Carlos Arturo Ramírez Ramírez
Expediente 130/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Arturo Ramírez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el diez de abril de dos mil diecinueve (foja 16), en el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que por acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso (foja 9-12), se ordenó requerir al quejoso CARLOS ARTURO RAMÍREZ RAMÍREZ, para que dentro del plazo de cinco días computado legalmente, aclarara el acto reclamado en los términos ahí precisados. Asimismo, se apercibió al citado promovente que de no cumplir con la prevención mencionada, se tendría por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el promovente CARLOS ARTURO RAMÍREZ RAMÍREZ, no cumplió con el requerimiento ordenado en auto de veintiocho de marzo de este año (fojas 9-12), dentro del plazo que para tal efecto se le concedió; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído, por lo que, de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese en términos de ley. IV-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el escrito presentado vía electrónica por Javier Cortés Limón, autorizado legal del quejoso CARLOS ARTURO RAMÍREZ RAMÍREZ, con firma electrónica y evidencia criptográfica; en atención a su contenido y vista la certificación Secretarial, se autoriza al usuario "dapjcl", en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. DATOS DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) promovida por CARLOS ARTURO RAMÍREZ RAMÍREZ, por propio derecho, con firma y evidencia criptográfica, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la ciudad de México; por violación a los artículos 1, 2, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir literalmente en lo siguiente: "NORMA GENERAL AUTOAPLICATIVA QUE SE RECLAMA: PRIMERO.- Reclamo la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud; Inconstitucionalidad que ha sido declarada mediante jurisprudencia identificada con el número 2019365, publicada el 22 de febrero de 2019 en el portal digital del Semanario Judicial de la Federación. SEGUNDO.- Reclamo la inaplicación de la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, misma que fue publicada el 22 de febrero de 2019 y entro en vigor para aplicación obligatoria el 25 de febrero del 2019." Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que le corresponda, que lo es el 130/2019. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA Ahora bien como se advierte irregularidad en la demanda de amparo de que se trata, a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de la admisión de la demanda de amparo con fundamento en los artículos 112, 114, fracciones II y IV, en relación con el 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo y bajo protesta de decir verdad, aclare lo siguiente: a) El acto reclamado identificado en su demanda de amparo como PRIMERO, ya que en el mismo señala como tal "la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud", y de la lectura integral de su demanda, hace referencia al otorgamiento de una autorización para llevar a cabo actividades relacionada con el autoconsumo del estupefaciente denominado cannabis sativa; en la inteligencia de que, si señala como acto reclamado este último deberá también señalar a la autoridad responsable a la cual se lo reclama. b) Asimismo, deberá establecer a qué autoridad atribuye el acto reclamado identificado en su demanda de amparo como SEGUNDO, ya que refiere que reclama la inaplicación de la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, misma que fue publicada el 22 de febrero de 2019 y entró en vigor para aplicación obligatoria el 25 de febrero del 2019. Lo anterior es así, ya que si bien atribuye dicho acto al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la ciudad de México, al así señalarlos en su capítulo correspondiente a "autoridades responsables", las mimas dentro de sus atribuciones previstas por la Constitución no se encuentra la aplicación de jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, ya que sus atribuciones se constriñen a la iniciativa, discusión, aprobación y publicación de leyes, pues si bien, la tutela protectora de un juicio de amparo alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la formación y publicación de las normas controvertidas, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil ciento sesenta y dos, Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 902337, cuyo rubro y texto son como sigue: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique a la quejosa la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." (Lo resaltado es propio) c) De igual forma, una vez satisfecho el punto anterior deberá precisar específicamente, en qué consiste y cómo impacta en su esfera jurídica, la inaplicabilidad de la jurisprudencia a que hace referencia, pues dicho acto resulta ambiguo y generalizado, ya que de la lectura integral de su demanda, únicamente realiza manifestaciones entorno al libre desarrollo de la personalidad y a lo ya declarado inconstitucional en la propia jurisprudencia a que hace referencia. Los citados requerimientos, se le formulan en términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, que determina que en la demanda de amparo, el quejoso expresará la autoridad responsable y norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, cuya finalidad esencial radica en fijar la litis constitucional, y que las autoridades se encuentren en aptitud de rendir el informe justificado que se les solicite, con relación al acto que se les reclame; asimismo, acompañen las constancias que tengan relación con el mismo. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda de amparo, deberá acompañarse con las copias suficientes para el traslado a las partes en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 36/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII (Abril de 2001), Página 79, Novena Época, con número de registro 189977, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y el Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Por lo tanto, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo de conformidad con lo establecido por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que el impetrante del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis XXII.1o.22 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, visible en la página 1067, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, téngasele por autorizado en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Cortés Limón, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, aparece registrada la cédula profesional a su favor, que lo faculta legalmente a ejercer la profesión de licenciado en derecho. Asimismo, como lo solicita, se tiene únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que precisa. Notifíquese a la parte quejosa por lista de acuerdos.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes
- Carlos Alberto Peto Tapia9/2016
- Carlos Amisadai Fructuoso Naranjo88/2022
- Carlos Armando Gómez Gómez236/2018
- Carlos Armando Gómez Gómez162/2018
- Carlos Arteaga Ramirez94/2015
- Carlos Arteaga Ramírez330/2016
- Carlos Augusto Jiménez Matus161/2017
- Carlos Augusto Jiménez Matus174/2023
- Carlos Burguete López135/2022
- Carlos Castilla Calafer65/2016
- Carlos Cruz Vásquez84/2016
- Carlos Daniel Helleón Zárate662/2021