Carlos Arturo Quintana Quintana
Expediente 316/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Arturo Quintana Quintana
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, acusa recibo del diverso remitido dentro del juicio de amparo 316/2018-IV, en el que se le declinó la competencia para conocer del presente asunto; asimismo, comunica que aceptó la competencia que se le planteó. Ahora, en virtud de las constancias que solicita, remítansele los informes originales relativos a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, previa copia certificada que se deje en autos para su debida constancia. En ese sentido, una vez que este órgano jurisdiccional reciba los informes restantes, deberán enviarse al Juzgado homólogo en mención. En estas condiciones, al no existir providencia pendiente por dictar, ni promoción que deba acordarse, se ordena el archivo del presente asunto. En otro aspecto, toda vez que el presente cuadernillo, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no constan documentos originales, así como que es susceptible de destrucción. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *****. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los informes que sobre la suspensión de plano rinden la Agente del Ministerio adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal y el Comandante de la Noveno Regimiento de la Caballería Motorizado, en esta ciudad; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales dan cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la Agente del Ministerio adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal, designando como delegada a la persona que indica y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su informe. Finalmente, una vez que obren en autos la totalidad de los informes solicitados, relativos a la suspensión de plano y se tenga conocimiento del juzgado que le haya tocado conocer de la incompetencia declinada por este juzgador mediante proveído de dieciocho de los corrientes, remítase copia certificada de los mismos al órgano jurisdiccional correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los informes que sobre la suspensión de plano rinden la Subdelegada de Procedimientos Penales en funciones de Coordinadora de Juicios de Amparo, en representación del Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y Coordinador Operativo de la Policía Federal Ministerial; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la Subdelegada de Procedimientos Penales en funciones de Coordinadora de Juicios de Amparo, en representación del Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, designando como delegada a la persona que indica y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su informe. Finalmente, una vez que obren en autos la totalidad de los informes solicitados, relativos a la suspensión de plano y se tenga conocimiento del juzgado que le haya tocado conocer de la incompetencia declinada por este juzgador mediante proveído de dieciocho de los corrientes, remítase copia certificada de los mismos al órgano jurisdiccional correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *****. Doy fe.***
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el exhorto 129/2018-XIV, que remite el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto de referencia, derivado del diverso 195/2018-II, deducido del juicio de amparo 316/2018-II, del índice de este Juzgado, sin que sea necesario acusar recibo de estilo, toda vez que éste se generó en forma electrónica a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Declaración de legal incompetencia Sentado lo anterior, y a efecto de resolver lo conducente, es menester precisar que del sumario se advierte que el diecisiete de mayo del año en curso, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, en nombre de *******, contra actos del Delegado Estatal en Chihuahua de la Procuraduría General de la República y otras autoridades; de quienes reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, desaparición forzada, incomunicación, malos tratos y tortura. Se ordenó su registro en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 316/2018-II, y se decretó la suspensión de plano respecto de los actos en mención. Ahora, una vez que este Juzgado ya localizó al directamente agraviado, éste ratificó la demanda y, además, se proveyeron las diligencias de carácter urgente, se procede a estudiar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. Para tal efecto, es preciso recordar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal, ello si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, con relación a la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Conviene señalar, que las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Ley de Amparo. 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Así, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, será competente el Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. Sobre el caso particular, resulta que el promovente de la demanda señaló como actos reclamados, esencialmente, los ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, desaparición forzada, incomunicación, malos tratos y tortura de la que ha sido objeto. Por otra parte, de los hechos que fueron narrados en la demanda promovida a favor del quejoso, se indicó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: [.] El día de hoy diecisiete 17 de mayo de presente año, aproximadamente, a las 3:00 horas, el directamente quejoso, fue detenido, por elementos castrenses, así como por elementos de policiacos (sic) de diversas corporaciones, esto en la localidad conocida como el Terrero, Municipio de Namiquipa, Chihuahua, detenido y privado de la libertad de manera ilegal sin motivo alguno, ya que quiero manifestar que el quejoso al momento de dicha detención no portaba ningún objeto o instrumento de delito, desconociendo su paradero, además de estar incomunicado y ser sujeto a malos tratos y tortura, a fin de que confiese ser responsable de un delito que no ha cometido, desconozco su paradero pudiendo estar recluido en los separos de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad o en los separos de la Procuraduría General de la República en esta ciudad, o en las instalaciones del noveno regimiento de caballería motorizado en esta ciudad. [.] Esta transcripción revela que la persona que promovió la demanda en nombre del quejoso y la cual fue ratificada por éste, indicó que ******* fue detenido en el Municipio de Namiquipa, Estado de Chihuahua, que se localiza dentro del territorio en donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, en términos del Acuerdo General 11/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Asimismo, en la diligencia de diecisiete del actual, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, dio fe de haber localizado al quejoso en las instalaciones de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República en la ciudad de Chihuahua. Seguido de lo anterior, la competencia para conocer de este asunto recae en el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en la ciudad de Chihuahua, pues es en esa demarcación territorial donde comenzaron a ejecutarse los actos reclamados y eventualmente se continuarían ejecutando en la citada ciudad; por lo cual, debe atenderse en principio al lugar en donde tuvieron ejecución los actos reclamados y que coincide con aquel en que, materialmente, pueden llegar a continuar siendo realizados, para determinar a favor de qué Juez de Distrito se surte la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En esta tesitura, la competencia para conocer de la presente demanda de amparo no corresponde a este juzgado, puesto que de acuerdo a lo antes transcrito, el lugar en el que el acto reclamado se ejecutó es en el Municipio de Namiquipa, Chihuahua, el cual está sujeto a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre y, en su caso, podrían continuar ejecutándose en el lugar donde actualmente se encuentra el directo quejoso, esto es, en la ciudad de Chihuahua; por ende, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo, se declara carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer del presente asunto. Es aplicable al caso, por el contenido que informa la tesis visible en la página 90, tomo 205-216, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: COMPETENCIA. ARTÍCULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Con la reforma al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo por decreto de 30 de diciembre de 1983, vigente a partir del 16 de marzo de 1984, se establece que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si éste ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, y que, cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiera emitido. El texto vigente del mencionado precepto legal no concibe ya la hipótesis de la resolución que con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse, por lo que aun en ese caso resulta aplicable el párrafo primero del numeral en comento. Conclusión que resulta acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el solicitante del amparo, para ocurrir al Juzgado del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, situando a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Es de aplicación, la tesis publicada en la página 719, Segunda Parte de la compilación 1917-1988 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son los siguientes: COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, porque la autoridad responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado; sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la indicada responsable resida en territorio de otro juez de distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste. Asimismo, resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tampoco se opone a la Ley de Amparo en vigor, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, página ochenta y ocho, con el rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Por los motivos antes señalados, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, en sus numerales Primero, fracción II; Segundo, fracción II, numeral 3; y Cuarto, fracción II, segundo párrafo; este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir el presente expediente, al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua, en Turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juez de Distrito al que se declina competencia, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Lo anterior, en el entendido de que el diecisiete de los actuales, se proveyó lo conducente sobre la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, en tanto que éstos se ubican en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia; es decir, se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o destierro, o de los que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis de la quinta época emitida por la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, tomo CXXX del Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro y texto los siguientes: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor. En consecuencia, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, y los proveídos dictados, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. Vista al Ministerio Público Federal En otro orden de ideas y vista la razón actuarial de diecisiete de los actuales, se advierte que no fue posible localizar al quejoso *******, en las instalaciones que ocupa la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, ambas en esta ciudad, de lo cual dio fe la actuaria judicial adscrita. Asimismo, mediante acuerdo de la misma fecha, se ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en Turno, en el Estado de Chihuahua, Chihuahua, a efecto de que ordenara al personal a su cargo, para que realizara la notificación del quejoso. Circunstancia que aconteció, según se aprecia de la constancia de notificación de diecisiete del actual, realizada en el interior de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República en la capital del Estado, en la cual el quejoso de mérito manifestó que: sí ratificaba la demanda de amparo interpuesta en su favor, además indicó que estuvo incomunicado todo el día, que no pudo ponerse en contacto con su abogado, que no recibió agua ni alimento hasta las cinco de la tarde, que solicitó hacer una llamada y se lo negaron; además, señaló tener un fuerte dolor en la columna, y que fue golpeado cuando lo detuvieron sin saber a qué corporación pertenecían sus aprehensores; finalmente, señaló que, aunado a ello, ya pudo entrevistarse con algunos de sus familiares. De igual manera, el actuario judicial adscrito a aquel órgano jurisdiccional hizo contar que sí existió evidencia razonable de actos de tortura o violencia, ya que advirtió que el promovente tenía un golpe en la cabeza del lado izquierdo en la parte de arriba, moretones en el estómago, brazos, glúteos y espalda, de igual forma tenía hinchazón en la parte baja del cuello. En la misma tesitura, hizo constar que en la parte superior del pie izquierdo tenía un espacio sin piel, de aproximadamente un centímetro de diámetro, siendo todo lo que el Actuario Judicial pudo apreciar a simple vista. En las relatadas circunstancias, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público Federal, a efecto de que proceda como corresponda respecto de los actos de tortura que refirió el quejoso ser objeto; para ello, quedan a su disposición las copias del presente juicio para su consulta, en el entendido que, sin previa solicitud, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas. Al respecto, es aplicable, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 6, de Mayo de 2014, Tomo I, página 561, del siguiente tenor: TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Finalmente, visto lo manifestado por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado, el diecisiete del presente mes y año, en torno a la imposibilidad para notificar a la autoridad que denominó como Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Especializada de Investigación y Litigación, en esta ciudad, suspéndase toda comunicación con la misma, sin pronunciarse sobre su existencia o inexistencia en virtud de la declaración de incompetencia realizada en líneas previas. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por así haberlo solicitado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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