Carlos Augusto Torres Gongora
Expediente 2362/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2362/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Augusto Torres Gongora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de veintisiete de octubre último, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios Perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, rinde su informe justificado. Asimismo, la responsable informa que mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente ********************, se dio contestación al escrito presentado por la aquí parte quejosa el uno de agosto de dos mil veintidós, para lo cual remite copia certificada de las constancias conducentes. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios Perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La omisión de acordar el escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, en autos del juicio reclamatorio laboral ********************, mediante el cual solicita se dé cumplimiento al laudo definitivo dictado en dicho expediente; consistente en entregarle su dictamen o nombramiento definitivo correspondiente a la plaza de Jefe de Sector Nivel Primaria, el documento único de adscripción y el formato único de personal correspondiente a dicha plaza; así como el pago de las diferencias salariales condenadas en el referido laudo definitivo. Sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dio contestación al escrito presentado por la aquí parte quejosa el uno de agosto de dos mil veintidós, en autos del juicio de origen; mismo que le fue notificado mediante lista de estrados a la parte actora, aquí quejosa, el veinticuatro de octubre del año actual. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con nueve minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a este expediente el escrito signado por la quejosa ROSELYN GUADALUPE CONCHA MONTERO alias ROSELYN GPE. CONCHA MONTERO, mediante el cual proporciona nuevo domicilio donde pueden ser emplazado el tercero interesado ********************. En consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios de este Juzgado Federal, para que se constituya en el domicilio ubicado en predio número ********************de la calle ********************entre calle ********************(planta baja), fraccionamiento ********************de esta Ciudad, código postal ********************, y previamente cerciorado de ser el domicilio que habita o en donde recibe notificaciones el nombrado tercero interesado ********************; con entrega de copia autorizada de la resolución que se notifica y del acuerdo de admisión de la demanda de amparo, así como copia simple de la propia demanda; le haga saber que puede apersonarse a este juicio con el aludido carácter, si así conviniere a sus intereses. Dándole vista del informe justificado y anexo rendido por la autoridad responsable, recibido por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós. Enterándolo de igual forma que la audiencia constitucional se encuentra fijada para las nueve horas con veintidós minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Exhortando a la parte tercero interesada a continuar el presente juicio, a través del esquema de "juicio en línea", en la forma y condiciones que en el acuerdo de radicación de la demanda se señalan, en la parte final del mismo, a fin de poder continuar en todo momento con la tramitación del presente juicio. Notifíquese, haciéndolo personalmente al tercero interesado ******************** y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto: agréguese a este expediente el oficio sin número del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en representación del Presidente Municipal, a través del cual informa las gestiones que realizó en relación al requerimiento formulado por oficio 38490/2022, de veintiséis de septiembre recién finalizado. Al efecto, se tiene por cumplido por parte de dicha autoridad el requerimiento de mérito, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio SM/DP/329/2022 del Jefe del Departamento de Población del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el cual, con relación al requerimiento formulado por acuerdo de tres de agosto del año en curso, reiterado el dos y veintiséis de los corrientes, informa que en el Registro del Padrón Municipal, no se cuenta con información del tercero interesado ***. Lo anterior, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, en razón que por acuerdo de tres de septiembre del año en curso, se tuvo por recibida de dicha autoridad la diversa misiva SM/DP/298/2022, a través de la cual proporcionó la información que ahora brinda, en relación al tercero interesado nombrado con anterioridad. Notifíquese.
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