Carlos Cardeno Cortés

Expediente 762/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 59 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
762/2016
Año
2016
Actuaciones
59
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • Carlos Cardeno Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 59.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, por medio del cual, solicita copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo 762/2016; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, remítase la copia que solicita, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por la parte tercero interesada, por medio del cual, solicita copia certificada del juicio de amparo 762/2016; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, expídase a su costa la copia que solicita, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia legal. En el entendido de que el horario para que se traslade personal de este Juzgado con la parte solicitante al negocio donde realizan el fotocopiado, es de nueve horas a diez horas con treinta minutos, de lunes a viernes; en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora este tribunal federal, y a la carga excesiva de trabajo existente, además, de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana habida cuenta que se han considerado dejar de celebrar otras diligencias de suyo trascendentes. Se tienen por autorizados únicamente para los efectos de recoger la copia solicitada a la persona propuesta para ello. NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 762/2016, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinte de octubre de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, toda vez que el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo II; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5609/2017 de fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, quien actúa ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 762/2016-III promovido por Carlos Cardeno Cortes por derecho propio, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho y otra autoridad; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. El quejoso Carlos Cardeno Cortes, por demanda presentada el tres de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada ese mismo día a este juzgado federal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho y Tribunal Superior Agrario. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó el informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades señaladas como responsables y se presentó la demanda. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en: La falta de emplazamiento al juicio agrario 32/2005, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, y en consencuencia, todo lo actuado así como la orden de desocupación y entrega del predio urbano localizado en la calle de Francisco Leyva número 6, colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, así como del Tribunal Superior Agrario, pues así lo informaron al rendir su respectivo informe justificado. (fojas 138 a 141 y 158 a 167) Lo anterior se corrobora con las fotocopias certificadas que las autoridades responsables anexaron a su respectivo informe justificado, consistentes en diversas constancias relativas al juicio agrario 32/2005 y R.R. 530/2006-18, (anexos I y II). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE DOCUMENTO. Previamente al estudio de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, procede resolver el incidente de falsedad de documento planteado por la tercera interesada Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Lorenzo Chamilpa, Municipio de Cuernavaca, concerniente a el oficio 000807, de trece de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, expedido por el Secretario de la Reforma Agraria, a favor de Carlos Cardeno Cortes, relativo al predio "Tzetzintiha", localizado en el poblado de San Lorenzo Chamilpa, con una superficie de 2,797.00 metros cuadrados. Ahora bien, el quejoso promovió el presente juicio de amparo, bajo el señalamiento de ser tercero extraño al juicio agrario 32/2005, pues asegura ser poseedor del predio urbano ubicado en calle Francisco Leyva número 6, colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, desde hace más de veinte años y para acreditar su dicho exhibió original de un oficio de trece de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, de número de expediente 000807, expedido por el Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado, a favor de Carlos Cardeno Cortes, relativo al predio "Tzetzintiha", localizado en el poblado de San Lorenzo Chamilpa, con una superficie de 2,797.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: Mide en línea quebrada 65.54 Mts. y colinda con camino viejo a Chamilpa y zona urbana. AL SUR: Mide en línea quebrada 64.61 Mts. y colinda con barranca. AL ORIENTE: Mide en línea recta 23.00 Mts. y colinda con barranca; AL PONIENTE: Mide en línea quebrada 54.00 Mts. y colinda con calle Francisco Leyva y María Eugenía Díaz. Es oportuno precisar, que el artículo 122 de la Ley de Amparo faculta para que se aprecie la falsedad o autenticidad de los documentos que las partes presenten, con base en las probanzas ofrecidas; sin embargo, se contrae a establecer si los mismos son falsos o auténticos, con efectos sólo en el juicio de amparo. En ese sentido, la falsedad de documentos consiste en alterar la materialidad del documento con adiciones, borraduras, o en suplantar la firma de su autor; para determinarse lo anterior, varios son los medios probatorios que se admiten para establecer la falsedad a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Amparo, pero el más adecuado es la pericial en materia de grafología sobre la autenticidad o la falsedad de la firma, porque la materia de la prueba es en estricto sentido, la falsedad o no de la firma, ya que en una objeción de documento existen dos formas, una que afirme que es falsa, y otra que diga lo contrario, por lo que en el caso, la prueba idónea para demostrarlo, es la pericial, pues el diverso 119 de la propia ley citada, señala que deben de ofrecerse las pruebas que sean idóneas para que poder llegar a la convicción de la falsedad o no del documento objetado. En el caso, en la celebración de la audiencia constitucional (treinta de agosto de dos mil diecisiete) se hizo constar que la parte tercera interesada Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Lorenzo Chamilpa, Municipio de Cuernavaca, objetaron de falso el documento consistente en el oficio 00087 de trece de octubre de mil novecientos ochenta y nueve; por lo que se dio el trámite correspondiente a dicha objeción. En la misma fecha se suspendió la audiencia constitucional y se señalaron las once horas con veintitrés minutos del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes ofrecieran las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad o falsedad del documento. El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, se certificó que ninguna de las partes ofreció medios de convicción tendientes a acreditar la autenticidad o falsedad del documento; incumpliendo así, lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al no haber ofrecido la parte tercero interesada algún medio de convicción encaminado a demostrar la falsedad del documento ofrecido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, consistente en el oficio 00087 de trece de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, por lo tanto, quien resuelve se ve impedido para resolver sobre la falsedad o no del mismo, al no existir elementos de prueba que lo demuestren, en consecuencia, resulta infundado el incidente de falsedad de documento promovido por la parte tercera interesada Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Lorenzo Chamilpa, Municipio de Cuernavaca. QUINTO. ANÁLISIS RELATIVO A LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En la especie, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, manifestó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I y, 6 de la Ley de Amparo, pues aduce que el ahora quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio de garantías, pues la documental que exhibe el quejoso para acreditarlo, consistente en la constancia de posesión de trece de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, por sí sola no hace prueba plena para acreditar la posesión del inmueble materia del juicio. Es fundada la causal de improcedencia que invoca la autoridad responsable atendiendo las siguientes consideraciones jurídicas: En primer lugar se trascriben los artículos antes invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." De la porción normativa reproducida se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, es decir, cuando no se demuestre la titularidad de un derecho subjetivo público tutelado por la ley y la existencia de un agravio personal, inmediato y directo que acredite la violación a ese derecho. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De esos preceptos se infiere que la procedencia de la acción de amparo supone que el acto reclamado cause un perjuicio al quejoso o agraviado, lo que se traduce en la necesidad de contar con la titularidad de los derechos conculcados; de manera que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, que es lo que legitima la posibilidad de acudir a la instancia constitucional. Por tanto, el criterio general al que debe atenderse para determinar la factibilidad de ocurrir al juicio de amparo, es la afectación al interés jurídico del solicitante, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera de derechos, lo que debe acreditarse fehacientemente en el juicio constitucional conforme a la jurisprudencia publicada en la página 148, del Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones". En interpretación del interés a que aluden los preceptos invocados, es ilustrativa la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), visible en la página 1807, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". De ese marco jurídico se sigue que el juicio de amparo es un medio de control de la regularidad de los actos de las autoridades, que se caracteriza por el principio de instancia de parte agraviada, que inspira el contenido del artículo 6 de la Ley de Amparo, y se traduce en que el juicio únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o el acto que se reclame. Por tanto, para que el gobernado esté en aptitud de acudir a la Justicia Federal a plantear la defensa de un derecho, es presupuesto indispensable que sea titular de esa prerrogativa y que ésta esté legítimamente tutelada por el orden normativo vigente, además de que precisamente ese derecho haya sido trastocado por el acto de autoridad. De ahí se obtiene que los presupuestos que integran el interés necesario para instar la acción de amparo son los siguientes: a) La existencia y titularidad de un derecho. b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un ente autoritario. Así que el interés para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta de la autoridad, proviene del perjuicio que se ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de control constitucional a exigir el cese de esa violación. Por eso, si el acto autoritario no afecta los intereses del accionante del amparo, el juicio que promueva será improcedente, según lo previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, Carlos Cárdeno Cortes se ostenta tercero extraño al juicio agrario 32/2005, y reclama la falta de emplazamiento así como todos los actos tendentes a la desocupación y entrega del predio materia del juicio natural Ahora bien, debe decirse que cuando un gobernado en su calidad de tercero extraño, se duele de afectación a su derecho de posesión, a fin de merecer la protección constitucional, se encuentra obligado a justificar tal derecho, pues sólo así se tendría una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la certeza de que tiene un derecho jurídicamente tutelado sobre el bien controvertido, así como la identidad entre dicho bien y el afectado por el juicio de origen para de esta manera lograr la protección de la justicia Federal a su favor. Asimismo, a efecto de dilucidar si el impetrante del amparo cuenta con interés jurídico para acceder al juicio constitucional, debe examinarse la validez de los documentos o probanzas en que se sustente aquella causa generadora de la posesión, aun cuando la determinación que al efecto se vierta solamente tenga efectos para el juicio de amparo donde se analicen y no tenga la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión a favor de la parte quejosa. En ese sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, ha emitido criterio al respecto en la tesis 1a./J. 21/2010, de número de registro 164792, del rubro siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO., que establece la facultad del juzgador de analizar si un documento contiene un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. En ese sentido, para arribar a la convicción de si la documental exhibida por el quejoso consistente en la constancia de posesión de número 000807 (foja 6), resulta suficiente o no, para acreditar de manera fehaciente la posesión del predio que aduce tener el promovente de amparo, y de esa manera acreditar la afectación al derecho real hecho valer, es necesario analizar si tal documento contiene un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la certeza de que el quejoso se encuentra en posesión actual del predio denominado "Tzetzintiha", y de esa manera se acredite la afectación al derecho real hecho valer en el juicio de amparo. En ese sentido, la parte quejosa a fin de acreditar su interés jurídico acompañó al presente juicio de amparo el oficio 000807, de trece de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, expedido por el Secretario de la Reforma Agraria, a favor de Carlos Cardeno Cortes, relativo al predio "Tzetzintiha", localizado en el poblado de San Lorenzo Chamilpa, con una superficie de 2,797.00 metros cuadrados, dicha documental es como sigue: " [.] El C. LIC. ANTONIO VILLEGAS GÓMES, Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Morelos, por medio de la presente. H A C E C O N S T A R Que según inspección ocular practicada el dos de Octubre del corriente año, por personal adscrito a esta Delegación, se pudo comprobar que el C. CARLOS CADENO CORTES, se encuentra en posesión pacifica, continua, quieta, pública y de buena fe, de un predio de propiedad privada denominado "TZETZINTIHA" [.]" Como se ve, dicha documental derivó de una inspección ocular practicada el dos de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, por personal adscrito a la Secretaría de la Reforma Agraria; sin embargo dicha probanza resulta jurídicamente insuficiente para acreditar la existencia del derecho generador de la acción de amparo, que en el caso consiste en la posesión que el quejoso dice tener del inmueble materia de la orden del juicio, pues la inspección ocular no es suficiente para acreditar tal extremo, en razón de su finalidad es comprobar la existencia de determinados hechos o circunstancias que en momento alguno se dicen existen, sin embargo, como la posesión requiere de una observación permanente, no puede realizarse en una diligencia dada su duración tan limitada, no puede ser justificada por una simple inspección transitoria; máxime que de la citada documental no se detalla cómo se llegó a esa conclusión, pues no se expone de forma precisa las circunstancias de modo que permitan llegar a la conclusión de que Carlos Cadeno Cortes, ostenta la posesión de dicho inmueble. Sirve de sustento la diversa Jurisprudencia VI.2o. J/272, del mismo Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 71, Número 77, Mayo de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro IUS 212459, que literalmente señala: "POSESION. LA INSPECCION OCULAR NO ES APTA PARA PROBARLA. La inspección ocular no es suficiente para acreditar el hecho de la posesión de un inmueble, puesto que su única finalidad es que el juez mismo compruebe por sus sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias que en momento alguno se dicen existen, pero como la posesión requiere de una observación permanente, que no puede realizarse en una diligencia dada su duración tan limitada, no puede ser justificada por una simple inspección transitoria". De tal manera que si la constancia de posesión exhibida por el quejoso, fue derivada precisamente de una inspección ocular, es que dicho documento no hace prueba plena para acreditar la posesión del predio que el quejoso aduce tener. En todo caso, dicho medio de convicción se debió de sustentar con diverso material probatorio, o con prueba testimonial, la cual es la idónea para acreditar la posesión, lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Séptima Época, de número de registro 238275, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 90, Tercera Parte, página 35, del siguiente rubro y texto. "AGRARIO. POSESION. LA PRUEBA IDONEA PARA ACREDITARLA ES LA TESTIMONIAL. La Segunda Sala sustenta el criterio de que la prueba testimonial es la idónea para acreditar el hecho de la posesión; de manera que no desahogada esa prueba, los quejosos no acreditan en el juicio que estuvieran en posesión del predio a que se refiere la demanda de garantías, en forma pública, pacífica, continua, en nombre propio y a título de dueños, por un lapso no menor de cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud de dotación; por lo que no satisfacen uno de los requisitos esenciales que condicionan la procedencia del juicio de amparo, consistente en la posesión, con las características indicadas, del predio aludido." A mayor razón, tampoco se advierte el fundamento legal con el que la autoridad expide la citada constancia, lo cual resulta relevante, pues en relación a tal certificación es necesario determinar si tal acto lo emite dentro de sus facultades legales previstas en el ejercicio de sus funciones, al respecto los artículo 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria (abrogado), establecía las facultades y atribuciones de las coordinaciones agrarias que fueron establecidas en la circunscripción territorial, sin embargo, en ninguna de ellas se advierte facultad para emitir constancias con las que se acredite la posesión de alguna propiedad, pues dicha atribución se encontraba constreñida a la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, como se advierte del artículo 12, fracción I, del ordenamiento legal de referencia, pues tenía la facultad de localizar los predios baldíos y verificar de oficio o a petición de parte, las posesiones que existieran en éstos. Sirve de sustento a lo anterior por analogía jurídica Jurisprudencia de la Octava Época, de registro: 216268, del siguiente rubro y texto: "POSESION. LA CONSTANCIA QUE EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL, NO TIENE EFICACIA PARA ACREDITAR LA. La certificación de un presidente municipal en la que se hace constar que una persona se encuentra en posesión de determinado predio, no tiene eficacia para demostrar lo que ahí se hace constar, por ser ésta una cuestión del todo ajena a sus funciones, y para utilizar su dicho en lo que no se refiere a dichas funciones, es preciso promover la prueba testimonial con arreglo a derecho." A mayor razón, la probanza exhibida por el quejoso también carece del alcance pretendido por el inconforme para justificar que el inmueble materia de la litis, que aduce es de su propiedad sea el mismo que del juicio natural o se encuentre enclavado en éste. Lo anterior es así, pues de la simple confrontación de las superficies medidas y colindancias defendidas por el quejoso, se advierte que no son coincidentes con las que obran en el expediente natural, pues de la constancia de posesión que exhibió la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo, se advierte que la superficie del predio es el de 2,797.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: Mide en línea quebrada 65.54 Mts. y colinda con camino viejo a Chamilpa y zona urbana. AL SUR: Mide en línea quebrada 64.61 Mts. y colinda con barranca. AL ORIENTE: Mide en línea recta 23.00 Mts. y colinda con barranca; AL PONIENTE: Mide en línea quebrada 54.00 Mts. y colinda con calle Francisco Leyva y María Eugenía Díaz. Además, el quejoso en su escrito inicial de demanda manifestó que dicho predio se encuentra fuera de los terrenos que fueron confirmados y titulados a favor de la comunidad de Chamilpa. Mientras que la superficie del predio materia del juicio agrario es de 2839.40 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste en siete tramos de 5.90 metros, 17.18 metros, 7.15 metros., 19.29 metros, 8.28 metros, 16.86 metros, y 7.09 metros, colinda con el camino viejo a Chamilpa actualmente conocido como Francisco Leyva; Suroeste, en 3.70 metros y 19.59 metros, colinda con camino viejo a Chamilpa conocido como Francisco Leyva; Al sureste, en 5.00 metros, colinda con los terrenos comunales de San Lorenzo Chamilpa; Al Suroeste, en 8.30 metros y 6.40 metros, colinda con terrenos comunales de San Lorenzo Chamilpa; Al sureste, en línea quebrada en cuatro tramos de 18.48 metros, 10.80 metros, 29.59 metros y 26.30 metros, colinda con terrenos comunales de San Lorenzo Chamilpa y barranca Tzetzintilla. (foja 14 anexo I)." Luego, es menester acotar que tratándose de predios, es imprescindible que se demuestre en forma indubitable la identidad del que ampara el título base de la acción de amparo, con el que es objeto de afectación en el procedimiento natural, ya que de lo contrario, cuando el descrito en la escritura en la que se funda el juicio de garantías no es coincidente en superficie, medidas y colindancias con aquél, no puede tener el alcance de evidenciar que está inmerso o incluido en el que es objeto de los actos de autoridad que se exige sean objeto de análisis constitucional; por tanto, en ese supuesto, será necesario el auxilio de una prueba que arroje datos concretos sobre la cuestión en que se requieran conocimientos científicos o especializados, preferentemente una de tipo técnico; pues si bien es verdad que ésta no es la única prueba con la que se puede acreditar la identidad de un inmueble, es la idónea para tales efectos. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.C. J/13,emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a foja 1606, del Tomo, XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del sumario siguiente: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado.". Ello es así, toda vez que los peritos son personas distintas de las partes del juicio, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, para suministrar al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente. Por tanto, la función de los peritos, como auxiliares en la administración de justicia, tiene un doble aspecto: 1) Verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez por no formar parte del programa de estudios de quienes estudian la licenciatura de Derecho y del común de la gente; y, 2) Proporcionar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente, razones por las cuales la prueba pericial era la idónea para demostrar la identidad entre el bien defendido por el quejoso y aquél que es materia del juicio natural. Sin embargo, la parte quejosa no obstante de que ofreció la prueba pericial en topografía, por auto de doce de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por desinteresado en el desahogó de dicho medio de convicción (foja 319); desechamiento que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante resolución de catorce de julio de dos mil diecisiete. (fojas 381 a 388) Por tanto, al no acreditarse pericialmente la identidad del inmueble controvertido, con el que el quejoso defiende en esta instancia constitucional, no se demostró la afectación a su interés jurídico. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 851, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 580 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4º de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado o la ley que se reclama; es presupuesto, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, Surge en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable.". De lo anterior se obtiene que con las pruebas aportadas al presente sumario, no se cumple con el requisito de interés jurídico que establece la Ley de Amparo, ello dado a que no se desprende de las mencionadas documentales que el acto reclamado afecte de manera directa, real, objetiva y jurídica los derechos del hoy quejoso, por ello, aunque el quejoso alegue ser poseedor del inmueble, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo; de ahí que tal acto no le cause perjuicio en sus derechos subjetivos. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Determinación que, desde luego impide analizar las cuestiones de fondo propuestas por la parte quejosa, como se advierte de la jurisprudencia 1027 de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible la página 115 del Tomo IX, Común, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con el número de registro 220,705, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Alegatos. Para cumplir con el principio de exhaustividad de la sentencia, respecto de los alegatos formulados debe decirse que no pueden examinarse como conceptos de violación ni lo vertido en ellos puede dar lugar a incluir en la litis actos reclamados, ya que esto es propio de la demanda inicial, o bien, de ampliación de demanda de amparo. De hecho, en la jurisprudencia P./J.27/94, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que los alegatos en el juicio de amparo no forman parte de la litis, en virtud que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones y, por consiguiente, el tribunal no está obligado a estudiarlos. Es aplicable al respecto la tesis P./J.27/94, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número. 80, Agosto de 1994, página 14, de número de registro 205449, del rubro y texto siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". Por último, es necesario indicar que las jurisprudencias antes citadas, en tanto que no se oponen a la vigente ley de amparo, es aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de la materia vigente, que prevé que precisamente, que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley: "..SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.". Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Carlos Cardeno Cortes, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho y Tribunal Superior Agrario, por los motivos expuestos en el último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entro en vigor el uno de noviembre del dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma el maestro en derecho Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veinte de octubre de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

Quedan 55 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano