Carlos Campos Arroyo
Expediente 601/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Campos Arroyo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales" publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Erik Calderón Ocampo, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 601/2023, promovido por Reyna Belem Mena Acosta, quien se ostenta como apoderada legal de Carlos Campos Arroyo, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón oficial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el tres del mismo mes y año presentado ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Reyna Belem Mena Acosta, quien se ostenta como apoderada legal de Carlos Campos Arroyo solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos "La omisión de acordar la promoción registrada con el folio 005806, presentada el dos de diciembre de dos mil veintidós." SEGUNDO. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 601/2023, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de acordar la promoción registrada con el folio 005806, presentada el dos de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 01/2007/06. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y actuario adscrito, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable con fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, acordó lo conducente dentro del expediente laboral 01/2007/06, de su índice respecto de la promoción presentada el dos de diciembre de dos mil veintidós, misma que fue registrada con el folio 005806; posteriormente, el trece de junio de dos mil veintitrés, notificó a la parte actora dicho proveído. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado por la parte quejosa se traduce en la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de acordar la promoción presentada el dos de diciembre de dos mil veintidós así como su notificación, dentro del expediente laboral 01/2007/06; sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada; de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados que rinde el Actuario y Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichos informes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indican. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a favor de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos las pruebas documentales que anexa a su informe justificado de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Del mismo modo, ténganse por recibidas las copias certificadas de las constancias por medio del cual se reconoce la personería de Reyna Belem Mena Acosta, como apoderada legal de la quejosa, en los autos del expediente de donde emana el acto reclamado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que no obran la totalidad de los informes justificados requeridos mediante auto admisorio. En consecuencia, toda vez que no es posible celebrar la audiencia constitucional programada para la presente fecha, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS, DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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