Carlos Arturo Montalvo Salcedo
Expediente 2475/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2475/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/09/2019
Partes del expediente
- Carlos Arturo Montalvo Salcedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de julio de dos mil diecinueve; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia en su arábigo 2, se declara que la misma ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley en comento, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General, una vez que transcurra un plazo de cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con su punto vigésimo primero, fracción II, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el dispositivo 11 del citado Acuerdo. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **
- Principal
Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 65, 73, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********respecto de los actos reclamados al Rector y a la Comisión Académica Dictaminadora de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en la Ciudad de México; y Directora de la Unidad ciento ochenta y uno de la Universidad Pedagógica Nacional, con residencia en esta ciudad de Tepic, Nayarit, consistentes en la omisión de emitir el dictamen correspondiente al concurso de oposición de la convocatoria 2/2017 del Estado de Nayarit; la omisión de respuesta a la solicitud de revisión presentada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho; y el otorgamiento de dictámenes favorables al concurso de oposición de la convocatoria 2/2017 del Estado de Nayarit y el otorgamiento de nombramiento de base a los participantes que resultaron vencedores. Atento a las razones expuestas en los considerandos tercero, quinto y sexto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE,
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el sobre devuelto por el Administrador Postal de esta ciudad, con la leyenda "Domicilio no corresponde a zona de reparto no hay num que cita", mismo que contiene el oficio 10304/2019, a consignación de la autoridad responsable denominada Presidenta de la Comisión Académica Dictaminadora de la Universidad Pedagógica Nacional, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual se reexpidió el diverso comunicado 5657/2019, de ocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 131 y 132), en el que se le solicitaron a dicho ente las constancias relativas al acto reclamado, en particular el expediente en el que se sustentó el dictamen 070/2017 de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (foja 54); sin embargo, únicamente agréguese a sus autos el mismo, toda vez que por determinación de quince de abril del actual año (fojas 219 y 220), se recibieron las documentales requeridas. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficios presentados en este juzgado federal el seis de junio de dos mil dieciocho y el veinticinco de febrero del presente año (fojas 274 a 279 y 316 a 318), los delegados del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y del Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento, con residencia en Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, comunicaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdos de siete de junio de dos mil dieciocho (foja 280) y veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (foja 319), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Los citados proveídos se notificaron a la parte promovente el trece de junio de dos mil dieciocho y el veintisiete de marzo del año en curso (fojas 283 y 326, respectivamente); por lo tanto, el último término de tres días otorgado transcurrió para dicha parte del veintiocho de marzo al uno de abril del año en que se actúa, y en dicho lapso no se realizaron manifestaciones al respecto. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta de junio de dos mil diecisiete (fojas 150 a 169), la que quedó firme por ejecutoria de trece de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del recurso de revisión 909/2017 del índice del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, al haberse desechado el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable ejecutora, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".En esas condiciones, lo que procede es conceder a la parte quejosa "Scotiabank Inverlat", Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, por conducto de Claudia Georgina Cadena Luna, en su carácter de Apoderada General Judicial para Pleitos y Cobranzas, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de amparo. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; en consecuencia, la protección constitucional que se otorga lo es para que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no exija el pago con motivo del impuesto predial reclamado, por tratarse de una ley autoaplicativa tildada de inconstitucional. Lo anterior, como así lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 1/2016, que derivó del juicio de garantías 782/2012, del índice de este Juzgado Federal, al determinar que ". asiste razón a la quejosa, pues los efectos del amparo no debieron tener ese alcance, ya que no se está en el supuesto de una exención, ni de un beneficio equiparable a una exención, ni de una sobretasa, sino que las disposiciones reclamadas contienen la base del impuesto predial por los ejercicios fiscales dos mil once y dos mil doce, y, por ende, cabe que se devuelva la cantidad total que la quejosa pagó con motivo del impuesto predial, en los pagos antes relacionados, por constituir el primer acto de aplicación en su perjuicio de la disposición tildada de inconstitucional, pues es criterio definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ""cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido"". De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar el Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) No exija el pago con motivo del impuesto predial reclamado, por tratarse de una ley autoaplicativa tildada de inconstitucional; y B) Le devuelva la cantidad total que la parte quejosa pago con motivo del impuesto predial. Luego, a través del oficio y anexo presentados en este juzgado federal el seis de junio de dos mil dieciocho (fojas 274 a 279), el delegado del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con residencia en Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, adjuntó constancias emitidas por la Tesorería Municipal, de las que se advierte que las cuentas prediales U070854, U070853, U086116 y U017417, se encuentran en ceros. Del mismo modo, por oficio presentado en juzgado federal el veinticinco de febrero del presente año (fojas 316 a 318), el delgado del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, exhibió un billete de depósito "N 670653", que ampara la cantidad de $7,610.17 M.N. (siete mil seiscientos diez pesos 10/100 moneda nacional). Derivado lo anterior, mediante proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve (foja 323), se le requirió a la citada parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, compareciera ante este juzgado a recibir el referido billete puesto a su disposición; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que a la data en que se actúa haya dado cumplimiento a lo anterior. Ahora bien, una vez analizados los oficios de las responsables se observa que si bien adjuntaron constancias de las cuentas prediales U070854, U070853, U086116 y U017417, que se encuentran en ceros, así como el billete de depósito "N 670653", que ampara la cantidad de $7,610.17 M.N. (siete mil seiscientos diez pesos 10/100 moneda nacional), relativo a la cuenta predial U070854, a favor de la parte quejosa (foja 289); sin embargo, dicho monto se encuentra incompleto, en relación con el pago efectuado por la parte quejosa respecto de dicha cuenta predial (foja 84), el que correspondió a la suma de $8,768.42 M.N. (ocho mil setecientos sesenta y ocho 42/100 moneda nacional). Del mismo modo, se observa que las responsables omitieron remitir constancias con las que acreditara haber efectuado la devolución del pago efectuado por la parte quejosa respecto de las diversas cuentas prediales: Cuenta predial U086116 $11,492.64 M.N. Foja 81 Cuenta predial U017417 $21,677.99 M.N. Foja 82 Cuenta predial U070853 $5,124.78 M.N. Foja 83 Por tanto, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase nuevamente al Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y al Tesorero de dicho Ayuntamiento, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, den cumplimiento con el fallo protector; es decir, acrediten que realizaron debidamente la devolución de las cantidades pagadas por la parte quejosa referentes a las cuentas prediales U070854, U070853, U086116 y U017417, pertenecientes a la parte quejosa. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá a cada autoridad una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.
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