Carlos Augusto Torres Gongora
Expediente 951/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Augusto Torres Gongora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio sin número signado por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Yucatán, con sede en Yucalpetén, Progreso, mediante el cual informa las gestiones efectuadas a fin de dar cumplimiento a la medida cautelar otorgada. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que de una revisión de constancias se advierte dicha autoridad no fue señalada como responsable en este juicio, máxime que por proveído de veinte de mayo del año en curso causó estado el acuerdo por medio del cual se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia y se ordenó su archivo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y lo de cuenta se acuerda: agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sede Ciudad de México, y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria concedida en los presentes autos. Al respecto, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto las diversas responsables, informen lo relativo al cumplimiento de la referida ejecutoria de mérito. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto: agréguense a este expediente el oficio RAN/YUC/SR/DJ/1677/2022, signados por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, así como el anexo que al mismo acompaña y mediante el cual informa las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo; de lo que se advierte que la misma se encuentra en vías de ejecución. Asimismo, informa que el Departamento de Titulación ha concluido con la materialización de ciento cincuenta títulos de propiedad, mismos que mediante oficios RAN/YUC/ST/TCD/185/2022, RAN/YUC/ST/TCD/191/2022 y RAN/YUC/ST/TCD/197/2022, se remitieron al Catastro del Municipio de Umán, para que les sea asignado número de tablaje catastral. Siendo que acontecido lo anterior, dichos títulos serán enviados al Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, para su inscripción ante dicho órgano registral. Finalmente, informa que concluidos los trámites señalados y devueltos los títulos de propiedad a esa Delegación debidamente legalizados en términos de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 81 de Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, ese Órgano Desconcentrado procederá a ponerlos a disposición de los quejosos para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En tal virtud, solicítese a la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, para que una vez llevado a cabo ello, de inmediato, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada, completa y legible de las constancias que acrediten su cumplimiento. Por otra parte, no obstante que el Catastro del Municipio de Umán, Yucatán, no fue señalado como autoridad responsable en el presente asunto, en atención a lo informado por la autoridad oficiante, es dable vincularlo al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. En consecuencia, requiérasele para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Esto es, para que proceda a asignar el número de tablaje catastral a los títulos de propiedad que le fueran remitidos mediante oficios RAN/YUC/ST/TCD/185/2022, RAN/YUC/ST/TCD/191/2022 y RAN/YUC/ST/TCD/197/2022, de la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán. Para efectos de lo anterior, remítase a la referida autoridad copia autorizada de la sentencia y la ejecutoria pronunciadas en el presente juicio de amparo, así como de los oficios de cuenta que en esta propia fecha se provee. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712 del IUS Intranet, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Apercibidas ambas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, a la omisa, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Acto continuo, se hace relación de todas y cada una de las constancias que integran los autos, y se da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. A lo anterior el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, por rendidos los informes justificados de las responsables, los cuales se ordenaron agregar con conocimiento de las partes. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la vista otorgada a las partes mediante proveído de nueve de los corrientes, respecto de los informes justificados de mérito, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que sí es cierta la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, pues en su informe justificado, a pesar de que lo negaron, con posterioridad hacen manifestaciones de las cuales se evidencia su certeza; lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio, por parte de este órgano jurisdiccional al no haber razón jurídica para que primordialmente el quejoso quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con la documental que acompañó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, que ofertara en dicho escrito. Asimismo, se da cuenta con las documentales que las autoridades responsables acompañaron a sus informes justificados. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las citadas probanzas, mismas que en atención a su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas para todos los efectos legales correspondientes; y al no existir pruebas pendientes por desahogar, el juez declara cerrado el período de pruebas. A continuación, abierto el período de alegatos el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa mediante escrito recibido en proveído de diez de febrero de dos mil veintidós; asimismo el Secretario certifica que las restantes partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: téngase por formulados los alegatos de la parte quejosa, y por hecha la certificación secretarial, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, no habiendo diligencias por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución: Visto para resolver el juicio de amparo número 2481/2021-IV-A, promovido por JUAN PASTOR ALMAZAN ARTEAGA; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el veintisiete siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció JUAN PASTOR ALMAZAN ARTEAGA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, al Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, así como al Delegado Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con residencia en Mérida. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: La omisión de atender la solicitud 31210000478 relativa a la cancelación del certificado parcelario, autorización de la apertura de la clave del sistema informático, expedición así como la puesta a disposición del título de propiedad correspondiente a la parcela 1146 Z-3 P-3, ubicada en el ejido Umán, municipio del mismo nombre, en el Estado de Yucatán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables, pues aun cuando negaron su existencia, con posterioridad realizaron manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se les atribuye, por lo que se ve desvirtuado con las constancias que obran en autos de las que se constata que al día de hoy, la solicitud 31210000478 relativa al trámite iniciado por la parte quejosa, aún no se encuentra concluida. Razones por las que se tienen por existentes los actos reclamados por el quejoso en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita, aunque para llegar a tal conclusión deba acudirse a la causa de pedir en los motivos de inconformidad. Al caso es aplicable la Jurisprudencia P./J.68/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." En la especie, la parte quejosa reclama primordialmente de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; así como del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, al Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, la omisión de ejercer la fe pública registral, mediante la apertura del folio agrario. Todo ello a fin de que se culmine el procedimiento de inscripción de adopción de dominio pleno de la parcela número 1146 Z-3 P-3, ubicada en el ejido Umán, municipio del mismo nombre, en el Estado de Yucatán, relativo a la solicitud 31210000478; contraviniendo en su perjuicio básicamente el derecho fundamental contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho fundamental consagrado en el artículo 8º aludido, es el derecho de petición, el cual es entendido como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que en su caso, le haya formulado éste; por lo que la posibilidad de hacer uso de tal derecho, está supeditado a la existencia de la petición dirigida al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad; es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que se vincula con la presencia de la petición formal. Sin embargo, el artículo 1°, tercer párrafo, de la Constitución prevé la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, los principios de prontitud, eficacia y expeditez que contempla el segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, resulta atribuible tanto a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, como a los realizados en procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo, tal y como acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales condiciones, debe estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también que su proceder no puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que, además, implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, razones por las que las citadas subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos administrativos." Así como, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES. En los sistemas jurídicos tradicionales el concepto "justicia" se ha asimilado al conjunto de instituciones, procedimientos y operadores que intervienen en la dinámica de la resolución de desacuerdos legales dentro del aparato jurídico formal. De acuerdo con esta concepción formalista, las únicas autoridades que se encontrarían obligadas a la observancia del derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serían las que realizan funciones materialmente jurisdiccionales. No obstante, esta visión restringe la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1o., párrafo tercero, de la propia Norma Suprema, pues el acceso efectivo a la solución de desacuerdos constituye un derecho dúctil que tiende a garantizar la concreción de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que posibiliten el reconocimiento y el ejercicio efectivo de derechos de los gobernados dentro de las organizaciones jurídicas formales o alternativas. Por tanto, en congruencia con el principio aludido, la protección del derecho fundamental citado debe extenderse a los mecanismos administrativos de tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes." Consecuentemente, no puede estimarse que se violente directamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando su pretensión es que la autoridad concluya el procedimiento registral correspondiente, sino en todo caso, el derecho transgredido en su perjuicio, es el contenido en el artículo 17 constitucional; corrección que se hace con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo; por lo que se reitera, atendiendo la causa de pedir, debe concedérsele el amparo y protección de la justicia federal, por las razones que a continuación se expresan. Lo anterior resulta fundado; y para llegar a tal conclusión es menester transcribir el artículo 17 Constitucional, que establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Por su parte, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. De igual forma disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la Entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (diecisiete de febrero de dos mil veintiuno), a la en que se promovió la demanda (veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno), ya habían transcurrido más de diez meses, esto es, más de sesenta días naturales. Ello significa que ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, toda vez que de autos se advierte que a la solicitud del quejoso recayó una calificación registral positiva. Se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo, y en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado. Caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JUAN PASTOR ALMAZAN ARTEAGA, en contra de los actos que reclamó al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, al Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, así como al Delegado Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con sede en Mérida; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
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