Carlos Amado Loyo Hernández

Expediente 1185/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1185/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
28/03/2017

Partes del expediente

  • Carlos Amado Loyo Hernández
  • Agente del Ministerio Público Escpecializada En Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia En el Distrito Federal

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "7" En la Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de dieciocho de enero de dos mil dieciséis se ordenó el archivo del juicio en que se actúa, en virtud que el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Extinción de Dominio con competencia y Jurisdicción en Toda la República y residencia en el Distrito Federal, aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional a través de diverso proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil quince. Por otro lado, glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión R.C. 353/2016, los autos del juicio de amparo 1/2016 del índice del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Extinción de Dominio con competencia y Jurisdicción en Toda la República y residencia en la Ciudad de México, así como dos anexos de pruebas. Ejecutoria en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. El Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Extinción de Dominio con competencia y Jurisdicción en Toda la República y residencia en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto 1/2016 promovido por Carlos Amado Loyo Hernández, por su propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Remítanse los autos relativos y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que por su conducto los envíe al Juzgado Cuarto de Distrito en esa materia. NOTIFÍQUESE." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente y en estricto cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado antes precisado y tomando en consideración que este órgano jurisdiccional debe conocer del presente juicio de amparo, en ese sentido, remítase el juicio de amparo 1/2016 del índice del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Extinción de Dominio con competencia y Jurisdicción en Toda la República y residencia en la Ciudad de México, y los dos anexos del mismo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que realice el turno de dicho expediente. Solicitándole al Jefe de la citada Oficina de Correspondencia Común, que el asunto que se le remite lo turne como nueva demanda a este Juzgado de Distrito, lo anterior en cumplimiento a lo resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de revisión R.C. 353/2016, en el que determinó que este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "2" México, Distrito Federal, a dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Extinción de Dominio, con Competencia y Jurisdicción en Toda la República y residencia en el Distrito Federal, mediante el cual informa que acepta la competencia declinada a su favor y se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por CARLOS ANADO LOYO HERNÁNDEZ. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante el secretario Adrián Echeverría Flores que autoriza y da fe. IRM

  3. Principal

    MESA "2" México, Distrito Federal, a doce de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a las presentes actuaciones el escrito signado por el quejoso Carlos Amado Loyo Hernández, mediante el cual solicita a este Juzgado de Amparo, le sean devueltos los anexos que acompañó a su demanda de amparo y se informe si el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en la República Mexicana, aceptó la incompetencia planteada por este Órgano Jurisdiccional. Atento a su contenido, respecto a las constancias que solicita, dígase al promovente que se remitieron al homólogo Federal en comento con motivo de la incompetencia aludida en líneas precedentes, motivo por el cual este Juzgado de Amparo se encuentra legalmente impedido para acordar de conformidad su petición. Asimismo, dígase al quejoso que el citado Juez Federal, no ha informado a la suscrita si acepta o no la incompetencia hecha valer en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, por lo que una vez que dicho Juzgador se pronuncie al respecto, se proveerá lo que conforme a derecho proceda. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa "2" México, Distrito Federal, a veinticuatro de diciembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializada en Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; a efecto de proveer lo conducente, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno con el número que le corresponde, 1185/2015-2. Previo a la admisión, desechamiento o prevención de la solicitud que hace valer el peticionario de amparo en su demanda y en su caso, determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ello en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto preferentes. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1.2º.P.J/40 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." (EL SUBRAYADO ES DEL SUSCRITO). Ahora bien, de la lectura integral del ocurso de mérito, se advierte que el acto que por esta vía intenta combatir el agraviado, se hacen consistir en: "Del C. Agente del Ministerio Público Especializada en Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,la negativa a la petición por escrito en la que solicite la restitución del inmueble ubicado en Retorno de Mariano Ceballos tipo A-2, manzana 03, Lote 115, de la Unidad Habitacional Atzacoalco CTM, en la delegación Gustavo A. Madero, código postal 07090, en esta Ciudad" Al efecto, conviene citar el contenido del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo, que se promuevan en los siguientes casos: I. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; II. Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; III. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; IV. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal; y, V. Así, como de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, el suscrito estima que el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, no se ubica en alguna de las hipótesis señaladas en párrafos que anteceden, toda vez que no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo y tampoco se trata de una denuncia por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, que para establecer la competencia el juez de distrito no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a ésta para advertir los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior, tiene apoyo en el criterio emitido por la citada Sala, consultable en la página noventa y cuatro, Tomo IX, Mayo de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En ese orden de ideas, este juzgador considera carecer de competencia para conocer el presente asunto respecto del acto de referencia, en razón de lo siguiente: La Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, tiene por objeto reglamentar la instauración del procedimiento de Extinción de Dominio previsto en el artículo 22 de la Constitución Federal, y que se refiere básicamente a la pérdida de derechos sobre bienes que constituyen todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación, que sean instrumento, objeto o producto del delito, que hayan sido utilizados para la comisión de delitos, y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño, lo anterior, bajo la premisa de que los bienes citados con antelación, se perderán sus derechos sin contraprestación, ni compensación alguna para el afectado, cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, y el afectado no logre probar la procedencia ilícita de dichos bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización lícita. Asimismo, se desprende de la aludida legislación, que los bienes sobre los que se declare la Extinción de Dominio, se aplicarán a favor del Gobierno del Distrito Federal y serán destinados al bienestar social, mediante acuerdo del Jefe de Gobierno que se publique en la Gaceta Oficial de esta ciudad capital. No obstante lo anterior, y a pesar de que la observancia de dicho cuerpo normativo, será como consecuencia de la existencia de un hecho delictivo, la acción es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, tal como lo establece el numeral 4 de la Ley de Extinción de Dominio. Así, por lo que hace al acto reclamado se advierte que no está relacionado con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir su probable responsabilidad en su comisión o algún caso análogo, sino de un acto vinculado con la substanciación de un procedimiento especial de extinción de dominio . Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 48, de la Ley de Amparo y en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo General 57/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 21/2009, relativo al inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en la República Mexicana, corresponde al juzgado auxiliar el conocimiento de la presente demanda. Dicho Acuerdo General 57/2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil nueve y entró en vigor el día de su aprobación, en cuyo punto único determina: "ÚNICO. Se reforma el punto SEGUNDO del Acuerdo General 21/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de Funciones del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en la República Mexicana, para quedar como sigue: - - - [.] - - - SEGUNDO. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, será especializado en Materia de Extinción de Dominio y además apoyará a los Juzgados de Distrito en toda la República en el dictado de sentencias. - - - La Comisión de Creación de Nuevos Órganos a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos determinará el inicio en el apoyo de los asuntos relativos a la Ley Federal de Extinción de Dominio, así como la logística de envío. Asimismo y con respecto de los asuntos de su competencia la propia Comisión determinará el tiempo, número y cualidad de los asuntos que se deberán enviar a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal." De lo anterior se deprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal dotó al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en toda la República, la especialización en materia de extinción de dominio, por lo que a dicho órgano compete el conocimiento de los juicios de amparo que se promuevan contra actos relativos o emanados de procesos de extinción de dominio, como acontece en la especie. Bajo esa óptica, este órgano de control Constitucional declina competencia legal, por razón de materia a favor del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en la República Mexicana, dado que es el competente para conocer la presente demanda de amparo. Remítase la presente demanda de amparo con sus copias, a la Oficina de Correspondencia Común del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en la República Mexicana, para que manifieste si acepta la competencia declinada y en su oportunidad resuelva el fondo del asunto conforme a derecho procesal. Finalmente, fórmese por separado cuaderno de antecedentes y solicítese el acuse de recibo de estilo. Notifíquese Personalmente.

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