Carlos Antonio Castrillo Barragán
Expediente 1071/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carlos Antonio Castrillo Barragán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de febrero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveídos de veintiuno de mayo y veinte de julio ambos de dos mil veinte, se ordenó reservar acordar lo conducente hasta en tanto se reanudaran las actividades en este órgano jurisdiccional, lo cual ya ocurrió, esto en virtud de los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, la Circular SECNO/8/2021, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y la propuesta de medidas a adoptar en los órganos jurisdiccionales del país. Se provee respecto a oficios reservados. En consecuencia, téngase al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, acusando de recibo los cuadernos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1071/2019-VII, del índice de este Juzgado. Se ordena archivo y destrucción de cuaderno de antecedentes. Se hace la indicación que el presente cuaderno de antecedentes es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 20, fracción l, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de seis meses que dispone el referido artículo 20. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 20, deberá destruirse el presente cuaderno de exhorto y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, agréguese a los autos dos copias simples del escrito de ampliación de demanda de amparo, relativo al juicio de amparo 1071/2019-VII, promovido por Carlos Antonio Castrillo Barragán. Ahora bien, en la presente incidencia, se analizará lo relativo al acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión girada en contra del quejoso dentro de los autos de la causa judicial 64/2017, del índice del Juzgado Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes en el Estado de Tlaxcala. Se requieren informes previos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; en el entendido que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. Consecuencias de no rendir informe previo. En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se les apercibe que en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Requerimiento a las autoridades responsables. Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rindan. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". En la inteligencia, que deberán rendir su respectivo informe previo por duplicado y en forma separada del justificado, haciendo referencia al número de oficio que contestan, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente incidente de suspensión, precisando sobre la certeza o no respecto del acto reclamado. Audiencia incidental. Ahora bien, tomando en consideración que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve (foja 23) fueron fijadas las nueve horas con treinta y un minutos del treinta de diciembre, para llevar a cabo la audiencia incidental en este cuaderno; se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: la orden de aprehensión girada en su contra dentro de los autos de la causa judicial 64/2017. Consideración previa. Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión respecto a los actos reclamados, es pertinente señalar que en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual los órganos jurisdiccionales, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberán realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Así, cabe decir que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la justicia federal. Además, se indica que, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos a que se contrae el diverso 128 del mismo cuerpo de leyes, a saber: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En este punto se enfatiza que el artículo 129 de la ley de la materia enuncia algunos de los casos en que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, en el supuesto de concederse la suspensión. Se concede suspensión provisional. En la especie, Carlos Antonio Castrillo Barragán, reclama la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución, por lo que se destaca que en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se establece que la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos que se enlistan: a) Que la solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, sí se cumplen con los requisitos señalados en el párrafo que antecede, pues esta: a) Es solicitada por la parte quejosa, en el caso, Carlos Antonio Castrillo Barragán, y b) con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Por tanto, con fundamento en los artículos 162, 163, 166 y 168 de la Ley de Amparo, se provee sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa en los términos siguientes: Toda vez que en el caso a estudio el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes en el Estado de Tlaxcala, al rendir informe previo manifestó que dentro de la Causa Judicial 64/2017 del índice del Juzgado Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes en el Estado, se dictó orden de captura contra el quejoso por su probable participación en el delito de secuestro; asimismo, dado que dicho ilícito amerita prisión preventiva de conformidad con el artículo 19 de Constitución Policía de los Estados Unidos Mexicanos y el 434 del Código Penal de la Entidad; por tanto, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en que sea recluido únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Suspensión surte efectos contra actos emitidos con anterioridad a la presentación de la demanda. La suspensión concedida solo surtirá efecto en caso de que la orden privativa de libertad, haya sido emitida con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que lo fue el veinte de noviembre de dos mil diecinueve a las catorce horas con dieciocho minutos, pues de haberse emitido con posterioridad no surtirá efectos la suspensión provisional concedida, estando expedita la jurisdicción de la autoridad responsable de ejecutar un acto de fecha ulterior. Copias certificadas. Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa un tanto de la copia certificada que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, mismas que serán entregadas al ocursante, en virtud que no señala a personas para recibirlas. Por otra parte, en cuanto hace al restante tanto de copias certificadas que solicita, comuníquese que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que si bien los Secretarios y Actuarios adscritos a este juzgado federal gozan de fe pública, su función preponderante es la jurisdiccional, por lo que, si es su deseo, puede acudir ante un fedatario público a efecto de obtener el número de copias certificadas que requiera. Habida cuenta que la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto, es discrecional del juzgador conforme a lo previsto en el artículo 278 del Código supletorio a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.10o.C.13 K, visible en la página 1374, Novena Época, Tribunales Colegiado de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXIV, Octubre de 2006, cuyo rubro y texto es el siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no se advierte que el juzgador tenga la obligación de expedir a las partes más de un tanto de las copias del documento o constancia que al efecto soliciten, pues dicho numeral sólo dispone que las partes podrán solicitar, en todo tiempo y a su costa "copia certificada" de cualquier constancia o documento que obre en autos, derecho que pueden ejercer en el momento que convenga a su interés jurídico, sin que sea óbice que dicho numeral no haga la prohibición expresa de expedir en más de una ocasión las copias solicitadas, toda vez que la satisfacción de diversas peticiones es una facultad discrecional del juzgador en la cual debe observar si el caso lo amerita y si existe la posibilidad material de hacerlo. En consecuencia, la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto no entraña infracción ni desconocimiento del derecho previsto en el referido artículo 278, toda vez que al igual que sucede con las normas rectoras de todo procedimiento judicial, el precepto señalado tutela, a favor de las partes, el ejercicio de un derecho por una sola vez, respecto del cual, una vez agotado, operaría el principio de preclusión, lo que significa que no podría volverse a ejercer tantas veces como se quiera, puesto que su verdadera razón de ser estriba en que las partes interesadas tengan a su alcance copia certificada de las constancias que deseen para el ejercicio de cualquier otro derecho, lo que se logra colmar cuando éstas se expiden por primera vez o en un solo tanto."
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, agréguese a los autos dos copias simples del escrito de ampliación de demanda de amparo, relativo al juicio de amparo 1071/2019-VII, promovido por Carlos Antonio Castrillo Barragán. Ahora bien, en la presente incidencia, se analizará lo relativo al acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión girada en contra del quejoso dentro de los autos de la causa judicial 64/2017, del índice del Juzgado Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes en el Estado de Tlaxcala. Se requieren informes previos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; en el entendido que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. Consecuencias de no rendir informe previo. En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se les apercibe que en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Requerimiento a las autoridades responsables. Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rindan. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". En la inteligencia, que deberán rendir su respectivo informe previo por duplicado y en forma separada del justificado, haciendo referencia al número de oficio que contestan, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente incidente de suspensión, precisando sobre la certeza o no respecto del acto reclamado. Audiencia incidental. Ahora bien, tomando en consideración que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve (foja 23) fueron fijadas las nueve horas con treinta y un minutos del treinta de diciembre, para llevar a cabo la audiencia incidental en este cuaderno; se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: la orden de aprehensión girada en su contra dentro de los autos de la causa judicial 64/2017. Consideración previa. Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión respecto a los actos reclamados, es pertinente señalar que en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual los órganos jurisdiccionales, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberán realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Así, cabe decir que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la justicia federal. Además, se indica que, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos a que se contrae el diverso 128 del mismo cuerpo de leyes, a saber: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En este punto se enfatiza que el artículo 129 de la ley de la materia enuncia algunos de los casos en que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, en el supuesto de concederse la suspensión. Se concede suspensión provisional. En la especie, Carlos Antonio Castrillo Barragán, reclama la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución, por lo que se destaca que en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se establece que la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos que se enlistan: a) Que la solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, sí se cumplen con los requisitos señalados en el párrafo que antecede, pues esta: a) Es solicitada por la parte quejosa, en el caso, Carlos Antonio Castrillo Barragán, y b) con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Por tanto, con fundamento en los artículos 162, 163, 166 y 168 de la Ley de Amparo, se provee sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa en los términos siguientes: Toda vez que en el caso a estudio el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes en el Estado de Tlaxcala, al rendir informe previo manifestó que dentro de la Causa Judicial 64/2017 del índice del Juzgado Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes en el Estado, se dictó orden de captura contra el quejoso por su probable participación en el delito de secuestro; asimismo, dado que dicho ilícito amerita prisión preventiva de conformidad con el artículo 19 de Constitución Policía de los Estados Unidos Mexicanos y el 434 del Código Penal de la Entidad; por tanto, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en que sea recluido únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Suspensión surte efectos contra actos emitidos con anterioridad a la presentación de la demanda. La suspensión concedida solo surtirá efecto en caso de que la orden privativa de libertad, haya sido emitida con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que lo fue el veinte de noviembre de dos mil diecinueve a las catorce horas con dieciocho minutos, pues de haberse emitido con posterioridad no surtirá efectos la suspensión provisional concedida, estando expedita la jurisdicción de la autoridad responsable de ejecutar un acto de fecha ulterior. Copias certificadas. Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa un tanto de la copia certificada que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, mismas que serán entregadas al ocursante, en virtud que no señala a personas para recibirlas. Por otra parte, en cuanto hace al restante tanto de copias certificadas que solicita, comuníquese que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que si bien los Secretarios y Actuarios adscritos a este juzgado federal gozan de fe pública, su función preponderante es la jurisdiccional, por lo que, si es su deseo, puede acudir ante un fedatario público a efecto de obtener el número de copias certificadas que requiera. Habida cuenta que la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto, es discrecional del juzgador conforme a lo previsto en el artículo 278 del Código supletorio a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.10o.C.13 K, visible en la página 1374, Novena Época, Tribunales Colegiado de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXIV, Octubre de 2006, cuyo rubro y texto es el siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no se advierte que el juzgador tenga la obligación de expedir a las partes más de un tanto de las copias del documento o constancia que al efecto soliciten, pues dicho numeral sólo dispone que las partes podrán solicitar, en todo tiempo y a su costa "copia certificada" de cualquier constancia o documento que obre en autos, derecho que pueden ejercer en el momento que convenga a su interés jurídico, sin que sea óbice que dicho numeral no haga la prohibición expresa de expedir en más de una ocasión las copias solicitadas, toda vez que la satisfacción de diversas peticiones es una facultad discrecional del juzgador en la cual debe observar si el caso lo amerita y si existe la posibilidad material de hacerlo. En consecuencia, la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto no entraña infracción ni desconocimiento del derecho previsto en el referido artículo 278, toda vez que al igual que sucede con las normas rectoras de todo procedimiento judicial, el precepto señalado tutela, a favor de las partes, el ejercicio de un derecho por una sola vez, respecto del cual, una vez agotado, operaría el principio de preclusión, lo que significa que no podría volverse a ejercer tantas veces como se quiera, puesto que su verdadera razón de ser estriba en que las partes interesadas tengan a su alcance copia certificada de las constancias que deseen para el ejercicio de cualquier otro derecho, lo que se logra colmar cuando éstas se expiden por primera vez o en un solo tanto."
- Principal
Apizaco, Tlaxcala; veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Parte quejosa formula ampliación de demanda. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Carlos Antonio Castrillo Barragán a través del cual da cumplimiento al auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 74 y 75), al efecto amplía su demanda de amparo respecto la autoridad responsable y conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 12/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, XVIII, Julio de 2003, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO. La ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal, y si bien no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, su inclusión se estima indispensable para que el juzgador dé una solución adecuada al conflicto que le plantea el quejoso, por lo que es posible considerarla como parte del sistema procesal del amparo con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece como garantía individual la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial, máxime que dicha figura no está en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar." Asimismo la tesis II.2o.P.15 K (10), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2079, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es el siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA ÚNICAMENTE HAGA REFERENCIA A ESA FIGURA TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS. El precepto citado establece que la demanda de amparo podrá ampliarse cuando: a) No hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, b) El quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial; siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien el quejoso podrá optar por la presentación de una nueva demanda. Como se observa, este artículo regula la ampliación de la demanda de amparo únicamente respecto de actos reclamados; no obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", consideró que aun cuando la Ley de Amparo abrogada no establecía la figura de la ampliación de la demanda, era procedente tratándose de actos reclamados, autoridades responsables y conceptos de violación, conforme al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa premisa, si el artículo 111 de la ley de la materia vigente prevé la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo respecto de actos reclamados, debe imperar la misma razón tratándose de los conceptos de violación, con la finalidad de resolver integralmente la litis constitucional, al subsistir las mismas razones que llevaron al Máximo Tribunal del País a emitir el invocado criterio; de ahí que dicha ampliación procede respecto de los conceptos de violación, aun cuando el citado artículo 111 únicamente haga referencia a esa figura tratándose de actos reclamados." Requerimiento de informe justificado. En virtud de que la parte quejosa amplía la demanda de amparo respecto de autoridad y conceptos de violación, pídase a las autoridades señaladas como responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días legalmente computados, a efecto de que expongan las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; asimismo, solicítese para que, dentro del término concedido, remitan copia certificada debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para apoyar su informe respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.62 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SI SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, DEBE REQUERIRSE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE RINDAN UNO NUEVO. Del artículo 117, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, destaca que en el informe justificado se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En ese sentido, el hecho de que las autoridades responsables hayan rendido un informe justificado con motivo de la demanda de amparo inicial, en el cual se pronunciaron en torno a la existencia de los actos reclamados, no trae como consecuencia que, si con posterioridad se admite la ampliación de demanda formulada por el quejoso en cuanto a los conceptos de violación, no se les deba requerir un nuevo informe respecto de esa ampliación, pues de conformidad con la porción normativa enunciada, el informe justificado no se reduce a que las responsables se manifiesten en torno a la certeza o inexistencia del acto reclamado, sino que también pueden hacer valer motivos de improcedencia, así como argumentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y acompañar, en su caso, copia de las constancias necesarias para apoyarlo; de ahí que deba requerirse, nuevamente, dicho informe y, en caso de que sea rendido, debe darse vista al quejoso con la oportunidad debida, a fin de garantizar su derecho de defensa." Intervención a la Representación Social Federal adscrita En tales condiciones, córrase traslado con copia simple del escrito de ampliación de demanda, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, a efecto de que manifieste lo que a su representación convenga; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 5º fracción IV, de la Ley de Amparo, dejando formal constancia de ello en autos. Al caso tienen aplicación, por las razones que la sustentan, las tesis aisladas III.2°.P.2K(10ª) y X.A.T.5.K(10ª), emitidas respectivamente, por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativas y de Trabajo del Décimo Circuito y del Segundo Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicadas, respectivamente, en la página 1319, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2 y página 2370, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, mismas que señalan: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE REALIZA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADOS, EL JUEZ QUE LA ADMITA DEBE EMPLAZAR A LAS PARTES CON EL ESCRITO RELATIVO, PUES DE NO SER ASÍ SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. En relación con la figura de la ampliación de la demanda de amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversas jurisprudencias, que procede cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, siempre y cuando se realice dentro del término del que dispone para promover el juicio de garantías, conforme a los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo y se haga valer antes de que se celebre la audiencia constitucional; por tanto, cuando se realiza respecto de los conceptos de violación originalmente planteados, esto implica la ampliación formal y material de la demanda, porque aquéllos son parte integrante de ésta; de ahí que el Juez de Distrito que la admita debe emplazar a las partes con el escrito en el que se contienen esos novedosos motivos de inconformidad contra el acto reclamado, pues si no lo lleva a cabo, se actualiza una violación a las reglas esenciales del procedimiento, que da lugar a que la autoridad revisora ordene su reposición." "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR Y CORRER TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 120 Y 146 DE LA LEY DE LA MATERIA ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. La obligación que establecen los numerales 120 y 146 de la Ley de Amparo, que también son aplicables a la ampliación de la demanda, se refiere a la notificación a las partes del escrito de demanda, entre los que se encuentra la notificación al Ministerio Público para que, si lo desea, formule alegatos por escrito en los que puede destacar la improcedencia del amparo o de su ampliación o, en su caso, promover los recursos de revisión que sean procedentes, ya que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 66/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 43, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la intención del legislador, al establecer el artículo 120 de la invocada ley, fue prever mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica y, dentro de ésta, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. De ahí, que si no se le da la intervención que legalmente le compete al representante social respecto de las ampliaciones de demanda, ello evidencia que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, conforme al artículo 91, fracción IV, de la citada ley, al no haberse llamado a juicio a una de las partes, que por disposición legal debe tener conocimiento de su tramitación, ya que la prosecución del sumario es una cuestión de orden público, por lo que debe reponerse el procedimiento para ese efecto." Audiencia constitucional Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que se tienen señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de enero de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Se apertura incidente de suspensión En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 130 de la Ley de Amparo, con copia del escrito de cuenta, provéase lo conducente respecto a la ampliación formulada en el incidente de suspensión que obra por duplicado y separado. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/6046/2019 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistido de la licenciada Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.*
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