Carlos Armando Montes Álvarez
Expediente 944/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- Carlos Armando Montes Álvarez
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tepic, Nayarit, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite en el presente juicio de amparo, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del tres de agosto del año en curso se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio, los cuales se encontraban suspendidos en virtud de los diversos acuerdos generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del propio cuerpo colegiado. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la prosecución y cumplimiento de la sentencia emitida por esta órgano jurisdiccional, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. c) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. Este expediente se encuentra pendiente de calificar cumplimiento al fallo protector concedido. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. NOTIFICACIÒN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 5.1. Por oficio a las autoridades responsables. 5.2. De manera personal a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio recepcionado el dos de marzo de dos mil veinte, la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de tres de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, dentro del amparo en revisión 509/2019, en ejecutoria de nueve de enero de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida, por lo que en lo que al caso interesa, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la autoridad responsable, para los efectos siguientes: ". 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la quejosa en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad que erogó por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro del concepto de registro de poderes de cualquier clase que ascendió a $613.00 (seiscientos trece pesos) que se indicó en el formato de pago de antecedentes (foja 11), documental que se adjuntó a la demanda de amparo, toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto y en esa medida no forma parte de los actos reclamados en el caso concreto. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar las cuotas fijas mínimas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I y el tercer párrafo de la fracción XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. . En la inteligencia de que las cuotas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) sin las contribuciones adicionales, que se comentan, son aplicables porque están referidas a la inscripción de documento público o privado, así como inscripción de préstamo hipotecario, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser cuotas fijas y mínimas para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, ." Así pues, de lo transcrito se colige que los actos que debían realizar la autoridad responsable, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la quejosa en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Devolver a la parte quejosa la cantidad que erogó por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar las cuotas fijas mínimas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional). 3. El remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada. Ahora bien, mediante oficio y anexo, recibido en este Órgano Jurisdiccional el dos de marzo del año en curso, informó a este juzgado federal la forma en que cumplió con el fallo protector, de los cuales se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria por la cantidad de $19,874.26 (diecinueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos 26/100 M.N.). Pues bien, el monto que pagó la quejosa fue de $20,821.32 (veinte mil ochocientos veintiún pesos 32/100 moneda nacional), menos doscientos noventa pesos, doscientos ochenta y novecientos treinta y un pesos con 76/100 (que corresponden a la cantidad por la cual no se concedió el amparo correspondiente a registro de poderes más los impuestos adicionales correspondientes según se aprecia de la tabla que anexó la responsable), quedando un total de $19,319.56 (diecinueve mil trescientos diecinueve pesos 56/100 M.N.), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho período entre el citado índice correspondiente. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de abril de dos mil diecinueve y el veinticinco de febrero de este año, se efectúo la devolución de la totalidad de la cantidad indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretendía devolver las contribuciones reclamadas; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecinueve a enero del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de enero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del dos mil diecinueve fue de 103.476 y para enero de este año 106.447. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.028711 En consecuencia, el quejoso erogó la cantidad de $20,821.32 (veinte mil ochocientos veintiún pesos 32/100 moneda nacional), y la autoridad descontó como se advierte de la tabla del cálculo de devolución las cantidades doscientos noventa pesos, doscientos ochenta y novecientos treinta y un pesos con 76/100, quedando un total de $19,319.56 (diecinueve mil trescientos diecinueve pesos 56/100 M.N) que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el quejoso, esto es, de se obtiene la cantidad de un total $19,874.26 (diecinueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos 26/100 moneda nacional), numerario que fue devuelto a la parte quejosa. En ese contexto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio de cuenta que remite la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que el Presidente de ese Tribunal admitió el recurso de revisión interpuesto por el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, por conducto del director jurídico contencioso de ésta, contra la sentencia dictada en autos, el cual quedó registrado bajo el número 509/2019; en tal virtud, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales correspondientes.NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, como se ordenó en proveído de doce de julio del presente año (foja 123), remítase el presente sumario constitucional, así como el escrito de agravios original al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, por conducto del director jurídico contencioso de ésta, contra la sentencia de veintiocho de junio actual (fojas 79-99). CÚMPLASE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUVE. Agréguese a sus autos la misiva que suscriben la Presidenta, Síndico, Tesorera y Regidores, todos del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, a través del cual, en atención a los oficios del 26726/2019 al 26744/2019, de veintiuno de junio del año en curso (fojas 2360 a 2361 del tomo V), se les tiene informando que ante la falta de solvencia económica con la que cuenta el Ayuntamiento Constitucional al que representan, ha imposibilitado obtener los servicios de un despacho para que sea éste quien realice un estudio actuarial, con la finalidad de justificar la necesidad y viabilidad financiera y así permitir solicitar un crédito al Congreso del Estado; agregando que en la próxima sesión ordinaria de cabildo, será uno de los temas que se someterán a consideración. A lo anterior, ténganse por rechas las manifestaciones que refieren los entes oficiantes y al mismo tiempo, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiéraseles, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de su notificación, comuniquen la fecha en la que habrá de llevares a cabo la sesión de cabildo que refieren; asimismo, para que una vez que la misma haya tenido verificativo, deberán de remitir copia certificada de las actuaciones llevadas a cabo en dicha sesión, donde conste como orden del día el tema relativo a la propuesta de solicitar un crédito al Congreso del Estado, así como el resultado que de ello se obtenga; ello, a fin de lograr el cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a cada una de las autoridades mencionadas que de no dar cumplimiento sin causa justificada, se les impondrá indistintamente a cada una de ellas una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido, de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los numerales 193, en relación con los diversos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, tal como lo ordenó el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en la ejecutoria de referencia, se les hace saber a dichas autoridades que no será tolerada más su conducta contumaz, por lo que en caso de no acatar lo así ordenado, se remitirá el presente sumario de nueva cuenta al Tribunal de alzada para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo de quien en ese momento sean sus titulares y serán puestos a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo, sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la ley de la materia, que prevé una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Luego, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.
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