Carlos Barraza Contreras
Expediente 296/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Barraza Contreras
- Carlos Barraza Contreras y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de ocho de junio del año en curso, en la cual se negó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actiaro se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis que dice: SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 296/2016-III, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el once de abril de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado el mismo día, ***************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que se precisan: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: H. Segunda Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos (.). IV.- ACTO RECLAMADO La resolución emitida por la Segunda Sala Civil Regional de este Distrito Judicial Bravos el 14, publicada el 15 y que surtió sus efectos el 16, todos del mes de marzo del 2016, del toca número ***************, (.). SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de doce de abril de dos mil dieciséis, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que, después de diferida, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama la resolución incidental de una autoridad residente en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Segunda Sala Civil Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Tribunal Superior de Justicia, en el toca ***************, relativo al recurso de apelación interpuesto por ***************, en contra de la sentencia interlocutoria de doce de agosto de dos mil quince, dictada en el expediente *************** concerniente al juicio de divorcio voluntario promovido por *************** y *************** del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual resuelve el incidente abierto con motivo de la excepción de pago parcial interpuesta por ***************, en contra de la liquidación de las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas reclamadas por ***************, en la vía de ejecución de sentencia emitida en el referido juicio. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Segunda Sala Civil Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Tribunal Superior de Justicia, al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con la copia la certificada de todo lo actuado en el toca ***************, de su índice, que anexó a dicho informe y que obra de la foja 39 a la 198, con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que dispone: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación que expone el quejoso son inoperantes. Antes de explicar la afirmación precedente, debe precisarse que el examen del presente asunto se hará a la luz de los motivos de inconformidad que hace valer el peticionario del amparo, por tratarse de un amparo en materia civil en el que por regla general impera el principio de estricto derecho, sin que en el caso se advierta que el acto reclamado se fundara en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni la existencia de una violación manifiesta a la ley que hubiera dejado sin defensa al quejoso, así como tampoco se alegó condición alguna de pobreza o marginación que pusiera en desventaja social al quejoso, que autorizara a suplir la deficiencia de la queja, en términos de las fracciones I, VI y VII del artículo 79 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior por analogía, la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 1417 Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa. Ahora, se considera conveniente citar los antecedentes de mayor relevancia en el presente asunto, los cuales se advierten de las constancias certificadas que envió la autoridad responsable y que son los siguientes: 1. Por escrito de tres de diciembre de dos mil doce, *************** y ***************, solicitaron en la vía especial de divorcio voluntario, la disolución del vínculo matrimonial que los unía y sometieron a aprobación el convenio que anexaron, el cual fue radicado por la Jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos bajo el expediente *************** y seguidos los trámites legales, dictó sentencia definitiva el seis de mayo de dos mil trece, en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial y se aprobó en todos sus términos el convenio celebrado (fojas 40 a 61). 2. Mediante escrito de veintisiete de febrero de dos mil quince, ***************, demandó en la vía incidental a ***************, el incumplimiento de la cláusula segunda del referido convenio y el pago inmediato de la cantidad de $***************, por concepto de adeudo de pensión alimenticia a su favor y de su hija, entre otras prestaciones, seguidos los trámites, la Jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, dictó la resolución incidental el doce de agosto de dos mil quince, en la que aprobó la liquidación de las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas a cargo de *************** a favor de ***************, por la cantidad de $***************(fojas 64 a 67 y 159 a 167). 3. Inconforme con tal determinación ***************, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto el catorce de marzo de dos mil dieciséis, por la Segunda Sala Civil Regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua del Tribunal Superior de Justicia (fojas 129 a 172 y 191 a 195). Esa determinación constituye el acto reclamado en este juicio. En el capítulo de conceptos de violación, el peticionario del amparo aduce que la Segunda Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos, en el toca ***************, al confirmar la sentencia dictada por la Juez de Primera Instancia no valora correctamente los hechos y las pruebas que aportó en el procedimiento llevado a cabo en el expediente ***************, respecto al reclamo que realizó en su contra ***************. Tal argumento es inoperante. Se afirma lo anterior, porque el peticionario del amparo omite precisar cuáles fueron los hechos que la autoridad responsable valoró incorrectamente; asimismo, omite expresar cuáles fueron los medios de prueba aportados y admitidos en el expediente *************** que la alzada no valoró conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia, ni qué hubiera probado con ellos. En efecto, se dice lo anterior, porque cuando se alega incorrecta valoración de pruebas, deben expresarse no sólo las probanzas cuya estimación se considera ilegal, sino también el alcance probatorio de tales probanzas y la forma en que trascenderían éstas al fallo en beneficio del quejoso, pues únicamente en dicha hipótesis puede analizarse si la valoración de pruebas fue correcta o no y si ello, causó perjuicios al quejoso y, por ende, determinar si es violatoria de derechos constitucionales, de suerte tal que los conceptos de violación que no reúnan los requisitos mencionados deben estimarse inoperantes por deficientes. Por consiguiente, se reitera que sus manifestaciones son inoperantes, al tenor de la jurisprudencia VI.2o.J/102, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 509 del Tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que en lo que aquí interesa, establece: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES POR DEFICIENTES, SI OMITEN PRECISAR EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS PROBANZAS CUYA VALORACIÓN ILEGAL SE ALEGA. Los conceptos de violación que se hacen consistir en falta de valoración de pruebas rendidas en el juicio generador del acto reclamado deben expresar no sólo las probanzas cuya estimación se considera ilegal, sino también deben precisar el alcance probatorio de tales probanzas y la forma en que trascenderían éstas al fallo en beneficio del quejoso, pues únicamente en dicha hipótesis puede analizarse si la omisión de valoración de pruebas causó perjuicios al mismo y, por ende, determinar si es violatoria de garantías individuales, de suerte tal que los conceptos de violación que no reúnan los requisitos mencionados deben estimarse inoperantes por deficientes. Además, no se soslaya, que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifiesta que reclama como concepto de violación (sic) la resolución emitida por la Segunda Sala Civil Regional del Distrito Judicial Bravos, en el toca ***************, al confirmar la sentencia dictada por la Jueza de Primera Instancia al no valorar correctamente los hechos y las pruebas que aportó en el procedimiento llevado a cabo en el expediente ***************, respecto al reclamo que realizó en su contra ***************, y que detalla en los párrafos subsecuentes (foja 3 a 7). Sin embargo, tales párrafos son una reiteración casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla de la Jueza de primer grado y en los antecedentes del acto reclamado en los que refiere que señala como concepto de violación, hace referencia a la Sala responsable, tal y como se advierte de la comparación entre las fojas tres a siete y de la ciento sesenta y ocho a la ciento setenta y dos del presente juicio de amparo. Entonces, debe concluirse que el denominado concepto de violación es inoperante por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el presente amparo. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia II.2o.C. J/11, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, de la Novena Época, visible en la página 845 del siguiente contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil. Consecuentemente, ante la ineficacia jurídica de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo solicitado. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***************, contra la resolución de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Segunda Sala Civil Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Tribunal Superior de Justicia, en el toca ***************, relativo al recurso de apelación interpuesto por ***************, en contra de la sentencia interlocutoria de doce de agosto de dos mil quince, dictada en el expediente *************** concerniente al juicio de divorcio voluntario promovido por *************** y *************** del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al tercero interesado y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como, mediante oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Yara Isabel Gómez Briseño, hasta el día de hoy, ocho de junio de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTECNIA DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: UNICO: LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE AL QUEJOSO, CONTRA ACTOS Y AUTORIDADES SEÑALADAS.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Civil Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otra parte, en atención el estado que guardan los presentes autos y toda vez que el día de hoy, se agregó el informe justificado mencionado en líneas precedentes, por tanto, esto no se realizó con el plazo de ocho días de anticipación a la fecha de celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, tal y como lo exige el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que existe imposibilidad jurídica para celebrar la citada audiencia. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, fijándose para su verificativo las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, a fin de que las partes tengan cabal conocimiento del referido informe, y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convenga. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2000, sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
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