nuestros derechos violentados en diligencia de 21 de noviembre del año en curso, debiendo de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha diligencia e inclusive del acuerdo de 27 de octubre también del año en curso, pues la sentencia ya había sido ejecutada sin que existieran fracciones de propiedades como lo menciona tanto la actora como la propia inferior. 2.- Violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, de debido proceso. Por imperativo constitucional, las sentencias en materia civil, lato sensu, deben dictarse conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, razón por la que resulta claro que primero debe acudirse a la literalidad del texto normativo, cuando es completamente claro y no dé lugar a confusiones, sin que sea necesario realizar una labor hermenéutica compleja, dado que el sentido del texto es suficiente para considerar la actualización del supuesto jurídico en él contenido y de sus consecuencias de derecho; en estos son los alcances de la garantía de legalidad contenida en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, considera imperativo que se respete la literalidad de la sentencia, es decir, que la misma se cumpla en sus términos y condiciones a efecto de que no de lugar a cumplir caprichos y como consecuencia no extralimitarse en su cumplimiento, pues el encargado de la administración de justicia deberá de cuidar que no se vulneren derechos de las partes al momento de ejecutarse, pues sí existió un error por parte del ejecutante que viene incluso desde el escrito inicial de demanda, deberá de cumplimentarse tal cual, pues no puede darse más de lo que pidió, lo que implica por parte de las autoridades que den seguridad jurídica a los gobernados en todos y cada uno de los actos procesales que emitan, pues para ello fueron estudiados y capacitados. Por otra parte, la garantía de debido proceso legal consagrada en el artículo 14 constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse cabo ante autoridad competente, cumpliendo con ".las formalidades esenciales del procedimiento." lo que implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata. Como podrá advertirse, la Juez al emitir su acuerdo de 27 de octubre del año en curso, lo emite sin tener la más mínima conciencia del asunto de que se trata, pues a pesar de que el juicio únicamente se trató sobre la reivindicación de una fracción de 252 metros cuadrados de un predio de más de diez mil metros, y a pesar de que ya había sido materia de análisis por parte del Tribunal Colegiado lo referente a la determinación de los 252 metros cuadrados que reclamaron en el escrito inicial de demanda, determina por voluntad propia en complicidad de su Sex623 (sic) metros cuadrados, y más aún, a pesar de que de constancias procesales no existía evidencia alguna de fracciones al interior del inmueble, determina y le compra la idea a los actores de que la superficie está dividida en fracciones (cosa que nunca se hizo valer en el juicio) y a pesar de que ya había sido requerida y ejecutada la sentencia el 06 de septiembre el año 2016, decide pasar por alto las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como la propia violación al artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Morelos, pues con el acuerdo de 27 de noviembre del año 2017, se cometió un exceso grave, pues fueron tocados derechos sustantivos, así como derechos de propiedad y posesorios que no eran propios de ser ejecutados en el presente juicio, pues resulta ser claro que con (sic) por la falta de conocimiento del asunto, decretó despojar de mucho más propiedad de la que estaba contemplada en la sentencia definitiva, pues la misma ya había sido ejecutada, según lo expresó la actuaria el pasado 6 de septiembre del 2017, y la cual resulta ser la misma que este 21 de noviembre se presenta y ejecuta sobre propiedades que no formaban parte de la sentencia definitiva, ya que el plano que presenta la parte actora para justificar la propiedad no es claro, además de que el mismo no formó parte del juicio, pues para que hubiese sido tomado en consideración, debió de indicarlo en sentencia definitiva tal situación, y al traerlo e introducirlo en el asunto, resulta ser un hecho nuevo que no fue materia de la Litis, ni tampoco se nos dio vista para que en su caso manifestáramos lo que a nuestro interés conviniera, ya que el mismo resulta ser evidentemente ventajoso y poco claro, pues no se toma en consideración de que contábamos con huerta y árboles frutales, caminos y pasillo, que estábamos ocupando y de los cuales estábamos en posesión, además de que resulta ser falso de que se haya suspendido la diligencia de 6 de septiembre del 2016, pues la actuaria en ningún momento hizo constar tal situación, quedando más que claro el exceso que cometió la Juez de primera Instancia, al ordenar se nos desalojara de propiedades que no estaban incluidas en la sentencia, para lo cual deberá esa Sala a conciencia Jurídica revocar el acuerdo de 27 de octubre del 2017, negándose desde luego la petición de los actores y ejecutores, por haber cumplido la sentencia definitiva, ya que los Tribunales Judiciales no están a capricho de las partes para subsanar las deficiencias y vicios desde el escrito inicial de demanda. 3.- Otro agravio más causa el auto de 16 de agosto del 2016, en virtud de que el mismo se encuentra cometiendo violaciones al debido proceso. En efecto, la garantía de debido proceso legal consagrada en el artículo 14 Constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con ".las formalidades esenciales del procedimiento." implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto y que las mismas se continúen de conformidad con las disposiciones legales, autos o proveídos vigentes, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata. En efecto, la Juez inferior, al omitir cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Colegiado que conoció del amparo directo, en el cual indicó que el juicio únicamente versó sobre 252 metros cuadrados de un predio total de más de diez mil metros, por lo que al encontrarnos en más posesión de la reclamada, resultaba más que evidente que se nos tenía que respetar dicha posesión, pues la actuaria adscrita a ese Juzgado ya había entregado a los actores, los 252 metros y que ahora con el acuerdo de 27 de octubre del año en curso, se excede por demasía violentando las formalidades esenciales del procedimiento para requerir mucho mas predio del sentenciado, además de tomar en cuenta un plano que desde luego no formó parte de la Litis, ni mucho menos introducido de manera legal al juicio, ya que el mismo omite contemplar que existen pasillos, patios, jardines, huertas y árboles frutales, caminos que desde luego formaron parte de nuestro derecho de posesión, dejándonos en total desamparo, pues precisamente la autoridad es la encargada de evitar que se cometan violaciones y molestias a los justiciables; sin embargo, la Juez Rebelde, al pasar por alto una sentencia, desde luego comete una seria y flagrante violación en nuestro perjuicio, pues a la fecha hemos sido lanzados de un inmueble que no formó parte del juicio. Como es de apreciarse al haber una transgresión a nuestro derecho de debido proceso, resulta claro que tanto el acuerdo de 27 de octubre, como la propia diligencia de 21 de noviembre, ambas del año en curso, deba de revocarse por haberse cumplido los términos de la sentencia definitiva desde el 6 de septiembre del 2016. 4.- Otro agravio más causa el acuerdo de fecha 27 de octubre del año 2017 de agosto del 2016, emitido dentro del expediente 581/05, motivo de la presente queja, debido a que la Juez violentó el principio de estricto derecho que se rige en materia civil. El principio de estricto derecho señala que el juez tiene la obligación de analizar perfectamente las constancias procesales y las solicitudes realizadas por las partes, ello a fin de evitar causar actos de molestia, es decir, que debe de cerciorarse perfectamente que lo que las partes están solicitando sea lo que conforme a derecho procede, pues sus facultades no pueden ir más allá de lo que la propia Ley les permite, esto con la intención de no afectar a ninguna de las partes contendientes. Así pues, y como podrá apreciarse con la emisión del acuerdo de fecha 27 de octubre del 2017, la Juez de origen pasó por alto lo ya sentencia (sic) por la segunda sala que modifica la sentencia definitiva, así como lo establecido por el Tribunal Colegiado que conoció del amparo directo, pues quedó claro que la Litis solo fue por 252 metros, tan es así que ya en diversas ocasiones el entonces abogado de los actores, Licenciado VÍCTOR MANUEL ROMÁN SEGURA, trató de aprovecharse de que los jueces no conocen a conciencia el asunto, y trató de ejecutar los 623 que en su momento había sentencia la segunda sala, pero se había negado su petición en virtud de que el Tribunal Colegiado, había determinado que solo se condenó a lo que pidieron los actores que fue 252 metros, mismos que fueron entregados por la fedataria pública de manera violenta el pasado 6 de septiembre del año 2016, y que con el nuevo acto de autoridad reclamado en el presente escrito, implica que sus actuaciones o conductas no se encuentran ajustadas a derecho, pues rebeldemente decide omitir la resolución mencionada y decide con favoritismos ordenar el lanzamiento de dos propiedades más que no estaban contemplados en la sentencia definitiva, pues la misma ya se había cumplido, y más aún, decide imponer su coerción mediante el auxilio de la fuerza pública, situación que está por demás decir, pero que con ello se violentaron nuestros derechos procesales de garantía y legalidad jurídica, pues dichas fracciones, fueron literal sacadas de la manga por los actores y por la propia juez, pues durante la secuela procesal jamás hubo una distinción de fracciones, ni mucho menos ubicación de las mismas. Luego entonces, previo a acordar el auto y ordenar la práctica de la diligencia impugnada, se considera que existió un exceso por parte de la Juez inferior, en la ejecución de la sentencia, pues de constancias procesales no obra constancia alguna de que se hubiera condenado a los demandados a la restitución de tres fracciones distintas, y por tanto, la Inferior de ninguna manera tenía por qué haber acordado favorable una petición de los actores, pues ya la había ejecutado según consta en la diligencia de 6 de septiembre del 2016 en donde de ninguna manera se indica que se entregó menos propiedad, sino que la actuaria entrega la propiedad reclamada. No debe pasar desapercibido a esa Sala, que precisamente a efecto de no cometer violaciones y causar actos de molestias a los particulares, la Juez natural debe regirse por los principios de legalidad, pues precisamente tratándose de la propiedad, deben de tomar todas las medidas necesarias para poder llevar a cabo sus determinaciones, por tanto, el acuerdo de 27 de octubre del año en curso, se encuentra indebidamente dictado, y como consecuencia, no se encuentra fundado ni motivado y al dictar autos ordenando se ejecute una resolución cuando esta ya se había ejecutado, lo cual constituye una doble ejecución." Por su parte la autoridad responsable al respecto, determinó: "Es inoperante el agravio en cuanto a la manifestación de los recurrentes de que se violan los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, sobre cuestiones emitidas en la sentencia definitiva que fue modificada por el Tribunal de Alzada, aludiendo que la sentencia definitiva debió establecer las medidas y colindancias sobre el predio que se iba a reivindicar, por lo que es irrelevante el que expresen como agravio que manifestaron en su contestación a la demanda que se encontraban en un predio distinto al que reclamaron los actores, siendo su dirección distinta a la que refirieron los actores; haciendo la precisión que en la sentencia definitiva, modificada por el Tribunal de Alzada, fue analizando lo relativo a la posesión que detentan los demandados sobre una porción del inmueble del que se reclamó la reivindicación en el estudio del requisito previsto en la fracción III del artículo 666 del Código Procesal Civil en vigor, relativo a la identidad del bien inmueble materia del juicio, contenido en el considerando X de la sentencia, y se determinó que dicho elemento se cumple con la confesión de los demandados al dar contestación a la demanda, al señalar que se encuentran en posesión del inmueble cuya reivindicación se demanda, derivado de una supuesta donación que realizaron los actores a favor de ANA MARÍA FRANCO VIUDA DE CASTILLO, (madre de los demandados) desde el año de mil novecientos sesenta y cuatro; así como con las documentales públicas consistentes en copias certificadas del expediente 482/94, relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de HUMBERTO CASTILLO CARNALLA en el que los demandados incluyeron como parte del acervo hereditario, el inmueble ubicado en calle Leyva número sesenta y cuatro, hoy seiscientos tres, de esta Ciudad, y en el que los hoy actores promovieron tercería excluyente, que les fue favorable. Por tanto, desde la sentencia definitiva quedó precisado que la fracción del inmueble a reivindicar correspondía a la que tenían en posesión. Con lo anterior, resulta infundado el argumento de los recurrentes en cuanto a que el juez no estudió los autos para determinar cuál es la fracción a reivindicar, toda vez que como se ha citado con antelación, en la sentencia definitiva aludida, quedó precisado que la fracción a reivindicar correspondía a la que poseían los demandados, ante el reconocieron (sic) de ellos y la documental referida; situación que además quedó firme al no concederse el amparo y contrario a ello tuvo por válido los argumentos emitidos por la A quo. Los recurrentes se inconforman también de que la Juez señala que la superficie a reivindicar es de 620 metros cuadrados; al respecto, se tiene que en el acuerdo combatido, la juzgadora ordena requerir a la parte demandada para desocupar y hacer entrega física, real, material y jurídica de la fracción de terreno que no fue puesta en posesión a la actora, refiriendo que la entrega correspondía a 628.00 metros cuadrados y de los cuales 252.54 corresponden a la construcción 1, 2 y 3, quedando la entrega de la dos y la tres; aseveración que si bien no es correcta, sin embargo, de todo lo actuado en el presente juico, se desprende que la superficie a reivindicar es de 252.54 m2, y esta superficie es la que procedió a requerir la Actuaria en la diligencia de fecha veintiuno de noviembre del año en curso, de acuerdo al croquis exhibido en autos, y del que se precisará con posterioridad, por lo que de ninguna forma causa agravio a los recurrentes, la redacción citada con antelación, al no desprenderse lesión alguna en su perjuicio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 537 del Código Procesal Civil en vigor. Por cuanto a la alegación de los recurrentes de que se extralimitó en el contenido de la sentencia definitiva, por haberse ya ejecutado en la diversa diligencia de fecha seis de septiembre del dos mil dieciséis, al poner a los actores en posesión real, material y jurídica, y decidir posteriormente en el acuerdo que combate, de fecha veintisiete de octubre del año en curso, sin previo estudio de la sentencia y constancias de autos, decretar el despojo de más superficie, pasando por alto la resolución dictada por la Tercera Sala de este Tribunal de Alzada que estableció lineamientos para cumplir con la sentencia definitiva; al respecto es de precisar que en la sentencia de fecha dieciséis de septiembre de dos mil doce, emitida por el Tribunal de Alzada, que modifica la dictada por el Juez de origen, se tuvieron acreditados los elementos que se requieren para tener justificada la acción reivindicatoria, previstos en el artículo 666 del Código Procesal Civil, teniendo por tanto acreditado que los demandados poseen una fracción aproximada de doscientos cincuenta y dos metros cuadrados, siendo la totalidad del predio, una superficie de diez mil seiscientos veintidós metros cuadrados, siendo la totalidad del predio, una superficie de diez mil seiscientos veintidós metros cuadrados, y al proveer los demandados amparo de dicha resolución, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, reiteró acreditada la identidad del bien inmueble que se pretende reivindicar con la confesión de los demandados al contestar la demanda, y las constancias del juicio sucesorio intestamentario a bienes de JOSÉ HUMBERTO CASTILLO CARNALLA en el que dichos demandados incluyeron como parte del acervo hereditario de su progenitor, el bien inmueble materia de este juicio reivindicatorio y determina que la fracción que poseen es la misma que se demanda en este juicio. Por lo que para proceder a la desocupación del inmueble que estuvieran poseyendo los demandados y en una superficie de 252.00 metros cuadrados. Ahora en cuanto a que ya se había dado posesión a la parte actora, de la fracción ordenada en sentencia definitiva, es de remitirnos a la diligencia de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis: la actuaria adscrita al Juzgado de origen hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en calle Francisco Leyva número 74, ahora 603 de la Colonia Centro de esta Ciudad, acompañada por la parte actora, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Municipio de Cuernavaca, Morelos, y de cerrajero, y estando diversas personas en el inmueble, identificándose los señores DELIA CAROLINA CASTILLO LÓPEZ y JUAN FRANCISCO CASTILLO POMBO, señaló la fedataria que procedía a poner en posesión física, real, material y jurídica de la fracción de terreno consistente en 252.00 metros cuadrados; diligencia en la que uno de los actores, EDGAR ELWES CASTILLO manifestó que la superficie del inmueble en que se actúa es menor a los 252.00 metros cuadrados, y que la Actuaria y Secretaria de acuerdos, presentes, dijeron no haber encontrado plano que identifique la fracción del juicio; en uso de la palabra al abogado patrono de los demandados, manifestó que la sentencia no contiene medidas y colindancias a reivindicar. De dicha diligencia se obtiene que no quedó debidamente justificado que la posesión que se daba a la parte actora, correspondía a los 252.00 metros cuadrados, siendo así incierto hasta donde abarca dicha superficie, al tener el inmueble una superficie mayor, que es de 10622 m2, por lo que resulta aceptable, tanto para los actores como para los demandados, para tener corroborada la superficie que se desaloja a los demandados, para tener corroborada la superficie que se desaloja a los demandados, el croquis digitalizado que exhibió la parte actora en su escrito de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis; documental que si bien no se le dio vista al demandado, este forma parte de la prueba pericial que se desahogó en autos (Tomo II, fojas 594-602), y a la que le fue concedido valor de prueba; dictamen en la que el perito Guadalupe Lucio Ramírez Brugada, señala; por la compulsa realizada y comparada con el levantamiento físico con equipo GPS modelo Legrand y plano catastral observado en la Dirección de Catastro Municipal, se observa un área faltante que de acuerdo al cotejo de los documentos que citó, se trata de una fracción que ocupa la parte demandada como se parecía del croquis anexo, mismo que no tiene salida alguna al exterior, por lo que se ve obligado a cruzar por la propiedad del actor". "De acuerdo a lo señalado en la documental físicamente y a los antecedentes, el origen del predio en su totalidad, en su momento tuvo la colindancia lado poniente hacia la calle Leyva, misma que al ir segregando se fue dejándose (sic) el domicilio como antecedente, al comparar la clave catastral, observar físicamente su ubicación al realizar el levantamiento con GPS, se concluye que hay identidad y para apoyar lo manifestado agregó la imagen satelital del predio motivo de la presente controversia". Y anexa levantamiento topográfico, señalando la superficie total del inmueble como la superficie ocupada por la parte demandada y reporte fotográfico; y visto el croquis presentado en el dictamen y el croquis de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, presentado en ejecución de sentencia, se advierte que son similares en señalar que la fracción ocupada por los demandados contiene una superficie de 252.54 metros cuadrados, con la única diferencia de que el segundo croquis citado, hace precisión que en dicha fracción hay tres construcciones; de 140.56 m2, 66.75 m2 y 45,23m2, que en el croquis se identifican como fracciones uno, dos y tres, y sumados da la superficie aludida. Y en la diligencia realizada por la Actuaria adscrita al Juzgado de origen, el veintiuno de noviembre del año en curso, quien hizo constar haberse constituido en el domicilio ubicado en calle Francisco Leyva número 74, hoy 603 de la Colonia Centro de esta Ciudad, refiere que fue atendida por el señor JESÚS CASTILLO FRANCO así como diversa persona del sexo masculino quienes dijeron ser habitante del inmueble, y se procedió a sacar los bienes inmuebles del interior del domicilio, y una vez desocupado puso en posesión física, real, material y jurídica de la fracción de terreno, refiriendo corresponden a las fracciones dos y tres que quedaron pendientes de entregar en la anterior diligencia de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis. Por lo tanto, estando uno de los demandados en el inmueble en cuestión, que implica estar en posesión de la fracción del inmueble reclamado, se corrobora que las fracciones de las que se dio posesión en la diligencia descrita con antelación, corresponden a la superficie reclamada en el presente juicio reivindicatorio. Y el que la fracción de 252.00 metros cuadrados, se le denominará fracciones uno, dos y tres, no implica que se adopta la idea de los actores de que la superficie está dividida en esa forma, sino que de acuerdo a las constancias que obran tanto de la prueba pericial antes descrita, como de la actuación de la Actuaria adscrita al Juzgado de origen al constituirse en el inmueble del que se tiene ordenada su ejecución a la sentencia definitiva, que se encuentran vinculadas entre sí, se desprende que la superficie reclamada contiene construcciones separadas a las que el actor les llamó "fracciones". Por otra parte, igualmente resulta infundado el agravio opuesto por los recurrentes, en cuanto a que la posesión que se dio a los actores excede de la superficie de 252.00 metros cuadrados que fue ordenada su restitución ya que acorde a la prueba pericial referida, el croquis digital y la propia manifestación de los demandados, de que ocupan una fracción del inmueble, la restitución del inmueble se limitó a dicha superficie; y la Actuaria adscrita al Juzgado que realizó la restitución de la fracción en comento, hizo constar que quedaba un vehículo automotor que no se encontraba dentro de la fracción que se restituía; de igual forma la restitución realizada por la fedataria no hizo constar la fedataria que comprendiera la huerta y árboles frutales, caminos y pasillo que dicen los recurrentes ocupaban. En ese tenor, también resulta infundado el argumento de los recurrentes en cuanto a que no se cumple la sentencia emitida por la Segunda Sala que modifica la sentencia definitiva y lo establecido en la resolución del Tribunal Colegiado que conoció del amparo promovido por la parte demandada, ya que en estas resoluciones quedó determinado que procedía la acción reivindicatoria respecto de 252.00 metros cuadrados, y esta superficie, de acuerdo a lo esgrimido con antelación, es la que procedió a poner en posesión a Actuaria adscrita al Juzgado de origen a la parte actora. Ante las consideraciones citadas, no se contraviene lo previsto en el artículo 689 fracción I del Código Procesal Civil en vigor, que establece como una de las reglas a cumplirse para llevar a cabo la ejecución, el no traspasar los límites de la resolución que se ejecuta, pues la Actuaria adscrita al Juzgado de origen, quien cuenta con fe pública, hizo constar que la posesión física, real, jurídica y material que si se daba a la parte actora, correspondía a 252.00 metros cuadrados del total de la superficie del inmueble ubicado en calle Francisco Leyva número 74 actualmente 605 de la Colonia Centro de esta Ciudad; sin que la parte demandada aportara elementos convincentes que apoyaran su manifestación de que se dio posesión a la parte actora de mayor superficie a la ordenada en sentencia firme." Lo inoperante de los referidos motivos de disenso se considera así pues la Ley de la materia, en su artículo 108, fracciones VI y VII, señala que la demanda de amparo, deberá formularse por escrito, en la que se expresarán los preceptos que, conforme al numeral 1 de la propia ley, contengan los derechos fundamentales y las garantías que la parte quejosa estime violadas, así como el concepto o conceptos de violación que le irroga el acto de autoridad. Así, de la confrontación entre las razones vertidas por la responsable y las consideraciones expuestas por la parte quejosa, se advierte que éstas son inoperantes, pues no existe en ellos ningún razonamiento lógico jurídico que controvierta los motivos y circunstancias que tomó en consideración la sala responsable, para resolver en la forma en que lo hizo, esto es, que en contra de tal determinación no se advierte la formulación de algún concepto de violación. Por tanto, los argumentos hechos por la responsable para sustentar su determinación, en los aspectos citados, no se encuentran controvertidos en los conceptos de violación ahora analizados, pues no se advierte que los refuten. Lo que se estima de esta manera, pues no combaten las razones por las cuales la sala responsable consideró que era inoperante su agravio en el que señalaban que con la emisión de la resolución reclamada se violan los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, pues consideraban que la sentencia definitiva se debió establecer las medidas y colindancias del predio a reivindicar, pues al respecto la responsable indicó que resultaba irrelevante que expresaran como agravio que manifestaron en su contestación de demanda que se encontraban en un predio distinto al que reclamaron los actores, siendo su dirección distinta a la que refirieron los actores, porque en la sentencia definitiva -modificada por el tribunal de alzada- fue analizado lo relativo a la posesión que dijeron detentar los demandados sobre una porción del inmueble del que se reclamó la reivindicación, en el estudio del requisito previsto en la fracción III del artículo 666 del Código Procesal Civil en vigor, relativo a la identidad del bien inmueble materia del juicio, contenido en el considerando X de la sentencia, por lo que se determinó que con dicho elemento se cumplió con la confesión de los demandados al dar contestación a la demanda, al señalar que se encuentran en posesión del inmueble cuya reivindicación se demanda, derivada de la supuesta donación que realizaron los actores en favor de Ana María Franco Viuda de Castillo en el año de mil novecientos setenta y cuatro. De igual manera, como las documentales públicas consistentes en copias certificadas del expediente 432/94, relativo a la sucesión intestamentaria a bienes de Humberto Castillo Carnalla, en que los demandados incluyeron como parte del acervo hereditario, el inmueble respectivo, y en el que los actores promovieron tercería excluyente, que les fue favorable. Circunstancias por las que la responsable determinó que fue precisado que la fracción del inmueble a reivindicar correspondía a la que tenían en posesión y que no se advierten debatidas en los citados motivos de disenso. Tampoco lo hicieron con relación a que se declaró infundado el agravio de los ahora quejosos, donde refirieron que el juez natural no determinó la fracción a reivindicar, cuestión que la responsable atendió señalando que en la sentencia definitiva quedó precisado que la fracción del inmueble a reivindicar correspondía a la que tenían en posesión, situación que quedó firme al no concederse el amparo y contrario a ello tuvo por válidos los argumentos emitidos por la juez responsable. Igualmente, en cuanto a su alegación de que el juez de origen se extralimitó en la entrega del inmueble materia del reclamo, respecto a la superficie entregada y en el sentido de que el predio correspondiente ya se había entregado en diversa actuación; además, abundó al referir que una vez terminada la actuación respectiva, había un vehículo automotor que no estaba dentro del área a restituirse, y que tal restitución no comprendía la huerta, los árboles frutales, los caminos ni el pasillo que ocupaban los aquí quejosos. A ello la responsable indicó que para proceder a la desocupación del inmueble, se consideró la fracción del inmueble que estuvieran poseyendo los demandados y en una superficie de 252.00 metros cuadrados y se remitió a la diligencia de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, donde la actuaria adscrita al juzgado de origen, hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en calle Francisco Leyva número 74, ahora 603 de la colonia Centro de esta ciudad, acompañada por la parte actora y elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Municipio de Cuernavaca, Morelos, así como un cerrajero, para poner en posesión física, real, material y jurídica de la fracción de terreno consistente en 252.00 metros cuadrados, donde Edgar Elwes Castillo manifestó que la superficie en que se actuaba era menor a los 252.00 metros cuadrados, y que la actuaria y secretaria de acuerdos presentes dijeron no haber encontrado plano que identificara la fracción respectiva, por lo que no quedó debidamente justificado que la posesión que se daba a la parte actora, correspondía a los mencionados 252.00 metros cuadrados, quedando incierto hasta donde abarcaba la superficie, al tener el inmueble una superficie mayor (10,622 metros cuadrados), por lo que resultó aceptable para los actores y demandados, para corroborar la superficie de la que serían desalojados, el croquis digitalizado exhibido por la actora en su escrito de uno de diciembre de dos mil dieciséis, y que si bien, con esa documental no se dio vista a la parte demandada, este formó parte de la prueba pericial que se desahogó en autos del juicio natural, a la que se otorgó valor probatorio. Por ende, si del dictamen y coquis presentado en ejecución de sentencia, se advirtió similitud en señalar que la superficie ocupada por los demandados correspondió a 252.54 metros cuadrados, con la diferencia de que en el segundo de ellos se precisó que en tal fracción existían tres construcciones de 140.56 metros cuadrados, 66.75 metros cuadrados y 45.23 metros cuadrados, identificados como fracciones uno, dos y tres, que sumados corresponde a la superficie mencionada, por lo que la funcionaria citada procedió a sacar los bienes muebles del interior del domicilio, que una vez desocupado se puso en posesión física, real, material y jurídica de la fracción de terreno indicada que fue corroborada con la presencia de uno de los demandados que se encontraba en el inmueble en cuestión. En ese orden de ideas, también resulta inoperante el concepto de violación en que refieren que se introdujeron nuevos elementos al tomarse en consideración planos con los cuales no se les dio vista previamente a la realización de la diligencia de ejecución de la sentencia definitiva; lo que resulta de esa manera, toda vez que los peticionarios del amparo no atacaron lo expresado por la responsable en el sentido de que los croquis con los cuales se determinó la superficie a entregar, formaron parte del dictamen pericial ofrecido en autos, por lo que a esa documental se le otorgó valor de prueba y por ello fue susceptible de tomarse en cuenta para aclarar la parte del terreno correspondiente a los 252.00 metros cuadrados a entregarse a la parte actora. De igual manera, no combatieron el dicho de la sala responsable, en el sentido que es infundado el argumento en que manifiestan los quejosos que en la forma en que se ejecutó el fallo, no se cumple con lo ordenado en la sentencia definitiva del juicio principal, donde al respecto la responsable determinó: ".En ese tenor, también resulta infundado el argumento de los recurrentes en cuanto a que no se cumple la sentencia emitida por la Segunda Sala que modifica la sentencia definitiva y lo establecido en la resolución del Tribunal Colegiado que conoció del amparo promovido por la parte demandada, ya que en esas resoluciones quedó determinado que procedía la acción reivindicatoria respecto de 252.00 metros cuadrados, y esta superficie, de acuerdo a lo esgrimido con antelación es la que procedió a poner en posesión la Actuaria adscrita al Juzgado de origen a la parte actora." Lo anterior es así, pues únicamente reiteran esencialmente los argumentos plasmados al recurrir el auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete y la diligencia de veintiuno de noviembre siguiente; sin embargo, no se advierte ningún argumento que vaya en contra o confronte lo expuesto en párrafos que anteceden y que fuera sostenido por la sala responsable en la resolución que ahora se analiza. Aunado a lo anterior, los conceptos de violación que plasmaron como "séptimo, octavo, noveno y décimo", también son inoperantes, pues son una mera repetición de lo expuesto ante la responsable en los recursos de queja interpuestos, sin dar a conocer motivos jurídicos que confronten los argumentos en que se apoyó la resolución que ahora combaten. Apoya lo anterior la jurisprudencia V.2o.J/1, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, abril de 1995, página 70, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia II.3o.J/22, del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, agosto de 1992, página 48, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Son inoperantes los razonamientos expresados como conceptos de violación, si no atacan debidamente las consideraciones de la sentencia reclamada, puesto que al no estar facultados los tribunales de amparo a suplir la deficiencia de la queja, con excepción de los casos permitidos por la ley de la materia, no se puede analizar oficiosamente la inconstitucionalidad de la resolución combatida." Igualmente, resulta aplicable al caso, por analogía, la Tesis II.2o.C. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 845, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que solo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil". Lo anterior es así, toda vez que los conceptos de violación deben consistir, en su mejor expresión, en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la contravención constitucional de los actos reclamados. En consecuencia, cuando los peticionarios de la protección constitucional no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe declararse inoperante, como en el caso. Sin pasar por alto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio en el sentido de que, para que el juzgador de amparo se encuentre obligado a estudiar los motivos de la queja, basta con que en ellos se hubiera expresado con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de cuál es la lesión o agravio que estima le causa el acto y los motivos que originaron ese agravio; lo anterior obedece a la necesidad de precisar que los conceptos de violación no necesariamente deban plantearse a manera de silogismo jurídico, ni bajo alguna fórmula sacramental. De ahí que se sostenga que las manifestaciones vertidas por los peticionarios de amparo en los puntos referidos son inoperantes, debido a que son una mera repetición de lo plasmado en los recursos de queja, sin combatir las consideraciones que expresó la sala responsable en el acto reclamado. Se considera aplicable al particular la Jurisprudencia 109/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con Registro: 166748, en la página 77 del tomo XXX, agosto de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida." Conceptos de violación infundados. Es infundado el motivo de disenso expresado en los incisos a), f) y h) del capítulo respectivo, en que aducen los quejosos que el juez responsable al emitir su resolución, viola sus derechos, pues no estudió los agravios expuestos en su recurso de queja, pues contrario a lo manifestado la sala responsable sí los estudió declarando inoperante uno y el resto infundados. En este sentido, tal y como se expuso en párrafos que anteceden, la sala responsable, le dio contestación a sus agravios en la forma que quedó plasmado con antelación, de modo que sí atendió sus agravios; por ello es que resulta infundada su aseveración en el sentido de que no se estudiaron sus inconformidades. Por otro lado, es infundado el concepto de violación en que expresan que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, en razón de que según aducen, a la parte actora se hizo entrega de una superficie mayor a la indicada en la condena. No asiste razón a los quejosos, pues como lo refirió la responsable en la resolución reclamada, la actuaria adscrita al juzgado de origen, en la diligencia de entrega de la posesión real, jurídica y material del inmueble materia del procedimiento natural, hizo constar la superficie del inmueble materia del reclamo correspondía a 252.00 metros cuadrados, y lo cual se hizo constar en el acta respectiva, que ponía en posesión solo las fracciones faltantes del predio a reivindicar, máxime que claramente precisó que había un vehículo que no se encontraba dentro de la fracción que se restituía y que la restitución no comprendía la huerta y árboles frutales, caminos y pasillo que argumentaron ocupar los recurrentes. Circunstancia respecto de la cual, los demandados aquí solicitantes del amparo, no aportaron prueba alguna que permitiera desvirtuar que se hubiese hecho entrega de un área superior a lo establecido en la sentencia definitiva. De modo tal, que es correcta la determinación de la responsable al declarar infundado el agravio de los quejosos en ese sentido, puesto que de los autos que integran el juicio de origen, no se desprende algún medio de convicción del cual se desprenda que la actuaria adscrita al juzgado de origen, hubiera entregado un área mayor a la establecida en la condena, pues para ello tomó como base un croquis y un dictamen pericial, del que advirtió que el área a ser entregada correspondía precisamente a los 252.00 metros cuadrados cuya reivindicación se ordenó en el fallo definitivo. Finalmente, no asiste razón a la parte quejosa al referir que la resolución reclamada carece de motivación y fundamentación, puesto que como se relató en párrafos anteriores, la sala responsable en su determinación dio contestación a los agravios expuestos por los demandados ahora quejosos, en los recursos de queja que motivaron el toca del que deriva tal fallo; y para arribar a sus conclusiones, expuso las razones y motivos por los cuales consideró infundados cada uno de los argumentos expuestos. En ese mismo sentido, expresó los preceptos legales aplicables al caso, los que transcribió; y refirió que al ser infundados los agravios de los quejosos, se actualizaban los supuestos establecidos en el artículo 558 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, para finalmente determinar el desechamiento, tomando como base las consideraciones desarrolladas en el fallo. De ahí que es dable afirmar que la resolución reclamada sí está fundada y motivada por la responsable y por tanto no se conculcan a los quejosos las prerrogativas establecidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En esas condiciones, al resultar inoperantes en parte e infundados en otra, los conceptos de violación analizados, sin que proceda a su favor la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. La negativa del amparo determinada se hace extensiva respecto del acto de ejecución que se reclamó a la jueza y actuaria adscritas al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con sede en Cuernavaca, Morelos; en atención a que de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes, se consideró que la resolución reclamada, no es violatoria de derechos fundamentales; y la ejecución que se atribuyó a las citadas autoridades, no fue impugnada por vicios propios. Es aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia II.1o. J/12, de la Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 82, Octubre de 1994, página 41, con número de registro 210140, de contenido: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas solo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." SÉPTIMO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución, para que dicho órgano jurisdiccional ordene lo relativo a su notificación. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Ernesto y Carlos, ambos de apellidos Castillo Franco, por propio derecho, de conformidad con lo expuesto en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el juez José Alfredo Sánchez García, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido del secretario Juan Carlos Figueroa Cornejo, que firma y da fe, hoy treinta de octubre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe."
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