Carlos Alberto Peto Tapia

Expediente 9/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
9/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
02/06/2016

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Peto Tapia
  • Secretario de Educación Pública. México, D.F.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el nueve de mayo de dos mil dieciséis (fojas 325 a 332), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde por una parte se negó la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIIB

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos únicamente para que surta sus efectos legales consiguientes, el informe justificado rendido por la Oficial Mayor del Instituto Estatal de Educación Pública, con sede en Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable designando como a sus delegados a las personas que precisa. Asimismo, respecto de la autorización que solicita para que sus delegados hagan uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos infórmese que no existe impedimento legal para que por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En otro aspecto, previa compulsa y cotejo que se realice con las copias fotostáticas certificadas por el Notario Público del nombramiento de la autoridad responsable de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, devuélvaseles los mismos, previa razón que se deje en autos de su recibo. Por otra parte, de las constancias que obran en autos, se advierte que procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ello es así, en virtud de que se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." "Artículo 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que procede contra actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales y garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. Lo anterior, atento a que el artículo 5° fracción II de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios, así como determinados por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En el caso, la lectura integral de la demanda revela que los actos reclamados por la parte quejosa antes mencionados se ubican en un plano de coordinación, ya que derivan de una relación obrero-patronal existente entre la parte agraviada y el Secretario de Educación Pública, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Ciudad de México; Director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Oficial Mayor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Director Financiero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, residentes en Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, Departamento de Pagos de Nómina del I.E.E.P.P., con sede en San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y, Banca Santander México, S.A., Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, con sede en Ciudad de México Lo que se corrobora con la narración de hechos que hace la parte solicitante de amparo en su escrito de demanda en el que reconoce ser empleado o trabajador al Servicio de la Educación. De lo narrado se pone de manifiesto que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tiene su origen en la relación laboral que el promovente sostiene con las responsables en su carácter de patrón equiparado (Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca); por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo. Ello, máxime que la materia del acto reclamado en su caso se instituye como la violación a un derecho laboral a cargo del patrón, específicamente el derecho al salario, protegido por la Constitución en su artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. En efecto, ya que en términos de la Ley Federal del Trabajo, el salario se trata de la retribución que bebe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, el cual deberá entregarse en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda; sin embargo, previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico, siempre y cuando los gastos o costos que originen estos medios alternativos sean cubiertos por el patrón. De ahí que si el quejoso estima que su patrón le viola su derecho al salario, no obstante la protección constitucional a tal contraprestación por su trabajo personal subordinado, tal conflicto debe ventilarse ante la potestad jurisdiccional ordinaria mediante el juicio laboral correspondiente y no mediante el juicio de amparo, por así disponerlo expresamente el artículo 123, Apartado A, fracción XX, y Apartado B, fracción XII, de la Carta Magna. Por tanto, los actos aquí reclamados, en modo alguno, puede considerarse que deriven de una relación de supra a subordinación, porque precisamente dimanan de una relación de carácter laboral, de la cual, deben conocer los tribunales ordinarios y no éste órgano de amparo. En apoyo a lo anterior, se invocan los siguientes criterios: "PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN TANTO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU LEY REGLAMENTARIA, COMO POR EL DIVERSO 3o., FRACCIONES II Y III, CONSTITUCIONAL. Previo a la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, las relaciones laborales del personal docente al servicio del Estado se regulaban por el apartado B del artículo 123 constitucional. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, se introdujeron algunas modalidades relacionadas con el trabajo que prestan los docentes; por tanto, si la reforma incorporó cambios al texto constitucional en materia de relaciones laborales del aludido personal, se concluye que, a partir de su entrada en vigor, esas relaciones también se rigen por el artículo 3o. reformado." (Jurisprudencia P./J. 30/2015 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA SEPARACIÓN DEL PERSONAL QUE INCURRA EN LA CONDUCTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY GENERAL RESPECTIVA, ES UN ACTO DE ÍNDOLE LABORAL Y, POR CONSIGUIENTE, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN SU CONTRA. La Ley General del Servicio Profesional Docente, conforme a su artículo 1, primer párrafo, es reglamentaria del diverso 3o., fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se trata de una legislación relativa a la educación que el Estado está obligado a impartir y, en concreto, determina los lineamientos de la regulación del servicio profesional docente. En ese sentido, si bien se trata de una norma de naturaleza administrativa, en tanto que versa sobre las funciones que corresponde ejecutar a la administración pública federal y, además, le es aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ello no determina la vía para la impugnación de la resolución de separación de un empleado por no asistir a sus labores por más de tres fechas en un periodo de treinta días naturales, en términos del artículo 76 citado, ya que ese ordenamiento procesal sólo complementa las reglas procedimentales de la primera, mientras que para definir la sustancia de la decisión es necesario atender al artículo 83 de la ley general mencionada, el cual indica que, salvo casos de excepción previstos en ella, las relaciones de trabajo entre los organismos en materia educativa y el personal sujeto al ámbito de aplicación del ordenamiento se regirán por la legislación laboral; asimismo, establece que la separación del personal en los términos de esa ley podrá ser impugnada ante los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo; base suficiente para estimar que el legislador fijó una regla general en cuanto a la competencia material de los tribunales encargados de conocer de tales controversias. En consecuencia, dado que la impartición de la educación pública requiere la contratación de personas encargadas de esa función, lo que produce relaciones de índole laboral, y se regularon sanciones cuya imposición no encuentra sustento en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, queda de manifiesto que, tratándose de actos como el descrito, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para conocer de su impugnación." (Tesis: I.1o.A.115 A (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2210, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Como queda de manifiesto, los actos reclamados están vinculados con el derecho al trabajo de la parte justiciable; por lo que, es inconcuso que el juicio de amparo contra las autoridades educativas resulta improcedente, toda vez que su actuar no es unilateral, dado que del contenido integral de la demanda, se aprecia que la relación que se establece es de patrón-empleado, por lo que dicho acto no puede estimarse equivalente al de una autoridad. En consecuencia, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, sobresee en el juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y déjese sin efecto la fecha y hora señaladas para llevara a cabo la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la quejosa. IIIB

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos únicamente para que surta sus efectos legales consiguientes, el informe justificado rendido por la Oficial Mayor del Instituto Estatal de Educación Pública, con sede en Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable designando como a sus delegados a las personas que precisa. Asimismo, respecto de la autorización que solicita para que sus delegados hagan uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos infórmese que no existe impedimento legal para que por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En otro aspecto, previa compulsa y cotejo que se realice con las copias fotostáticas certificadas por el Notario Público del nombramiento de la autoridad responsable de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, devuélvaseles los mismos, previa razón que se deje en autos de su recibo. Por otra parte, de las constancias que obran en autos, se advierte que procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ello es así, en virtud de que se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1°. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. Artículo 5°. Son parte en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que procede contra actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales y garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. Lo anterior, atento a que el artículo 5° fracción II de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios, así como determinados por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En el caso, la lectura integral de la demanda revela que los actos reclamados por la parte quejosa antes mencionados se ubican en un plano de coordinación, ya que derivan de una relación obrero-patronal existente entre la parte agraviada y el Secretario de Educación Pública, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Ciudad de México; Director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Oficial Mayor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Director Financiero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, residentes en Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, Departamento de Pagos de Nómina del I.E.E.P.P., con sede en San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y, Banca Santander México, S.A., Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, con sede en Ciudad de México Lo que se corrobora con la narración de hechos que hace la parte solicitante de amparo en su escrito de demanda en el que reconoce ser empleado o trabajador al Servicio de la Educación. De lo narrado se pone de manifiesto que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tiene su origen en la relación laboral que el promovente sostiene con las responsables en su carácter de patrón equiparado (Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca); por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo. Ello, máxime que la materia del acto reclamado en su caso se instituye como la violación a un derecho laboral a cargo del patrón, específicamente el derecho al salario, protegido por la Constitución en su artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. En efecto, ya que en términos de la Ley Federal del Trabajo, el salario se trata de la retribución que bebe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, el cual deberá entregarse en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda; sin embargo, previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico, siempre y cuando los gastos o costos que originen estos medios alternativos sean cubiertos por el patrón. De ahí que si el quejoso estima que su patrón le viola su derecho al salario, no obstante la protección constitucional a tal contraprestación por su trabajo personal subordinado, tal conflicto debe ventilarse ante la potestad jurisdiccional ordinaria mediante el juicio laboral correspondiente y no mediante el juicio de amparo, por así disponerlo expresamente el artículo 123, Apartado A, fracción XX, y Apartado B, fracción XII, de la Carta Magna. Por tanto, los actos aquí reclamados, en modo alguno, puede considerarse que deriven de una relación de supra a subordinación, porque precisamente dimanan de una relación de carácter laboral, de la cual, deben conocer los tribunales ordinarios y no éste órgano de amparo. En apoyo a lo anterior, se invocan los siguientes criterios: PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN TANTO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU LEY REGLAMENTARIA, COMO POR EL DIVERSO 3o., FRACCIONES II Y III, CONSTITUCIONAL. Previo a la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, las relaciones laborales del personal docente al servicio del Estado se regulaban por el apartado B del artículo 123 constitucional. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, se introdujeron algunas modalidades relacionadas con el trabajo que prestan los docentes; por tanto, si la reforma incorporó cambios al texto constitucional en materia de relaciones laborales del aludido personal, se concluye que, a partir de su entrada en vigor, esas relaciones también se rigen por el artículo 3o. reformado. (Jurisprudencia P./J. 30/2015 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA SEPARACIÓN DEL PERSONAL QUE INCURRA EN LA CONDUCTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY GENERAL RESPECTIVA, ES UN ACTO DE ÍNDOLE LABORAL Y, POR CONSIGUIENTE, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN SU CONTRA. La Ley General del Servicio Profesional Docente, conforme a su artículo 1, primer párrafo, es reglamentaria del diverso 3o., fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se trata de una legislación relativa a la educación que el Estado está obligado a impartir y, en concreto, determina los lineamientos de la regulación del servicio profesional docente. En ese sentido, si bien se trata de una norma de naturaleza administrativa, en tanto que versa sobre las funciones que corresponde ejecutar a la administración pública federal y, además, le es aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ello no determina la vía para la impugnación de la resolución de separación de un empleado por no asistir a sus labores por más de tres fechas en un periodo de treinta días naturales, en términos del artículo 76 citado, ya que ese ordenamiento procesal sólo complementa las reglas procedimentales de la primera, mientras que para definir la sustancia de la decisión es necesario atender al artículo 83 de la ley general mencionada, el cual indica que, salvo casos de excepción previstos en ella, las relaciones de trabajo entre los organismos en materia educativa y el personal sujeto al ámbito de aplicación del ordenamiento se regirán por la legislación laboral; asimismo, establece que la separación del personal en los términos de esa ley podrá ser impugnada ante los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo; base suficiente para estimar que el legislador fijó una regla general en cuanto a la competencia material de los tribunales encargados de conocer de tales controversias. En consecuencia, dado que la impartición de la educación pública requiere la contratación de personas encargadas de esa función, lo que produce relaciones de índole laboral, y se regularon sanciones cuya imposición no encuentra sustento en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, queda de manifiesto que, tratándose de actos como el descrito, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para conocer de su impugnación. (Tesis: I.1o.A.115 A (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2210, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Como queda de manifiesto, los actos reclamados están vinculados con el derecho al trabajo de la parte justiciable; por lo que, es inconcuso que el juicio de amparo contra las autoridades educativas resulta improcedente, toda vez que su actuar no es unilateral, dado que del contenido integral de la demanda, se aprecia que la relación que se establece es de patrón-empleado, por lo que dicho acto no puede estimarse equivalente al de una autoridad. En consecuencia, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, sobresee en el juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y déjese sin efecto la fecha y hora señaladas para llevara a cabo la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la quejosa. IIIB

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos para que surtan sus efectos legales procedentes, los informes justificados rendidos por el Director General del Instituto Estatal de Educación Pública, a través del Director de Servicios Jurídicos de esa dependencia y Titular de la Dirección Financiera del Instituto Estatal de Educación Pública, residentes en Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, con los mismos dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables designando como a sus delegados a las personas que precisa. En otro aspecto, previa compulsa y cotejo que se realice con las copias fotostática certificadas por el Notario Público de los nombramientos de las autoridades responsables de fecha treinta de julio de dos mil quince, devuélvaseles los mismos, previa razón que se deje en autos de su recibo. Notifíquese. IIIB

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