Carlos Bernardo Rodriguez Garcia

Expediente 985/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
985/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Bernardo Rodriguez Garcia
  • Juez de Control Especializado En Ejecucion de Poder Judicial del Estado de Baja California En Tecate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Feneció término legal. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Causa estado. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el citado proveído ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de ley. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, y toda vez que, como se advierte de la certificación de cuenta, no existen acuses pendientes de glosar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. El Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido, son destruibles los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Juicio de amparo. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción II del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el mismo. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Sin mayor proveído. Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en razón a los párrafos que anteceden. Notifíquese en términos de ley.Así lo acuerda y firma Judith Viviana Juárez Vázquez, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con la Secretaria María Adela Mora Águila que firma y da fe. Doy fe. Carlos

  2. Principal

    Escritos. Agréguense a los autos los escritos de cuenta, sobre los que se provee lo siguiente: Se deja sin efectos multa impuesta. Del análisis practiado al primer escrito de cuenta, la suscrita concluye que debe dejarse sin efectos la sanción pecuniaria impuesta a Alan Adrián Moreno Rico, en proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve, en razón de que el treinta de octubre pasado, con motivo del informe rendido por la autoridad responsable, se reconoció su personalidad como promovente del directamente agraviado, al tenor literal siguiente: "Y porque además, por virtud de la audiencia del siete de octubre de dos mil diecinueve, celebrada ante la responsable, debe reconocerse la personalidad de quien promovió en nombre del quejoso la presente demanda, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo." En consecuencia, se ordena girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California 2, con residencia en esta ciudad, para que deje sin efecto el Procedimiento Administrativo de Ejecución de la multa impuesta a Alan Adrián Moreno Rico, con número de documento 2388, de sus registros; debiendo remitir las constancias correspondientes. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, dado que la pretensión esencial que se extrae del segundo escrito de cuenta, tiene por objeto tildar de incorrectas diversas actuaciones que contienen el trámite dado a la imposición de la multa con que se sancionó al promovente; y en razón de que ésta se dejó sin efectos, resulta innecesario dictar mayor providencia sobre el tópico, dado que lo pretendido ya se encuentra satisfecho.

  3. Principal

    Informe de autoridad. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, mediante los cuales, en respuesta al auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, informa lo acontecido en audiencia celebrada en esa misma fecha, en el sentido de que determinó procedente la solicitud planteada a favor del quejoso Carlos Bernardo Rodríguez García, dentro de las causas penales 2142/2013 y 61/2014 del índice del Juzgado de Garantía del Partido Judicial de Mexicali, Baja California; asimismo, que determinó conceder a la parte quejosa el beneficio de libertad anticipada y ordenó su libertad absoluta. Admisión de pruebas. En relación al disco compacto que la responsable anexó a su segundo oficio de cuenta, el cual se encuentra debidamente certificado, y que contiene los archivos de la audiencia pública de siete de octubre de dos mil diecinueve, celebrada dentro del cuaderno de ejecución 277/2019, de su índice, téngase por ofrecido, admitido y desahogado dada su propia y especial naturaleza, sin necesidad de desahogar diligencia para su reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, registro 2004362, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Resguardo de objeto. A fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la secretaría de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse de él, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. El contenido de los informes de cuenta, y del disco compacto anexo, permite declarar improcedente el juicio de amparo al haber cesado los efectos del acto reclamado, con base en lo siguiente. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." También apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, visible en la página 38, con registro electrónico 193758, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que el análisis de la presente litis constitucional tenga mayor alcance al acto aquí precisado como se advierte de la tesis 2a. CV/2013 (10a.) consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro 1, Diciembre de 2013, visible en la página 732, con registro electrónico 2005150, cuyo rubro y texto dicen: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Precisión del acto reclamado. En el caso particular, el acto que motivó el juicio de amparo es la omisión por parte del Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado, con sede en Tecate, de proveer sobre dos solicitudes, la primera de ellas, consistente en la autorización de abogados que hizo el quejoso, y la segunda, consistente en señalar fecha de audiencia para solicitar beneficios de libertad anticipada dentro del expediente de ejecución 277/2019 del índice del juzgado responsable. Peticiones las anteriores, contenidas en los escritos que a decir del quejoso, fueron presentados ante la autoridad responsable el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. En esa tesitura, la litis de este juicio se integra en lo esencial, con la omisión de acordar las solicitudes planteadas por el quejoso. Ahora, de las constancias remitidas por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, se advierte lo siguiente: Que por audiencia de siete de octubre de dos mil diecinueve, se determinó procedente la solicitud planteada a favor del quejoso Carlos Bernardo Rodríguez dentro de las causas penales 2142/2013 y 61/2014; y, Que se determinó conceder a la parte quejosa el beneficio de la libertad anticipada y ordenó su libertad absoluta. Documentales que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Esas actuaciones a consideración de la suscrita, hicieron que cesaran los efectos de las omisiones que constituían los actos reclamados en la demanda; por lo que en el juicio ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de cometerse la violación reclamada, de manera tal como si se hubiera otorgado el amparo. En efecto, la solicitud de libertad anticipada fue resuelta por el juez responsable el siete de octubre pasado, con lo que se desvaneció la omisión de proveer sobre ella, atribuida a la responsable; pero además el sentido en que se resolvió es de capital importancia pues la orden de dejar en libertad al quejoso, trasciende a su diversa petición de autorización de abogados, en la medida en que dicha solicitud tenía por objeto que su defensa lo visitara en el centro penitenciario en que estaba recluído, de manera que al haber egresado de ese lugar, es claro que cesó en sus efectos la falta de acuerdo que permitiera a sus defensores visitarlo allí. Asimismo, de la audiencia celebrada el siete de octubre de dos mil diecinueve, se advierte que se reconoció a Alan Adrián Moreno Rico, como defensor particular del quejoso, siendo esto, la materia de su primera solicitud; con lo que se vuelve indudable que la falta de acordar sobre ello, se encuentra totalmente desvirtuada. En suma como la pretensión de la parte quejosa quedó colmada cuando la autoridad responsable emitió en audiencia de siete de octubre de dos mil diecinueve, respuesta sobre lo que se le planteó, reconociendo a su defensor y ordenando la libertad del quejoso, resulta claro que dejó de existir el motivo por el que fue solicitado el amparo y, por ende, es evidente que el juicio resulta improcedente pues ante la existencia de la actuación mencionada, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de los actos reclamados, ya que no existe la causa que la parte peticionaria del amparo consideró violatoria de sus derechos humanos. No está de más decir, que el catorce de octubre de dos mil diecinueve, la actuaria de la adscripción se constituyó en el centro de reclusión donde se encontraba el quejoso, y le fue informado que el siete de octubre de dos mil diecinueve fue puesto en libertad; con lo que se corrobora que los actos aquí reclamados han cesado en sus efectos. Ahora bien, no pasa desapercibido que en proveído de siete de octubre del presente año, se ordenó la ratificación por parte del quejoso, de la demanda de amparo, porque quien la promovió en su nombre no acreditó su personalidad, sin que hasta la fecha, se haya logrado dicha ratificación. Sin embargo, ello no es óbice para sobreseer en el presente juicio, porque el estudio de la improcedencia es preferente y de orden público, y se estima que debe prevalecer por encima de requisitos de procedibilidad; más aún, porque incluso si se llegara a ratificar la demanda, ello no variaría el sentido de esta decisión. Y porque además, por virtud de la audiencia del siete de octubre de dos mil diecinueve, celebrada ante la responsable, debe reconocerse la personalidad de quien promovió en nombre del quejoso la presente demanda, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo. En conclusión, dado que, la parte quejosa ya obtuvo lo que el amparo podría otorgarle, tan así es que la responsable le dio contestación a su solicitud de manera favorable, y determinó concederle el beneficio de la libertad anticipada; por ende, dejó de ser necesaria la protección de la Justicia Federal. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, en razón de la cesación de efectos actualizada. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, visible en la página 386, con registro electrónico 184572, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, página: 325, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Informe de multa. Agréguese a los autos el oficio con número de registro 17442 mediante el cual la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2", con sede en esta ciudad, informa que la multa impuesta por este juzgado en proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve a Alan Adrián Moreno Rico, ya fue dada de alta en sus controles internos; y que en su momento se procederá a hacerla efectiva a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento de información. Por otro lado, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de veinticuatro horas concedido en proveído de catorce de octubre del año en curso, al Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo I" para que informara a este Juzgado si en sus respectivos archivos existe registro de algún domicilio del directamente agraviado Carlos Bernardo Rodríguez García; en consecuencia, dado que se encuentra pendiente la ratificación de la demanda ordenada en auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, previo a agotar los medios correspondientes para su localización, requiérase de nueva cuenta al Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, para que dentro del término de veinticuatro horas legalmente computadas, se sirva a informar a este Juzgado si en sus respectivos archivos existe registro de algún domicilio del directamente agraviado Carlos Bernardo Rodríguez García, y en caso de ser así, que lo proporcione, en razón de que en dicho centro se encontraba recluido; ante lo cual, se estima posible que al procesar y luego liberar al quejoso, se tomaron sus generales, entre ellos, algún domicilio. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Diferimiento de audiencia. En consecuencia, se procede a diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las doce horas con diez minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.

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