Carlos Atilano Peña
Expediente 914/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/06/2022
Partes del expediente
- Carlos Atilano Peña
- Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de junio de dos mil veintidós. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo hágase su depuración, debiéndose conservar únicamente las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En Tijuana, Baja California, a las diez horas con treinta minutos del veinte de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 914/2021-IV, promovido por ********************, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante José Alejandro Velázquez Aguilar, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el secretario certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, que dispone: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el secretario hace constar que fue ofrecido el siguiente medio de prueba: No. Partes Pruebas Foja (s) Admitidas y desahogadas 1 Quejoso Documentales 21 a 27 41 a 46 04 de enero de 2022 (47 a 49) 2 Juez Quinto Civil de Tijuana, Baja California Documentales 61 a 199 235 a 243 31 de enero de 2022 (foja 200) 27 de abril de 2022 (foja 244) Asimismo, el secretario certifica que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas relacionadas, tómense en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto; sin pruebas pendientes de acordar ni de desahogo, se da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. En este acto, se abre el periodo de alegatos y se hace constar que únicamente fueron formulados por la parte tercera interesada mediante escrito registrado con folio 2758; mientras que las restantes partes no realizaron manifestación alguna. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechos los alegatos de referencia y por precluido el derecho de las restantes partes para formular alegatos, por tanto, se da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda; y, VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 914/2021-IV; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tienen tal carácter: a).- El C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL de este partido judicial de la ciudad de Tijuana Baja Califonia [.]. b).- EI C. Actuario adscrito al JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL de este partido judicial de la ciudad de Tijuana Baja Califonia [.]. c).- El C. Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en esta Ciudad de Tijuana Baja California [.]. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- a).- Del C. Juez Quinto de lo Civil de este partido Judicial de la ciudad de Tijuana Baja RECLAMO la orden de embargo pronunciada en el expediente 29/2016 relativo al juicio ordinario mercantil promovido por el Tercero Interesado Señor JOSE GUILLERMO CAMPOS CASTILLO en contra del suscrito quejoso, asi como todas y cada una de las consecuencias que deriven de dicha orden y en particular ,el acuerdo mediante el cual tiene por constituido dicho embargo y ordena se gire atento oficio al C. Registrador Público de la Propiedad y de Comercio a fin de que procediera a su inscripción y registro en el juicio de referencia al margen de varias partidas y que corresponden al asiento de varios predios que aparecen a mi nombre. b).- Del C. Actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil de este partido judicial de la ciudad de Tijuana Baja Califonia RECLAMO la diligencia de fecha 12 de Noviembre del año 2021 mediante la cual dio cumplimriento a la orden pronunciada por el C. Juez Quinto de lo Civil y a través de la cual embargó diversos predios que aparecen como de mi propiedad ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad. c).- Del C. Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad de Tijuana Baja California RECLAMO el cumplimiento a la orden emitida por la primera de las responsables C. Juez Quinto de lo Civil consistente en la inscripción de los embargos ordenados y trabados en los autos del juicio de donde emanan los actos reclamados". SEGUNDO. Radicación, prevención y trámite. El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se registró bajo el número de expediente 914/2021-IV y se previno; por lo que una vez desahogada ésta, por acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, se admitió; por lo que se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. Lo anterior, puesto que se reclaman resoluciones cuyas consecuencias jurídicas tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional, lo que actualiza la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos y autoridades que enseguida se precisan: No. Autoridades responsables Actos reclamados 1 Juez Quinto Civil de Tijuana, Baja California. 1. El proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario mercantil 29/2016, en la etapa de ejecución de convenio, a través del cual se ordenó embargar bienes propiedad del quejoso ********************. 2. El acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el referido juicio, también en la etapa de ejecución de convenio, mediante el cual se ordenó inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California los embargos trabados sobre bienes del quejoso. 2 Actuario adscrito al Juzgado Quinto Civil de Tijuana, Baja California. La diligencia de embargo llevada a cabo el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el periodo de ejecución de convenio del juicio ordinario mercantil 29/2016, por la cual se embargaron diversos inmuebles. 3 Registradora Pública de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California El cumplimiento a la orden de inscripción TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, las autoridades responsables que enseguida se indicaran rindieron su informe justificado, tal como se precisa a continuación: No. Autoridades Sentido del informe Foja(s) 1 Juez Quinto Civil de Tijuana, Baja California. Cierto 60 2 Actuario adscrito al Juzgado Quinto Civil de Tijuana, Baja California. Cierto 60 3 Registradora Pública de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California. Niega 56 Como se aprecia del recuadro anterior, las autoridades responsables, con excepción de la última, aceptaron la existencia de los actos reclamados; por ende, estos se tienen como plenamente probados. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que remitieron las autoridades responsables consistentes en copia certificada del juicio ordinario mercantil 29/2016 del índice del Juzgado Quinto Civil de Tijuana, Baja California, de las que se advierte la existencia de las determinaciones reclamadas. Documentos que adquieren pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Desvirtúa negativa. Finalmente, se desvirtúa la negativa hecha valer por la Registradora Pública de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, en razón de que, contrario a lo que afirma, de las constancias relativas al juicio de origen se advierte que por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable ordenó inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California los embargos trabados sobre bienes del quejoso. Por tanto, es claro que participa en la ejecución de los actos reclamados; de ahí que deba desvirtuarse la negativa de los actos reclamados que hace valer. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si en la especie se actualiza algún motivo de improcedencia, sea que las partes lo hagan valer o no, ya que su estudio es de orden público y preferente. No es última resolución en etapa de ejecución. Este órgano de control constitucional, de oficio, estima que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Justificación. Lo anterior, en razón de que se estima que las resoluciones reclamadas y su ejecución, no son la última resolución emitida en la etapa de ejecución del juicio de origen, ni reviste las características establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar que el juicio de amparo procede en su contra. Marco normativo. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido". Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". En efecto, en primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior, esto es, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La interpretación del referido precepto legal permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual podrán reclamarse, además, los vicios que, en su caso, se hubieren cometido durante el mismo que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en criterio jurisprudencial que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, ya que en estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. No obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto podemos concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia, afecte derechos sustantivos y no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia que dio origen a la jurisprudencia P./J.108/2010, en la parte que interesa determinó: "Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, dado la amplitud de la norma contenida en la fracción IV citada, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. [.]" Argumentos que originaron la jurisprudencia P./J. 108/2010, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Caso concreto. Del análisis integral de la demanda de amparo, como se indicó, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados destacados los siguientes: 1. El proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario mercantil 29/2016, a través del cual se ordenó embargar bienes propiedad del quejoso ********************. 2. El acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario mercantil 29/2016, mediante el cual se ordenó inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California los embargos trabados sobre bienes del quejoso. 3. La diligencia de embargo llevada a cabo el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio ordinario mercantil 29/2016, por la cual se embargaron diversos inmuebles. 4. El cumplimiento a la orden de inscripción de los embargos. Ahora bien, de las constancias con las que se cuenta para resolver, se observa que tales determinaciones fueron pronunciadas en la etapa de ejecución del convenio celebrado entre las partes el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis; ratificado ante la presencia judicial y elevado a la categoría de cosa juzgada el diez de noviembre del mismo año, dentro del juicio ordinario mercantil 29/2016. En efecto, para evidenciar lo expuesto resulta necesario citar los antecedentes más relevantes de los actos reclamados, los cuales son: 1. Mediante escrito recibido el doce de enero de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia en Tijuana, Baja California, José Guillermo Campos Castillo demandó en la vía ordinaria mercantil, en ejercicio de la acción causal, a ********************, por el pago de diversas cantidades. 2. El trece de enero de dos mil dieciséis, el Juez Quinto de lo Civil de Tijuana, Baja California admitió la demanda bajo el número 29/2016, por lo que ordenó emplazar al demandado. 3. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, tanto el actor como el demandado, acompañaron convenio de reconocimiento de adeudo a fin de dar por concluido el asunto. 4. Con motivo de lo anterior, por acuerdo de dos de noviembre de dos mil dieciséis, el juez responsable ordenó ratificar el convenio citado. Por tanto, el diez de noviembre del mismo año, las partes comparecieron ante la presencia judicial a ratificar el convenio; circunstancia por la que por acuerdo de la misma fecha el juez responsable aprobó en forma definitiva el convenio y condenó a las partes a pasar por éste en todo tiempo y lugar con efectos de sentencia ejecutoriada. 5. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintiuno, el actor José Guillermo Campos Castillo solicitó al juez se iniciara la ejecución forzosa del convenio, con motivo de su incumplimiento por parte del demandado. 6. Con base en ello, por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable dio vista a la parte demandada para que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento del convenio. 7. Por escrito registrado con folio 16899 el demandado, aquí quejoso, ******************** dio contestación a la vista que se le otorgó. Razón por la cual, mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, el juez responsable decretó la ejecución forzosa del convenio; por lo que ordenó al secretario actuario de su adscripción embargar bienes propiedad del demandado, aquí quejoso. 8. Con base en lo precisado, el doce de noviembre de dos mil veintiuno, el secretario actuario adscrito al juzgado responsable procedió a embargar diversos inmuebles propiedad del demandado. Por tal motivo, por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable ordenó girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California para que procediera a la inscripción de los embargos correspondientes. Las determinaciones y sus consecuencias precisadas en los números 7 y 8 constituyen la materia de los actos reclamados en esta instancia constitucional. Conclusión. Este órgano de control constitucional concluye que las determinaciones reclamadas no son susceptibles de ser analizadas en amparo indirecto, toda vez que, como se ve, no se tratan de la última resolución en la etapa de ejecución del juicio de origen, ni se puede considerar dentro de los supuestos de excepción antes precisados, puesto que dada la naturaleza de éstas se observa que tienen como finalidad ejecutar el convenio celebrado entre las partes en el juicio de origen. Lo anterior es así, en razón de que las actuaciones reclamadas únicamente tienen como consecuencia garantizar el pago de lo reconocido en el convenio aludido por parte del demandado, aquí quejoso, a través del embargo de diversos inmuebles. Situación que conlleva a que a través de tales actuaciones se pueda continuar con la ejecución del convenio que ya fue elevado a categoría de cosa juzgada. Por ende, como es de verse, si acorde a lo narrado los actos reclamados acontecieron dentro de la fase de ejecución de convenio celebrado en el juicio natural y elevado a la categoría de cosa juzgada, en el que no se ha logrado el objetivo primordial de lo convenido por las partes, esto es, que se haga el pago total de las cantidades adeudadas por el demandado, se concluye que las consecuencias de los actos reclamados no pueden ser materia de análisis del presente juicio con independencia de las alegaciones que al respecto se hagan valer con relación a su imposible reparación, ya que se tratan de actuaciones que no tienen ni guardan una autonomía propia con la ejecución de sentencia (convenio) y, por el contrario, son determinaciones que son necesarias para para ejecutar aquélla. Lo anterior es así, porque como ya se dijo las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo, y solamente en casos excepcionales en que adquieren cierta autonomía, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que de tolerarse resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, porque lo trascendente en tal hipótesis es que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse. De ahí entonces que, como los actos reclamados únicamente traen como consecuencia que se analicen en esta instancia constitucional si fueron correctos o no los embargos trabados sobre los inmuebles propiedad del aquí quejoso, se concluye que no se trata de resoluciones autónomas ni ajenas a la cosa juzgada, porque sus consecuencias materiales y legales se generan para lograr la ejecución del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada. Por tanto, no puede considerarse que las resoluciones reclamadas se traten de actuaciones que tengan autonomía propia con la ejecución de sentencia; o se traten de la última actuación emitida en la etapa de ejecución. Lo anterior, porque sus efectos únicamente traen como consecuencia que se pueda continuar con la ejecución del convenio celebrado entre las partes en el juicio de origen. Sin que al caso resulten aplicables las tesis que cita el quejoso para sostener la procedencia de la demanda de amparo, las cuales son: 1. VII.2o.C.17 C de rubro: "EMBARGO DE BIENES INMUEBLES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, DERIVADO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO". 2. XXVII.3o.90 K de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL DE SU PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE LA ADJUDICACIÓN DE UN INMUEBLE OBJETO DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA". Lo anterior, porque ambas tesis no son criterios vinculantes para este juzgado en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al ser resoluciones emitidas por tribunales colegiados de diferente circuito y no constituir jurisprudencia. De igual manera, de ambos criterios se advierte que la ratio decidendi no guarda relación con lo planteado en este asunto, pues en la primera de ellas la ratio se basó en el supuesto relativo a embargos de bienes dentro de un procedimiento ejecutivo mercantil y derivado de un embargo del que previamente se desistió el actor. Por otro lado, el segundo criterio aludido se centró en el análisis de la adjudicación en la etapa de ejecución de sentencia que, de igual manera, no guarda relación con lo que se analiza en este expediente. Decisión. Con base en lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados a la Registradora Pública de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, dado que no fue impugnado por vicios propios, sino como consecuencia de lo decidido en el juicio de origen. En atención a la actualización de la causal de improcedencia aludida, no es viable el estudio del fondo de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Alegatos. En diversa línea argumentativa, no procede incorporar al análisis de la litis constitucional antes efectuado, el conjunto de manifestaciones vertidas por las parte tercera interesada en vía de alegatos, aunado a que por lo que respecta a la causa de improcedencia que hace valer ya fue estudiada en esta sentencia; como se desprende de la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por ********************, en relación con los actos reclamados al Juez y actuario del Juzgado Quinto Civil de Tijuana, Baja California; y a la Registradora Pública de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy. Sin embargo, la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, al remitir su informe justificado remitió constancias relativas al expediente 29/2016, sin embargo de las mismas se observa que la última corresponde al auto dictado el doce de enero del año en curso, por el cual se tuvo al autorizado de la ahí parte actora exhibiendo un acuse de recibo; sin embargo, no obra lo resuelto respecto al incidente de liquidación promovido por el aquí tercero interesado José Guillermo Campos Castillo, no obstante que el ocho de diciembre de dos mil veintiuno turnó los autos para dictar la resolución respectiva. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, remita copia certificada de la totalidad de las actuaciones que integran el expediente 29/2016; en la inteligencia de que deberá remitir únicamente las subsecuentes al auto de doce de enero de dos mil veintidós y la resolución del incidente de liquidación promovido por el aquí tercero interesado; o en su caso manifieste la imposibilidad justificada que tengan para ello. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo indicado, se les impondrá una multa de cien veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional) por cien; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veinte de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de marzo de dos mil veintidós. Alegatos. Agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado José Gui********************; en atención a sus manifestaciones, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por hechos los alegatos que expone; hágase relación de ellas en la audiencia constitucional, los cuales podrán ser considerados al emitir la resolución que corresponda en el presente juicio constitucional. Notifíquese.
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