Carlos Betinez Flores
Expediente 489/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Betinez Flores
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, téngase por recibido el oficio con anexo signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa 489/2020, y un anexo de pruebas, asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dentro del toca correspondiente al amparo de revisión 45/2021, en el cual en sus puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida.SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Benítez Flores.". Acúsese el recibo de estilo correspondiente y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. SIN INCIDENTE. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón Secretarial con que se da cuenta; se tiene por recibido el oficio signado el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, por el que transcribe el proveído de dos de junio de la presente anualidad, mediante el cual comunica que admite el recurso de revisión, en contra de la resolución dictada en el presente juicio, el cual quedó radicado bajo el número 45/2021; bajo ese orden de ideas, téngase por hecha la comunicación aludida y en términos de los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio para que obre como legalmente corresponda.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda el escrito con anexo signado por Salvador López González, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa; al respecto, con fundamento, en los artículos 81, 84, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene al citado apoderado legal interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada; por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios y de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que se integre el expediente, remítanse el escrito original de agravios y una copia, así como el expediente principal al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo en turno del Décimo Octavo Circuito, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Finalmente, instrúyase al Actuario adscrito para que al momento de notificar personalmente a las partes el presente auto les entregue copia del escrito de expresión de agravios del recurso de revisión interpuesto, asentándolo en la cédula de notificación personal respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del siete al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2636/2020, asistido del Licenciado ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Carlos Benítez Flores solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes. Autoridad responsable. Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".Lo constituye el proveído de fecha 11 de marzo de 2020, dictado por la responsable dentro del expediente laboral 01/1615/14-III". SEGUNDO. El siete de agosto de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 489/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El acuerdo de once de marzo de dos mil veinte, donde hace efectivo apercibimiento y declara por no interpuesta la demanda contra los codemandados físicos en el juicio laboral 01/1615/2014-III. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada de constancias del juicio laboral 01/1615/2014-III, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Previo al estudio de los conceptos de violación, es oportuno hacer una breve relación de los antecedentes más relevantes, que se desprenden de constancias, a saber: 1.- En acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve, la responsable proveyó el emplazamiento de la parte demandada Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable, y codemandados físicos Luis Domingo Madariaga "N", Daniel Madariaga "N" y Rodrigó Madariaga "N", en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1863 301B, colonia Guadalupe INN, Código postal 01020, y Calzada de los Leones número 135 colonia Águilas Código postal 01170 de la Ciudad de México (foja 1 del anexo). 2.- Razones actuariales de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por el actuario adscrito a la Unidad Jurídica de Convenios fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, donde informa que en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1863 301B, colonia Guadalupe INN, Código postal 01020, de la Ciudad de México y en Calzada de los Leones número 135 colonia Águilas Código postal 01170 de la Ciudad de México, no fue posible localizar a los demandados Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable, y codemandados físicos Luis Domingo Madariaga "N", Daniel Madariaga "N" y Rodrigó Madariaga "N" (foja 9 a 11 del anexo). 3.- El nueve de abril de dos mil diecinueve, la responsable difirió la audiencia de conciliación demanda y excepciones y requirió a la parte actora para que en un término de tres días señale elementos mínimos e indispensables para emplazar a la parte demandada Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable, y codemandados físicos Luis Domingo Madariaga "N", Daniel Madariaga "N" y Rodrigo Madariaga "N", con el apercibimiento que de no hacerlo tendrá por no interpuesta la demanda (foja 12 a 14 del anexo). 4.- Por escrito de doce de abril de dos mil diecinueve, la parte actora, proporciona domicilio donde emplazar a juicio a la parte demandada Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable, en Plaza Polanco, Avenida Jaime Balmes número 11, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11550, Ciudad de México (foja 16 del anexo). 5.- El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la responsable difirió la audiencia de conciliación demanda y excepciones y giró exhorto a su similar de la Ciudad de México, a fin de emplazar a juicio a la parte demandada Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable en el domicilio proporcionado por la actora (foja 17 y 18 del anexo). 6.- El veintiséis de junio y nueve de octubre de dos mil diecinueve, difirió la audiencia de ley, y ordenó nuevamente girar exhorto (398/2019-JE3) a fin de emplazar a juicio a la parte demandada Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio proporcionado (foja 19 a 30 del anexo). 7.- El once de noviembre de dos mil diecinueve, nuevamente difirió la audiencia de conciliación demanda y excepciones, ordenó girar exhorto a fin de emplazar a la parte demandada Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 42 del anexo). 8.- A fojas 44 a 51 del anexo obran constancias del exhorto 398/2019, donde la Junta exhortada señala que el domicilio proporcionado para emplazar a juicio a la demandada Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable, no se localiza por ser impreciso y devolvió la comunicación oficial sin diligenciar. 8.- El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, la responsable dio vista a la actora con la razón actuarial llevada a cabo en el exhorto antes señalado. 9.- Mediante escrito de doce de diciembre de dos mil diecinueve, la actora insiste en emplazar a juicio a la demandada Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio proporcionado aclarando la dirección correcta (foja 67 del anexo). 10.- El trece de diciembre de dos mil diecinueve, la responsable ordenó girar exhorto (456/2019-JE3) a su homóloga en la Ciudad de México a fin de emplazar a juicio a la parte demandada Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 70 del anexo). 11.- El veinte de enero de dos mil veinte, la responsable difirió la audiencia de conciliación demanda y excepciones, y ordenó girar nuevamente el exhorto respectivo a fin de emplazar a juicio a la demandada Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable, y giró el exhorto 18/2020-JE3 (foja 84 del anexo). 12.- Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veinte, la responsable dio vista a la parte actora con la devolución del exhorto vía electrónica MX09-2-206-3/2/2020, y razón actuarial de treinta y uno de enero del año en curso, sin diligenciar, a ello dio vista a la actora para que en un término de tres días a efecto de señalar domicilio donde pueda ser emplazada la parte demandada (foja 94 del anexo). 13.- Por escrito de doce de febrero de dos mil veinte, la parte actora, precisa el domicilio de la parte demandada Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable en Avenida Jaime Balmes número 11, Colonia Polanco, Polanco I Secc (primera sección), Torre 1, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11510, Ciudad de México, Cdmx; Avenida Jaime Balmes número 11, Colonia Polanco, Polanco I Secc (primera sección), Torre 2, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11510, Ciudad de México, CDMX; Avenida Jaime Balmes número 11, Colonia Polanco, Polanco I Secc (primera sección), Torre 3, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11510, Ciudad de México, CDMX; y Torre 4, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11510, Ciudad de México, CDMX, por tanto en acuerdo de tres de marzo de dos mil veinte, la responsable ordenó girar exhorto a fin de emplazar a juicio a la demandada Pumasa Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 103 a 108 del anexo). 14.- Mediante acuerdo de once de marzo de dos mil veinte, la Junta responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, en consecuencia, decretó tener por no interpuesta la demanda laboral en cuanto a los codemandados físicos Luis Domingo Madariaga "N", Daniel Madariaga "N" y Rodrigó Madariaga "N", que resulta ser el acto reclamado, en lo que interesa se transcribe en los siguientes términos: ".Cuernavaca, Morelos, a once de marzo de dos mil veinte.. EL SECRETARIO GENERAL CERTIFICA.- Que el término otorgado a la parte actora en acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, inició y feneció el diez y doce de abril del año dos mil diecinueve, lo anterior para todos los efectos legales correspondientes. CONSTE. ACUERDO.- VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDA EL PRESENTE JUICIO LABORAL Y ATENDIENDO A QUE MEDIANTE AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE ESTA AUTORIDAD PROVEYÓ RESPECTO AL TÉRMINO QUE LE FUE CONCEDIDO A LA PARTE ACTORA EN AUDIENCIA DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, SIN EMBARGO Y COMO SE ADVIERTE DEL ESCRITO DE FECHA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE BAJO EL FOLIO 002434 SIGNADO POR KARLA LILIANA GONZÁLEZ CONTRERAS EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA PARTE ACTORA EL CUAL OBRA AGREGADO A FOJA 477, ÚNICAMENTE PROPORCIONA DOMICILIO PARA EMPLAZAR A LA DEMANDADA ESTACIONAMIENTO PUMASA S.A. DE C.V, SIENDO OMISA EN DAR CONTESTACIÓN POR CUANTO A LOS C.C LUIS DOMINGO MADARIAGA "N", DANIEL MADARIAGA "N" Y RODRIGÓ MADARIAGA "N", POR LO ANTERIOR RESULTA CONDUCENTE HACERLE EFECTIVOS LOS APERCIBIMIENTOS DECRETADOS EN AUTO DE FECHA NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DICEINUEVE, POR LO QUE SE TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDADA (SIC) EN CONTRA DE LOS C.C LUIS DOMINGO MADARIAGA "N", DANIEL MADARIAGA "N" Y RODRIGÓ MADARIAGA, ELLO A SU MAS ENTERO PERJUICIO Y ESTRICTA RESPONSABILIDAD, ASÍ COMO ANTE LA FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, TODA VEZ QUE NO CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA EL TÉRMINO OTORGADO POR ESTA AUTORIDAD COMO SE DESPRENDE DE LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, ORDENÁNDOSE EL ARCHIVO DEL PRESENTE JUICIO POR LOS DEMANDADOS ANTES MENCIONADOS Y SEGUIR EL PROCEDIMIENTO POR CUANTO A ESTACIONAMIENTOS Pumasa S. A. de C. V. POR LO ANTERIOR SE COMISIONA AL FEDATARIO DE LA ADSCRIPCIÓN A EFECTO DE QUE NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LA PARTE ACTORA DEBIENDO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 744 DE LA LEY FEDERAL DEL TTRABAJO. LA PRESENTE ACTA DE (SIC) ENCUENTRA MOTIVADA EN LO VERTIDO EN SU CUERPO Y FUNDADA EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 17, 685, 739, 735, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS JURISPRUDENCIALES QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE, ASÍ COMO EN LOS CRITERIOS SOSTENIDOS AL DICTAR LAS EJECUTORIAS DENTRO DE LOS JUCIIOS DE AMPARO 1864/2013-I-B Y 1678/2011-II, EMITIDAS POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO. Tesis: 2ª./J. 98/2013 (10ª). EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS. (TRANSCRIBE). Tesis: PC. IV.L.J/2 L (10ª). EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAR A UN ÚNICO DEMANDADO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./j. 98/2013 (10ª).) (transcribe)." Ahora bien, la parte quejosa reclama en su único concepto de violación que se viola en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestando que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, así como que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, así como que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es indudable que fueron violados sus derechos contenidos en los artículos 685, 712, 743, 782 y 783 de la ley laboral, preceptos que facultan a la responsable para practicar diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad, con ello quiere decir que debe de allegarse de todos los elementos que tenga a su disposición a fin de continuar con la sustanciación del juicio ordinario laboral, a fin de no paralizar el procedimiento de orden público y de interés social y emplazar a la parte demandada. Es infundado dicho motivo de disenso, aún suplido en su deficiencia de conformidad con la fracción V del artículo 79 de la Ley de amparo. Se dice lo anterior porque como se dijo en párrafos precedentes, los demandados LUIS DOMINGO MADARIAGA "N", DANIEL MADARIAGA "N" Y RODRIGO MADARIAGA "N", no fueron emplazados, en razón a que cuando menos desde el acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve, en el que se dio un término de tres días al actor para señalar domicilio donde pudieran ser emplazados no lo hizo, a pesar de que fue apercibido que de no hacerlo con tener por no interpuesta la demanda laboral por cuanto a dichos codemandados, apoyando su determinación en los criterios jurisprudenciales citados con anterioridad, cuestión que no atendió como de los antecedentes citados se advierte. Así, como el actor no cumplió con el requerimiento, en proveído de once de marzo de dos mil veinte, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, y, tuvo por no interpuesta la demanda en contra de los codemandados físicos LUIS DOMINGO MADARIAGA "N", DANIEL MADARIAGA "N" Y RODRIGO MADARIAGA "N", y ordenó el archivo del expediente en cuanto a dichos codemandados. Tal proceder fue correcto, habida cuenta que la Ley Federal del Trabajo no contiene artículo expreso que autorice a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para llevar a cabo todas aquellas diligencias para indagar motu proprio el domicilio de los demandados para efectos de llamarlos a juicio, ya que es precisamente al actor a quien compete allegar mayores elementos para la localización y emplazamiento de los demandados LUIS DOMINGO MADARIAGA "N", DANIEL MADARIAGA "N" Y RODRIGO MADARIAGA "N", pues de otro modo la Junta no podrá dar cumplimento a los artículos 742, 743 y 712 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que bajo tal supuesto era factible que ordenara el archivo del expediente en cuando a dichos codemandados; por consiguiente, si la Junta actuó de esa manera su proceder resultó legal, sin que en modo alguno ello implicara la revocación del acuerdo que ordenó admitir la demanda. Sobre ese tenor, resulta pertinente señalar que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Luego, las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Agrega dicho artículo que cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley. "Artículo 873. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda, deberá turnarse al Tribunal correspondiente; si la demanda se encuentra ajustada a derecho, éste deberá dictar el acuerdo de admisión respectivo dentro de los tres días siguientes a que le sea turnada o de que se haya subsanado ésta en los términos del tercer párrafo del presente artículo. Al presentarse la demanda, el Tribunal le asignará al actor un buzón electrónico, proporcionándole el nombre de usuario y la clave de acceso correspondiente, mediante el cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que se dicten en éste." Tal obligación de la Junta no debe confundirse con lo que señala el artículo 686 de la misma ley, que contempla la posibilidad de que las Juntas ordenen que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, ni que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente ley. Es decir, conforme a la primera disposición, la regularización encuadra respecto a los acuerdos de mero trámite, que son aquellos que no deciden una determinada situación procesal de las partes en el juicio laboral. Por lo que toca a la intervención del trabajador con relación a la demanda laboral, el artículo 712 de la misma legislación prevé que cuando éste ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social de donde labora o laboró, deberá precisar cuando menos en su escrito inicial de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. Lo anterior tiene estrecha vinculación con el diverso numeral 739, pues tiene como finalidad que, para emplazar a los demandados, el trabajador debe señalar el domicilio en el que deba hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Pues en el caso de que no se localice a la persona, la notificación se hará en el domicilio que se hubiere señalado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 712 de esta ley y, faltando ese, la notificación se hará en el último local o lugar de trabajo en donde se prestaron los servicios y, en estos casos se fijarán las copias de la demanda en los estrados de la Junta. Incluso el artículo 740 de dicho ordenamiento legal, especifica que cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de la empresa en que trabaja o trabajó el trabajador, la notificación personal de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 743, en lo conducente, debiendo cerciorarse el actuario de que el lugar donde efectúa la notificación es precisamente el del centro de trabajo donde presta o prestó sus servicios el demandante, y la notificación se entenderá hecha al patrón, aunque al hacerla se ignore el nombre del mismo. Siendo así que conforme al artículo 742, se hará personalmente la notificación, entre otras, del emplazamiento a juicio. Y para ello el diverso artículo 743 establece los lineamientos parar llevar a cabo dicha notificación. Ahora bien, el artículo 750 del código obrero contempla que las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición en contrario. En tanto el artículo 751 de la ley laboral señala los requisitos que debe colmar la cédula de notificación, como es el nombre de las partes, así como el nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas, pues el siguiente artículo 752 contempla que son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en el capítulo correspondiente. De igual forma, se tiene que el artículo 771 prevé que los presidentes de las Juntas y los auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. Para ello es relevante lo que señala el diverso numeral 772 de la citada codificación legal, que dispone que cuando para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador, y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de tres meses; el presidente de la Junta deberá ordenar se le requiera para que la presente apercibiéndole que de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo 773. En suma todos los anteriores numerales reflejan que el juicio laboral se lleva a instancia de parte, tan es así que el artículo 773 dispone que se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de seis meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. Con la salvedad que no se tendrá por transcurrido dicho término si están desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes o la práctica de alguna diligencia, o la recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado. En efecto, se dice lo anterior porque en un sistema constitucional como el nuestro, de facultades específicamente otorgadas a las autoridades, donde sólo pueden hacer lo que la ley les permite (a diferencia del particular, que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe), se debe estimar que las autoridades, para actuar en términos del artículo 16 constitucional deben hacerlo con facultades otorgadas en la ley. En ese tenor, existe determinado tipo de facultades que se otorgan en forma genérica, de manera que las autoridades no pueden actuar fuera de los fines, objetivos y materia que se les señalan, pero que al mismo tiempo, por la naturaleza misma de la facultad otorgada, resulta imposible que la propia Constitución contenga todos los elementos y matices de la facultad otorgada y, en estos casos, se deben estimar constitucionalmente otorgadas todas las facultades implícitas en las expresamente otorgadas, entendiendo por implícitas aquellas facultades sin las cuales sería nugatorio o estéril, o se vería sustancialmente mermada la facultad que expresamente se otorgó. Pero hay otros campos en los que las facultades se otorgan en forma restrictiva, de manera que no puede hablarse ahí de facultades implícitas, y sólo se puede admitir que se ejerciten las facultades expresa y limitativamente otorgadas. Siendo en esta última hipótesis donde encuadra el presente asunto, pues la Junta se encuentra limitada en cuanto a sus facultades para requerir motu proprio los datos, elementos e informes que permitan emplazar a los demandados. Es por ello que de las normas que rigen al procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el artículo 870 de la ley laboral es preciso en especificar que las disposiciones del capítulo relativo rigen la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley. Por lo que conforme al artículo 871 subsecuente, el procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora de la Junta competente, la cual lo turnará al Pleno o a la Junta Especial que corresponda. Así, el artículo 872 de la ley laboral indica que la demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandados haya. Siendo así que el actor en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones. Ante ello, el artículo 873 contempla que el Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo, se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia. Agrega, además, que cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Asimismo, el artículo 874 prevé que la falta de notificación de alguno o de todos los demandados obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. Las partes que comparecieren a la audiencia quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración, a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o en estrados de la Junta; y las que no fueren notificadas se les hará personalmente. Como puede advertirse de la relatoría de los artículos en comento, en ninguno de ellos se contempla la facultad de la Junta para que indague por su cuenta el domicilio de los demandados con el propósito de emplazarlos y, con ello, relevar a la parte accionante de la carga procesal correspondiente. Luego, si bien en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo se faculta a la Junta para admitir la demanda, el hecho de que ante la actitud omisa del actor para proporcionar los elementos que permitieran emplazar a los demandados con el apercibimiento que de no hacerlo se archivaría el expediente por los no emplazados, de ninguna manera implica una revocación de su auto admisorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 685 de dicho ordenamiento, en cuanto que prevé los principios de economía, concentración y sencillez que rigen el derecho procesal del trabajo, en relación con el numeral 848 de la ley de la materia, que dispone expresamente que las resoluciones que dicten las Juntas no pueden ser invalidadas por medio de defensa alguno. En efecto, el artículo 848 referido precisa que las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso, por tanto, las Juntas no pueden revocar sus resoluciones. En este punto, es relevante señalar que el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo prevé la procedencia del recurso de revisión contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios o resoluciones que ponen fin a las tercerías, así como contra los dictados en las providencias cautelares, porque en este caso la materia del recurso es restrictiva y se limita a las hipótesis antes mencionadas. En efecto, del capítulo correspondiente a la revisión de los actos de ejecución, el artículo 849 contempla que, contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Pero en esta hipótesis se surte muy especialmente el caso de actos en ejecución de laudo, que es muy diverso al caso donde se manda al archivo el expediente en razón de que el actor no proporcionó el domicilio para emplazar a los codemandados faltantes, lo cual se da dentro del procedimiento. Por tanto, no le es aplicable dicha norma legal en cuanto a la procedencia del recurso de revisión. Así las cosas, en la especie, la Junta no se encuentra revocando su auto de admisión, sino que ante la contumacia del actor, hizo efectivo el apercibimiento de archivar el asunto, puesto que la Ley Federal del Trabajo no contiene artículo expreso que autorice a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para llevar cabo todas aquellas diligencias para indagar motu propio el domicilio de los demandados para efectos de llamarlos a juicio, ya que es precisamente al actor a quien compete allegar mayores elementos para la localización y emplazamiento de los demandados LUIS DOMINGO MADARIAGA "N", DANIEL MADARIAGA "N" Y RODRIGO MADARIAGA "N", pues de otro modo la Junta no puede dar cumplimento a los artículos 742, 743 y 712 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que bajo tal supuesto era factible que ordenara el archivo del expediente en cuanto a dichos demandados; por consiguiente, si la Junta actuó de esa manera su proceder resultó legal, sin que en modo alguno ello implicara la revocación del acuerdo que ordenó admitir la demanda. Ahora bien, en el capítulo XIII, sección primera, reglas generales, relativo a las pruebas, en primer término, el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, especifica cuáles son los medios de prueba que son admisibles mientras no sean contrarios a la moral y al derecho, como son la confesional, documental, testimonial, pericial, inspección, presuncional, instrumental de actuaciones y fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Siendo así que el artículo 779 del mencionado ordenamiento legal dispone que la Junta desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello. Además, el siguiente artículo 780 prevé que las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo. Lo anterior viene a colación, porque el artículo 782 del mismo capítulo y que señala el quejoso dejo de observar, dispone que la Junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate. Incluso, el subsecuente artículo 783 señala que toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, está obligada a aportarlos, cuando sea requerida por la Junta de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje. Además que, conforme al artículo 784, la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Sin embargo, tales preceptos legales no tienen el alcance de constreñir a la Junta para llevar cabo todas aquellas diligencias para indagar motu proprio el domicilio de los demandados para efectos de llamarlos a juicio, ya que es precisamente al actor a quien compete allegar mayores elementos para la localización y emplazamiento de los demandados. Máxime que dichos artículos se refieren al desahogo de pruebas. En ese orden de ideas, no era la Junta la que debía emplear los medios legales a su alcance para allegarse de elementos de manera oficiosa con el propósito de notificar y emplazar a juicio a la parte demandada, sin que la normas legales relativas a las facultades que para mejor proveer tuvieran el alcance de otorgarle esa facultad, ya que éstas se encuentran exclusivamente reservadas en el capítulo de pruebas; tampoco el conocimiento que tiene del nombre del patrón y la actividad indicada por el trabajador constituyen razón suficiente para actuar de oficio y estar posibilitada para solicitar los informes relativos a las autoridades administrativas, fiscales, aduaneras, electorales, de seguridad social, agrupaciones privadas, entre otras, a fin de que le proporcionaran el domicilio de la persona física o morales demandadas. Sin que tampoco pueda deducirse esa situación de la facultad que contempla el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, en lo relativo a que la Junta responsable para corregir cualquier irregularidad u omisión ocurrida en la tramitación del proceso laboral, pues su alcance no es suplir la voluntad del accionante en cuanto a proporcionar el domicilio de los demandados. Tampoco enlazando los artículos 685, 686 y 782 de la Ley Federal del Trabajo puede arribarse a esa estimación, para concluir que la Junta responsable cuente con facultades para realizar oficiosamente diversas prevenciones, requerimientos y diligencias para mejor proveer en aras de lograr el emplazamiento de los demandados en comento. Precisamente, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo establece, en su primer párrafo, los principios que rigen el proceso laboral, como son el de publicidad, gratuidad, inmediación, oralidad, instancia de parte, economía, concentración, sencillez y celeridad y, en el segundo, la facultad de las Juntas para subsanar la demanda y mandarla aclarar cuando sea oscura o vaga. Finalmente, el artículo 782 dispone que la Junta podrá ordenar el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y podrá requerir a las partes la exhibición de aquéllos. Pero esto último está restringido al tema de las pruebas, no a relevar al trabajador para que se desentienda de allegar los elementos que permitan localizar a sus contrarios. Consecuentemente, si la Junta en el acuerdo de radicación de la demanda ordenó el emplazamiento de todos los demandados y ante los diversos obstáculos para lograr su cometido respecto a algunos de ellos, no podía, conforme a dichos numerales, hacer uso de una facultad inexistente para llevar a cabo todas aquellas diligencias que estimara pertinentes para localizar a los demandados faltantes de emplazar. Tal facultad tampoco podía desprenderse del artículo 783 de la Ley Federal del Trabajo, para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje requieran a terceros determinados datos que permitan localizar el domicilio de los demandados, pues en todo caso la obligación de la Junta se circunscribe a vigilar que el actuario tome en cuenta, al momento de realizar la notificación, atento a los elementos proporcionados en el libelo inicial para localizar a los demandados, pues no se puede alegar para ello debe hacerse uso de las providencias para mejor proveer que prevé el artículo 782, tampoco que se trate de una irregularidad u omisión en el trámite procesal para practicar las diligencias que juzguen conveniente para el esclarecimiento de la verdad, menos aún vincularlas con la facultad de verificar que el notificador obedezca su determinación para tratar de localizar los domicilios de los demandados con base en los datos proporcionados de acuerdo con su requerimiento. Para dicho propósito debe tenerse en cuenta que el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo no es un precepto que obligue indefectiblemente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a solicitar la práctica de diligencias para mejor proveer para efectos de emplazamiento, ni establece la facultad de que la Junta se sustituya a las partes en sus cargas procesales, sino que surge como una necesidad para dar cumplimiento a lo que la ley les ordena, en tratándose del desahogo de pruebas parar llegar a la verdad buscada. Lo anterior se ve corroborado por lo que dispone el artículo 886 de la citada legislación, en lo concerniente al proyecto de laudo formulado por el auxiliar, pues dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. En consecuencia, la Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Como puede advertirse claramente se alude al tema de pruebas. Esto es, dichos preceptos contemplan el concepto fundamental que rige el derecho procesal del trabajo, por el que se busca la aplicación de una justicia objetiva, acorde con la realidad de los hechos debatidos en el conflicto, para decidir sobre la justificación de las pretensiones alegadas por las partes. Por tanto, no puede fundarse en él la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando realiza diligencias para localizar a los demandados faltantes de emplazar, ya que con ese proceder, la autoridad mencionada infringiría los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, al excederse en sus facultades jurisdiccionales, con lo que obraría fuera de sus atribuciones, al aportar al conflicto las constancias que estima necesarias para justificar jurídicamente que se cumpla su acuerdo que ordenó emplazar a todos los demandados, soslayando con ello que dicha carga procesal compete al trabajador. Como corolario, se impone decir que no existe precepto legal que imponga a la Junta la obligación de emplear los medios legales a su alcance para buscar los datos que le permitan emplazar a juicio a los demandados LUIS DOMINGO MADARIAGA "N", DANIEL MADARIAGA "N" Y RODRIGO MADARIAGA "N", sin que ello implique contravenir las normas legales relativas a las facultades que para mejor proveer le son otorgadas para el esclarecimiento de la verdad pues, como se dijo, ello pertenece al campo del desahogo de pruebas; tampoco el solo hecho de que tenga conocimiento del nombre del patrón y la actividad indicada por el trabajador, sea suficiente para que éste quede relevado de esa obligación de proporcionar los elementos para emplazarlos. Dicho en otras palabras, la Junta no se halla en posibilidad de solicitar los informes relativos a las autoridades administrativas fiscales, electorales, de seguridad social, agrupaciones privadas, entre otras, a fin de que le proporcionen el domicilio de la persona física o moral demandada, ya que esa facultad no está regulada como una obligación a su cargo. En apoyo se cita la jurisprudencia 2a./J. 98/2013 (10a.), con registro 2004225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2, Página 794, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS. Conforme al artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador debe proporcionar en su escrito inicial de demanda, cuando menos, el domicilio de la fuente de trabajo, por lo que cuando endereza su reclamación contra más de un patrón, esa obligación debe cumplirla respecto de todos. Por tanto, cuando no haya podido emplazarse a todos los demandados señalados en el escrito inicial, por no haberse proporcionado su domicilio o no ser el correcto y, ante la falta de disposición expresa que señale cómo debe procederse en estos casos, mediante la interpretación sistemática de los artículos 17, 685, 735 y 874 de la ley de la materia se obtiene que la Junta competente, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas inicial a la que haya citado a las partes, deberá fijar de oficio una nueva fecha para su celebración, requiriendo en ese acto a la actora para que proporcione, en un término de 3 días hábiles, el domicilio del o de los demandados que no pudieron ser emplazados, y apercibiéndola de que si no proporciona el o los domicilios correctos, se tendrá por no interpuesta la demanda contra quien no haya podido ser emplazado y se continuará la tramitación del juicio con el o los patrones legalmente emplazados." En ese orden de ideas, como se ha analizado no adolece de falta de fundamentación y motivación ni lo priva de acceso a la justicia ya que la responsable expreso los motivos por los que procedió a tener por no interpuesta la demanda laboral en cuanto a los codemandados físicos LUIS DOMINGO MADARIAGA "N", DANIEL MADARIAGA "N" Y RODRIGO MADARIAGA "N", al no acatar la vista que por tres días le fue otorgada en acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve, pues únicamente se desahogó la prevención por cuanto a la moral, de ahí que en dicha actuación debió haber referido algo en relación a los codemandados físicos, a fin de proporcionar un domicilio donde pudieran ser emplazados a juicio, por lo que ante tal omisión a la data del acuerdo impugnado -once de marzo de dos mil veinte- procedió con fundamento en los artículos 17, 685, 739 y 735 de la Ley Federal del Trabajo, así como en la jurisprudencia 2a./J. 98/2013, transcrita en párrafo que antecede, que le indica el procedimiento a seguir cuando no se proporciona un domicilio donde pueda ser emplazados los codemandados físicos que se indican, a tener por no interpuesta la demanda laboral en cuanto a dichos demandados. En las relacionadas consideraciones, ante la ineficacia del concepto de violación, aun suplido en su queja deficiente, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Sin que al caso proceda analizar la jurisprudencia IV.2o.T. J/39, con el rubro DEMANDA LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO SE IGNORA EL DOMICILIO DE LA PARTE DEMANDADA (ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO), que cita el quejoso como apoyo a los argumentos de su concepto de violación, en razón a que fue superada por contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 98/2013, que apoya esta determinación. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara NI protege a Carlos Benítez Flores, por el acto reclamado a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, consistente en el acuerdo de once de marzo de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 01/1615/2014, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintitrés de noviembre de dos mil veinte, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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