Carlos Augusto Trejo Espinosa

Expediente 889/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
889/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Augusto Trejo Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la expresada resolución, que en su único punto resolutivo NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En tal virtud, ante el sentido del fallo con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es DEPURABLE, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Por tanto, en términos del numeral 18 del citado Acuerdo, consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismas que deberán digitalizarse con apoyo en el artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto transferible. Finalmente, por economía procesal devuélvase a la autoridad responsable, los anexos que remitió a este Juzgado junto con su informe de Ley, por no tener ya objeto su permanencia en estos autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo II.889/2022, promovido por Carlos Augusto Trejo Espinosa, contra el acto que reclama de la Jueza Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada el día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, Carlos Augusto Trejo Espinosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama de la Jueza Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el número II.889/2022; y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. De igual forma, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada Lilia Tatiana Quintero Priego, lo que se realizó en sus términos. TERCERO. Celebración de la audiencia. Seguido el juicio por su secuela procedimental, el cuatro de julio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en este asunto. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que la resolución reclamada fue dictada por una autoridad con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y tiene ejecución en esta ciudad; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda de amparo y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro' "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que Carlos Augusto Trejo Espinosa reclama: La resolución de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno dictada en autos del procedimiento especial de divorcio sin causales 745/2015 de su índice, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de la Jueza Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del procedimiento especial de divorcio sin causales 745/2015, que la nombrada autoridad responsable remitió como justificación de su informe, y que obran al resguardo de la Secretaría como cuaderno de antecedentes; las que tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo; aunado a que no fueron objetadas por las partes. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia; por lo que procede el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos, ya que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de fondo, es importante realizar una breve síntesis de los antecedentes del juicio de amparo. Ahora bien, de las documentales que la Jueza responsable remitió con su informe justificado, consistentes en las copias certificadas del procedimiento especial de divorcio sin causales 745/2015, a las que se confirió valor probatorio pleno en párrafos que anteceden, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Sentencia incidental de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis; cuyo considerando cuarto y puntos resolutivos, en sus partes conducentes, fueron (fojas 174 a 183, del anexo I): ".esta autoridad, atendiendo a la facultad de apreciación libre de los hechos y elementos contenidos en autos, estima pertinente condenar al señor Carlos Augusto Trejo Quintero, a pagar a la señora Lilia Tatiana Quintero Priego, en representación de sus hijas menores de edad Monet y Nina ambas de apellidos Trejo Quintero, la cantidad de SEIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, EN FORMA MENSUAL, misma que deberá ser cubierta los tres primero días de cada mes, mediante depósito efectuado en el Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado, la cual aumentará conforme incremente el salario mínimo general vigente en el lugar en donde se ubique el domicilio del deudor alimentario y en el mismo porcentaje en que hubiere incrementado su salario, salvo que éste demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción y, en este caso el incremento de la pensión se ajustará al incremento real de los ingresos del deudor; asimismo, el deudor alimentista deberá informar a esta Autoridad y a sus acreedoras alimentistas, dentro de los diez días siguiente a cualquier cambio de empleo, acerca de la denominación o razón social de su nuevo trabajo, la ubicación de éste, el puesto o cargo que desempeñe y el monto del salario que percibe, a efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia decretada para no incurrir en ninguna responsabilidad, al tenor de lo dispuesto en el numeral 36 del Código de Familia del Estado." "Por lo expuesto y considerando, ES DE RESOLVERSE Y SE RESUELVE: PRIMERO.- Se decretan alimentos a favor de las menores Monet y Nina Trejo Quintero, y a cargo del señor Carlos Augusto Trejo Espinosa. En consecuencia, SEGUNDO.- Se condena al señor Carlos Augusto Trejo Espinosa, a pagar a la señora Lilia Tatiana Trejo Priego, en representación de sus hijas menores de edad Monet y Nina Trejo Quintero, en concepto de pensión alimenticia la cantidad en concepto de pensión alimenticia la suma de SEIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, DE FORMA MENSUAL, en la forma y términos señalados en la parte considerativa de este resolución. TERCERO.- Esta cantidad como ha sido liquida, queda sujeta a lo que establece el artículo 36 del Código Sustantivo de la Materia, es decir, deberá ser aumentada en forma anual conforme aumente el salario mínimo vigente en esta entidad. [.]" 2. Resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete dictada en autos del toca 233/2017 del índice de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, relativo al recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la sentencia incidental de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis; cuyos puntos resolutivos fueron (fojas 188 a 196, del anexo I): "PRIMERO.- Son infundados e insuficientes los agravios expresados por el apelante Carlos Augusto Trejo Espinosa. SEGUNDO.- SE CONFIRMA la sentencia incidental de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis dictada por la juez tercero de oralidad familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente número 745/2015 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por el apelante en contra de Lilia Tatiana Quintero Priego. TERCERO.- Notifíquese; devuélvase a la Juez de origen el expediente original así como tres discos versátiles digitales (DVD) enviados para su estudio, remítase copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación, para que la ejecutoria así constituida surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento, y hecho, archívese este Toca como asunto concluido. Cúmplase." 3. Proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por recibido, entre otros, el escrito de la demandada por el cual presentó su planilla de pensiones alimenticias adeudadas relativa a los incrementos salariales de los años dos mil diecisiete al dos mil veintiuno y, en atención a su contenido, se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho correspondiera o exhibiera los documentos que justificaran que sus ingresos no aumentaron (fojas 278 a 279, del anexo II). 4. Acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por recibido el escrito del actor por el que daba contestación a la vista otorgada por auto de dieciséis de abril anterior, por lo que, decretó los incrementos de pensión alimenticia solicitados, en los términos siguientes (fojas 292 a 295, del anexo II): ". y por cuanto el referido Trejo Espinosa, no acreditó fehacientemente, es decir con documento que haga plena prueba de dicha circunstancia, de que sus ingresos no aumentaron de acuerdo al salario mínimo de esta zona económica, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Familia para el Estado, corresponde al deudor alimentista el demostrar que sus ingresos no sufrieron dicho aumento, en esta virtud, de conformidad con lo dispuesto en la Legislación vigente en la Materia, se procede a decretar los incrementos de pensión alimenticia solicitados en autos y que correspondan conforme a derecho, por lo que tomando en consideración la cantidad de seis mil pesos sin centavos, Moneda Nacional de manera mensual, que es la suma a la que fue condenado el señor Carlos Augusto Trejo Espinosa, mediante sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en la cual también se condenó al citado Trejo Espinosa, a incrementar la pensión en la proporción en que fuere incrementado el Salario Mínimo General vigente en la zona económica del domicilio del deudor, en el mismo porcentaje en que se hubiere incrementado dicho Salario Mínimo General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Familia para el Estado, antes invocado." 5. Proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por recibido, entre otros, el escrito del actor por el cual interponía recurso de revocación en contra del auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno y, por ende, admitió a trámite dicho recurso (fojas 322 a 323, del anexo II). 4. Resolución de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por el actor Carlos Augusto Trejo Espinosa en contra del auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno; cuyos puntos resolutivos fueron (fojas 331 a 334, del anexo II): "PRIMERO.- ES IMPROCEDENTE el recurso de revocación interpuesto por el señor Carlos Augusto Trejo Espinosa, en contra del auto de fecha veintiuno de junio del año dos mil veintiuno. En consecuencia, SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintiuno de junio del año dos mil veintiuno, en todas sus partes. TERCERO.- Notifíquese y Cúmplase." Esta última resolución constituye el acto impugnado en esta instancia constitucional. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan infundados e inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el que deberá negársele el amparo y protección que solicita. Así, con la intención de controvertir lo resuelto por la autoridad responsable, como motivos de inconformidad, el peticionario del amparo aduce violación a sus derechos de seguridad, certeza jurídica y mínimo vital, derivado de la falta de fundamentación, motivación y congruencia que alega tiene la resolución combatida. Lo anterior, pues refiere que la autoridad responsable realizó un indebido análisis de la capacidad económica del deudor alimentario al limitarse a valorar el informe de sueldos expedida por la Jefa de Nóminas de la persona moral "GRUPO BOSPATEX", Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable y omitir realizar un estudio real y objetivo de su capacidad económica, al resolver el recurso de revocación interpuesto en el procedimiento especial de divorcio sin causales de origen; en virtud de que la resolución recurrida confirmó indebidamente el desproporcional incremento de la pensión alimenticia a la cantidad mensual de $9,597.54 (nueve mil quinientos noventa y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional). Son infundados tales motivos de inconformidad, por las consideraciones siguientes: En el presente caso, contrario a lo manifestado por el citado promovente, no se conculcaron los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14, párrafo segundo, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tal acto se encuentra debidamente fundamentado y motivado. Para mayor claridad, se citan los referidos artículos: "Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De los preceptos que anteceden, se infiere que nadie puede ser privado de sus derechos sin que se siga un juicio ante tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y con base en leyes emitidas con anterioridad al hecho; además, se colige la obligación constitucional de las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan dentro del ámbito de sus competencias. Así, por fundamentación se entiende la cita de los preceptos legales aplicables al caso concreto; y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se consideraron para emitir el acto; siendo necesaria, además, la adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables, para estimar configurada la hipótesis normativa. Bajo tales premisas, nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; lo que exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley y especifiquen tanto la normativa de que se trate, como los artículos que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, así como los motivos y razones que tomen en consideración para emitir su fallo en determinado sentido; todo ello a fin de cumplir con los requisitos formales contenidos en dicho derecho humano. Lo que es así, ya que tal exigencia de fundar en ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos; o bien, si no fueron acordes con la motivación expuesta; lo que tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios por parte de autoridades. De esta forma, este derecho fundamental constriñe el deber que tiene la autoridad de expresar sus actos por escrito, así como los preceptos legales que regulen el hecho, las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, y la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera legal su acto. Es decir, no sólo es necesario que exprese sus actos por escrito sino que debe fundarlos y motivarlos, estableciendo sobre bases objetivas su racionalidad y legalidad, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a actos de autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico, y así asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, tesis 204, página 166, con registro digital 238212; de la literalidad siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo al artículo 16, de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, la referida exigencia de fundamentación y motivación está concatenada con otros principios, como exhaustividad y congruencia, conforme a los cuales, al emitir su fallo, la autoridad competente está obligada a dilucidar todas y cada una de las pretensiones planteadas por las partes. Bajo esa premisa, la congruencia, como principio normativo, delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben pronunciarse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; mientras que la incongruencia, tiene dos vertientes, una interna, cuando no existe una relación lógica entre los razonamientos que expuso la autoridad jurisdiccional en la parte considerativa de su resolución, con la parte resolutiva; y otra externa, cuando se omite pronunciarse en forma total o parcial respecto a las consideraciones formuladas por el inconforme y la contraparte; o bien, va más allá o con menos de lo pedido. Así, el principio de congruencia de las resoluciones jurisdiccionales exige que el Juez o Tribunal correspondiente, resuelva la totalidad de las pretensiones deducidas en la demanda y/o medio de defensa legal interpuesto, sin rebasarlas u omitirlas; salvo que lo haga en uso de una facultad para actuar de esa manera contemplada en la legislación, lo cual, evidentemente requiere una justificación debidamente fundada y motivada. Por su parte, la exhaustividad está relacionada con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno de ellos, es decir, este principio implica la obligación de la autoridad de resolver la controversia sometida a su conocimiento, tomando en consideración todos los argumentos aducidos, tanto de acción como de defensa, dilucidando todos y cada uno de los puntos litigiosos, de manera que si una resolución toma en cuenta únicamente una parte de éstos, debe decirse que no es exhaustiva. Es aplicable la jurisprudencia 1a,/J.139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y dos, del Tomo XXII, Diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En el caso, contrario a lo argumentado por el quejoso, sí se respetaron las formalidades del procedimiento, en virtud de que de una revisión íntegra de las constancias que remitió la Jueza responsable, se desprende que la resolución reclamada fue sustanciada en sus términos, de conformidad con los artículos 423, 425 y 428 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, y demás aplicables. Es así, pues en cuanto a la fundamentación, la Jueza responsable cito´ los artículos aplicables que regulan el procedimiento del recurso de revocación, así como los criterios a considerar para el incremento de la pensión alimenticia y la carga de la prueba a favor del deudor alimentario, cuando asevere que sus ingresos no aumentaron, entre ellos, el numeral 36 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Respecto a la motivación, la Jueza expuso los argumentos, circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que consideró para emitir el acto, tomando en cuenta los agravios hechos valer por el actor en el recurso de revocación interpuesto, así como las manifestaciones efectuadas por la demandada en relación con el incremento de la pensión alimentaria otorgada en favor de sus hijas menores de edad. Siendo que, en la resolución reclamada, la Jueza responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por Carlos Augusto Trejo Espinosa y, por ende, confirmó el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, por el cual se declararon procedentes los incrementos de pensión alimenticia solicitada en autos del juicio de origen. Lo anterior, en virtud de que el aludido proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno fue emitido en cumplimiento a la sentencia incidental de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, por medio de la cual se condenó al actor al pago mensual de la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos, moneda nacional), en concepto de pensión alimenticia, quedando sujeto el incremento de dicha cantidad a lo establecido en el artículo 36 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, al deudor alimentario le correspondía demostrar que sus ingresos no aumentaron en igual proporción al salario mínimo general vigente, sin que lo hiciera; puesto que se limitó a exhibir un informe de sueldos de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno expedido por la Jefa de Nóminas de la persona moral "GRUPO BOSPATEX", Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, del cual no se desprendía elemento alguno con el que se pudiera establecer que su salario no aumentó en igual proporción. Determinación que resulta congruente con la normatividad aplicable en materia de incremento de pensión alimenticia y con lo resuelto por la autoridad responsable en la sentencia incidental de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, puesto que, precisamente, el citado artículo 36 del Código de Familia para el Estado, regula de forma específica los criterios a considerar para decretar el aumento de la pensión alimenticia y en relación con los incrementos habidos al salario mínimo general de los años dos mil diecisiete al dos mil veintiuno, los cuales fijó en los siguientes términos: AÑO 2017 Aumento: - Enero 2017: 3.9% - Diciembre 2017: 10.4% Incremento pensión en relación con los aumentos: - Enero 2017: $234.00 - Diciembre 2017: $648.33 Incremento aplicado a la pensión fijada: - Enero a Noviembre 2017: $6,234.00 mensual - Diciembre 2017: $6,882.33 mensual Monto total correspondiente a la pensión incrementada: - $75,456.33 AÑO 2018 Aumento: - No hubo aumento en dicho año Incremento pensión en relación con el aumento: - No aplica Incremento aplicado a la pensión fijada: - Enero a Diciembre 2018: $6,882.33 mensual Monto total correspondiente a la pensión incrementada: - $82,587.96 AÑO 2019 Aumento: - 16.21% Incremento pensión en relación con el aumento: - Enero a Diciembre 2019: $1,115.62 Incremento aplicado a la pensión fijada: - Enero a Diciembre 2019: $7,997.95 mensual Monto total correspondiente a la pensión incrementada: - $95,975.40 AÑO 2020 Aumento: - 20% Incremento pensión en relación con el aumento: - Enero a Diciembre 2020: $1,599.59 Incremento aplicado a la pensión fijada: - Enero a Diciembre 2019: $9,597.54 mensual Monto total correspondiente a la pensión incrementada: - $115,170.48 AÑO 2021 Aumento: - No hubo aumento en dicho año Incremento pensión en relación con el aumento: - No aplica Incremento aplicado a la pensión fijada: - Enero a Junio 2021: $9,597.54 mensual Monto total correspondiente a la pensión incrementada: - $57,585.24 Así, de los aumentos habidos en el salario mínimo general en relación con el monto fijado a la pensión por sentencia incidental de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, se advierte que el incremento de la pensión alimenticia decretado por la Jueza responsable fue realizada en términos de ley, quedando actualizada a la cantidad mensual de $9,597.54 (nueve mil quinientos noventa y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos, moneda nacional), tal como confirmó la autoridad responsable en la resolución reclamada. Sin soslayar lo anterior, lo establecido en el tercer párrafo del multicitado numeral aplicable que dispone que "En todo caso el juez puede recabar oficiosamente los elementos de prueba que le permitan establecer o confirmar la capacidad económica del deudor alimentario", en virtud de que dicha hipótesis corresponde a una facultad potestativa de la autoridad, a fin de recabar pruebas oficiosamente para establecer o confirmar la capacidad económica del deudor alimentario, y no así de una facultad impositiva como señala el quejoso en su escrito de demanda. Por tanto, queda al arbitrio del juzgador allegarse de pruebas que considere necesarias para mejor resolver conforme a derecho, lo que no implica que esté obligada a realizarlo; puesto que si de las constancias que obran en autos, las manifestaciones efectuadas por las partes, así como las pruebas ofrecidas por las partes, éste considera que cuenta con los datos necesarios para decretar la procedencia del incremento de la pensión alimenticia sin necesidad de allegarse de mayores probanzas, la autoridad se encuentra plenamente facultada por la ley para resolver la solicitud en cuestión. Sirve de apoyo lo anterior, por analogía de razón, la tesis aislada III.1o.C.39 C del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que establece: "PRUEBA. NO ES OBLIGACION DEL JUEZ O TRIBUNAL LA PRACTICA O AMPLIACION DE LAS DILIGENCIAS DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). De la interpretación de los artículos 284 y 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se infiere que en tanto el primero dispone que los tribunales "podrán" decretar la práctica o ampliación de diligencias probatorias, es decir, les concede simplemente una facultad potestativa, no les impone el deber jurídico de decretar en todos los casos la práctica oficiosa de tales diligencias; el segundo de los numerales mencionados sí establece la obligación para las partes de probar, el actor los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones; y si durante el procedimiento de origen no se ofrece ni se desahoga medio de convicción alguno, resulta incuestionable que no se actualiza la hipótesis del artículo 284 mencionado, pues no corresponde a las autoridades de instancia decretar de oficio la práctica o la ampliación de diligencias de prueba que las partes no ofrecieron, dado que la función de los tribunales jurisdiccionales es la de impartir justicia y no sustituir a las partes, en cuanto a la carga probatoria que a éstas les corresponde, en tanto que tal proceder implicaría infringir los principios jurídicos de equidad e igualdad." Así como la tesis aislada I.8o.C.51 C sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. CONSTITUYE UNA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES DE INSTANCIA Y NO UNA OBLIGACION. La práctica de diligencias para mejor proveer regulada por el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, constituye una facultad de las autoridades de instancia y no una obligación, por lo que si éstas no decretan la recepción de una determinada prueba para mejor proveer, ello de ninguna manera puede resultar conculcatorio de las garantías individuales del quejoso, precisamente por constituir una facultad potestativa que tiene el juzgador para ordenar ese tipo de diligencias y no una obligación." En consecuencia, se estima correcto el proceder de la Jueza al confirmar el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno dictado en el procedimiento de origen; puesto que, lo cierto es que el deudor alimentario, aquí quejoso, no acreditó, como era su obligación, que sus ingresos no aumentaron en igual proporción al salario mínimo general vigente; ya que la documental referida solo aporta la certeza de su percepción mensual bruta, pero no que su salario no aumentó, siendo que no era dable analizar documentos que sirvieron de base para determinar el monto de la pensión alimenticia ya fijada en sentencia definitiva, pues incluso el principio de proporcionalidad se analizó en ese fallo firme; cuestiones estas últimas que no son controvertidas por el quejoso, limitándose a señalar que la resolución reclamada adolece de fundamentación y motivación. En ese mismo tenor, por cuanto hace a los conceptos de violación relativos a la imposibilidad de pago y derecho al mínimo vital del aquí quejoso en relación con el incremento de la pensión alimenticia confirmado por resolución veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que los mismos son ajenos a litis del presente asunto, al dilucidarse cuestiones externas a lo resuelto en el recurso de revocación. Es así, pues en la resolución reclamada, la Jueza resolvió en atención a los agravios hechos valer por la parte actora en su recurso de revocación relativos a la indebida fundamentación y motivación del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, sin que la responsable realizara mayor pronunciamiento en relación con la capacidad ecónomica del deudor alimentario. Lo anterior, en virtud de que, tal como se precisó en párrafos que anteceden, el aumento al monto fijado en la pensión alimenticia derivo del incremento habido al salario mínimo general vigente, sin que el actor ofreciera prueba suficiente para desvirtuar dicho aumento en su salario, de conformidad con el multicitado artículo 36 de la ley aplicable; por lo que, al advertirse la debida fundamentación y motivación del auto recurrido, la Jueza procedió a declarar improcedente el recurso de revocación y confirmar el aludido acuerdo, por ser los únicos agravios hechos valer por el actor en su referido recurso. Siendo que, las cuestiones inherentes a la capacidad económica del deudor alimenticio y su derecho al mínimo vital que pretende hacer valer la parte quejosa en su escrito de demanda, fueron analizadas desde la sentencia incidental de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis confirmada por resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete dictada en el toca 233/2017, en la cual, en atención a las diversas probanzas aportadas por las partes actora y demandada, se estableció la posibilidad del actor de sufragar la pensión alimenticia fijada, así como los incrementos que sobre ésta se generen de conformidad con el aumento salarial; y no así, en la resolución reclamada. Por ello, se concluye que dichos conceptos de violación resultan ajenos al presente juicio y, por ende, se estima inoperante lo aducido por el impetrante en relación con la citada imposibilidad de pago y el mínimo vital, al resultar aspectos analizados por la autoridad responsable en una diversa sentencia incidental y no así, en la resolución reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia XXII.1o. J/16 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Un concepto de violación es inoperante, cuando la cuestión que aborda no fue materia de la litis del juicio natural, pues no se hizo valer al contestar la demanda en vía de excepción y por lo mismo, no es dable analizar su procedencia en el juicio constitucional." De ahí que, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el quejoso Carlos Augusto Trejo Espinosa, ya que la resolución reclamada fue debidamente fundada, motivada y congruente con lo establecido en la sentencia incidental y acorde al artículo 36 del Código de Familia para el Estado; lo que legalmente procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Carlos Augusto Trejo Espinosa, contra el acto que reclamó de la Jueza Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Ilse Alpuche Aguilar, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, hasta hoy, trece de julio de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo II.889/2022, promovido por Carlos Augusto Trejo Espinosa, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el cual obra agregado en los presentes autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: ténganse por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las pruebas ofertadas por la parte quejosa y tercera interesada Lilia Tatiana Quintero Priego consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, así como, con las documentales que ofreció la citada tercera interesada; y con las constancias que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe justificado, relativas al expediente número 745/2015, de su índice. Por tanto, la Jueza acuerda: Téngase por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaria, mismas que, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales correspondientes; cerrándose la etapa probatoria. Abierto el período de alegatos, la Secretaria procede a dar cuenta con las alegaciones vertidas por la tercera interesada Lilia Tatiana Quintero Priego, mediante escrito agregado a los presentes autos el diez de junio de dos mil veintidós. A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo. Hecho lo anterior, se declara cerrada la presente etapa. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución, firmando la presente actuación los que en ella intervinieron. Doy fe. (FIRMA ELECTRÓNICA) Karla Alexandra Domínguez Aguilar Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán (FIRMA ELECTRÓNICA) Erika Esther Góngora Barbosa Secretaria de Juzgado

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por LILIA TATIANA QUINTERO PRIEGO en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada a este juicio como tercera interesada, ordenándose desde este momento ponérsele a la vista la totalidad de las constancias que integran los autos, a fin de que manifieste lo que a sus derechos corresponda; así como que mediante proveído de veintiséis de abril del año en curso, se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tal efecto en su escrito de cuenta y como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a MARIA JOSÉ ACEVEDO SÁNCHEZ; así como con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo antes citado, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a las personas restantes mencionadas en su escrito de cuenta. Por otro lado, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se tienen por hechas las manifestaciones que hace la ocursante en vía de alegatos, para ser relacionadas y tomadas en consideración al verificarse la audiencia constitucional respectiva. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto y documentales que adjunto a su escrito de cuenta, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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