Carlos Baeza Manzanero
Expediente 1186/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 38 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1186/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 21/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Baeza Manzanero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
MESA V. Habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintiséis de abril del año en curso; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo vigente, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, aparece que se concedió la suspensión provisional y se negó y se concedió definitiva; por tanto, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años, y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo Primero, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y haciéndose la certificación correspondiente en dicho original; asimismo, háganse las anotaciones en el libro respectivo; notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en la fracción III del Punto Vigésimo del Capítulo Quinto del Acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Por otra parte, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de amparo y el incidente de suspensión derivado del mismo, sí tiene valor jurídico. Finalmente, y toda vez que ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos la copia certificada de la causa penal 63/2017, consistente en un tomo, el cual fue exhibido por el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad, a su informe de Ley; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, y solicítese a dicha autoridad que acuse el recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Pablo Pérez Pacheco, con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Agréguense a estos autos el oficio signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial del Estado de Chiapas con sede en Catazajá-Palenque y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del expediente penal 63/2017 del índice de ese órgano jurisdiccional y a fin de preservar dichas constancias en el estado que se encuentran, fórmese un anexo con las mismas, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido de que se seguirá actuando en el presente expediente. Ahora bien, y toda vez que de la lectura del oficio y del anexo de cuenta se advierte que por resolución de dos de octubre de dos mil diecisiete, el Juez responsable dictó auto de formal prisión en contra del quejoso Carlos Baeza Manzanero, como probable responsable del delito de abuso de confianza, en autos de la causa penal 63/2017, del índice, de ese órgano jurisdiccional. Ahora bien, mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnado a este juzgado el propio día, mes y año, Carlos Baeza Manzanero, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial del Estado de Chiapas con sede en Catazajá-Palenque y de otras autoridades. De manera que el peticionario de garantías reclama la orden de aprehensión y detención y traslado dictada en su contra, por las autoridades señaladas como responsables en su escrito inicial de demanda de amparo, así como su ejecución material. De esa manera y al analizar la totalidad de las constancias que integran el sumario acorde con el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Ahora bien, respecto al acto que reclama la parte quejosa consistente en la orden de aprehensión y detención, librada en su contra por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial del Estado de Chiapas con sede en Catazajá-Palenque, en autos de la causa penal 63/2017, como probable responsable del delito de abuso de confianza; y su ejecución. Esos actos reclamados son ciertos, porque así lo afirmó la autoridad judicial responsable al rendir su informe con justificación, lo que se corrobora con el legajo de fotocopias certificadas que adjuntó a su informe para justificar la legalidad del acto reclamado, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo, la orden de aprehensión reclamada. También es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables ejecutoras. Sin embargo, no obstante la certeza de los actos reclamados, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente" Esto es así, porque de las constancias de cuenta se advierte que el dos de octubre de dos mil diecisiete, en los autos de la causa penal 63/2017, se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso Carlos Baeza Manzanero, como probable responsable del delito de abuso de confianza, en el procedimiento penal de origen; por lo que, las consecuencias jurídicas de la orden de aprehensión y detención que se libró en su contra por el delito en comento, quedó insubsistente, y por tanto no puede ser analizada por tratarse de un estado procesal diferente; además, no es factible decidir la situación jurídica anterior al quedar legalmente substituida con el auto de formal prisión; por lo que cabe considerar que, en el caso, se han consumado irreparablemente las posibles violaciones materia de la reclamación. Sirve de apoyo a lo considerado, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2008, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". También es aplicable la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Por otra parte, en cuanto al diverso acto que reclama la parte quejosa consistente en la orden de traslado, librada en su contra por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial del Estado de Chiapas con sede en Catazajá-Palenque, en autos de la causa penal 63/2017, como probable responsable del delito de abuso de confianza; y su ejecución, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo también reclama en el presente juicio la orden de traslado, librada en su contra por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial del Estado de Chiapas con sede en Catazajá-Palenque, en autos de la causa penal 63/2017, como probable responsable del delito de abuso de confianza. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su oficio de mérito la autoridad responsable, se aprecia que en fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete libró orden de aprehensión en contra del antes citado en autos de la causa penal 63/2017, sin embargo, el seis de octubre de dos mil diecisiete, el Juez responsable ordenó la libertad a la parte quejosa, toda vez exhibió las garantías que le fueron fijadas a efecto de poder disfrutar de su libertad provisional bajo caución; por tanto, al emitirse el auto de formal prisión cambió su situación jurídica. Asimismo, de las constancias remitidas por el referido Juez, se advierte que el dos de octubre de dos mil diecisiete, al resolver sobre la situación jurídica del quejoso, decretó en contra de éste, libertad provisional bajo caución, por su presunta responsabilidad en la comisión del antijurídico de abuso de confianza. En consecuencia, en virtud de que el acto reclamado por el promovente del amparo, se hizo consistir en una orden de traslado, y actualmente goza de su libertad provisional bajo caución, es de colegirse que en caso de que hubieran existido las violaciones reclamadas, éstas deben considerarse irremediablemente consumadas, por la evidente razón de que en la actualidad no pueden ser analizadas sin afectar la nueva situación jurídica que se generó al haberse otorgado su libertad provisional bajo caución. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por consiguiente, este Juzgador Federal, decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracciones XVII y XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL DOS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, y toda vez que de la lectura del oficio de mérito se advierte que hace alusión al diverso juico de amparo III-1204/2017, por tal motivo remítase copia del oficio en comento a los autos del juicio de amparo en cita, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Agréguense a estos autos el oficio signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial del Estado de Chiapas con sede en Catazajá-Palenque y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del expediente penal 63/2017 del índice de ese órgano jurisdiccional y a fin de preservar dichas constancias en el estado que se encuentran, fórmese un anexo con las mismas, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido de que se seguirá actuando en el presente expediente. Ahora bien, y toda vez que de la lectura del oficio y del anexo de cuenta se advierte que por resolución de dos de octubre de dos mil diecisiete, el Juez responsable dictó auto de formal prisión en contra del quejoso Carlos Baeza Manzanero, como probable responsable del delito de abuso de confianza, en autos de la causa penal 63/2017, del índice, de ese órgano jurisdiccional. Ahora bien, mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnado a este juzgado el propio día, mes y año, Carlos Baeza Manzanero, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial del Estado de Chiapas con sede en Catazajá-Palenque y de otras autoridades. De manera que el peticionario de garantías reclama la orden de aprehensión y detención y traslado dictada en su contra, por las autoridades señaladas como responsables en su escrito inicial de demanda de amparo, así como su ejecución material. De esa manera y al analizar la totalidad de las constancias que integran el sumario acorde con el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Ahora bien, respecto al acto que reclama la parte quejosa consistente en la orden de aprehensión y detención, librada en su contra por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial del Estado de Chiapas con sede en Catazajá-Palenque, en autos de la causa penal 63/2017, como probable responsable del delito de abuso de confianza; y su ejecución. Esos actos reclamados son ciertos, porque así lo afirmó la autoridad judicial responsable al rendir su informe con justificación, lo que se corrobora con el legajo de fotocopias certificadas que adjuntó a su informe para justificar la legalidad del acto reclamado, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo, la orden de aprehensión reclamada. También es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables ejecutoras. Sin embargo, no obstante la certeza de los actos reclamados, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente" Esto es así, porque de las constancias de cuenta se advierte que el dos de octubre de dos mil diecisiete, en los autos de la causa penal 63/2017, se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso Carlos Baeza Manzanero, como probable responsable del delito de abuso de confianza, en el procedimiento penal de origen; por lo que, las consecuencias jurídicas de la orden de aprehensión y detención que se libró en su contra por el delito en comento, quedó insubsistente, y por tanto no puede ser analizada por tratarse de un estado procesal diferente; además, no es factible decidir la situación jurídica anterior al quedar legalmente substituida con el auto de formal prisión; por lo que cabe considerar que, en el caso, se han consumado irreparablemente las posibles violaciones materia de la reclamación. Sirve de apoyo a lo considerado, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2008, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". También es aplicable la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Por otra parte, en cuanto al diverso acto que reclama la parte quejosa consistente en la orden de traslado, librada en su contra por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial del Estado de Chiapas con sede en Catazajá-Palenque, en autos de la causa penal 63/2017, como probable responsable del delito de abuso de confianza; y su ejecución, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo también reclama en el presente juicio la orden de traslado, librada en su contra por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial del Estado de Chiapas con sede en Catazajá-Palenque, en autos de la causa penal 63/2017, como probable responsable del delito de abuso de confianza. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su oficio de mérito la autoridad responsable, se aprecia que en fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete libró orden de aprehensión en contra del antes citado en autos de la causa penal 63/2017, sin embargo, el seis de octubre de dos mil diecisiete, el Juez responsable ordenó la libertad a la parte quejosa, toda vez exhibió las garantías que le fueron fijadas a efecto de poder disfrutar de su libertad provisional bajo caución; por tanto, al emitirse el auto de formal prisión cambió su situación jurídica. Asimismo, de las constancias remitidas por el referido Juez, se advierte que el dos de octubre de dos mil diecisiete, al resolver sobre la situación jurídica del quejoso, decretó en contra de éste, libertad provisional bajo caución, por su presunta responsabilidad en la comisión del antijurídico de abuso de confianza. En consecuencia, en virtud de que el acto reclamado por el promovente del amparo, se hizo consistir en una orden de traslado, y actualmente goza de su libertad provisional bajo caución, es de colegirse que en caso de que hubieran existido las violaciones reclamadas, éstas deben considerarse irremediablemente consumadas, por la evidente razón de que en la actualidad no pueden ser analizadas sin afectar la nueva situación jurídica que se generó al haberse otorgado su libertad provisional bajo caución. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por consiguiente, este Juzgador Federal, decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracciones XVII y XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL DOS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, y toda vez que de la lectura del oficio de mérito se advierte que hace alusión al diverso juico de amparo III-1204/2017, por tal motivo remítase copia del oficio en comento a los autos del juicio de amparo en cita, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos el telegrama remitido por el Juez Penal del Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazaja-Palenque, Chiapas, sin hacer pronunciamiento alguno acerca de él, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de veinte de febrero del año en curso, se le tuvo por rendido su informe de ley. Ahora bien, y toda vez que de la lectura del telegrama de mérito se advierte que hace alusión al diverso juico de amparo III-1204/2017, por tal motivo remítase copia del telegrama en comento a los autos del juicio de amparo en cita, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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