Carlos Balderas Olmo

Expediente 107/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
107/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Carlos Balderas Olmo

Actuaciones

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siete de abril de dos mil veintiuno. Causa estado auto por el que se desechó demanda Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno (fojas 11 a 16), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Balderas Olmos; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, toda vez que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Finalmente, se ordena devolver al quejoso los documentos originales que exhibió en su escrito de demanda previa razón de su recibo se agregue en autos. A fin de llevar a cabo la práctica de la referida diligencia y dadas las condiciones de contingencia sanitaria que persisten, se ponen a disposición del quejoso, los datos de contacto de los funcionarios judiciales que podrán intervenir en el desahogo de dicha actuación, siendo los siguientes: Nombre del funcionario Cargo Datos de contacto Librado Antonio Gómez Morales Secretario librado.gomez.morales@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 241 193 4271 Olga Viviana López González Secretaria olga.lopez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 246 457 4955 De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corre a cargo del quejoso el que, a través del Portal de Servicios en Línea, agende una cita previa, con el fin de que pueda comparecer a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a fin de que le sean entregadas debidamente certificadas las constancias antes referidas. Por lo que deberá informar previa y oportunamente a este juzgado, sobre el día y hora que el sistema del Portal de Servicios en Línea le hubiera generado, a fin de que el personal que se encuentra laborando presencialmente en el juzgado -cuyo número es limitado- tenga la oportunidad de preparar la documentación solicitada y la atención presencial sea rápida y expedita.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, uno de marzo de dos mil veintiuno. Se radica demanda Vista la demanda de amparo que promueve Carlos Balderas Olmos, por derecho propio, contra actos del Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 107/2021-IV. Se desecha demanda Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por presentarse fuera del plazo establecido para tal efecto, el cual es de quince días, atento a las siguientes consideraciones: Del escrito de demanda de amparo presentado por el quejoso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo constituye: "IV. ACTO RECLAMADO. actos y omisiones que, mediante este escrito de demanda de amparo indirecto impugno: I).- Del SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA le reclamo: la imposición de una multa sin estar fundada y motivada, misma que se me fijó mediante determinación de fecha 4 de enero del año 2021, por la omisión de no presentar declaraciones en el año 2013 al 2018 por l cantidad de $58,290.00 pesos. Misma que solicito con los efectos del amparo sea declarada nula. II).- Del DIRECTOR DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA le reclamo: la imposición de una multa sin estar fundada y motivada, misma que se me fijó mediante determinación de fecha 4 de enero del año 2021, por la omisión de no presentar declaraciones en el año 2013 al 2018 por l cantidad de $58,290.00 pesos. Misma que solicito con los efectos del amparo sea declarada nula. III.- LIC. FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ, NOTIFICADOR EJECUTOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA: la notificación de una multa que no se encuentra fundada y motivada, misma que se me fijo mediante determinación de fecha 4 de enero del año 2021, por la omisión de no presentar declaraciones en el año 2013 al 2018 por l cantidad de $58,290.00 pesos. Misma que solicito con los efectos del amparo sea declarada nula." De igual forma, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en el capítulo de ANTECEDENTES, punto número dos lo siguiente: "2.- Con fecha 22 de enero del año de 2021, el suscrito me encontraba en el domicilio ubicado en Avenida 16 de septiembre, número 200, colonia centro, Apizaco Tlaxcala, cuando en ese momento fui abordado por una persona de nombre Francisco López, quien me indicó que venía de la Dirección de Ingresos y fiscalización, adscrita a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, quien me notificó una multa equivalente a la cantidad de cincuenta y ocho mil, doscientos noventa pesos ($58,290.00 pesos M/N) porque supuestamente adeudo declaraciones por el ejercicio de profesiones (servicios profesionales en odontología) desde el año de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, por lo que le indiqué al notificador que porque me estaban notificando una multa, si el suscrito me encuentro declarando impuestos en el SAT del Estado de Tlaxcala, por el desempeño de mi profesión y que en estos momentos me encuentro afectado en el desempeño de mi profesión (trabajo) por temas de la contingencia sanitaria virus Covid 19, asimismo el notificador me indicó que me notificaba una multa y que mejor la fuera a pagar, dejándome dos oficios de fecha 4 de enero del año de 2021, pasándose a retirar". Además, en el apartado "FECHA EN QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO", el quejoso manifestó: "FECHA EN QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO: veintidós de enero del año del año dos mil veintiuno. Pero tomando en consideración que por temas de la contingencia sanitaria del virus covid 19 los términos y plazos se encontraban suspendidos por los órganos jurisdiccionales del fuero federal, es que en este momento se presenta la demanda de amparo indirecto". En virtud de lo anterior, se advierte que en el presente caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo se encuentra fuera de las hipótesis previstas en el artículo 17, fracciones I a la IV, de la Ley de Amparo, por tanto puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2011, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con él. Ahora, en el presente caso la parte quejosa reclama: La imposición y notificación de una multa de cuatro de enero de dos mil veintiuno, por la omisión de no presentar declaraciones del año dos mil trece al dos mil dieciocho, por la cantidad de $58,290.00 pesos (cincuenta y ocho mil doscientos noventa pesos 00/100 MN). Determinación que refiere, bajo protesta de decir verdad, le fue notificada el veintidós de enero de dos mil veintiuno, la cual debe tomarse como referencia para analizar la oportunidad en la promoción de la demanda que dio origen a este juicio. Bajo esa óptica, como quedó señalado, en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, pues como ya se asentó, al quejoso le fue notificada la multa que aquí reclama, el veintidós de enero de dos mil veintiuno, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso 354 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el día siguiente hábil en que se practicó la notificación. Ahora bien, es menester señalar que de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, las Circulares CAP/3/2020, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021, emitidas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, así como la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atendiendo a que a través de la Circular CAP/3/2020, se decretaron diversas medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, entre ellas, la suspensión de labores de los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; asimismo, por circulares SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021, se determinó que debían reanudarse las actividades jurisdiccionales, con excepción de algunos circuitos; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, la notificación de la resolución reclamada, practicada el veintidós de enero de dos mil veintiuno, surtió efectos el dos de febrero de dos mil veintiuno y el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del tres al veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, sin contar los días inhábiles, tal como se pone de manifiesto en el siguiente calendario: Enero 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 17 18 19 20 21 22 23 Día en que fue notificado Día inhábil 24 Día inhábil 25 Suspensión de plazos 26 Suspensión de plazos 27 Suspensión de plazos 28 Suspensión de plazos 29 Suspensión de plazos 30 Día inhábil 31 Día inhábil Febrero 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 Plazos suspendidos Día en que surte efectos la notificación Día uno Día dos Día inhábil Día inhábil 7 Día inhábil 8 Día tres 9 Día cuatro 10 Día cinco 11 Día seis Día siete 13 Día inhábil 14 Día inhábil 15 Día ocho 16 Día nueve 17 Día diez 18 Día once 19 Día doce 20 Día inhábil 21 Día inhábil 22 Día trece 23 Día catorce 24 Día quince vence plazo 25 26 Presentación del escrito de demanda 27 Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del tres al veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, tal como lo revela el sello de la citada oficina de correspondencia; por tanto, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el citado artículo 17 de la ley de la materia, conforme a las siguientes consideraciones: En efecto, los actos de los que se duele la quejosa no constituye una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, para que de esa manera se haga valer el juicio de amparo dentro del plazo de treinta de días. Asimismo, no se trata de una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal que imponga pena de prisión, hipótesis en la cual el juicio de amparo podrá interponerse hasta en un plazo de ocho años. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal o comunal, caso en el que el juicio constitucional podrá hacerse valer en un plazo de hasta siete años. De igual manera, debe decirse que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través del usuario Guadalupe2010; asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Guadalupe Salazar Huerta y Eduardo Pérez Conde, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Resguardo de documentos En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa exhibe diversos documentos en original, resguárdese en la Secretaría del Juzgado, previa copia certificada que se deje en su lugar. Habilitación de días y horas Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Se autoriza a cualquier Secretario(a) adscrito(a) a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Atender protocolos y lineamientos de salud Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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