Carlos Augusto Rodríguez Velasco
Expediente 3276/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3276/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/05/2019
Partes del expediente
- Carlos Augusto Rodríguez Velasco
Actuaciones
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- Principal
Zapopan, Jalisco, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve , se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el dos de mayo de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "[.]Dicte un auto en el cual señale fecha para el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral 459/2017/12-B, o, en su caso, razone la imposibilidad que tenga para ello, y ordene hacerlo del conocimiento a las partes. Acredite que desahogó el veinticinco de marzo y tres de abril, ambos de dos mil diecinueve, las pruebas de reconocimiento de firmas e inspección ocular, respectivamente, y únicamente para el caso de que no hubiera sido posible su desahogo en las datas indicadas, por algún impedimento legal, el amparo tendrá el efecto de que la autoridad responsable señale nuevas fechas para el desahogo de dichas pruebas, que se ciña al plazo previsto por el artículo 883, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo. [.].". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el veinticinco de marzo y tres de abril, ambos del presente año, desahogó las pruebas de reconocimiento de firmas e inspección ocular; además, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, señaló fecha para el desahogo de la prueba documental de informes, lo anterior dentro del juicio laboral de origen. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista cumplimiento. Visto el oficio suscrito por la Presidenta Auxiliar, Actuario Notificador y Secretaria, todos adscritos a la Décima Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, remiten diversas copias certificadas, entre las que destacan del acuerdo de veinticuatro de abril del año en curso, dictado dentro del juicio laboral de origen. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en la cual por una parte sobreseyó el presente juicio de amparo; y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: "[.]Dicte un auto en el cual señale fecha para el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral xxxxxxxx, o, en su caso, razone la imposibilidad que tenga para ello, y ordene hacerlo del conocimiento a las partes. Acredite que desahogó el veinticinco de marzo y tres de abril, ambos de dos mil diecinueve, las pruebas de reconocimiento de firmas e inspección ocular, respectivamente, y únicamente para el caso de que no hubiera sido posible su desahogo en las datas indicadas, por algún impedimento legal, el amparo tendrá el efecto de que la autoridad responsable señale nuevas fechas para el desahogo de dichas pruebas, que se ciña al plazo previsto por el artículo 883, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo. [.].". Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Requerimiento a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. V. Apercibimiento. Apercíbase a la autoridad responsable que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
En Zapopan, Jalisco, siendo las nueve horas con dieciséis minutos del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 3276/2018, José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Luis Fernando Vázquez Michel, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. En estos momentos, el Secretario da cuenta al Juez de Distrito con el estado de autos, de los que se advierte que en auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el informe justificado de las autoridades responsables, notificándose por lista a las partes el quince de marzo pasado; por lo que, no ha transcurrido el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, en su caso, esté en aptitud legal de desvirtuar el contenido del aludido informe. A lo anterior, el Juez acuerda: No obstante la circunstancia que expone el Secretario en la cuenta que antecede, no se está en el caso de diferir la audiencia constitucional, dado el sentido que regirá el fallo que se dicte en el presente juicio de amparo y del contenido del informe, no se desprende que exista materia qué desvirtuar, aunado a que dicho informe es del conocimiento de las partes ya que les fue notificado por lista el quince de marzo del año en curso. Razón por la que se estima que tuvieron la oportunidad de acceder al contenido del informe justificado y hacer valer lo pertinente porque, en este caso, nada justificaría retardar la resolución del juicio de amparo, dada su naturaleza, los principios que lo rigen, así como los postulados consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además, tomando como base que resulta ocioso diferirla, dada la cuestión que se impugna; por ende, no se está en el supuesto que establece la jurisprudencia cuyo rubro señala: Novena Época Registro: 191995 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2000 Página: 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.". Asimismo, es orientadora en el sentido expuesto, la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y contenido es el siguiente: Décima Época Registro: 2012017 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 32, Julio de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: II.2o.P.19 K (10a.) Página: 2084 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA DIFERIRLA O SUSPENDERLA CUANDO EL QUEJOSO NO PUDO IMPONERSE DE LAS CONSTANCIAS O FORMULAR SUS ALEGATOS, NO BASTA QUE ÉSTE ASÍ LO MANIFIESTE, SINO QUE DEBE VALORARSE, OBJETIVAMENTE, SI TUVO OPORTUNIDAD DE ACCEDER AL CONTENIDO DEL INFORME JUSTIFICADO Y HACER VALER LO PERTINENTE, SOBRE TODO, SI SU PETICIÓN LA PRESENTA CUANDO LA AUDIENCIA SE HA DIFERIDO VARIAS VECES, NO OBSTANTE ENCONTRARSE PRIVADO DE SU LIBERTAD. El artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se diferirá o suspenderá ésta, según proceda, a petición del quejoso o del tercero interesado. Asimismo, del párrafo subsecuente se advierte que el citado plazo no es el único factor determinante para que la audiencia tenga verificativo en la fecha señalada, pues esa porción normativa establece que, incluso, los informes rendidos fuera de tiempo son de tomarse en consideración, siempre que el accionante haya tenido oportunidad efectiva de conocerlos, de manera que esta cuestión es indispensable para llevar a cabo la audiencia, por lo que si existen bases razonables para asumir lo contrario, debe diferirse, a pesar de que no medie solicitud de las partes, conforme a la jurisprudencia P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 5, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". Aun así, no basta que el quejoso manifieste no haber podido imponerse de las constancias o formular alegatos, para acceder a la solicitud de diferimiento realizada con ese motivo, sino que debe valorarse, objetivamente, si tuvo oportunidad de acceder al contenido del informe justificado y hacer valer lo pertinente porque, en este caso, nada justificaría retardar la resolución del juicio de amparo, dada su naturaleza, los principios que lo rigen, así como los postulados consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo si presenta su petición cuando la audiencia constitucional ya se ha diferido varias veces, por la suspensión del procedimiento decretada con motivo de los recursos interpuestos por las partes o por cualquier otra circunstancia que no le impida enterarse de las actuaciones y preparar la defensa de sus intereses; sin que obste que el quejoso se encuentre privado de su libertad, pues éste es sólo uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta para determinar la posibilidad que tuvo de saber el estado del asunto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Queja 250/2015. 7 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretario: Víctor Manuel Martínez Mata. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis: Octava Época Registro: 206494 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: Página: 185 PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas. Amparo en revisión 1545/89. Celia Terrazas Quintana. 9 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Guillermo Cruz García. Acto continuo, el Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y por leídas las mismas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva este juicio. Abierto el periodo de pruebas: El Secretario da cuenta al Juez de Distrito, con las documentales allegadas por las partes que así lo hicieron. El Juez de Distrito, acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba antes reseñada, en razón de su propia y especial naturaleza. No existiendo más pruebas pendientes por recibir o desahogar, se cierra esta etapa. Enseguida, se abre el de alegatos, en el que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación secretarial para los efectos legales conducentes. Se cierra este periodo. Con lo anterior, se dan por concluidas estas dos fases de la presente audiencia, levantándose esta acta para constancia legal; por lo que se procede a dictar la sentencia que corresponde. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 3276/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, ante la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Carlos Augusto Rodríguez Velasco, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las autoridades siguientes: Actos reclamados: La omisión de señalar fecha para el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral 459/2017/12-B. La falta de notificación de dicho acuerdo. Autoridades responsables: Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. Actuario Notificador adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. SEGUNDO. Registró de demanda. La demanda de amparo indirecto de que se trata fue turnada a este Juzgado de Distrito, la cual se registró con el expediente 3276/2018, y previo requerimiento, mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por no presentada la demandada de amparo. TERCERO. Recurso de queja. Inconforme con la resolución aludida, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual por razón de turno tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el cual registró con el expediente 247/2019; y mediante sesión de trece de febrero de dos mil diecinueve, dictó la resolución correspondiente, en la que declaró fundado dicho recurso. CUARTO. Admisión de demanda. Por auto de uno de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo que nos ocupa, asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, se requirió a las autoridades responsables informe justificado, y se ordenó dar vista al representante social de la adscripción. Finalmente, tramitado el juicio de amparo de referencia por su cauce legal, se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta respectiva y que forma parte de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como el diverso 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, se fijan de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se efectúa un análisis conjunto de la demanda de derechos fundamentales, así como de las actuaciones en el presente juicio de amparo. En esas condiciones, lo reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye: La omisión de señalar fecha para el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral 459/2017/12-B, del índice de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. La falta de notificación de dicho acuerdo. TERCERO. Inexistencia de uno de los actos reclamados. El Actuario Notificador de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, rindió informe justificado, mediante el cual manifestó que no es cierto el acto reclamado, que se hace consistir en la omisión de notificar a las partes el auto en el cual se señale fecha para el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral de origen; lo que se acredita su con la copia certificada del auto de diez de enero de dos mil diecinueve, en que se fijó fecha para el desahogo de diversos medios de prueba, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Por su parte, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias aparece demostrado que no existe el acto reclamado o no se pruebe su existencia en la audiencia constitucional. Asimismo, el artículo 64 de la Ley de Amparo, dispone que cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la deberán comunicar de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten. Bajo las consideraciones expuestas, ocurre que el siete de noviembre de dos mil dieciocho, fue presentado el escrito de demanda de amparo que aquí atañe, en el que el accionante reclamó una omisión al Actuario Notificador adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, aconteciendo que de la constancia reseñada, se advierte que previo a la presentación de la demanda de amparo, esa omisión no podía ser reclamada, pues no se había ordenado notificar el auto correspondiente. Resta decir que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado al Actuario Notificador adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, al momento de rendir su informe con justificación, manifestó que no es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha para el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas a las partes en el juicio laboral de origen. Sin embargo, de las manifestaciones que realiza y de la documental que allegó junto con su informe, a las que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por su artículo 2°, al tratarse de una documental pública expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto la existencia del mismo. QUINTO. Consideraciones previas al estudio de fondo. Oportunidad de la demanda. Por lo que respecta a la temporalidad de la acción constitucional, derivada de la omisión reclamada, al ser de tracto sucesivo, no es posible computar algún punto de inicio del plazo respectivo; de ahí que se estima oportuna. II. No se actualiza causa de sobreseimiento. Como se inadvierte la aparición de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; por ello, no se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal en cita; en consecuencia, no existe imposibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada SEXTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio de amparo, se centra en determinar si la autoridad responsable incumple los plazos previstos por la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente laboral al omitir señalar fecha para llevar a cabo el desahogo de la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de los antecedentes del acto reclamado, narrados por la parte quejosa en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, en los términos siguientes: El quejoso presentó demanda laboral, la cual se radicó ante la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con el expediente 459/2017/12-B. Seguido el juicio laboral en sus etapas, el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la Junta responsable admitió los diversos medios de prueba ofertados por las partes, y únicamente fijó fecha para el desahogo de las pruebas confesionales. Luego, en auto de diez de enero del año en curso, la responsable tuvo por desahogadas las pruebas confesionales, y señaló el veinticinco de marzo y tres de abril, ambos de dos mil diecinueve, para el desahogo de la prueba reconocimiento de firmas e inspección ocular, respectivamente, sin que a la fecha en que se resuelve el presente asunto, se haya señalado fecha para el desahogo de la totalidad de las probanzas que fueron admitidas en el juicio natural (omisión que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional). III. Conceptos de violación. El quejoso aduce, en esencia, que se violaron en su perjuicio los principios contenidos en el artículo 17 Constitucional, por lo siguiente: Se transgrede en su perjuicio el derecho fundamental a una impartición de la justicia de manera pronta y expedita, al retardar el desahogo de la totalidad de los medios de prueba en el juicio laboral 459/2017/12-B, del índice de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. IV. Decisión sobre la litis constitucional. El concepto de violación es fundado, lo cual motivará la concesión del amparo solicitado para los efectos que luego se precisarán, aunque para arribar a tal conclusión también debe suplirse la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que, el aquí quejoso, tiene el carácter de trabajador en el juicio laboral de origen. Pues bien, asiste razón al accionante de amparo, dado que la autoridad responsable no ha respetado los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, al omitir desahogar la totalidad de las pruebas admitidas a las partes en el juicio natural 459/2017/12-B. Ahora, en el artículo 17 constitucional se consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, del cual se desprenden los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. 3. Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución. 4. Justicia gratuita, que significa que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Asimismo, relacionado con los anteriores principios, el propio artículo 17 constitucional, pone de manifiesto que la administración de justicia deberá impartirse dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento del derecho en cuestión, que se sucede de momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Asimismo relacionado con los anteriores principios, el propio artículo 17 constitucional pone de manifiesto que la administración de justicia deberá impartirse dentro de los plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. Los artículos 878, fracción VII, 880 y 883, de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 878.- La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: [.] VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución.". Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días.". Del contenido sistemático de los preceptos transcritos, se desprende que las Juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr, en los juicios que ante ellas se tramiten, la mayor economía, concentración y sencillez de los mismos; igualmente, se evidencia la obligación de resolver inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche, una vez concluido el ofrecimiento. Asimismo, se advierte que se encuentran obligadas a señalar día y hora para el desahogo de pruebas que sean admitidas, la cual se celebrará dentro del plazo de diez días, en términos del artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, y en el caso de considerar que por la naturaleza de las pruebas admitidas no es posible desahogarlas en una sola audiencia, deberá señalar en ese mismo acuerdo los días y horas en que deberán desahogarse, periodo que no deberá de exceder de treinta días. Es importante precisar, que la autoridad aquí de trato es responsable en la administración de justicia en materia laboral de los asuntos de su competencia y deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. En el caso en particular, el quejoso indicó que la autoridad responsable no ha señalado fecha para llevar a cabo el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas a las partes en el juicio laboral de origen, lo cual se corrobora con la confesión expresa que realiza la Junta al rendir su informe de ley y con las documentales que ofreció, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que se adminicula con las manifestaciones de la parte quejosa, formuladas bajo protesta de decir verdad. En concomitancia a lo antes expuesto, no se advierte que la autoridad responsable acreditara haber señalado fecha para el desahogo de todos los medios de convicción ofrecidos, pues únicamente fijó fecha para el desahogo de las pruebas de reconocimiento de firmas e inspección ocular; sin embargo, las mismas no fueron señaladas dentro del plazo previsto por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Por todo lo anterior, se pone de relieve que la Junta responsable no ha señalado fecha para el desahogo de la totalidad de los medios de convicción admitidos dentro del plazo legal; por tanto, se evidencia que dicha autoridad transgredió en perjuicio del quejoso el artículo 17 Constitucional, pues esto ha provocado el retraso injustificado en el juicio laboral de origen, ya que los actos procesales que hacen falta por llevar a cabo en el pluricitado juicio laboral, ya no podrán efectuarse en los plazos que prevé el código obrero, y por tanto, no se ha impartido justicia a la parte quejosa conforme a los plazos de tiempo que fija dicha legislación. Conforme lo anterior, es que en el caso se actualiza la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, al haber dilatado de manera innecesaria la responsable la prosecución del juicio laboral de origen. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia que dice: Novena Época Registro: 177266 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Septiembre de 2005 Materia(s): Laboral Tesis: IV.3o.T. J/57 Página: 1283 JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional.. En consecuencia, ante la apuntada violación al derecho humano destacado, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para los efectos que enseguida se precisan. V. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal se otorga para el efecto de que la autoridad responsable Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: Dicte un auto en el cual señale fecha para el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral 459/2017/12-B, o, en su caso, razone la imposibilidad que tenga para ello, y ordene hacerlo del conocimiento a las partes. Acredite que desahogó el veinticinco de marzo y tres de abril, ambos de dos mil diecinueve, las pruebas de reconocimiento de firmas e inspección ocular, respectivamente, y únicamente para el caso de que no hubiera sido posible su desahogo en las datas indicadas, por algún impedimento legal, el amparo tendrá el efecto de que la autoridad responsable señale nuevas fechas para el desahogo de dichas pruebas, que se ciña al plazo previsto por el artículo 883, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, no obstante que las fechas para el desahogo de dichos medios de convicción en el juicio laboral de origen fueron señaladas fuera del plazo que prevé el numeral 883, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, tomando en consideración el plazo que deba transcurrir para efecto de que cause ejecutoria la presente sentencia y el lapso que debe mediar entre la notificación a las partes y el señalamiento para su desahogo, el quejoso podría sufrir un perjuicio mayor, tomando en consideración que su interés legal estriba en que el procedimiento laboral se lleve a cabo en los términos que establece la ley obrera. Imposibilidad que, cabe mencionar, no constituye un motivo que actualice la violación al derecho humano, porque, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sostuvo que al detectarse una dilación en el proceso, ésta no podría ser colmada, sino que perdura durante todo el procedimiento. Sin que la protección constitucional otorgada se haga extensiva a las demás etapas procesales del procedimiento de origen, pues ésta se encuentra limitada a la etapa en que se ubica el acto reclamado. Es de estricta aplicación, la tesis que por rubro y texto lleva: Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Augusto Rodríguez Velasco, contra el acto que reclamó del Actuario Notificador de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Augusto Rodríguez Velasco, contra el acto reclamado a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, indicado en el considerando segundo, por lo motivos expuestos y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
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