CARLOS ARMANDO SANTILLAN ALCOCER y Otros.
Expediente 678/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- CARLOS ARMANDO SANTILLAN ALCOCER y Otros.
- Rubén Ruiz Gónzalez Montes
Actuaciones
- Principal
"Mesa 8" Ciudad de México, quince de diciembre de dos mil veintidós. -JUZGADO SOLICITA COPIAS- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa en su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual solicita copia certificada de diversas constancias que integran el presente sumario constitucional.****************Sin que al respecto, haya lugar a solicitar el acuse de recibo respectivo, pues como tal se tendrá aquél que genera el propio sistema de interconexión al momento del envío. Ahora, por lo que hace al estado procesal que guarda el presente sumario, infórmese que en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ******, luego el trece de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró que el proveído precitado había causado estado; en consecuencia, se ordenó el archivo como asunto concluido. Finalmente, toda vez que a la fecha no se encuentra gestión alguna por realizar en el presente asunto, devuélvase al archivo de este órgano, lugar donde se encontraba y del que se extrajo para la elaboración del citado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
MESA "8" Ciudad de México, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será susceptible de destrucción, por lo cual, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
MESA "8" Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgados a --------------------------------------------------------------------------------------, a efecto de que desahogaran la prevención realizada el diecinueve de agosto de abril actual, sin que a la fecha los impetrantes de amparo realizaran manifestación para su total y correcto desahogo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Lo anterior, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
MESA "8" En la Ciudad de México, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por --------------------------------------------------------------------- contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ---/2021-8 y fórmese el expediente electrónico e impreso. Consideración previa Ahora bien, como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, Siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. Prevención Con fundamento en los artículos 112, 114, fracciones II y IV, y 108 fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, aclare la siguiente: 1) Deberá precisar el acto que reclama e indicar la autoridad que en específico lo emitió, así como la potestad que ejecutará la misma. Ello, en atención a que, de la manera en que se encuentra redactado el escrito que se atiende, genera incertidumbre y confusión a efecto de fijar la litis en el presente asunto, pues, por un lado la quejosa en su capítulo que señaló como: ".IV. ACTOS RECLAMADOS. A).- ---------------------------------------------------------------------------------------------" Posteriormente, en los hechos los cuales realiza bajo protesta de decir verdad, señaló que el doce de agosto de dos mil veintiuno se presentaron en su domicilio particular, cuatro personas que dijeron ser (sin identificarse plenamente) "Agentes de la Policía", buscando a los quejosos, argumentando que tenían una orden de detención que provenían de autoridades de México, sin aclarar si del Estado de México; o bien, de la Ciudad de México. Así, de conformidad con lo expuesto, no se advierte con claridad cuál es el acto en concreto que pretende reclamar la parte quejosa, pues si bien por una parte menciona que los actos reclamados consisten en la orden de detención, presentación, privación de la libertad, aprehensión, reaprehensión, captura, o cualesquiera otra que implique menoscabo de cualquiera forma o constricción a su derecho de libertad deambulatorio. Sin embargo, resulta importante destacar que dichos actos no pueden atribuirse de manera genérica, pues las potestades facultadas para dictar dichas órdenes, algunas son de índole judicial y otras administrativas. Esto es, de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el nuevo orden de justicia penal únicamente prevé como formas de conducción al proceso el citatorio, la orden de comparecencia y la aprehensión cuya facultad es exclusiva de la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público conforme al precepto 142 del invocado Código. Por otro lado, la figura de la orden de presentación, de acuerdo al citado dispositivo 141, no forma parte de los medios de conducción al imputado al proceso y tampoco se advierten datos que permitan establecer que fue emitida como medida cautelar en términos de la fracción I del artículo 155 de dicho ordenamiento, lo cual también es facultad exclusiva de la autoridad judicial. Resulta importante destacar que dentro de la carpeta de investigación sólo corresponde al Ministerio Público emitir la orden de detención, cuando exista flagrancia o caso urgente, en términos del artículo 16 de la Carta Magna. Debido a lo anterior, se estima necesario que el quejoso especifique cuál es el acto que en concreto desea combatir en esta vía indirecta, en el entendido que si lo que pretende combatir es una orden de aprehensión deberá señalar como responsable al Juez de Control que en específico la emitió. En ese sentido, es menester indicar que los Jueces que conocen del Sistema Penal Acusatorio se integran por Unidades de Gestión Judicial, en términos del acuerdo -------------------emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, publicado en el Boletín Judicial número 39, del tres de marzo de dos mil diecisiete, aunado, al hecho de que en términos del citado acuerdo, el administrador o juez de trámite rinde informe respecto a todos los Jueces que conforman cada una de las dichas unidades de gestión. Por tal motivo, de ser el caso, la parte quejosa deberá precisar a qué unidad de gestión judicial en específico se encuentra adscrito el juez de control que señale como responsable, tomando en cuenta que los Jueces que conocen de esa materia se dividen en Unidad de Gestión Judicial; asimismo, señalar al Juez de Distrito al que en específico atribuye el acto reclamado. Máxime, que un presupuesto fundamental del juicio de amparo lo constituye el señalamiento de la autoridad que ordena o emite el acto reclamado, cuestión que en el caso no aconteció, dado que en la demanda que se provee, la quejosa precisó como autoridades responsables a diversas de índole administrativa. En consecuencia, es evidente que sería contrario a la naturaleza del amparo entrar al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin oír previamente a la autoridad de quien emana, dato que se estima necesario para integrar la relación jurídico procesal, en la hipótesis de admitir la demanda de garantías y de esa manera estar en aptitud legal de cumplir con las exigencias previstas en la Ley de Amparo. De ahí que resulte necesario que precise el acto que pretende sea analizado en esta instancia y la autoridad a que en especificó se lo atribuye. En ese mismo contexto, la parte quejosa deberá especificar cuál es el acto concreto que pretende reclamar en el inciso b), ya que este juzgado de distrito no advierte a qué se refiere con "las ilegales omisiones en los actos previos a la consignación o judicialización ante el juez de control y/o de enjuiciamiento (penal) correspondiente, en todo el procedimiento en la etapa de 'averiguación previa' o 'carpeta de investigación' correspondiente(s)". Cabe señalar que aunque más adelante indican que ello se traduce en "la abstención dolosa de hacernos sabedores de que exista -en su caso- alguna causa o procedimiento de índole penal en nuestra contra, en la que funjamos en calidad de 'indiciados' y de ser así, que seamos citados a declarar para no violarnos nuestra garantía de audiencia, y poder -en su caso- preparar nuestra defensa adecuada completa idónea y pertinente, entre otros derechos fundamentales"; entonces, deberán especificar si la autoridad responsable ha sido omisa (con motivo de alguna petición), o bien, se ha negado a hacerles del conocimiento dichas circunstancias. Corolario con lo anterior, cabe precisar que por acto negativo debe entenderse aquel que tiene su origen en una solicitud del gobernado y que en virtud de ello, la autoridad no concede lo solicitado o rehúsa lo pedido; es decir, de su contenido material, se desprende el rechazo de las pretensiones del promovente o el rehusamiento para acceder a lo que se le pide. En efecto, sería contrario a la naturaleza del amparo entrar al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin oír previamente a la autoridad de quien emana, dato que se estima necesario para integrar la relación jurídico procesal, en la hipótesis de admitir la demanda de garantías y de esa manera estar en aptitud legal de cumplir con las exigencias previstas en la Ley de Amparo. De ahí que resulte necesario que precise el acto que pretende sea analizado en esta instancia y la autoridad a que en especificó se lo atribuye. Razón por la cual no puede advertirse de manera clara concisa y congruente cuál es el acto o actos que en concreto pretende reclamar de cada autoridad. Para mejor comprensión, se hace del conocimiento del solicitante de amparo que por acto reclamado debe entenderse una disposición o hecho autoritario, concreto y particular, es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. En ese contexto, es que se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y ésta juzgadora contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda. Esto es, de señalar si la autoridad responsable ha sido omisa (con motivo de alguna petición), o bien, se ha negado a hacerles sabedores de que exista -en su caso- alguna causa o procedimiento de índole penal en nuestra contra, en la que funjamos en calidad de 'indiciados' y de ser así, que seamos citados a declarar para no violarnos nuestra garantía de audiencia, y poder -en su caso- preparar nuestra defensa adecuada completa idónea y pertinente, entre otros derechos fundamentales, deberá especificar la fecha en que elevaron la petición a la autoridad que se la atribuye, así como el contenido de sus pretensiones y de ser posible exhiban el acuse de recibo por parte de la autoridad. En ese orden, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todas las circunstancias, hechos o abstenciones que le constan al quejoso en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; lo cual, debe expresarse en el cuerpo de la demanda. Suma a lo expuesto, la circunstancia de que en el amparo indirecto no se tienen más datos que los formulados en la demanda, motivo por el que se requieren actos y autoridades precisas, para dar trámite al juicio de garantías y con ello propiciar una impartición de justicia pronta y expedita, evitando dilaciones innecesarias que afecten la tramitación del propio juicio. Apercibimiento Se apercibe al promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima y se le hace saber las penas en que incurren las personas que declaren con falsedad en términos del artículo 261 fracción I de la Ley de la Materia1. Copias Ahora, con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo, así como de la demanda de amparo que nos ocupa, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio, una para cada autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos en el caso de solicitar incidente de suspensión. Domicilio del quejoso y autorizados Ahora, como el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, notifíquensele por medio de lista las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Palacios Hernández. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizadas a -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------s, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico -------------, así como el teléfono (55)----------------, extensión 4308. Representante Común De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a ------------------------------------, sin perjuicio de que se substituya por otro en el transcurso de la tramitación del juicio de amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con el usuario alinebecerril; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales...Notifíquese por medio de lista.
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