Carlos Augusto Rodríguez Velasco

Expediente 1642/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1642/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Carlos Augusto Rodríguez Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el treinta de agosto de dos mil diecinueve . Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el quince de abril de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio, por otra se negó, y finalmente se concedió la protección constitucional para que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: Dejen insubsistente las boletas de infracción con número de folio 113|5823695 (327218), 113|6121206 (168743), 113|6201665 (244787), 113|6201773 (247028) y 113|6288756 (318994) impuestas a Abraham Muñoz Saldaña, propietario del vehículo marca Nissan, línea Versa, modelo dos mil doce, color brownish, con placas de circulación JKC20790, ya que carecen de debida fundamentación y motivación por parte del municipio de Guadalajara, en los términos en que fue expuesto en la presente resolución, ya que las multas que le fueron impuestas resultan excesivas en contravención a los artículo 16, en relación con el 22 constitucionales; y, Deberá dejar insubsistente cualquier recargo derivado de la omisión de pago contenido en dichas infracciones. Resolución que fue recurrida por la parte quejosa, habiendo conocido de dicho medio de impugnación el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual fue registrado con el número 216/2019, de su índice, y resuelto en el sentido de confirmar la sentencia de amparo dictada por este juzgado federal. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que el Jefe del área de Gestión del Estacionamiento de la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante oficio 12310/2019, informó que el quince de agosto de dos mil diecinueve, dejó insubsistentes las cédulas de notificación de infracción números 327218, 168743, 244787, 247028 y 318994 impuestas a Abraham Muñoz Saldaña, propietario del vehículo marca Nissan, línea Versa, modelo dos mil doce, color brownish, con placas de circulación JKC20790, exhibiendo al efecto, una impresión histórica de no adeudo del citado municipio correspondiente al vehículo de referencia. Posteriormente, mediante bel diverso oficio 12476/2019, la Directora de Movilidad y Transporte del Municipio de Guadalajara, Jalisco, precisó que del contenido de dicha impresión se advierte la leyenda "sentencia de juzgado", al referir cada una de las infracciones de que se trata, señalando la fecha de baja de las mismas y que no se realizó pago alguno respecto a ellas. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, por otra parte se negó, y finalmente se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. V. Devolución de documentos. En acatamiento al punto Décimo Primero del citado acuerdo Plenario, se previene a la parte quejosa para que acuda a este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, dentro del plazo de noventa días a solicitar la devolución de los documentos originales que hubiera exhibido en este expediente, apercibida que de no cumplir con lo anterior, dicha documentación podrá ser destruida. VI. Cuadernos Incidentales. Con el contenido del presente acuerdo se ordena dar cuenta en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Visto el oficio suscrito por el Director de Área de Asuntos Internos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de veinte de agosto del año en curso, dictado dentro del expediente de origen. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, doce de agosto de dos mil diecinueve. Tramítese suspensión. Como está ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 115, 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, tramítese la suspensión de los actos reclamados mediante ampliación de demanda, promovida por la parte quejosa. Solicítese informe previo. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables en la ampliación de demanda su informe previo, el cual deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia del escrito de ampliación de demanda, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se procederá conforme a los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. IV. Precisión de las autoridades responsables. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de la parte quejosa, entre otras cosas, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal, pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con las denominaciones que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia incidental, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Fijación de los actos reclamados. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita; por lo que del análisis acucioso de la ampliación de demanda de amparo, para efectos de este incidente de suspensión, lo constituyen en esencia: La resolución dictada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en la que se ordena la separación definitiva de su cargo. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que, se mantengan las cosas en el estado que se encuentran, esto es que las autoridades responsables se abstengan de separarle del cargo como elemento de seguridad pública adscrito al Municipio de Zapopan, Jalisco. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa es expresa al referir los efectos para los que se solicita la suspensión la materia de la presente incidencia se estudiará a la luz de dicho planteamiento. Sirve de fundamento para ello, por analogía, la jurisprudencia que dice: Novena Época Registro: 182529 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 111/2003 Página: 98 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. Determinación sobre la suspensión. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 Constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable... De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Cabe mencionar que el quejoso acredita de manera indiciaria su interés suspensional con las diversas constancias que integran el procedimiento administrativo de separación P.E./CC/0*/2018, instaurado en contra del quejoso, adminiculadas con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad en su escrito de ampliación de demanda de amparo, al indicar que se desempeña como elemento de seguridad pública adscrito al Municipio de Zapopan, Jalisco. Por tanto, con apoyo en los artículos 128 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisfacen los requisitos que establece el precepto citado, esto es, la solicitó la parte agraviada, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y, en caso de ejecutarse los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían al peticionario de garantías y, además, por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados mediante ampliación de demanda . VII.- Efectos de la suspensión provisional. Así pues, la presente medida cautelar se otorga para el efecto de que, pudiéndose continuar con el procedimiento de separación, no se ejecute la resolución definitiva, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva del acto reclamado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 76/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, página 921, que dice: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. En ese sentido, la suspensión se concede en forma tal que no impide el desarrollo del procedimiento reclamado, y no surte el primero de los supuestos previstos por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Es preciso enfatizar, que la suspensión que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en el caso de que los actos reclamados se hubiesen consumado, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales; de la misma manera, ésta dejará de surtir sus efectos si los actos son emitidos por diversas autoridades a las señaladas, si provienen de diverso procedimiento administrativo o motivos distintos a los mencionados por el quejoso. Prueba documental. Luego, visto el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas la prueba documental que anexa, asimismo, de conformidad con los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena se realice el cotejo de la documental exhibida, para que obre como prueba en el incidente de suspensión en que se actúa. X. Revoca autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se le tiene revocando anteriores designaciones de autorizados y domicilio procesal, y designado como nuevo autorizado en amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a * por contar con cédula registrada en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio procesal el ubicado en la finca marcada con el número 589, calle Manuel Dávalos Ornelas, colonia Jardines Alcalde, en Guájara, Jalisco.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto ya se pronunció sentencia; por tanto, agréguese el expedientillo relativo. Asimismo, del citado expedientillo se aprecia que mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se reservó acordar el oficio y anexo, de registro 13017, hasta en tanto se dictara sentencia en el juicio de amparo que se actúa, lo cual ya aconteció; en esas condiciones, se provee: Devuelve despacho. Visto el citado oficio y anexo, proveniente del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Segundo Partido Judicial, con sede en Chapala, Jalisco, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 53/2019-42, del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para que en auxilio y por comisión de este Juzgado de Distrito, emplazara a la tercero interesada Erna Michel con el carácter de representante y albacea de la sucesión, así como legataria testamentaria de Walter Julius Apley; en consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo. No ha lugar. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Juan Manuel González Gómez, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, atento a lo solicitado, no ha lugar a tener como autorizadas a las personas que indica, en virtud de que tal como lo señala el artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, los únicos facultados para nombrar autorizados tanto en términos amplios como en restringidos, son el quejoso y el tercero interesado, sin que el autorizado en amplios términos pueda sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. "Artículo 12.- El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero." Expídanse copias. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídansele las copias simples de lo que indica, con excepción de las documentales que contengan información clasificada como reservada o confidencial, previa toma de razón y recibo que de ello se otorgue en autos, a satisfacción de este juzgado y mediante persona autorizada para ello, las cuales serán a su costa.

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